Felipe Vázquez Ramírez
Expediente 622/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 04/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Felipe Vázquez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que sobreseyó el juicio, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE DICHO FALLO CAUSÓ EJECUTORIA. Tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Comuníquese a las autoridades responsables el presente proveído para su conocimiento. Finalmente, agréguese el escrito de ******* autorizado de los terceros interesados, personalidad que se le reconoce en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito; atento a su contenido, dígase que deberá estarse a lo ordenado en el presente proveído. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 622/2023, promovido por ***** contra actos del Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Civil y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Admisión. Este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; ordenó emplazar a la parte tercera interesada; dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que las responsables rindieron su informe justificado; la parte tercera interesada fue emplazada; la Agente del Ministerio Público de la Federación no intervino; y, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D ER A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37, 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común con sede en donde este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se hace la fijación clara y precisa del acto reclamado. El quejoso se ostenta tercero extraño al juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Décimo Civil de la Ciudad de México, y reclama todo lo actuado en dicho proceso, particularmente la sentencia definitiva y su ejecución, mediante el lanzamiento del inmueble ubicado en ... y/o, ..., Ciudad de México. Tercero. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten los siguientes antecedentes destacados: I. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, ..., ..., ..., ...., ..., ... y ..., por conducto de su apoderado, demandaron en la vía ordinaria civil -en ejercicio de la acción reivindicatoria- a ..., respecto del inmueble ubicado en ...; y/o, ..., Ciudad de México. II. Previa prevención, mediante acuerdo emitido el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la Juez Décimo Civil de la Ciudad de México, radicó el asunto con el expediente ... de su índice, lo admitió a trámite y, una vez seguidas las etapas procesales, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictó sentencia definitiva en la que declaró que los actores son legítimos propietarios del inmueble materia de la controversia y condenó a la parte demandada a hacer entrega del mismo, apercibido que, de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa. III. Esa determinación causó ejecutoria y por acuerdo emitido el siete de junio siguiente, turnó los autos para que se requiriera el inmueble a la parte demandada, apercibida de lanzamiento a su costa y autorizando el rompimiento de chapas y cerraduras. El procedimiento constituye el reclamo en esta instancia. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Juez y Actuario responsables aceptaron la existencia del acto reclamado; lo que, además, se corrobora con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana negó el acto reclamado; sin embargo, también debe tenerse por cierto, pues, en su carácter de autoridad ejecutora, está en aptitud de dar cumplimiento al mandamiento de la responsable ordenadora, respecto de quien se tuvo por cierto el acto reclamado; lo anterior, con apoyo en la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". Quinto. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En ese sentido, el suscrito advierte la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, esto es, por falta de acreditación fehaciente del interés jurídico, en tanto que el contrato exhibido para demostrar el derecho de propiedad adolece de irregularidades en su certificación que impide otorgarle certeza en cuanto a su fecha. La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 199-204, primera parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), con registro digital 2019456, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En la especie, el quejoso se ostenta tercero extraño al juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Décimo Civil de la Ciudad de México, y reclama todo lo actuado en dicho proceso, particularmente la sentencia definitiva y su ejecución, mediante el lanzamiento del inmueble ubicado en ...; y/o, ..., Ciudad de México. Por tanto, debió demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de propiedad que afirma fue infringido con el acto reclamado; de modo que tenía la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer la propiedad que dice detentar. Para solventar esa carga procesal, el quejoso manifestó ser propietario del inmueble referido y exhibió un contrato de compraventa; lo cual, puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando ello derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de propiedad. Esto es, debe tenerse una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho. En efecto, quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de propiedad objetivo, como lo es una escritura pública o un contrato. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la Jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187733; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin embargo, en el caso, no está fehacientemente probada la fecha cierta del documento exhibido por la parte quejosa en tanto que existen vicios en la certificación asentada, tanto en el sello empleado, como en la cuantificación de folios certificados y en la cronología de eventos. Al respecto, se ha considerado que por razón de seguridad jurídica y para evitar la posibilidad de que se trate de un acto fraudulento, los documentos privados son insuficientes por sí mismos para acreditar que el derecho de que se trata existió con anterioridad al acto reclamado en un juicio de amparo, sino que tienen que ser de fecha cierta, esto es, debe existir certeza respecto de la fecha de emisión de ese documento y, por ende, de la celebración del acto jurídico contenido en el mismo, pues de lo contrario no puede tenerse por acreditado el interés jurídico. Lo anterior, porque la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, por lo que la certeza de la fecha garantiza la legalidad y certeza jurídica y se evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales frente a terceros. De acuerdo con diversos criterios sustentados por nuestro Máximo Tribunal, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, la fecha cierta de un documento se obtiene a partir de que el acto en él contenido se celebró ante fedatario público o funcionario autorizado en razón de su oficio, es inscrito en el Registro Público de la Propiedad, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78, tomo X, diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Ahora bien, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2005-PS, mediante ejecutoria de seis de abril de dos mil cinco, consideró en lo que interesa, lo siguiente: "[.] Es por demás obvio que los documentos privados son obra de las partes; la experiencia enseña que ellas pueden ponerse de acuerdo para antedatar o estampar una fecha posterior o anterior a la verdadera, y por lo mismo es que ese dato no puede hacer fe ni tener certeza.