Felipe Rubio García

Expediente 1164/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1164/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Felipe Rubio García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa y el tercero interesado no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase a la responsable Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, el anexo que remitió en autos, sin que sea necesario el acuse por su recibo por ser copias certificadas.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1164/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, remitida el mismo día, a este Juzgado, Felipe Rubio García; por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Trámite del asunto. Por auto de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, este juzgado admitió y registró la demanda bajo el número 1164/2016; solicitó informe justificado a la autoridad responsable; dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; ordenó emplazar a la tercero interesada; y señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto que no requiere de ejecución material, a lo cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió que en tal hipótesis de impugnación, el Juez competente para resolver el conflicto es aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así quedó establecido en la Jurisprudencia 1ª./J.17/2014 (10ª), de la Décima Época, Materia Común, localizable en la página 500, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México: El auto de once de julio de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio ordinario civil 371/2015, en el que no se acordó favorable la solicitud del quejoso de tener por aclarado que los dos recursos de revocación que presentó el cinco de julio del presente año, fueron contra los autos de uno de julio y no uno de junio dos mil dieciséis, por lo que solicita la admisión de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, por ende, se tiene por acreditada su existencia (foja 41). Dicha certeza se adminicula con la copia certificada de diversas actuaciones del expediente número 371/2015 de su índice, a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, independientemente de que las autoridades responsables hayan aceptado los actos reclamados, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado estima, que en la especie no se advierte causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer alguna. QUINTO. Conceptos de violación. No es necesario transcribir los conceptos de violación, ya que ello no deja en estado de indefensión al inconforme, ni viola los principios de congruencia y exhaustividad que rigen la sentencia. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa esencialmente precisa que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en atención a que: a) El acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado; b) La responsable vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 1.113 y 1.114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que de manera ilegal desechó los incidentes de nulidad de actuaciones los cuales fueron hechos valer en tiempo y forma, por tanto, las actuaciones se encuentran viciadas de origen; y, c) Se transgrede lo establecido en los artículos 1.205 y 1.206 del Código Procesal de la materia, ya que en el juicio de origen existe cosa juzgada en virtud de que la sentencia ha causado ejecutoria y no existe recurso que pueda anularla, por lo que el contenido del auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, en el que no se admite el recurso de revocación planteado contra el auto de veinticuatro de junio de la anualidad contraviene lo ya decidido en sentencia definitiva. Los resumidos conceptos de violación resultan por una parte infundados y en otra inoperantes, sin que se esté ante alguna de las hipótesis que señala el artículo 79 de la Ley de Amparo, y por tanto, no es procedente suplir la deficiencia de los mismos. Para un mejor entendimiento, resulta necesario establecer los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se advierten de las copias certificadas del expediente ordinario civil 371/2015 del índice de la autoridad responsable, consistentes en: 1. Mediante escrito de diecinueve de mayo de dos mil quince, Felipe Rubio García demandó en la vía ordinaria civil a Lilia Ladrón de Guevara, el otorgamiento y firma de escritura derivado del contrato de compraventa celebrado entre las partes, respecto del inmueble ubicado en Rancho La Viga y Albarradita Fracción "A", del Lote catorce, Manzana "G", en la calle de Cafetal número setecientos, Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, entre otras prestaciones; demanda que fue radicada bajo el número de expediente 371/2015 del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, por lo que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 2. Por auto de tres de septiembre de dos mil quince, se tuvo por precluido el derecho de la parte demandada, al no dar contestación a la demanda instaurada en su contra, y por proveído de quince de septiembre del mismo año, se tuvo por contestada en sentido negativo. 