Felipe Salgado Sánchez
Expediente 1369/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1369/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2017
Partes del expediente
- Felipe Salgado Sánchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, el proveído de trece de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Archivo del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; comuníquese lo anterior a las partes y, archívese como asunto concluido. Destino del expediente. En términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III, del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, dada la naturaleza de lo resuelto en el presente juicio de amparo, este expediente no es de valor jurídico. Destino de los incidentes de suspensión. En el presente asunto no se ordenó la formación del cuaderno relativo al incidente de suspensión. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, así como las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Protección de datos. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia, no deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
En consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V de la Legislación de la Materia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio de amparo, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijadas para la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con quince minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete; así como todas las medidas y determinaciones decretadas, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos se advierte que mediante sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil diecisiete (fojas 65-72), se concedió a los quejosos Ma. Catalina Angélica González Benítez y Jesús Carrasco Martínez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tres de Trámite en Metepec, Estado de México, realice lo siguiente: a) Dejará insubsistente los citatorios de doce de enero de dos mil diecisiete, en los que requirió a Ma. Catalina Angélica González Benítez y Jesús Carrasco Martínez, a efecto de que comparecieran ante esa autoridad a las diez horas del veinticinco de enero de dos mil diecisiete, a rendir entrevista respecto de los hechos que se les atribuyen y plantear un mecanismo alternativo de solución al conflicto y, además, se les apercibió con hacer efectiva alguna de las medidas de apremio que establece el artículo 76 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; circunstancia que deberá hacer del conocimiento del Director de Seguridad Pública del Municipio de San Mateo Atenco, dado que fue a dicha autoridad, a quien encomendó su ejecución. b) En caso de que estimara necesario volver a citar a los quejosos, debería purgar la violación formal advertida, es decir, en términos de lo previsto en los artículos 90, 91, 92 y 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, además, decretar el apercibimiento bajo los lineamientos de la presente resolución, esto es, estableciendo cuál de las medidas de apremio haría efectiva en caso de que los impetrantes de amparo, no comparecieran en la data que al efecto señale; y las razones que tenga su determinación, atendiendo los elementos objetivos que corresponden a la gravedad de la falta, así como los subjetivos referidos a las circunstancias personales del infractor. En razón de lo anterior, el veintiséis de julio del año en curso (fojas 83-84), se requirió a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En acatamiento a lo anterior, por oficio recibido en este Juzgado el veinticinco de agosto del año en curso (foja 102), la Agente del Ministerio Público responsable informó que ella era la nueva titular de la mesa tres de trámite de Metepec, Estado de México, por lo que procedía a dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Posteriormente, por oficio ingresado el treinta y uno de agosto del presente año (foja 114), la actual Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Trámite en Metepec, Estado de México, remitió copia certificada del citatorio de veinticuatro de agosto del año en curso, por medio del cual comunicó a los quejosos Ma. Catalina Angélica González Benítez y Jesús Carrasco Martínez, que se dejó sin efecto el diverso citatorio de doce de enero del año en curso, y se les citaba nuevamente para las diez horas del cinco de septiembre del año en curso, toda vez que se denunció en su contra el delito de fraude, en agravio de Gloria María Carrasco Martínez, precisando a los quejosos que deberían de presentarse acompañados de su abogado y en caso de no ser así se les asignaría un defensor público, refiriéndoles además que tendrían acceso a la carpeta de investigación correspondiente. De igual forma, les informó que de no acudir a la diligencia referida, se podría ordenar el uso de la fuerza pública para ser conducidos ante esa representación social y posteriormente se podrían imponer otras medidas disciplinarias y de apremio establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para lograr su comparecencia. Por tanto, de lo anterior, se advierte que la sentencia de amparo se encuentra en vías de cumplimiento, pues del citatorio emitido el veinticuatro de agosto del año en curso, se advierte que en la parte final la agente del Ministerio público apercibió a los quejosos que en caso de no comparecer se les podría imponer alguna medida de disciplinaria y de apremio de las establecidas en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin especificarles de manera clara y precisa cuál sería esa medida; en virtud de lo anterior, considerando a que de los artículos 192, 193, 194 y 195, de la Ley de Amparo referentes a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de derechos humanos, se advierte que el espíritu de dichas disposiciones legales es el que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de los derechos fundamentales violados, mediante la ejecución de la sentencia es una cuestión legal de orden público que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, pues de estimarlo de otra forma, resultaría contrario a los fines del juicio de amparo y alteraría la jerarquía de las normas jurídicas; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, informe si los quejosos acudieron en la fecha y hora que se les citó, es decir, a las diecisiete horas del cinco de septiembre del año en curso, y de ser así remita las constancias con las cuales se acredite su dicho, y en caso de no haber acudido informe si se les citó para diversa fecha y remita copia certificada del nuevo citatorio emitido. Se apercibe a la autoridad responsable que de ser omisa a lo anterior, o bien de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá a las personas físicas que ocupan el cargo de la responsable requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado para seguir el trámite de inejecución que incluso puede culminar con la separación de su puesto y consignación ante la autoridad correspondiente.
- Principal
IV. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado se pronunciará respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. De igual forma, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional, para que manifieste lo que a su representación social corresponda.
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