Felipe Santiago Garduño Ramos

Expediente 864/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 69 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
864/2020
Año
2020
Actuaciones
69
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Felipe Santiago Garduño Ramos
  • José Gilberto Pedraza Escobar
  • Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 69.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esa virtud, con fundamento en el artículo 20, fracción l, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción lll, del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, en el evento que habrá de realizarse una vez al año, previo a la realización de la visita de inspección, procédase a la destrucción del juicio de amparo de que se trata, así como del original del incidente de suspensión, con la obligación de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo ********************; promovido por ********************, en representación de ********************; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ********************, en representación de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán y de otras autoridades Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite y suspensión de plano. Se registró en el libro de gobierno bajo el número ********************, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se decretó la suspensión de plano, y se turnaron los autos al Actuario a efecto de que requiriera al quejoso directo para que manifestara si ratificaba la demanda (foja 3); lo que así hizo mediante comparecencia ante este juzgado el tres de diciembre de dos mil veinte (foja 58). En razón a lo anterior, el cuatro de diciembre de dos mil veinte se admitió la demanda; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; pidió el informe justificado a las autoridades responsables (foja 63). El cinco de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional y se dictó sentencia definitiva, mediante la cual se sobreseyó el juicio por estimar que los actos reclamados devenían inexistentes. Tercero. Reposición de procedimiento. Inconforme con la anterior resolución el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en sesión celebrada el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el sentido de revocar la sentencia impugnada y ordenar reponer el procedimiento a partir de la celebración de la audiencia constitucional, y se proveyera lo que en derecho correspondiera sobre la admisión y desahogo de los medios de convicción ofertados por la parte quejosa, sin perjuicio de que este órgano recabara pruebas para mejor proveer. Efectuado lo anterior, se señaló nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud a que tanto la omisión y oficio reclamados se atribuyen a autoridades que residen en el ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por la parte quejosa al Fiscal Regional, al Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional, al Director de Litigación de la Fiscalía Regional y al Director y/o comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, consisten en: La privación ilegal de la libertad, incomunicación y tortura del quejoso. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal Regional (foja126), al Director de Carpetas de Investigación (foja 77), al Director de Litigación (foja 78) y al Director de la Policía de Investigación [en su denominación correcta de la autoridad señalada como Director y/o Comandante de la Policía Ministerial] (foja79), todas de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa, no obstante que al negar la existencia las responsables del acto, la carga de la prueba se le revertía. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Lo anterior es así, toda vez que no obstante que se desahogaron diversos medios de convicción, de ninguno de ellos quedó evidenciado la existencia del acto reclamado, como se verá a continuación: En efecto, el peticionario de amparo mediante escrito de ocho de febrero de dos mil veintiuno (foja 100 a 104) tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, ofertó como medios de prueba, los siguientes: La carpeta iniciada por el quejoso ante la PGR (sic) por el delito de secuestro en su agravio el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Informe de la compañía de telefónica AT&T, a efecto de que se rindiera detalle de la ubicación del teléfono celular del quejoso el día que refirió fue privado de su libertad, dieciocho de noviembre de dos mil veinte, afirmando que estuvo secuestrado en las instalaciones de la fiscalía estatal local, por el comandante de Zitácuaro, Michoacán. Grabaciones de audio y video de las cámaras del C5 de diferentes calles de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, aledañas a la zona donde se ubica el domicilio del quejoso, afirmando que los días diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se podría observar que previamente a su detención pasaron hacia su domicilio los policías que lo detuvieron. Grabaciones de audio y video de las cámaras instaladas en el interior de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en Zitácuaro, en donde refiere que estuvo detenido el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, desde las nueve quince hasta las veinte horas y que dice fue liberado gracias a la intervención de una abogada [no dice nombre ni quién] que lo vio y le habló y le dijo que lo estaban buscando desde la mañana y que negaron y dijeron que él no estaba ahí. Declaración forzada, que dice el quejoso, un elemento policiaco de investigación o judicial lo obligó a firmarla el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, cuando se encontraba