3. Seguida la secuela del procedimiento, el uno de diciembre de dos mil quince, el juez natural dictó sentencia en el juicio ordinario civil; resolución en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. La actora probó los hechos de su demanda; en consecuencia. SEGUNDO. Se condena a Lilia Ladrón de Guevara a otorgar y firmar a favor de Felipe Rubio García la escritura pública del contrato privado de compraventa que ambos celebraron el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y tres; lo que deberá cumplirse ante el notario público que designe el comprador (actor). TERCERO. Se condena a la enjuiciada a desocupar y entregar, a su codemandante, el inmueble motivo de la presente resolución. Cuarto. La obligación de hacer a que ha sido condenada la demandada, tendrá que cumplirse dentro del plazo de ocho días a partir de que la escritura esté lista ante el fedatario público que se haya designado, con el apercibimiento de que no hacerlo el juez la otorgará en su rebeldía. (.)". 4. En auto de ocho de enero de dos mil dieciséis, en virtud de que la sentencia de mérito causó ejecutoria, se ordenó notificar a Lilia Ladrón de Guevara, el plazo de ocho días, contados a partir del día siguiente al de su notificación, para que diera cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo cuarto de la sentencia definitiva. 5. En acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciséis, se ordenó turnar los autos a la vista de la ejecutora adscrita al Juzgado de origen, para que procediera a poner al actor en posesión del inmueble materia de la litis; asimismo, en virtud de que tal inmueble se encuentra fuera de la jurisdicción del Juez de origen, giró exhorto al Juez competente en materia civil de la Ciudad de México, a efecto de que ordenara a quien corresponda procediera a dar cumplimiento a la sentencia definitiva, mismo que fue devuelto sin diligenciar por el Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México. 6. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciséis, el actor aquí quejoso Felipe Rubio García solicitó al Juez natural, se enviara nuevamente exhorto al Juez competente en la ciudad de México, a efecto de que le fuera entregado el inmueble materia del juicio; en auto de esa misma data, no fue acordado de conformidad lo anterior, toda vez que se le hizo saber que primero tendría que dar cumplimiento a lo ordenado en el segundo punto resolutivo de la sentencia definitiva de uno de diciembre de dos mil quince. 7. Mediante escrito presentado por Felipe Rubio García, realizó nuevamente la petición efectuada en el escrito de quince de junio de la anualidad (se enviara exhorto al Juez competente en materia Civil de la Ciudad de México), además solicitó la aclaración del auto de esa data. 8. En auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se le dijo al actor que se estuviera a lo acordado en auto de quince junio del mismo año. 9. Inconforme con lo anterior, el actor Felipe Rubio García, interpuso revocación; recurso que se desechó por auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, pues se adujo que el auto impugnado derivó del diverso acuerdo de quince de junio de la presente anualidad contra el que no se inconformó por lo que adquirió firmeza procesal. 10. Ante ello, el actor Felipe Rubio García promovió incidentes de nulidad de actuaciones contra los autos de quince y veinticuatro de junio del mismo año; los que, por autos de uno de julio de dos mil dieciséis, no fueron admitidos toda vez que se dijo que los mismos no fueron presentados en tiempo y forma. 11. Por escritos presentados el cinco de julio de dos mil dieciséis, el actor quejoso Felipe Rubio García interpuso recursos de revocación contra los autos de uno de junio de dos mil dieciséis [sic], en los que se desecharon los incidentes de nulidad de actuaciones interpuestos contra los autos de veinticuatro de julio de dos mil dieciséis [sic]. 12. A los anteriores recursos les recayó el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis del siguiente tenor: [.] A sus antecedentes el escrito de cuenta, visto su contenido, con fundamento en el artículo 1.96, 1.134 y 1.136 del Código Procesal Civil, no ha lugar a tener por interpuesto el recurso de revocación que alude el promovente, toda vez de auto no se advierte proveído de fecha uno de junio de la presente anualidad y mucho menos de veinticuatro de julio de dos mil dieciséis ya que aun no ha ocurrido esa fecha [.] 13. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil dieciséis, Felipe Rubio García sostuvo que en los dos recursos de revocación presentados el cinco de julio de dos mil dieciséis, cometió un error involuntario mecanográfico al quedar asentado en ambos que se promovió en contra del auto de uno de junio de dos mil dieciséis, siendo lo correcto el uno de julio de dos mil dieciséis, solicitando se le tuviera por aclarada dicha circunstancia y se admitieran tales recursos. 