- - - Al respecto, es de explorado derecho que, por lo que hace a la eficacia probatoria de la fecha en un documento privado, cabe distinguir entre las partes y los terceros. Entre las partes, esto es, entre las personas que intervinieron en el acto jurídico consignado en la escritura privada, y por extensión a sus representantes y herederos, la fecha se reputa verdadera mientras no se demuestre su falsedad. En relación con los terceros, la fecha contenida en el documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los modos indicados por la ley, o por otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera.- - - Así, para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta, y esto, según lo ha clarificado esta Suprema Corte, acontece a partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, o bien desde la muerte de los que firmaron; si no se dan estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico contra terceros.- - - Cabe invocar, sobre este particular, los siguientes criterios:- - - "Novena Época, "Instancia: Primera Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: X, diciembre de 1999 "Tesis: 1a./J. 46/99 "Página: 78 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.-Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales."- - -"Sexta Época "Instancia: Tercera Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación "Volumen: LXVI, Cuarta Parte "Página: 63 "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.-La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes."- - - "Sexta Época. "Instancia: Pleno, "Fuente: Semanario Judicial de la Federación, "Volumen: LXXXVIII, Primera Parte, "Página: 12 "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.-Tratándose de documentos privados que no han sido presentados ante ningún funcionario público, ni inscritos en algún registro oficial, debe considerarse que no existe fecha cierta de los mismos, de conformidad con lo previsto por el artículo 2034, fracción III, del Código Civil del Distrito Federal, el cual previene que la cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra terceros sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, esto es, si se trata de un documento privado desde el día en que se incorpore o inscriba en un registro público, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público en razón de su oficio. Dicho precepto es aplicable a toda clase de negocios privados.- - -"Amparo en revisión 3485/51. Casa Llamas, S. de R.L. 13 de octubre de 1964. Unanimidad de veinte votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos."- - - Así, si la ratificación de firmas ante notario tiene como único propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a efecto de que valga contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial.- - - En efecto, si por "cierto" se entiende lo conocido como verdadero, seguro, indubitable, y por "certeza" el conocimiento seguro y claro de algo y, en consecuencia, la firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar, no puede hablarse de fecha cierta de un documento, cuando un notario asienta que un acto se celebró en fecha determinada, pero a la vez asienta que uno de los comparecientes se identifica con un documento que, por razón cronológica, no pudo siquiera existir en ese momento, por estar acreditado que sólo cobró vida hasta mucho después de celebrado el acto.- - - Además, el contrato cuyas firmas son ratificadas ante notario, exhibido para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, está sujeto a la apreciación prudente del juzgador, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles:- - - "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando; sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.- - -En ese orden, los documentos como el de mérito deben ser valorados conforme al sano juicio del juzgador y, es evidente, que en hipótesis como la planteada, la correcta apreciación de ese documento debe llevar a estimar que no tiene eficacia probatoria para acreditar la fecha cierta." Tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 51/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, novena época, julio de 2005, tomo XXII, página 183, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." De lo anterior se obtiene que, cuando existe algún elemento que permita dudar de la certeza de la fecha asentada en una certificación, esto vicia al instrumento relativo; e impide que surta todos los efectos para el que fue presentado. A la luz de lo anterior, en el caso existe un error cronológico en la certificación que consta en el documento que exhibió anexo a su demanda, que hace jurídicamente inviable que el suscrito le otorgue valor probatorio pleno, pues el fedatario asentó su fe en fecha diez de enero de dos mil tres, mientras que el instrumento con que se dice que el vendedor adquirió la propiedad del inmueble es de tres de noviembre de dos mil tres, esto es, de diez meses adelante. Lo cual, constituye una incongruencia que merma la credibilidad de lo asentado en el contrato y que, a criterio de este juzgador, por orden cronológico impacta negativamente en su alcance demostrativo del interés que, como se dijo, ha de ser fehaciente. Por otra parte, el suscrito considera que la certificación asentada en el documento exhibido por el quejoso con su demanda, es de certeza insuficiente al no certificarse el cotejo de todas las páginas de las que consta el documento -únicamente se hace referencia a "una foja"-; así como no especificar a qué documento corresponde dicha certificación, esto es sobre un elemento esencial que da la pauta para considerar la referencia a la existencia del pacto; aunado a que no se cumplen con los requisitos de forma establecidos en la legislación notarial correspondiente, situación que afecta la certificación y nulifica su alcance probatorio, lo que paralelamente incide en el interés jurídico que debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." El contenido de los artículos 48, 127 y 133 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla vigente en el momento de la certificación del contrato de compraventa exhibido, es el siguiente: "Artículo 48.