Felipe Rubio Muñoz
Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Felipe Rubio Muñoz y Otros.
- Felipe Rubio Muñoz
Actuaciones
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejoso ***, mediante el cual designa autorizado en amplios términos, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autoriza personas para oír y recibir notificaciones, solicita se autorice la consulta vía internet del expediente electrónico y copias certificadas. 1.1 Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando ***. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada ***, por tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, por así haberlo solicitado. 1.2 Consulta electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica al solicitante con el nombre de usuario "ariana". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentren vigentes las firmas electrónicas respectivas y que los usuarios proporcionados correspondan efectivamente a la quejosa y profesionista mencionado en su escrito; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 1.3 Instrucción. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 1.4 Copias. Respecto de toda solicitud de copias, deberá estarse a lo acordado en el punto 9 del auto de nueve de marzo del año en curso.
- Principal
1. Admisión de recurso. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio número 1553/2021, remitido vía electrónica por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del cual acusa recibo del comunicado 1496/2021, de cuatro de febrero del año en curso, e informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el Titular del Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, contra la sentencia de dictada el veintiuno de octubre de dos mil veinte. 1.1 Registro. En la inteligencia que dicho medio de impugnación quedó radicado bajo el número 54/2021; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos a que haya lugar.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibida la demanda promovida por ... contra actos del Fiscal General del Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 196/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de libertad personal, dignidad e integridad física de los agraviados, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 3.1. Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 3.2. Si la detención de los quejosos fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sean puestos en libertad o a disposición de éste último; o Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sean puestos inmediatamente en libertad. 3.3. Si los quejosos se encuentran a disposición de autoridades del Ministerio Público como probables responsables en la comisión de un delito y por haber sido detenidos en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sean consignados ante el juez penal correspondiente o puestos en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que los hoy quejosos hayan sido detenidos en flagrancia, el delito que se les atribuya no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad de los quejosos o imponerles una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sean puestos en inmediata libertad. 3.4. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que los quejosos queden a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar de reclusión correspondiente, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que los quejosos no sean detenidos, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evadan la acción de la justicia y se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtengan la protección de la justicia federal. iii) Cuando los quejosos ya se encuentren materialmente detenidos por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de los imputados en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando los quejosos estén siendo procesados o hayan sido sentenciados previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto i). Si los quejosos incumplen las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 3.5. Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de las personas detenidas; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o las tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado a los quejosos, desde que fueron detenidos hasta que queden a disposición del representante social. 3.6. No sean exhibidos en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 3.7. Se mantenga a los quejosos en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma. 3.8. Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que sean sometidos. 3.9. Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso a los detenidos; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetos, pues tampoco puede ser contactados en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometidos a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 4. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a las autoridades responsables, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído....
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