14. Por auto de once de julio de dos mil dieciséis, se acordó lo siguiente: [.] A sus antecedentes el escrito de cuenta, visto su contenido y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los artículos 1.134, 1.135 y 1.136 del Código Procesal Civil, no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado debiendo estarse a lo acordado en auto que antecede de fecha seis de julio del año en curso [.] Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por principio, conviene traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." La garantía de legalidad consagrada en el precepto constitucional trascrito establece, como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de autoridad se encuentre fundado y motivado. Esto es, toda autoridad está obligada, al emitir un acto de molestia, fundarlo en la ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Así, el precepto en mención consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, por motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente; por tanto, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el supuesto específico previsto en la norma, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Entonces, para que una autoridad cumpla con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Carta Magna, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en los términos siguientes: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; de ahí que la ratio legis de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para emitirlos y exista un precepto de la ley que los funde. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página 52, número 73, del Tomo III, Parte SCJN, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Asimismo, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que su fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, de lo que invariablemente deriva el principio de congruencia que deben cumplir tales resoluciones. La jurisprudencia que se comenta es la tesis 1a./J. 139/2005 publicada en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.". Para mayor comprensión, cabe memorar que el acto aquí reclamado se origina en etapa de ejecución, derivado del escrito presentado por el quejoso en el que en virtud de que el inmueble materia de la ejecución se encuentra fuera de la jurisdicción del Juez de origen, solicitó que se enviara exhorto al Juez competente de la ciudad de México para que en su auxilio diera cumplimiento a las constancias de autos, en específico, le fuera entregada la posesión del referido inmueble. Petición que no fue acordada favorable en el acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, toda vez que el Juzgador le indicó que primero tendría que dar cumplimiento a lo ordenado en el segundo resolutivo de la sentencia definitiva de uno de junio de dos mil quince (otorgamiento y firma de escritura por la parte demandada) Así, el quejoso reiteró su petición a la que recayó el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en el que se le dijo que se estuviera a lo acordado por auto de quince de junio de la anualidad; ante lo cual el quejoso promovió recurso de revocación, mismo que no fue admitido por acuerdo de veintinueve de ese mismo mes y año, bajo el argumento de que el auto impugnado derivó del diverso acuerdo de quince de junio contra el que no se inconformó por lo que adquirió firmeza procesal. En atención a lo anterior, el quejoso promovió sendos incidentes de nulidad de actuaciones contra los autos dictados el quince y veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, mismos que en autos de uno de julio del mismo año, no fueron admitidos, pues contra el primer auto, se dijo que había fenecido el plazo para su presentación y contra el segundo, que había adquirido firmeza procesal al no haber sido impugnado en tiempo y forma. Posteriormente, el quejoso promovió recursos de revocación, que en sus respectivos escritos se advierte que lo hizo contra los autos de uno de junio y veinticuatro de julio de dos mil dieciséis. A dichas promociones, les recayó el acuerdo de seis de julio de dos mil dieciséis, en el que no se tuvieron por interpuestos, toda vez que no se advirtió la existencia del auto de uno de junio, ni de veinticuatro de julio, ambos de dos mil dieciséis. Por escrito presentado por el quejoso sostuvo que en los dos recursos de revocación presentados el cinco de julio de dos mil dieciséis, cometió un error involuntario mecanográfico al quedar asentado en ambos que se promovió contra el auto de uno de junio de dos mil dieciséis, siendo lo correcto uno de julio de dos mil dieciséis, solicitando se tuviera por aclarada dicha circunstancia y se admitieran tales recursos. En atención a la anterior solitud, por auto de once de julio