- El sello de cada Notario debe ser de forma circular, tener un diámetro de tres centímetros y representar el Escudo Nacional en los términos descritos en el artículo 2° de la Ley sobre las características y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y tener inscritos en la parte inferior el nombre, apellidos, número de la Notaría y lugar de su residencia (.)." "Artículo 125.- Los interesados podrán presentar al Notario los documentos que estimen convenientes para su protocolización.- En este caso, el Notario los agregará originales al apéndice respectivo, haciendo en el acta breve extracto de su naturaleza y expresará el número de fojas que los integran, o los insertará en el cuerpo del acta. No se podrán protocolizar documentos cuyo contenido sea contrario a la Ley o a las buenas costumbres." "Artículo 127.- Testimonio es la copia en que el Notario transcribe o reproduce, íntegramente o en lo conducente, una escritura o acta notarial del protocolo, así como los documentos que obran en el apéndice, con el fin de acreditar el derecho dimanado del contenido del instrumento, y con el que el titular, en su caso, podrá ejercer las acciones correspondientes." "Artículo 132.- El papel para testimonios tendrá 35 centímetros de largo, por 24 centímetros de ancho en su parte utilizable, llevando, a cada lado, un margen de una octava parte de la hoja en la que podrán escribirse como máximo 40 renglones. Sin embargo, los planos, copias fotostáticas y documentos originales qeu (sic) se anexen al testimonio, no quedarán sujetas a lo estatuido respecto a dimensiones. La parte superior izquierda del frente de cada hoja, llevará el sello del Notario, y la última hoja del testimonio llevará al pie la firma y sello del funcionario que lo autorice y cada una de las demás hojas llevarán al margen derecho del frente, la media firma o la rúbrica de aquél." "Artículo 133.- Al expedirse un testimonio deberá ponerse razón en que se expresen: a) El orden de expedición, con el nombre de la persona a quien se expida y a qué título. b) El número del volumen a que pertenece el instrumento, y el de éste, el número de fojas de que se compone el testimonio, y en su caso, el número de documentos o copias que se le anexen. c) La firma y sello del Notario, con los que también deberá autorizarse la razón que pondrá en los anexos o copias. d) Al terminar la razón de expedición, se salvarán las testaduras y entrerrenglonaduras de la manera prescrita para la matriz." "Artículo 142.- Los documentos notariales, carecerán de validez: I.- Si el Notario autorizante estuviere impedido en el ejercicio de sus funciones, al otorgarse el instrumento o al autorizarlo. II.- Si el instrumento, fuere otorgado, extendido o autorizado fuera de la demarcación designada al Notario para actuar. III.- Cuando el instrumento se redacte en idioma extranjero. Sin embargo, cuando las partes lo soliciten, podrá adicionarse con traducciones en otro idioma, hechas por perito que las mismas designen. IV.- Cuando se omita la mención relativa a la lectura, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la presente Ley. V.- Cuando carezca de las firmas y en su caso de las huellas digitales y de la declaración exigida a falta de firma, de los que deban firmar según esta Ley. VI.- Cuando el instrumento no esté autorizado con la firma y el sello del Notario, o cuando lo esté debiendo tener la razón de "No pasó". VII.- Si no contiene la expresión del lugar y la fecha de su otorgamiento, y el nombre del Notario autorizante y número de su Notaría. VIII.- Si no se hizo constar, en caso de que alguno de los interesados sea sordo-mudo, o esté incapacitado para oír, que éste leyó por sí mismo la escritura, o cuando el otorgante esté incapacitado para ver y no se haya hecho la designación de la persona que debió leer por él la escritura. IX.- Cuando faltare algún otro requisito cuya omisión implique por disposición legal expresa la invalidez del instrumento. Fuera de los casos expresados, el documento notarial será válido, aún cuando el Notario infractor de alguna otra disposición legal quede sujeto a la responsabilidad que en derecho proceda." "Artículo 143.- Las cretificaciones (sic) notariales carecerán de validez en los casos previstos por las fracciones I, II, V, VI, VII, VIII y IX del artículo anterior, en cuanto les fuere aplicable." De una interpretación sistemática de tales numerales, se advierte que los requisitos indispensables que deben contener las certificaciones notariales son: Sello de autorizar -el cual debe ser de forma circular con un diámetro de tres centimétros- impreso en la parte superior izquierda del frente de cada hoja de la copia cotejada. Media firma o rúbrica del notario al margen derecho del frente de cada hoja de la copia cotejada. Certificación del notario en la que haga constar que la copia es fiel reproducción de su original que se tuvo a la vista, así como el número y fecha de registro que les corresponda en el protocolo a su cargo. Autorización de la certificación puesta por el notario mediante su firma y sello. Entonces la certificación que no reúna los requisitos señalados en los incisos "a", "b", "c" y "d", carecerá de validez, acorde con las disposiciones trascritas. En el caso, la certificación en la fotocopia del contrato allegado por la parte quejosa para acreditar su interés jurídico, reviste de diversas irregularidades, las cuales inciden en su validez. En primera instancia, el sello impreso sobre la copia cotejada del contrato de compraventa, no cumple con los requisitos determinados en el artículo 48 de la legislación aplicable en el momento de su expedición, esto es, el sello plasmado es cuadrado y excede el diámetro establecido legalmente (tres centímetros), ya que mide cuatro centímetros y medio de ancho por cuatro centímetros de largo. Para evidenciar su forma, se inserta la imagen correspondiente de lo asentado en el documento relativo: De la imagen se aprecia que no se cumple con el requisito de forma consistente en que el sello sea redondo, ni lo relativo a sus dimensiones, porque de la medición realizada de forma directa respecto del que obra en el contrato exhibido, se advierten las proporciones precisadas, las cuales son superiores a las permitidas en la legislación aplicable. Aunado a lo anterior, es necesario resaltar que al momento de asentar la certificación, el Fedatario Público fue omiso en señalar el número de registro en el protocolo a su cargo, que correspondía al cotejo realizado, siendo que solamente asentó la parte relativa en la que hizo constar que la copia era fiel reproducción de su original que se tuvo a la vista, así como la fecha de registro. Sin embargo, como se apuntó, no asentó la parte que se refiere al número de orden de expedición ni del volúmen correspondiente al que pertenece el instrumento, lo cual acorde con los requisitos que se deben cumplir, constituye un elemento indispensable para validar la certificación en el cotejo de un documento, pues la prevalencia de las actuaciones del Notario Público