Felipe Tellez Martinez

Expediente 543/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
543/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Felipe Tellez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Se reanuda el presente asunto y vista la constancia de cuenta, dado que ninguna de las partes manifestó su inconformidad contra el proveído del cinco de octubre de dos mil veinte, en el cual se declaró cumplido el fallo protector, en el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por firme tal determinación para los efectos legales procedentes. ... Ahora bien, como de autos se advierte que no existe más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno ... En virtud de que en el presente expediente obran glosados documentos originales, con apoyo en lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del multicitado Acuerdo, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA que cuenta con un plazo de noventa días para solicitar le sea otorgada una cita a efecto de que pueda comparecer en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ...

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil veinte. Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente sumario se reclama lo siguiente: 1. La negativa de proporcionarle atención médica, tratamiento y medicamentos para la diabetes. 2. La omisión de contar con personal médico especializado y equipo para el combate del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 3. La omisión de expedir medidas de distanciamiento entre los reclusos e implementar aquéllas respecto la higiene y salubridad con motivo del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 4. La omisión de proporcionar información respecto a si el quejoso es portador o no del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y en caso afirmativo, otorgar las medidas pertinentes. Precisado lo anterior, es menester mencionar que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. DAVID TOMAS CRUZ SANTANA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.39.e5 12/10/21 19:03:55 2 Es aplicable al caso la Contradicción de tesis 25/2007-PL, que originó la Jurisprudencia P./J. 21/2009,1 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. De igual forma, se destaca que, en materia jurisdiccional, la competencia es la facultad que tiene un Juez para conocer de ciertos negocios y esa facultad debe serle atribuida por la Ley o puede derivarse de la voluntad de las partes. 1 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, abril de 2009, materia Común, página 5, registro (167557). En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sus artículos 51 a 55. c) El territorio, el cual está regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, esta Juzgadora de Control Constitucional estima carecer de competencia legal, debido a la materia, para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, al establecer en la parte conducente que: Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Resulta aplicable, la jurisprudencia 182,2 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA "ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda. En apoyo de lo anterior, conviene tener presente el contenido del artículo 51, fracción I en relación con la diversa III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que se lee: 2 Visible en la página 296, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [.] III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. Como se aprecia del numeral trascrito, la competencia para conocer de un juicio de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, entre otros supuestos, cuando el acto impugnado sea de esa materia. De una lectura a la demanda, se observa que el acto reclamado consiste en la omisión de las autoridades Penitenciarias señaladas como responsables de proporcionarle atención médica a diversos padecimientos, entre ellos, Diabetes y SARS-CoV-2 (COVID-19). Además de la omisión de implementar medidas de higiene, salubridad, proporcionar información veraz para los internos. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que las autoridades señaladas como responsables son la Jefa de Gobierno; Secretaria de Gobierno; Subsecretario de Sistema Penitenciario; y, Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur; todas de la Ciudad de México, reconocieron la existencia de los actos reclamados, en ese sentido, atendiendo a su naturaleza, es evidente que el presente asunto se encuentra inmerso en la materia penal. Es aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.),3 emitida por Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, rubro y texto al tenor siguiente: FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de 3 Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 27, febrero de 2016, tomo III, materias, Común, Penal, página 1982, registro (2011139). que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado. Además, también es aplicable por identidad de razón la tesis I.14o.C.8 K,4 del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone: JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil. 4 Novena Época, registro (183506); Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVIII, Agosto de 2003; Materia(s): Común; Página: 1773. Asimismo, como ya se dijo, para determinar la competencia, sobre los actos que se reclaman en el presente juicio de amparo por el quejoso, también se atiende a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio que en tratándose de conflictos competenciales por razón de materia, es decir, aquéllos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, deben resolverse atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 24/2009,5 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las 5 Novena Época, Registro (167761); Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Marzo de 2009; Materia(s): Común; Página: 412. partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. Lo anterior, conlleva a que un Juez de Distrito en Materia Administrativa no podría examinar la legalidad de la omisión en la prestación de servicios médicos penitenciarios, ya que las condiciones lógica y legal de procedibilidad para efectos del juicio de amparo, tiene soporte en la ley especial que tutela el orden penitenciario, es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal que dispone un instrumento de comunicación especializado entre los internos y las autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia (V Región) 2o. J/3 (10a.),6 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, cuyo rubro y texto son: OMISIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS PENITENCIARIOS. CONDICIONES LÓGICA Y LEGAL DE PROCEDIBILIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 110 A 114 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Para que se actualice la