secuestrado en los cubículos de la policía. Asimismo, que este Órgano Jurisdiccional en proveído de primero de julio de dos mil veintidós, ordenó recabar: La prueba pericial, a efecto de determinar la geolocalización del teléfono del quejoso con número 7151486596, del día dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en razón de los datos proporcionados por la compañía telefónica AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V. Así, una vez desahogados los citados medios convictivos, se obtuvo de cada uno de ellos lo siguiente: Respecto de la marcada con el inciso a) consistente en: La carpeta iniciada por el quejoso ante la PGR (sic) por el delito de secuestro en su agravio el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. El Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, mediante oficio DIR7CAR70686/2022 informó, que el quejoso se encontraba relacionado como víctima en la Carpeta con Número Único de Caso ********************, radicada en la Unidad de Especialización en Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad (foja 311). De igual forma, el Titular de la Fiscalía de Asuntos Especiales, en oficio FC/FAE/2259/2022, hizo del conocimiento que el primero de marzo de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo de no ejercicio de la acción penal, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución correspondiente, de la que se advierte, que el Agente del Ministerio Público determinó: "El hecho no se cometió; Ello es así, pues del contenido de todos y cada uno de los registros de investigación integrados en la carpeta dentro de la que se actúa, los cuales tienen datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes nos permite establecer que los hechos no ocurrieron tal y como lo establece en su denuncia ********************, por lo que al no existir una conducta de acción desplegado por ********************, a través de la cual como ya se ha referido se le privara de la libertad personal a la víctima, es que el hecho denunciado no se cometió. Derivado de ello, es que se debe decretar el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, de conformidad con lo establecido por el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra señala lo siguiente." Por lo que toca a las pruebas marcadas con el inciso b) y f) atinentes al: *Informe de la compañía de telefónica AT&T, a efecto de que se rindiera detalle de la ubicación del teléfono celular del quejoso el día que refirió fue privado de su libertad, dieciocho de noviembre de dos mil veinte, afirmando que estuvo secuestrado en las instalaciones de la fiscalía estatal local, por el comandante de Zitácuaro, Michoacán. *La prueba pericial, a efecto de determinar la geolocalización del teléfono del quejoso con número 7151486596, del día dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en razón de los datos proporcionados por la compañía telefónica AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V. El representante legal de la empresa AT&T, en ocurso presentado el nueve de junio de la anualidad próxima anterior, proporcionó los datos de la geolocalización del teléfono del quejoso con número 7151486596 (foja 326-330). En relación a ello, este órgano jurisdiccional desahogó la prueba pericial a cargo del perito oficial ********************, quien ostenta el cargo de Titular del Área Centro de Investigación Estratégica de la Fiscalía General del Estado, en la que concluyó: " Al llevar el análisis de la línea telefónica ******************** de la compañía ******************** El comportamiento de la línea nunca se localizó en la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, puesto que la línea estuvo en constante movimiento prestándole servicios las diferentes antenas de servicio celular señalando las ubicaciones geográficas, así como los domicilios de las antenas que se le prestaron servicio a la línea telefónica investigada. Antena 1 Del Trabajo 657, El Escobal, 61508 Zitácuaro, Michoacán. Antena 2 Las Lomas, 61531 Zitácuaro, Michoacán. Antena 3 Presa Del Rosario 486, Loma de Oriente, 61509 Zitácuaro, Michoacán. Antena 4 Benedicto López Sur, Dámaso Cárdenas 61516 Zitácuaro, Michoacán. Antena 5 Curungueo, Michoacán. Todas ubicadas en el municipio y ciudad de Zitácuaro, Michoacán." Sentado lo anterior, debe decirse que de acuerdo a lo establecido en diversos criterios jurisprudenciales, la valoración de la prueba pericial en el juicio de amparo, no está sujeta a un método legal o tasado; sin embargo, sí exige que se lleve a cabo por el juez, se sustente en una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, es decir, por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia. Dicha posición se aprecia de la jurisprudencia 2a./J. 97/2015 (10a.), emitida en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Página 815, Décima Época, registro 2009661, que dice: "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo." a) Idoneidad del perito: En el caso el perito es idóneo, en la medida que ******************** perito oficial, es Titular del Centro de Investigación Estratégica de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio. b) Lógica de los razonamientos expuestos por ellos en sus dictámenes. En este aspecto, quien resuelve le otorga valor probatorio, en la medida que en él estableció el estudio de un mapeo de la línea telefónica del día dieciocho de noviembre de dos mil veinte, y la ubicación de las antenas que le brindaron servicio. Asimismo, realizó el análisis detallado de las antenas y horarios del recorrido, tiempo en que se mantuvo, precisando las coordenadas respectivas. c) Adecuación entre la conclusión del dictamen y los hechos materia