Felipe Salvador Rosales

Expediente 214/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
214/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Felipe Salvador Rosales
  • Israel Santos Cobos

Actuaciones

  1. Principal

    "... Agréguese a los autos el oficio enviado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, así como el testimonio de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria de dos de junio de dos mil veintidós, relativa al conflicto competencial 13/2022, de su índice, en la que se consignan los siguientes puntos resolutivos: ".PRIMERO. Se declara competente la Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan, Veracruz, es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto ****, de su índice promovido por el C****, por conducto de ****, en su carácter de presidente, secretario y tesorero de dicho comisariado, contra los actos y las autoridades puntualizados y señaladas en el resultando primero de esta ejecutoria, por lo que con testimonio de esta ejecutoria, remítasele el expediente relativo para los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO. Para su conocimiento, envíese testimonio de la presente resolución al Secretario del Juzgado Décimo Tercero en el Estado, con residencia en Poza Rica, en funciones de juez de Distrito..." Al respecto, se acuerda: Se ordena realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acusar el recibo de estilo a la Superioridad. Ahora, toda vez que no existe promoción pendiente de acordar, archívese el presente asunto como concluido de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues declinó competencia para conocer de la demanda de amparo y no existe documento original agregado al presente expediente; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos vigésimo, fracción I y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente..."

  2. Principal

    "... Agréguese a los autos signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, mediante el cual reitera su criterio de declinar competencia a favor de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo formulada por ****, en su carácter de *****; motivo por el cual, ordenó su remisión al Tribunal Colegiado de Distrito en Materia de Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para que resuelva el conflicto competencia suscitado. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se está en espera de la determinación que adopte la Superioridad..."

