Felipe Salgado Román

Expediente 1263/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1263/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Felipe Salgado Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, quedó firme el auto que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia, sin que en el mismo se haya valorado el destino del presente asunto como lo indica el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En tales condiciones, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, en contra del acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia, ha transcurrido como se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, queda firme el acuerdo de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente como concluido. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que el quejoso Felipe Salgado Román, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que a continuación se transcriben: ". III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye la omisión de la autoridad responsable, ya que no ha acordado el escrito presentado en fecha 01 de septiembre de 2022, bajo el número de folio 014266, mediante la cual se solicitó se despache AUTO DE EJECUCIÓN, actualizado económicamente en sus prestaciones, dilación que conlleva a un retraso dentro del expediente de origen citado al rubro." Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado y a su oficio, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se advierte que, el doce de octubre del año en curso, dictó el acuerdo respectivo en relación al escrito promocional presentado el uno de septiembre de la presente anualidad, dentro del juicio laboral 01/567/09. En efecto, la parte quejosa a través del escrito presentado el uno de septiembre del año actual, solicitó auto de ejecución, esto es, requerimiento de pago, o en su caso embargo en bienes de la parte demandada para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/567/09. A dicha solicitud, le recayó el acuerdo de doce de octubre del año que transcurre, en el que la responsable acordó la petición elevada por la parte actora, decretando, por ende, auto de requerimiento de pago y embargo sobre los bienes de la parte demandada, los cuales deberán ser susceptibles de embargo, a fin de dar cumplimiento al laudo de trece de septiembre de dos mil once. Luego entonces, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en cumplir con la ejecución del laudo, como lo es acordar el escrito de uno de septiembre del año en curso, presentado en el juicio de donde emanada el acto reclamado, y este ya se dictó, pues incluso el mismo ya le fue notificado el ocho de noviembre de dos mil veintidós; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Esto es así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia de la misma época e instancia, con registro número 2a./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con catorce minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veinticinco de octubre del año en curso, remite la constancia que le fue requerida; por tanto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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