de dos mil dieciséis, el Juzgador acordó que se debía estar a lo establecido por auto de seis de julio de dos mil dieciséis, lo que constituye el acto reclamado. En ese entendido, el concepto de violación señalado en el inciso a), resulta infundado, toda vez que el análisis del auto combatido, permite establecer que cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer. Se arriba a lo anterior, ya que del acuerdo impugnado se advierte que se señalaron los fundamentos legales en que el Juez sustentó el mismo; en virtud de que señaló que: Con fundamento en los artículos 1.134, 1.135 y 1.136 del Código Procesal Civil, no se acuerda de conformidad lo peticionado, remitiéndolo a lo dictado en auto de seis de julio del año en curso. Luego, si tenemos que en el auto de seis de julio de dos mil dieciséis, se dijo que: Se tiene por no interpuesto el recurso de revocación intentado por el quejoso, ante la inexistencia de proveídos de uno de junio y veinticuatro de julio de la anualidad (pues en sus respectivos escritos dijo que promovía los recursos de revocación contra autos de esas datas). Entonces, se estima que la autoridad responsable, fundó y motivó el auto reclamado, pues en atención al contenido de los numerales 1.134, 1.135 y 1.136 del Código Procesal de la materia, asentó que no era dable acordar favorable la petición del quejoso, pues en el auto antecesor al reclamado (seis de julio de dos mil dieciséis), ya se había proveído respecto de la inadmisión del recurso de revocación. En atención a lo anterior, se considera que dicho acto no vulnera contra el quejoso las garantías que señala, pues el escrito mediante el cual aclaró las fechas correctas de los autos sobre los cuales pretendía enderezar los recursos de revocación interpuestos, únicamente es una promoción aclaratoria, lo que no conlleva a que el Juzgador replanteara el estudio de la admisión o desechamiento de los recursos interpuestos, pues no debe perderse de vista que los órganos jurisdiccionales no podrán variar ni modificar sus sentencias o autos después de firmados. Lo anterior porque aun bajo la hipótesis no actualizada de que se concediera el amparo solicitado contra el auto impugnado (lo que no es el caso), ello a nada práctico conduciría pues seguirían rigiendo las consideraciones del auto de seis de julio de dos mil dieciséis el cual no es materia de impugnación. A lo que además, cabe precisar que en el caso, el quejoso puede seguir dando curso al cumplimiento de la sentencia a través de los mecanismos ordinarios de ejecución ante el Juez de origen. En ese contexto, devienen inoperantes los conceptos de violación resumidos en los incisos b) y c), pues los mismos versan sobre cuestiones que atañen a la nulidad de actuaciones, así como a la cosa juzgada, circunstancias que son ajenas al acto impugnado, pues tal como quedó evidenciado éste se reclamó de manera autónoma, por lo que su estudio no implica el análisis de todas las constancias que le anteceden, pues ello implicaría transgredir las reglas procedimentales que rigen la materia, por lo que no hay duda de que una correcta expresión de conceptos de violación debió dirigirse a evidenciar que fue incorrecto el criterio aplicado por el juez responsable, al dictar el acto que se reclama, por lo que es claro que los motivos de disenso aquí expuestos carecen de operancia. En este orden, es aplicable al caso la jurisprudencia 1820 con el registro 1003699 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2068 del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada. Establecido lo anterior, y al quedar demostrado plenamente al tenor de lo antes considerado lo ineficaz de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni protege a Felipe Rubio García, contra el acto reclamado al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hasta hoy veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional, quien actúa asistido de la Secretaria Eloísa Salinas Juárez, que da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el estado procesal de los autos, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/1277/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción del suscrito Juez Alberto Roldán Olvera, quien a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente:"SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312).Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado; en términos del artículo 117 de la ley de la materia dese vista a las partes para los efectos legales conducentes y, de conformidad con los numerales 75 y 119 de la legislación en cita, téngase por ofrecida, admitida y desahogada como prueba la documental que se acompaña a la misiva que se provee, sin perjuicio de relacionarlos de nueva cuenta en la audiencia constitucional; en tanto, identifíquese por separado para su conservación y manejo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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