Felipe Rodríguez Galicía

Expediente 1563/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1563/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Felipe Rodríguez Galicía

Actuaciones

  1. Principal

    (E.M) Se desecha la demanda de amparo en términos de lo precisado en los numerales 61 fracción XXIII de la ley de amparo.

  2. Principal

    CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal contra actos de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente electrónico y físico de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento. Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Partiendo de esa premisa, se considera por manifiesto, cuando el motivo de improcedencia se presenta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda instaurada y lo indudable, ocurre en la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante, de tal forma, que aun cuando se admitiera dicha demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar los contendientes como elementos de prueba. En la inteligencia que la aplicación de la jurisprudencia integrada con la ley anterior, según el numeral sexto transitorio, continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley actual. Análisis, el cual resulta de orden público, preferente y oficioso, según dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, que reza textualmente: Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador tomando en consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como un medio extraordinario de defensa en favor de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad vulneran sus derechos humanos fundamentales. Se estima que, respecto de los actos reclamados -omisión de emitir el dictamen de pensión por cesantía en edad avanzada que solicitó-, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo.. El Pleno en materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, sostuvo en sus consideraciones al resolver la contradicción de tesis 2/2016, que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgándole a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran las prerrogativas a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador; supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. Estableció que en el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada y por viudez, entre otras; que tal ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que éstas deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Expuso que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de ahí que sí se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo - cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez- se colige la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Sostuvo que si las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral que existe entre éstos y el Ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada, entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a las siguientes circunstancias: I. Que el Ayuntamiento de que se trate, se niegue a recibir la solicitud respectiva; II. Que dicho Ayuntamiento no emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; III. Que el citado Ayuntamiento emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Explicó que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el Ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda. Determinó que los requisitos y obligaciones que la ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Argumentó que no deben de confundirse las facultades y obligación de los Ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de éstos, relacionados con las pensiones a que se ha hecho referencia, pues, la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado la cual se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes. En cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De ahí que, determinó que al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón u organismo de la administración pública municipal, de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, Constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diverso 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de los actos que se reclaman a las autoridades municipales, y que se traducen sustancialmente en la omisión de emitir el dictamen de pensión solicitado y como consecuencia, el pago de la misma, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por motivos manifiestos e indudables de improcedencia.

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