depende necesariamente de que se hagan constar en el protocolo o libro de cotejos a su cargo, a través del número de registro relativo, según se advierte claramente del numeral 133 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla que ha quedado trascrito. Además, en la certificación asentada incluso se precisa que el documento que se certifica consta de "una foja útil", cuando el contrato de compraventa que, se infiere corresponde a esa certificación, está conformado por tres hojas. En tales condiciones, al no cumplir todos los requisitos que establece la ley en comento, la certificación en estudio carece de validez, toda vez que el documento no se cotejó y certificó con las formalidades legales exigidas; lo que se corrobora con la siguiente imagen para una mejor apreciación: De ahí que dicha certificación no puede evidenciar en el caso la certeza de la fecha en que se realizó el supuesto cotejo del contrato de compraventa, al no poderse afirmar la correspondencia de lo certificado con el contenido del documento cuya coincidencia se dice se coteja; por lo que no puede considerarse como válida para tener por cierto que el diez de enero de dos mil tres ya existía esa documental y, por ende, que sea apta para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, debido a la falta de certeza de su fecha. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.3o.A. J/7, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, página 1511, que dice: "DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LOS APORTADOS EN EL JUICIO DE AMPARO ESTÁN EXPEDIDOS CONFORME A LA LEY, CON EL FIN DE DETERMINAR SU EFICACIA. Dado que es indispensable que las pruebas se ajusten a derecho, el Juez de Distrito se encuentra facultado, de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para realizar un análisis de los documentos que se aportaron en el juicio de garantías, con el fin de constatar si el acto jurídico en ellos contenido surgió con los requisitos y formalidades debidos, pues si bien el juicio de amparo no es el medio idóneo para declarar la validez o nulidad de esos documentos, sí debe analizarse si fueron o no expedidos con apego a las normas que los rigen, dado que sería absurdo que, en un procedimiento tendente por excelencia a velar por el Estado de derecho, se tolerara la violación evidente de la ley. Esto, obviamente, limitado a los efectos específicos del juicio de garantías de que se trate." También se cita al respecto, en su parte conducente, la tesis XXII.1o.3 C (10a.), de la Décima Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 3032, de rubro y texto: "CERTIFICACIÓN NOTARIAL. PARA OTORGARLE CERTEZA, EL NOTARIO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE QUERÉTARO ESTABLECE PARA LOS DEMÁS ACTOS NOTARIALES, EN CUANTO SEAN COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. De conformidad con los artículos 3 y 93 de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, los notarios se encuentran investidos de fe pública, por lo que tienen la facultad legal de autentificar, dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos jurídicos que hacen constar en las actas y certificaciones como lo perciben por medio de sus sentidos. Por tanto, cuando lleven a cabo el cotejo de un documento original con su copia, la certificación respectiva debe crear convicción sobre lo realmente percibido por el fedatario, es decir, debe encontrarse redactada en términos tales que permitan generar convicción en cuanto a su veracidad y autenticidad; a cuyo efecto, es menester que carezca de inconsistencias. En esas condiciones, de la interpretación correlacionada de los artículos 38, 41, 47, 56, 57, 67, 79, 88 y 94 de la citada ley, se obtiene que aun cuando no señalan los requisitos que debe colmar la certificación de referencia, al tratarse de un acto en el que se ejerce la fe pública notarial, les son aplicables aquellos que la ley prevé tanto para las escrituras como para los testimonios, en cuanto sean compatibles con su naturaleza. Así, para que la certificación de cotejo genere certidumbre en cuanto al documento que tuvo a la vista el fedatario público, se requiere que: a) no contenga enmendaduras ni raspaduras; b) toda palabra entrerrenglonada o testada debe salvarse al final del acto; c) deben cubrirse los blancos o los huecos con líneas fuertemente grabadas; y, d) toda corrección no salvada debe tenerse por no hecha; todo lo cual, con la finalidad de velar por el principio de certeza que debe reunir ese tipo de actos." Por lo anterior, es dable afirmar que el contrato de compraventa ofrecido por el peticionario es insuficiente para probar su fecha cierta; por lo que, de ninguna manera queda demostrada la existencia de un documento con los elementos suficientes para ser oponible a terceros en términos de lo previsto en el artículo 2034 del Código Civil de la Ciudad de México, que dispone: "ARTICULO 2034.- La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes: I.- Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción, en el Registro Público de la Propiedad; II.- Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; III.- Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio." Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 818042, que dispone: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." También se invoca, el criterio de jurisprudencia 1/2002 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se interpretó el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tesis consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, que dispone: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin que sea obstáculo para decretar la falta de interés jurídico, que se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado con las constancias remitidas por las autoridades responsables, pues ello no releva al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que en el caso, se ostenta como tercero extraño a juicio. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 581 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." En estas condiciones, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de la autoridad ejecutora, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 339 del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, Tomo VI, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Al resultar fundada la improcedencia del juicio en los términos precisados, no existe necesidad de emprender un análisis adicional sobre las demás causales invocadas en autos, pues ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo 622/2023, promovido por ***** contra actos del Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Civil y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy trece de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 622/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) informes justificados; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte tercera interesada y la Secretaría responsable ofrecieron la documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; y el quejoso la documental. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza y al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la parte tercera interesada los formuló y objeto la documental exhibida por el quejoso en cuanto a su alcance y valor probatoria y la Secretaría responsable invocó la improcedencia del juicio, por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 622/2023, promovido por ***** contra actos del Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Civil y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Admisión. Este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo; ordenó emplazar a la parte tercera interesada; dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que las responsables rindieron su informe justificado; la parte tercera interesada fue emplazada; la Agente del Ministerio Público de la Federación no intervino; y, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D ER A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37, 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común con sede en donde este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se hace la fijación clara y precisa del acto reclamado. El quejoso se ostenta tercero extraño al juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Décimo Civil de la Ciudad de México, y reclama todo lo actuado en dicho proceso, particularmente la sentencia definitiva y su ejecución, mediante el lanzamiento del inmueble ubicado en ... y/o, ..., Ciudad de México. Tercero. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten los siguientes antecedentes destacados: I. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, ..., ..., ..., ...., ..., ... y ..., por conducto de su apoderado, demandaron en la vía ordinaria civil -en ejercicio de la acción reivindicatoria- a ..., respecto del inmueble ubicado en ...; y/o, ..., Ciudad de México. II. Previa prevención, mediante acuerdo emitido el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la Juez Décimo Civil de la Ciudad de México, radicó el asunto con el expediente ... de su índice, lo admitió a trámite y, una vez seguidas las etapas procesales, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictó sentencia definitiva en la que declaró que los actores son legítimos propietarios del inmueble materia de la controversia y condenó a la parte demandada a hacer entrega del mismo, apercibido que, de no hacerlo, se procedería a su ejecución forzosa. III. Esa determinación causó ejecutoria y por acuerdo emitido el siete de junio siguiente, turnó los autos para que se requiriera el inmueble a la parte demandada, apercibida de lanzamiento a su costa y autorizando el rompimiento de chapas y cerraduras. El procedimiento constituye el reclamo en esta instancia. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Juez y Actuario responsables aceptaron la existencia del acto reclamado; lo que, además, se corrobora con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana negó el acto reclamado; sin embargo, también debe tenerse por cierto, pues, en su carácter de autoridad ejecutora, está en aptitud de dar cumplimiento al mandamiento de la responsable ordenadora, respecto de quien se tuvo por cierto el acto reclamado; lo anterior, con apoyo en la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". Quinto. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En ese sentido, el suscrito advierte la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, esto es, por falta de acreditación fehaciente del interés jurídico, en tanto que el contrato exhibido para demostrar el derecho de propiedad adolece de irregularidades en su certificación que impide otorgarle certeza en cuanto a su fecha. La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 199-204, primera parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), con registro digital 2019456, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En la especie, el quejoso se ostenta tercero extraño al juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Décimo Civil de la Ciudad de México, y reclama todo lo actuado en dicho proceso, particularmente la sentencia definitiva y su ejecución, mediante el lanzamiento del inmueble ubicado en ...; y/o, ..., Ciudad de México. Por tanto, debió demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de propiedad que afirma fue infringido con el acto reclamado; de modo que tenía la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer la propiedad que dice detentar. Para solventar esa carga procesal, el quejoso manifestó ser propietario del inmueble referido y exhibió un contrato de compraventa; lo cual, puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando ello derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho de propiedad. Esto es, debe tenerse una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tienen derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de ese derecho. En efecto, quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de un interés necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que el derecho del inmueble que defiende deriva de un título de propiedad objetivo, como lo es una escritura pública o un contrato. Resulta aplicable, por sus consideraciones, la Jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 187733; que a la letra se transcribe: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin embargo, en el caso, no está fehacientemente probada la fecha cierta del documento exhibido por la parte quejosa en tanto que existen vicios en la certificación asentada, tanto en el sello empleado, como en la cuantificación de folios certificados y en la cronología de eventos. Al respecto, se ha considerado que por razón de seguridad jurídica y para evitar la posibilidad de que se trate de un acto fraudulento, los documentos privados son insuficientes por sí mismos para acreditar que el derecho de que se trata existió con anterioridad al acto reclamado en un juicio de amparo, sino que tienen que ser de fecha cierta, esto es, debe existir certeza respecto de la fecha de emisión de ese documento y, por ende, de la celebración del acto jurídico contenido en el mismo, pues de lo contrario no puede tenerse por acreditado el interés jurídico. Lo anterior, porque la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, por lo que la certeza de la fecha garantiza la legalidad y certeza jurídica y se evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales frente a terceros. De acuerdo con diversos criterios sustentados por nuestro Máximo Tribunal, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, la fecha cierta de un documento se obtiene a partir de que el acto en él contenido se celebró ante fedatario público o funcionario autorizado en razón de su oficio, es inscrito en el Registro Público de la Propiedad, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78, tomo X, diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Ahora bien, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2005-PS, mediante ejecutoria de seis de abril de dos mil cinco, consideró en lo que interesa, lo siguiente: "[.] Es por demás obvio que los documentos privados son obra de las partes; la experiencia enseña que ellas pueden ponerse de acuerdo para antedatar o estampar una fecha posterior o anterior a la verdadera, y por lo mismo es que ese dato no puede hacer fe ni tener certeza.