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 4960/2022 de diecinueve de abril del presente año, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, deducido del juicio de amparo indirecto 296/2021 de su índice, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por ********************* en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Poblado denominado "Caña Rica", contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito XXXII, con residencia en Tuxpan, Veracruz, y otras autoridades; ello en virtud de que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del citado juicio de amparo, por las razones que expone. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 214/2022-IV-A. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. De los autos del juicio de amparo 296/2021 se advierte que la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Felipe Salvador Rosales, Israel Santos Cobos y Casiano Castro Ortiz, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Poblado denominado "Caña Rica", contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito XXXII, con residencia en Tuxpan, Veracruz, y otras autoridades, al considerar que el acto reclamado, que se hace consistir en la determinación contenida en el acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio agrario 38/2019, de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito XXXII, con residencia en Tuxpan, Veracruz, mediante el cual concedió al actor Roberto López Pérez la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las autoridades agrarias demandadas respeten la posesión que detenta sobre la fracción número Uno, de la Hacienda de Santa Cruz del Zapotal, del Municipio de Tihuatlán, Veracruz, con superficie de 56-35-35.00 hectáreas. Acto que en concepto del juez federal declinante, es en Miahuatlán, Veracruz, donde se llevará a cabo la ejecución de dicha determinación. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, debe decirse de manera respetuosa que no se comparte el criterio sustentado en la resolución de incompetencia, ello al tenor de las consideraciones siguientes. De la lectura integral del escrito de demanda, se evidencia con certeza el contenido del acto reclamado, de donde se advierte que este órgano federal es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para arribar a esta determinación debe partirse de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, constitucional; y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro; entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material. Lo cual, se traduce en una competencia por territorio, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia del caso, hay que atender estos aspectos: a) Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. b) Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) Tercero, si el acto no requiere ejecución material, el lugar donde se haya presentado la demanda. Ahora bien, en la especie, de un análisis íntegro de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en lo siguiente: De lo anterior desprende que el juez declinante consideró que el acto reclamado debe tener ejecución fuera del territorio en que los Juzgados de Distrito de Tuxpan, Veracruz, ejercen jurisdicción, como es en la el municipio de Tihuatlán, Veracruz, y que conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito con sede en Poza Rica, Veracruz, que es el que ejerce jurisdicción en ese lugar. Sin embargo, en apreciación del suscrito el acto reclamado lo constituye uno meramente declarativo, el cual, por su naturaleza, carece de efectos ejecutivos, al tratarse de una medida precautoria concedida al actor del juicio de origen ****************, para el efecto de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural; Dirección General Técnica Operativa; y la Delegación Estatal en Veracruz, de dicha Secretaría de Estado, se abstengan de molestar a dicho actor en su posesión, de una fracción de terreno, de una ************************, con superficie de 56-36-35.00, hasta en tanto se resuelva ese asunto. Ahora cabe establecer que los actos declarativos son aquéllos que resuelven una situación jurídica, mientras que los actos de ejecución son los que modifican derechos o situaciones existentes, a diferencia de los primeros. Así, resulta patente que se está en presencia de un acto meramente declarativo y esa clase de actos no pueden causar perjuicio alguno, mientras no se traduzcan en hechos positivos. El acto declarativo se manifiesta únicamente cuando se pronuncian en cuanto al contenido, la interpretación y el alcance de la ley, limitándose a constatar un derecho y situación jurídica predeterminados en la norma, pero no dan pauta a consecuencias o valoraciones diversas aunque generen derechos y sean favorables al gobernado. Luego, en el caso que aquí nos ocupa, de la determinación reclamada no deriva algún efecto positivo, por el contrario, a virtud de esa decisión el entorno físico en que el objeto material del litigio de origen se encuentra debe permanecer inmutable, esto es, inalterable, estático y, correlativamente, del acto reclamado no pueden ni deben desprenderse consecuencias que alteren el estado físico de las cosas ni modifica el entorno o la esfera jurídica del particular, puesto que únicamente se ordena a las autoridades agrarias: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural; Dirección General Técnica Operativa; y la Delegación Estatal en Veracruz, de dicha Secretaría de Estado, que se abstengan de molestar al actor en su posesión, de una fracción de terreno, de una ******************** hasta en tanto se resuelva ese asunto. Es decir, respetar la superficie de terreno que el actor tiene en posesión. Además, desde el punto de vista de su justificación las medidas precautorias son una reacción por parte de los órganos legislativos, frente a la necesidad de regular mecanismos de acción preventiva para tutelar provisionalmente derechos cuya protección se estima de interés público y cuya existencia o efectividad puede peligrar por el simple transcurso del tiempo, ante situaciones que se presumen antijurídicas. Así, el establecimiento de este tipo de medidas obedece a un ejercicio de valoración previo y en abstracto por parte del órgano legislativo que las reguló, respecto a la importancia de intervenir en ciertos casos para salvaguardar el objeto de la litis o para evitar daños con dimensiones materialmente irreparables, al menos en un sentido de restitución. Por tanto, si como quedó de manifiesto el acto reclamado no tiene ejecución material, la que se traduciría en que a virtud de tal acto se realizara un hacer que transformara el mundo fáctico, generando un cambio en las condiciones reales del objeto material en que recayó, como en el caso, de una fracción número Uno, de la hacienda de Santa Cruz del Zapotal, del Municipio de Tihuatlán, Veracruz, con superficie de 56-36-35.00. Por tanto, se insiste, se está en presencia de un actuar de una autoridad que tiene únicamente efectos declarativos, nunca ejecutivos. En ese contexto, se considera que la hipótesis del artículo 37 de la legislación invocada, que se actualiza es la del último párrafo, esto es, se reclaman actos que no tienen ejecución material, por lo que el Juez competente es aquél ante quien se presentó la demanda. En efecto, el texto de la citada disposición, en su párrafo tercero, debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues resulta claro que la ratio legis de tal hipótesis es para lograr una mejor protección de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de modo que si el quejoso presentó su demanda en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, es porque quizá le resulta más accesible el vigilar la integración de su expediente de amparo, logrando así una pronta administración de justicia al resolverse el amparo con mayor agilidad. Sustenta las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 1ª./J.17/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 500 del Libro VI, Mayo de 2014, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Así las cosas y no existiendo acto de ejecución material en esta jurisdicción, que daría competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer de la controversia constitucional que se le plantea, se estima que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En tales términos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, párrafo tercero y 48, de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, no acepta la competencia declinada, por lo que se ordena devolver al Juzgado oficiante el juicio de amparo 296/2021, conforme lo dispone el segundo párrafo del numeral 48 de la ley de la materia, solicítesele de manera atenta y respetuosa que informe lo que haya tenido a bien determinar. Sin dejar pasar la oportunidad de puntualizar que la parte accionante no señaló autoridad responsable residente dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerza jurisdicción, pues, además del Tribunal Agrario, que tiene su residencia oficial en Tuxpan, Veracruz, designó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural; Dirección General Técnica Operativa; y la Delegación Estatal en Veracruz, de dicha Secretaría de Estado, todas con sede en Xalapa, Veracruz. Consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En similares términos resolvió un caso análogo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver el conflicto competencial 1/2019 de su índice, el cual se invoca como precedente. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la Secretaria supervise que la analista jurídica encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, haciéndose la aclaración, que atendiendo a la situación de emergencia que se enfrenta nuestro país con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 21/2020, restringió el acceso del público a los recintos judiciales, así como las entradas y salidas del personal de los órganos jurisdiccionales de sus centros de trabajo; por tanto, únicamente se expedirán las copias que ameriten urgencia, debido a que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se tiene centro de copiado de acceso al público. Empero, a fin de no vulnerar derechos a los justiciables y en aras de impartir una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite el uso de cualquier medio tecnológico que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se autoriza a los Secretarios adscritos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios.

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