existencia de la negativa u omisión en la prestación de servicios médicos penitenciarios, para efectos del juicio de amparo es indispensable que se desarrolle previamente el proceso de petición establecido en los artículos 110 al 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que las condiciones lógica y legal de la omisión, radica en la mediación de una petición, para que las autoridades puedan ejercer sus atribuciones, mediante el instrumento legislativo especializado, estas condiciones son necesarias por razones de orden: a) lógico, ante la imposibilidad material e inmediata de la autoridad para conocer cada enfermedad, necesidad material, de estudio, trabajo, deporte de cada interno y, por ese motivo, no puede exigirse su actuar o constituirse como omisivo para efectos del juicio de amparo y, b) legal, que tiene soporte en la ley especial que tutela el orden penitenciario, es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal que dispone un instrumento de comunicación 6 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, agosto de 2018, tomo III, materia Común, página 2353, registro (2017657). especializado entre los internos y las autoridades, llamado proceso administrativo de petición que reviste las características de adecuación en favor de los reos. Se exceptúan de estas condiciones: 1) los casos en que la autoridad penitenciaria ya ha prescrito u ordenado la atención médica, ya que en estos casos la omisión de ejecución es del conocimiento directo de la autoridad y, 2) los hechos o situaciones de conocimiento inexcusable por su notoria y necesaria atención como los accidentes, epidemias o enfermedades cuya apreciación es indiscutible. Por consiguiente, si el quejoso no ha instado el proceso de petición administrativo mencionado, por el cual, las autoridades conozcan el acto o hecho material que reclama en amparo, es inconcuso que no existe el acto omisivo atribuido a las autoridades penitenciarias y, por tanto no están obligadas a ejercer sus atribuciones competenciales. La omisión en los centros penitenciarios debe ser de previo conocimiento de éstas, porque la prelación, distribución y satisfacción de los servicios debe partir de las necesidades apremiantes de la comunidad, como colectivo y no sólo de un interno, que al obtener una concesión de amparo fuera de ese contexto, obtiene una prelación de su atención sobre las necesidades de su comunidad. Ello es así, pues de determinar si dicho acto se emitió con arreglo a las leyes aplicables, se afectaría la seguridad jurídica de las partes y se incursionaría indebidamente en el campo del derecho penal. Por tanto, se concluye que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer del presente asunto por cuestión de materia, y que debe de conocer un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Además, es acorde a la anterior conclusión, lo resuelto en el conflicto competencial 36/2017, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, que originó la tesis 1a. XI/2018 (10a.),7 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: cuyo rubro y texto: COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS REFERENTES A LA SALUD DE UNA PERSONA INTERNA EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. Según dejó establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal, por lo cual, toda controversia al respecto en que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal. En seguimiento de ese criterio, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país estableció en la jurisprudencia 1a./J. 113/2012 (10a.), que si el acto reclamado incide en los mecanismos para lograr la reinserción social de los sentenciados con motivo de la ejecución de la pena, la competencia se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia Penal. Por su parte, en la jurisprudencia P./J. 31/2013 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró la atención a la salud como una parte medular de la reinserción social. Consecuentemente, la competencia por razón de materia para conocer del recurso de revisión en un juicio de amparo donde se reclaman actos relativos a la atención de la salud de una persona interna en un Centro Federal de Readaptación Social, es de un Tribunal Colegiado en Materia Penal y no uno en Materia Administrativa, sin que obste para lo anterior que la autoridad emisora del acto reclamado tenga naturaleza formalmente administrativa, ya que al derivar los actos de un 7 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 51, febrero de 2018, tomo I, materias, común, penal, página 433, registro (2016130). procedimiento penal, éste es el criterio determinante para adscribirlo a esa materia como se sostiene en las jurisprudencias referidas. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, declina competencia y se ordena remitir el expediente creado con motivo de la demanda de amparo presentada por Felipe Téllez Martínez, por propio derecho, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito que reciba el expediente acuse el recibo correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, informe si acepta o rechaza la competencia planteada. Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia de la demanda de amparo y demás constancias de relevancia, así como copia autógrafa de la presente determinación y estese a la espera de la determinación que tenga a bien adoptar el juzgado al que se declina competencia. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, el contenido del presente proveído. Finalmente, este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE; Y, VÍA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por el Subdirector Jurídico en ausencia del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México; atento a ello y a la certificación de cuenta, se aprecia que está transcurriendo el plazo de tres días concedido a las partes, para que se impongan de la mismas. En consecuencia, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Hágase del conocimiento de las partes e infórmeseles que tienen expedito su derecho para manifestar si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional citada; en el entendido que en caso de ser afirmativa dicha solicitud deberán hacerla con la oportunidad debida (tres días antes de la celebración de la audiencia), y manifestar si cuentan con los medios técnicos para hacerlo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Subdirector Jurídico en ausencia del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, por medio del cual remite copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante remitiendo las copias certificadas de las constancias que indica, por lo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a las partes, para que en el término de tres días manifiesten lo que a su derecho legal convenga. ...

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