del dictamen. En este tópico, se considera que el dictamen oficial tiene los elementos técnicos para formar convicción al suscrito, que dado el estudio del mapeo y ubicación que le brindaron servicio a la línea telefónica del quejoso, ésta nunca se localizó en la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, puesto que la línea estuvo en constante movimiento prestándole servicios las diferentes antenas de servicio celular señalando las ubicaciones geográficas. Bajo el anterior panorama, este juzgador considera que el dictamen emitido por el perito oficial, es apto e idóneo. Es aplicable en lo conducente, la tesis aislada I.7o.C.28 C (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Décima Época, registro 2003122, que dice: "PRUEBA PERICIAL. LAS OPINIONES EMITIDAS EN LOS DICTÁMENES NO VINCULAN AL JUZGADOR, PUES ES ÉSTE QUIEN DETERMINA SU VALOR. Como el artículo 1301 del Código de Comercio prevé un sistema de libre valoración para la prueba pericial, la opinión emitida en un dictamen no vincula necesariamente al Juez ni lo obliga a darle un valor probatorio del que carece, porque finalmente es a él a quien, como perito de peritos y de acuerdo con su libre arbitrio, corresponde ponderar en su justo alcance, la eficacia de los medios probatorios, es decir, es el Juez quien decide si acoge o no las conclusiones contenidas en los peritajes o si en todo caso, las asume parcialmente o las adminicula con otros elementos de prueba, con base en un análisis de sus fundamentos y conclusiones y al tenor de los principios elementales de orden lógico como son: congruencia, consistencia, no contradicción y verosimilitud, los que debe observar al exponer los razonamientos que soporten su decisión y que la justifiquen con una finalidad persuasiva o de mayor credibilidad, a fin de rechazar la duda y el margen de subjetividad del resolutor. En esas condiciones, el desahogo de una pericial no implica su forzosa utilidad para resolver la controversia, pues conforme al arbitrio del Juez puede ser que ninguno de los dictámenes sea suficientemente sustentable para crear convicción en él y entonces, será éste, quien de acuerdo con sus facultades deberá decidir la situación jurídica que se le plantea, aun cuando su determinación no encuentre apoyo en los peritajes que obren en autos." En consecuencia, debe asumirse que, como lo estableció el perito oficial, que la línea telefónica ******************** nunca se localizó en la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, puesto que estuvo en constante movimiento, prestándole servicios las diferentes antenas de servicio celular señalando las ubicaciones geográficas, así como los domicilios de las antenas que se le prestaron servicio. Sin que impida estimar lo anterior, la objeción que vertió el quejoso del dictamen de mérito al calificarlo de parcial pues dice, que el perito lo emitió con el objeto de proteger y ayudar al ex fiscal de Zitácuaro, además porque es subordinado de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. Argumentos que se estiman infundados, en atención a que a pesar de que labora en la propia Fiscalía, existe la presunción de que los peritos actúan de forma imparcial; la cual admite prueba en contrario, sin que el peticionario hubiese aportado probanza para demostrar tal aserto, no obstante que la carga de la prueba corresponde a quien alega que el principio de imparcialidad no fue respetado. En apoyo a lo anterior, es de citar la Tesis aislada: 1a. XXIX/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1100, Materia Civil, Décimas Época del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2016487, que dice: "PERITOS. EL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DEBE REGIRSE POR EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, AUN TRATÁNDOSE DE LOS DESIGNADOS POR LAS PARTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el objeto de la prueba pericial es auxiliar al juzgador en la evaluación de hechos o circunstancias que requieren conocimientos técnicos y especializados de los cuales carece, por lo que se ha estimado que los peritos actúan como verdaderos auxiliares en la administración de justicia, pues a través de sus conocimientos hacen posible el ejercicio de la labor jurisdiccional al permitir al Juez dirimir la controversia sometida a su conocimiento; de ahí que el desempeño de su encargo debe regirse por el principio de imparcialidad, el cual los obliga a permanecer ajenos a los intereses de las partes en controversia, aun cuando éstas los hubieran designado, pues su actuación debe contribuir a resolver el juicio sin favorecerlas indebidamente. Ahora bien, del análisis de los preceptos que regulan la prueba pericial en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se advierte que respecto de los peritos designados por las partes, a pesar de esta circunstancia y de que son ellas quienes en principio cubren sus honorarios, existe la presunción de que los peritos actúan de forma imparcial; sin embargo, dicha presunción admite prueba en contrario, por lo que ante el reclamo de alguna de las partes en el sentido de que alguno de los peritos se ha conducido con parcialidad, el Juez debe evaluar el desempeño de la función auxiliar encomendada, analizando los diversos elementos que concurren en el caso para determinar si la presunción iuris tantum ha quedado desvirtuada, y tomando en cuenta que la carga de la prueba corresponde a quien alega que el principio de imparcialidad no fue respetado." Respecto de la prueba ofertada e identificada en el inciso c), consistente en: *Grabaciones de audio y video de las cámaras del C5 de diferentes calles de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, aledañas a la zona donde se ubica el domicilio del quejoso, afirmando que los días diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se podría observar que previamente a su detención pasaron hacia su domicilio los policías que lo detuvieron. