Felipe Trinidad Padilla Reyes

Expediente 484/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
484/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2016

Partes del expediente

  • Felipe Trinidad Padilla Reyes
  • José Fernando Sepulveda García

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto que desechó la demanda amparo en este expediente. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. V

  2. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, a cuatro de abril de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Felipe Trinidad Padilla Reyes, respecto de actos reclamados de la Magistrados que integran la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 484/2016-V y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Causal de improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 108, fracción VII, y 114 del referido ordenamiento legal, mismos que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo anterior, se desprende que el artículo 114 de la Ley de Amparo establece que cuando el Juez encuentre alguna irregularidad en la demanda, que se han omitido alguno de los requisitos señalados en el artículo 108 -entre ellos la formulación de conceptos de violación-, no se haya acompañado el documento con el que se acredite personalidad, que no se haya señalado con precisión el acto reclamado o no se han adjuntado las copias requeridas por el artículo 110, deberá ordenar que se cumplan los requisitos omitidos o hacer las aclaraciones correspondientes. La finalidad de dicha disposición, radica en esclarecer o aclarar las demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal; con la finalidad de que el juzgador pueda conocer con certeza la pretensión del quejoso y así, estar en posibilidad de resolver lo que en derecho proceda acerca de la misma. En esa tesitura, debe considerarse que dicha disposición sólo resulta aplicable cuando la demanda de amparo presentada satisface ciertos requisitos mínimos, que son necesarios para ser considerada como una demanda básicamente viable; de tal manera, que en caso de que se requiera alguna aclaración, ésta sea respecto de oscuridades u omisiones formales, cuya naturaleza secundaria o relativas a omisiones resulten excusables. Por tanto, cuando una pretendida demanda es absolutamente vacía en aspectos que resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso -como cuando no contiene en absoluto mención de acto reclamado, autoridades responsables o la expresión de conceptos de violación, en lo absoluto-, no puede decirse que se esté en presencia de una demanda oscura o irregular y por ende, en tales casos tampoco se puede hablar de aclaración de la misma. Lo anterior, debido a que si el Juez requiriera la aclaración de una demanda de esas características -que no tenga los requisitos indispensables para conocer la pretensión del quejoso-, se traduciría en una ampliación a la demanda o incluso, en una reformulación básica de la pretendida demanda inicial; situación que no debe ser ordenada por el Juez, ni puede realizarse por la parte quejosa fuera del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, si la demanda debe ser formulada con sus elementos básicos o sustanciales dentro de un plazo determinado, resulta legalmente imposible admitir que dentro del plazo se limite a la parte afectada a anunciar su voluntad escueta de promover un juicio de amparo para obligar al Juez a pedir una aclaración de la demanda y, en tal pretendida aclaración, venir a ampliar o reformular su escrito inicial, reservándose la parte quejosa todo ese tiempo para, por ejemplo, formular sus conceptos de violación. Como se indicó, el artículo 114 se refiere a verdaderas aclaraciones -y no a ampliaciones-; por ende, aplica exclusivamente en casos en que en el escrito inicial ya existe un principio de señalamiento de autoridades, de actos y un esbozo sustancial de los conceptos de violación, lo cual no sucede en el caso que nos ocupa. Lo anterior es así, debido que tratándose de autoridades responsables, actos reclamados y conceptos de violación, éstos no pueden ser ampliados o mejorados en su parte medular mediante escritos aclaratorios -sino en ampliaciones de la demanda, cuando se presenten los casos en los cuales procedan-, pues la naturaleza de dichas prevenciones radica en precisar cuestiones oscuras y referirse a actos, autoridades y conceptos de violación relacionados en alguna forma con los expresados básicamente en el escrito inicial; esto siempre que no se esté en presencia de un caso en el que proceda la suplencia de la deficiencia queja, situación que no aplica en el presente. Bajo la tesitura apuntada, de un análisis realizado al escrito de cuenta, se desprende que los quejosos reclaman de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la dilación para dictar sentencia de segunda instancia, ya que interpusieron recurso de apelación en el toca penal 1080/2014, sin brindar más datos al respecto. Asimismo, en el capítulo de conceptos de violación, señala textualmente lo siguiente: "Se vulneran en mi perjuicio los artículos constitucionales 14, 16, 17. Artículo 14 de la Constitución Federal que dice "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, por medio de mi defensor oficial en el mes de septiembre día 9 del 2014, y bajo la Toca Penal 1080/2014, promoví el recurso de apelación, y a la fecha han transcurrido más de un año sin recaer sentencia, laudo o resolución y la ley en materia prevé los términos para el efecto los cuales ya se han excedido." Sin que de otra parte del escrito de demanda, se desprenda alguna otra manifestación tendiente a atacar el acto reclamado, que resulte suficiente para identificar con claridad la causa de su pedir, pues del análisis integral a la demanda de amparo no se desprende algún señalamiento de lesión o agravio que los quejosos estiman les causa la dilación para dictar sentencia y los motivos que originaron ese agravio, para que este juzgador pueda estudiarlo. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 68/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". Consecuentemente, la ausencia total de conceptos de violación no motiva que el juzgador prevenga al quejoso para el efecto de que subsane dicha omisión, por lo que debe desecharse el medio de control constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 111/2004, mediante la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 34/2003-PL, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO. El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando el Juez advierta que la demanda no cumple alguno de los requisitos señalados en el artículo 116 de la propia Ley o que no se ha señalado con precisión el acto reclamado, o no se han exhibido las copias exigidas por la ley, deberá ordenar que se cumplan los requisitos omitidos o se hagan las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, tomando en consideración que la finalidad del precepto primeramente citado consiste en aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal, es indudable que se aplica exclusivamente cuando en la demanda ya existe un principio de señalamiento o esbozo de los conceptos de violación, pero no cuando se omiten totalmente, ya que resultan indispensables para conocer la pretensión del quejoso; admitir lo contrario implicaría que éste, por el solo hecho de haber presentado un escrito con datos meramente identificatorios, pudiera plantear su pretensión constitucional fuera del plazo previsto para tal efecto en los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se concluye que la ausencia total de conceptos de violación en el escrito inicial de demanda no motiva que el juzgador prevenga al quejoso". IV. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diverso 108, fracción VII, y 114 del referido ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en el Centro de Reinserción Social para Varones "El Llano", Aguascalientes, en virtud de que se encuentran los peticionarios de amparo recluidos en ese centro penitenciario. VII. Transparencia y acceso a la información. Por último, en términos de los artículos 8, 13, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, ante Thannya Castañeda Rubalcava, secretaria que autoriza y da fe. garg

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