- - - Al respecto, es de explorado derecho que, por lo que hace a la eficacia probatoria de la fecha en un documento privado, cabe distinguir entre las partes y los terceros. Entre las partes, esto es, entre las personas que intervinieron en el acto jurídico consignado en la escritura privada, y por extensión a sus representantes y herederos, la fecha se reputa verdadera mientras no se demuestre su falsedad. En relación con los terceros, la fecha contenida en el documento privado carece de toda fuerza probatoria, si no es cuando se haya hecho cierta por los modos indicados por la ley, o por otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera.- - - Así, para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta, y esto, según lo ha clarificado esta Suprema Corte, acontece a partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, o bien desde la muerte de los que firmaron; si no se dan estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico contra terceros.- - - Cabe invocar, sobre este particular, los siguientes criterios:- - - "Novena Época, "Instancia: Primera Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo: X, diciembre de 1999 "Tesis: 1a./J. 46/99 "Página: 78 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.-Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales."- - -"Sexta Época "Instancia: Tercera Sala "Fuente: Semanario Judicial de la Federación "Volumen: LXVI, Cuarta Parte "Página: 63 "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.-La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes."- - - "Sexta Época. "Instancia: Pleno, "Fuente: Semanario Judicial de la Federación, "Volumen: LXXXVIII, Primera Parte, "Página: 12 "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.-Tratándose de documentos privados que no han sido presentados ante ningún funcionario público, ni inscritos en algún registro oficial, debe considerarse que no existe fecha cierta de los mismos, de conformidad con lo previsto por el artículo 2034, fracción III, del Código Civil del Distrito Federal, el cual previene que la cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra terceros sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, esto es, si se trata de un documento privado desde el día en que se incorpore o inscriba en un registro público, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público en razón de su oficio. Dicho precepto es aplicable a toda clase de negocios privados.- - -"Amparo en revisión 3485/51. Casa Llamas, S. de R.L. 13 de octubre de 1964. Unanimidad de veinte votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos."- - - Así, si la ratificación de firmas ante notario tiene como único propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a efecto de que valga contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial.- - - En efecto, si por "cierto" se entiende lo conocido como verdadero, seguro, indubitable, y por "certeza" el conocimiento seguro y claro de algo y, en consecuencia, la firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar, no puede hablarse de fecha cierta de un documento, cuando un notario asienta que un acto se celebró en fecha determinada, pero a la vez asienta que uno de los comparecientes se identifica con un documento que, por razón cronológica, no pudo siquiera existir en ese momento, por estar acreditado que sólo cobró vida hasta mucho después de celebrado el acto.- - - Además, el contrato cuyas firmas son ratificadas ante notario, exhibido para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, está sujeto a la apreciación prudente del juzgador, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles:- - - "Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando; sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.- - -En ese orden, los documentos como el de mérito deben ser valorados conforme al sano juicio del juzgador y, es evidente, que en hipótesis como la planteada, la correcta apreciación de ese documento debe llevar a estimar que no tiene eficacia probatoria para acreditar la fecha cierta." Tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 51/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, novena época, julio de 2005, tomo XXII, página 183, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." De lo anterior se obtiene que, cuando existe algún elemento que permita dudar de la certeza de la fecha asentada en una certificación, esto vicia al instrumento relativo; e impide que surta todos los efectos para el que fue presentado. A la luz de lo anterior, en el caso existe un error cronológico en la certificación que consta en el documento que exhibió anexo a su demanda, que hace jurídicamente inviable que el suscrito le otorgue valor probatorio pleno, pues el fedatario asentó su fe en fecha diez de enero de dos mil tres, mientras que el instrumento con que se dice que el vendedor adquirió la propiedad del inmueble es de tres de noviembre de dos mil tres, esto es, de diez meses adelante. Lo cual, constituye una incongruencia que merma la credibilidad de lo asentado en el contrato y que, a criterio de este juzgador, por orden cronológico impacta negativamente en su alcance demostrativo del interés que, como se dijo, ha de ser fehaciente. Por otra parte, el suscrito considera que la certificación asentada en el documento exhibido por el quejoso con su demanda, es de certeza insuficiente al no certificarse el cotejo de todas las páginas de las que consta el documento -únicamente se hace referencia a "una foja"-; así como no especificar a qué documento corresponde dicha certificación, esto es sobre un elemento esencial que da la pauta para considerar la referencia a la existencia del pacto; aunado a que no se cumplen con los requisitos de forma establecidos en la legislación notarial correspondiente, situación que afecta la certificación y nulifica su alcance probatorio, lo que paralelamente incide en el interés jurídico que debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." El contenido de los artículos 48, 127 y 133 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla vigente en el momento de la certificación del contrato de compraventa exhibido, es el siguiente: "Artículo 48.