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, en oficio ********************, de veinte de junio de dos mil veintidós, manifestó su imposibilidad para proporcionar los videos proporcionados; ello debido a la razón señalada por el Coordinador General del centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Computo, Centro, Coordinación e Inteligencia (C5I), en la que precisó, que el sistema informático de las cámaras de video vigilancia que se encargan de resguardar las imágenes de video, únicamente lo hacen por un período de tiempo, siendo borradas de forma cíclica y automática por el propio sistema para liberar espacio (fojas 358-359). Finalmente, respecto a las pruebas identificadas con el inciso d) y e), consistente en: *Grabaciones de audio y video de las cámaras instaladas en el interior de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en Zitácuaro, en donde refiere que estuvo detenido el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, desde las nueve quince hasta las veinte horas y que dice fue liberado gracias a la intervención de una abogada [no dice nombre ni quién] que lo vio y le habló y le dijo que lo estaban buscando desde la mañana y que negaron y dijeron que él no estaba ahí. *Declaración forzada, que dice el quejoso, un elemento policiaco de investigación o judicial lo obligó a firmarla el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, cuando se encontraba secuestrado en los cubículos de la policía. El Fiscal Regional de Zitácuaro, mediante oficio de siete de junio de dos mil veintidós, señaló que en la fecha citada -dieciocho de noviembre de dos mil veinte- aún no se contaba con la instalación de las cámaras de viedeograbación, lo que demostró con el reguardo firmado por el entonces Director de la Policía de Investigación, el licenciado ********************de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, data en la que fueron instaladas dichas cámaras, aportando el resguardo respectivo (foja 322-323) Así también, adujo que no se localizó registro de la entrevista que dice el quejoso ********************, se le practicó en las instalaciones de la Fiscalía el dieciocho de noviembre de dos mil veinte a que alude. Expuesto lo anterior se obtiene, que si en la especie el acto reclamado se hizo consistir en: la privación ilegal de la libertad, incomunicación y tortura del quejoso. Y que de las pruebas ofertadas y allegadas por este Juzgado deriva: que la carpeta iniciada por el quejoso por el delito de secuestro, identificada bajo el número ********************, fue archivada en razón a que se determinó que el hecho que denunció no se cometió; que del detalle de geolocalización del teléfono del quejoso así como de la prueba pericial relacionada con la misa se advierte que dicho impetrante no se ubicó el día y hora que señala en las instalaciones en la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán; que no se obtuvieron audios y videos de las instalaciones de la Fiscalía, como de las calles aledañas de la zona donde se ubica el domicilio del quejoso; y que tampoco se probó la existencia de la declaración que dice le fue recabada; es indudable que el impetrante del amparo no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables y por ende se determina que no existen los actos que se atribuyen. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos reclamados precisados con antelación, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. A mayor abundamiento, cabe mencionar que aun en el supuesto de que se llegara a demostrar la existencia de los actos reclamados, lo cierto es que a partir de que el quejoso compareció a ratificar la demanda de amparo [foja 58] ante este Órgano Jurisdiccional, se advierte que se encuentra en libertad, lo que implica que el juicio de amparo de que se trata seguiría sustentado en el mismo sentido de sobreseer, pero con base en la actualización de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al cesar los efectos del acto reclamado; dado que se surtiría la diversa causal de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 del citado ordenamiento legal. En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis aislada visible en el Volumen 75, Sexta Parte, página 16 Séptima Época, Materias(s): Común, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 254735, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en representación de ********************, por su propio derecho, contra el acto y las autoridades precisados en el segundo considerando de la presente resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 864/2020. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con las documentales ofertadas por la parte quejosa, así como la pericial en geolocalización (desahogada por el Director del Centro de Investigación Estratégica de la Fiscalía General del Estado); documental exhibida por el representante legal de la empresa AT&T Comunicaciones Digitales S. de R.L. de C.V.; documental allegada por el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán; y, documental remitida por el Titular de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con las manifestaciones realizadas por la parte quejosa. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los referidos alegatos y por precluído el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.

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