- El sello de cada Notario debe ser de forma circular, tener un diámetro de tres centímetros y representar el Escudo Nacional en los términos descritos en el artículo 2° de la Ley sobre las características y el uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y tener inscritos en la parte inferior el nombre, apellidos, número de la Notaría y lugar de su residencia (.)." "Artículo 125.- Los interesados podrán presentar al Notario los documentos que estimen convenientes para su protocolización.- En este caso, el Notario los agregará originales al apéndice respectivo, haciendo en el acta breve extracto de su naturaleza y expresará el número de fojas que los integran, o los insertará en el cuerpo del acta. No se podrán protocolizar documentos cuyo contenido sea contrario a la Ley o a las buenas costumbres." "Artículo 127.- Testimonio es la copia en que el Notario transcribe o reproduce, íntegramente o en lo conducente, una escritura o acta notarial del protocolo, así como los documentos que obran en el apéndice, con el fin de acreditar el derecho dimanado del contenido del instrumento, y con el que el titular, en su caso, podrá ejercer las acciones correspondientes." "Artículo 132.- El papel para testimonios tendrá 35 centímetros de largo, por 24 centímetros de ancho en su parte utilizable, llevando, a cada lado, un margen de una octava parte de la hoja en la que podrán escribirse como máximo 40 renglones. Sin embargo, los planos, copias fotostáticas y documentos originales qeu (sic) se anexen al testimonio, no quedarán sujetas a lo estatuido respecto a dimensiones. La parte superior izquierda del frente de cada hoja, llevará el sello del Notario, y la última hoja del testimonio llevará al pie la firma y sello del funcionario que lo autorice y cada una de las demás hojas llevarán al margen derecho del frente, la media firma o la rúbrica de aquél." "Artículo 133.- Al expedirse un testimonio deberá ponerse razón en que se expresen: a) El orden de expedición, con el nombre de la persona a quien se expida y a qué título. b) El número del volumen a que pertenece el instrumento, y el de éste, el número de fojas de que se compone el testimonio, y en su caso, el número de documentos o copias que se le anexen. c) La firma y sello del Notario, con los que también deberá autorizarse la razón que pondrá en los anexos o copias. d) Al terminar la razón de expedición, se salvarán las testaduras y entrerrenglonaduras de la manera prescrita para la matriz." "Artículo 142.- Los documentos notariales, carecerán de validez: I.- Si el Notario autorizante estuviere impedido en el ejercicio de sus funciones, al otorgarse el instrumento o al autorizarlo. II.- Si el instrumento, fuere otorgado, extendido o autorizado fuera de la demarcación designada al Notario para actuar. III.- Cuando el instrumento se redacte en idioma extranjero. Sin embargo, cuando las partes lo soliciten, podrá adicionarse con traducciones en otro idioma, hechas por perito que las mismas designen. IV.- Cuando se omita la mención relativa a la lectura, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la presente Ley. V.- Cuando carezca de las firmas y en su caso de las huellas digitales y de la declaración exigida a falta de firma, de los que deban firmar según esta Ley. VI.- Cuando el instrumento no esté autorizado con la firma y el sello del Notario, o cuando lo esté debiendo tener la razón de "No pasó". VII.- Si no contiene la expresión del lugar y la fecha de su otorgamiento, y el nombre del Notario autorizante y número de su Notaría. VIII.- Si no se hizo constar, en caso de que alguno de los interesados sea sordo-mudo, o esté incapacitado para oír, que éste leyó por sí mismo la escritura, o cuando el otorgante esté incapacitado para ver y no se haya hecho la designación de la persona que debió leer por él la escritura. IX.- Cuando faltare algún otro requisito cuya omisión implique por disposición legal expresa la invalidez del instrumento. Fuera de los casos expresados, el documento notarial será válido, aún cuando el Notario infractor de alguna otra disposición legal quede sujeto a la responsabilidad que en derecho proceda." "Artículo 143.- Las cretificaciones (sic) notariales carecerán de validez en los casos previstos por las fracciones I, II, V, VI, VII, VIII y IX del artículo anterior, en cuanto les fuere aplicable." De una interpretación sistemática de tales numerales, se advierte que los requisitos indispensables que deben contener las certificaciones notariales son: Sello de autorizar -el cual debe ser de forma circular con un diámetro de tres centimétros- impreso en la parte superior izquierda del frente de cada hoja de la copia cotejada. Media firma o rúbrica del notario al margen derecho del frente de cada hoja de la copia cotejada. Certificación del notario en la que haga constar que la copia es fiel reproducción de su original que se tuvo a la vista, así como el número y fecha de registro que les corresponda en el protocolo a su cargo. Autorización de la certificación puesta por el notario mediante su firma y sello. Entonces la certificación que no reúna los requisitos señalados en los incisos "a", "b", "c" y "d", carecerá de validez, acorde con las disposiciones trascritas. En el caso, la certificación en la fotocopia del contrato allegado por la parte quejosa para acreditar su interés jurídico, reviste de diversas irregularidades, las cuales inciden en su validez. En primera instancia, el sello impreso sobre la copia cotejada del contrato de compraventa, no cumple con los requisitos determinados en el artículo 48 de la legislación aplicable en el momento de su expedición, esto es, el sello plasmado es cuadrado y excede el diámetro establecido legalmente (tres centímetros), ya que mide cuatro centímetros y medio de ancho por cuatro centímetros de largo. Para evidenciar su forma, se inserta la imagen correspondiente de lo asentado en el documento relativo: De la imagen se aprecia que no se cumple con el requisito de forma consistente en que el sello sea redondo, ni lo relativo a sus dimensiones, porque de la medición realizada de forma directa respecto del que obra en el contrato exhibido, se advierten las proporciones precisadas, las cuales son superiores a las permitidas en la legislación aplicable. Aunado a lo anterior, es necesario resaltar que al momento de asentar la certificación, el Fedatario Público fue omiso en señalar el número de registro en el protocolo a su cargo, que correspondía al cotejo realizado, siendo que solamente asentó la parte relativa en la que hizo constar que la copia era fiel reproducción de su original que se tuvo a la vista, así como la fecha de registro. Sin embargo, como se apuntó, no asentó la parte que se refiere al número de orden de expedición ni del volúmen correspondiente al que pertenece el instrumento, lo cual acorde con los requisitos que se deben cumplir, constituye un elemento indispensable para validar la certificación en el cotejo de un documento, pues la prevalencia de las actuaciones del Notario Público depende necesariamente de que se hagan constar en el protocolo o libro de cotejos a su cargo, a través del número de registro relativo, según se advierte claramente del numeral 133 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla que ha quedado trascrito. Además, en la certificación asentada incluso se precisa que el documento que se certifica consta de "una foja útil", cuando el contrato de compraventa que, se infiere corresponde a esa certificación, está conformado por tres hojas. En tales condiciones, al no cumplir todos los requisitos que establece la ley en comento, la certificación en estudio carece de validez, toda vez que el documento no se cotejó y certificó con las formalidades legales exigidas; lo que se corrobora con la siguiente imagen para una mejor apreciación: De ahí que dicha certificación no puede evidenciar en el caso la certeza de la fecha en que se realizó el supuesto cotejo del contrato de compraventa, al no poderse afirmar la correspondencia de lo certificado con el contenido del documento cuya coincidencia se dice se coteja; por lo que no puede considerarse como válida para tener por cierto que el diez de enero de dos mil tres ya existía esa documental y, por ende, que sea apta para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, debido a la falta de certeza de su fecha. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI.3o.A. J/7, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, página 1511, que dice: "DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LOS APORTADOS EN EL JUICIO DE AMPARO ESTÁN EXPEDIDOS CONFORME A LA LEY, CON EL FIN DE DETERMINAR SU EFICACIA. Dado que es indispensable que las pruebas se ajusten a derecho, el Juez de Distrito se encuentra facultado, de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para realizar un análisis de los documentos que se aportaron en el juicio de garantías, con el fin de constatar si el acto jurídico en ellos contenido surgió con los requisitos y formalidades debidos, pues si bien el juicio de amparo no es el medio idóneo para declarar la validez o nulidad de esos documentos, sí debe analizarse si fueron o no expedidos con apego a las normas que los rigen, dado que sería absurdo que, en un procedimiento tendente por excelencia a velar por el Estado de derecho, se tolerara la violación evidente de la ley. Esto, obviamente, limitado a los efectos específicos del juicio de garantías de que se trate." También se cita al respecto, en su parte conducente, la tesis XXII.1o.3 C (10a.), de la Décima Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 3032, de rubro y texto: "CERTIFICACIÓN NOTARIAL. PARA OTORGARLE CERTEZA, EL NOTARIO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE QUERÉTARO ESTABLECE PARA LOS DEMÁS ACTOS NOTARIALES, EN CUANTO SEAN COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. De conformidad con los artículos 3 y 93 de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, los notarios se encuentran investidos de fe pública, por lo que tienen la facultad legal de autentificar, dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos jurídicos que hacen constar en las actas y certificaciones como lo perciben por medio de sus sentidos. Por tanto, cuando lleven a cabo el cotejo de un documento original con su copia, la certificación respectiva debe crear convicción sobre lo realmente percibido por el fedatario, es decir, debe encontrarse redactada en términos tales que permitan generar convicción en cuanto a su veracidad y autenticidad; a cuyo efecto, es menester que carezca de inconsistencias. En esas condiciones, de la interpretación correlacionada de los artículos 38, 41, 47, 56, 57, 67, 79, 88 y 94 de la citada ley, se obtiene que aun cuando no señalan los requisitos que debe colmar la certificación de referencia, al tratarse de un acto en el que se ejerce la fe pública notarial, les son aplicables aquellos que la ley prevé tanto para las escrituras como para los testimonios, en cuanto sean compatibles con su naturaleza. Así, para que la certificación de cotejo genere certidumbre en cuanto al documento que tuvo a la vista el fedatario público, se requiere que: a) no contenga enmendaduras ni raspaduras; b) toda palabra entrerrenglonada o testada debe salvarse al final del acto; c) deben cubrirse los blancos o los huecos con líneas fuertemente grabadas; y, d) toda corrección no salvada debe tenerse por no hecha; todo lo cual, con la finalidad de velar por el principio de certeza que debe reunir ese tipo de actos." Por lo anterior, es dable afirmar que el contrato de compraventa ofrecido por el peticionario es insuficiente para probar su fecha cierta; por lo que, de ninguna manera queda demostrada la existencia de un documento con los elementos suficientes para ser oponible a terceros en términos de lo previsto en el artículo 2034 del Código Civil de la Ciudad de México, que dispone: "ARTICULO 2034.- La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra tercero, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes: I.- Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción, en el Registro Público de la Propiedad; II.- Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; III.- Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio." Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 818042, que dispone: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." También se invoca, el criterio de jurisprudencia 1/2002 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se interpretó el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tesis consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, que dispone: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin que sea obstáculo para decretar la falta de interés jurídico, que se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado con las constancias remitidas por las autoridades responsables, pues ello no releva al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que en el caso, se ostenta como tercero extraño a juicio. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 581 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." En estas condiciones, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de la autoridad ejecutora, conforme a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 339 del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, Tomo VI, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Al resultar fundada la improcedencia del juicio en los términos precisados, no existe necesidad de emprender un análisis adicional sobre las demás causales invocadas en autos, pues ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo 622/2023, promovido por ***** contra actos del Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Décimo Civil y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy trece de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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