Felipe Rivera Sánchez
Expediente 202/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Felipe Rivera Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 202/2023, promovido por FELIPE RIVERA SÁNCHEZ, yRESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Boca del Río, Veracruz, el diez de marzo de dos mil veintitrés, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz el trece de marzo siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 4-8). SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; emplazar a la parte tercera interesada; dar la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 9-12)./ Mediante diligencia de emplazamiento de dieciocho de abril de la presente anualidad se tuvo por legalmente emplazada a la tercera interesada Amparo del Carmen Barranco Morales (foja 53). Ahora bien, mediante proveído diez de abril de este año, se tuvo por interpuesto el recurso de queja promovido por el Jefe del Departamento de lo Contencioso de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial del Estado de Veracruz en representación del 1. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en contra del auto admisorio (foja 58). Mediante sesión ordinaria virtual de tres de agosto de dos mil veintitrés celebrada dentro de la queja 179/2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, declaró fundado el recurso de queja descrito en el párrafo que antecede; por lo que, en acatamiento a lo resuelto por la Superioridad, mediante proveído de veintidós de agosto siguiente, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en: la Circular 31 emitida el trece de agosto de dos mil dieciocho¸ y de la autoridad señalada como responsable 1. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, continuándose el trámite respecto de la restante autoridad y acto (foja 99). Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en auto el informe justificado de la autoridad responsable 2. Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz (foja 19) la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 16) así como el emplazamiento de la parte tercero interesada (foja 53) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales del gobernado, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en tanto que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de verificar su certeza o inexistencia, de conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisan cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: La resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 1689/2018 (antes juicio ejecutivo mercantil 2410/2008 del índice del extinto Juzgado Segundo Menor, de Veracruz, Veracruz) de la estadística del Juzgado responsable, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del quejoso en contra de la diversa resolución de ocho de julio de dos mil veintidós por la que se declaró infundado e improcedente el incidente de imposibilidad jurídica o material del juzgado responsable para ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen; resolución reclamada que le fue notificada por lista de acuerdos en la misma data, esto es, el dieciséis de febrero de la anualidad que transcurre. Establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método, se analizará si conforme a las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado atribuido al 2. Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, consistente en: la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 1689/2018 (antes juicio ejecutivo mercantil 2410/2008 del índice del extinto Juzgado Segundo Menor, de Veracruz, Veracruz) de la estadística del Juzgado responsable, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del quejoso en contra de la diversa resolución de ocho de julio de dos mil veintidós por la que se declaró infundado e improcedente el incidente de imposibilidad jurídica o material del juzgado responsable para ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen. Lo anterior es así, en razón de que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del mismo (foja 19). Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que remitió como justificación de sus actos, consistentes en el juicio ejecutivo mercantil 1689/2018 (antes juicio ejecutivo mercantil 2410/2008 del índice del extinto Juzgado Segundo Menor, de Veracruz, Veracruz) que obran por separado como cuaderno de pruebas, en las que se advierte la resolución reclamada de dieciséis de febrero dos mil veintitrés (fojas 256-358 del tomo de pruebas) a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. QUINTO. Regularidad constitucionalidad del acto reclamado. Tal como lo establece la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procederá al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales resultan fundados y suficientes para otorgar la protección solicitada; lo anterior, en los términos en que se precisan en esta sentencia. Sin que sea necesaria su transcripción atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En principio, conviene establecer las siguientes premisas que servirán de base al suscrito para analizar los actos reclamados. MARCO NORMATIVO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Es importante señalar que tratándose de resoluciones jurisdiccionales, los tribunales se encuentran obligados a fundar y motivar debidamente sus determinaciones respecto a la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 constitucional, la cual refiere, en lo que aquí importa, que en los juicios, las resoluciones que se dicten deberán ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, esto es, en los principios rectores de nuestro sistema jurídico que se encuentran explícitos o implícitos en el mismo. Por su parte, el artículo 16 de la Constitucional Federal, en su parte conducente, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente, debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el ciudadano pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, las siguientes jurisprudencia y tesis, respectivamente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Así las cosas, se concluye que por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en su resolución, los preceptos legales que regulen el acto materia de estudio. La motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición jurídica que afirma aplicar. LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Por su parte, para lo que aquí interesa, deben citarse los preceptos 1° y 5° de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, que a la letra dice: "Artículo 1o.- Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito, o se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por la Ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos." "Artículo 5o.- Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna." De los numerales transcritos se advierte que los títulos de crédito son cosas mercantiles, ya que su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, se trata de actos de comercio. Asimismo, se advierte que son títulos de crédito aquellos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. De igual forma, en el capítulo III dicha legislación se regula como uno de los títulos de crédito "el pagaré". CÓDIGO DE COMERCIO Ahora, a fin de resolver lo que en derecho proceda con relación al mencionado acto reclamado debe precisarse que, en el caso concreto, la normatividad aplicable es el Código de Comercio. En ese sentido, el citado Código prevé en lo que aquí interesa lo siguiente: "Artículo 1o.- Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables." "Artículo 1055.- Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial." "Artículo 1055 bis.- Cuando el crédito tenga garantía real, el actor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a este Código, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución." "Artículo 1414.- Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas." "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." "Artículo 1390 Ter.- El procedimiento ejecutivo a que se refiere este Título tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución previstos en el artículo 1391." "Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: (.) IV. Los títulos de crédito; (.)" De los preceptos legales anteriormente citados, se observa que los actos de comercio únicamente se regirán por el propio código y demás leyes mercantiles aplicables. Asimismo, se establece que los juicios mercantiles son ordinarios, orales, ejecutivos o especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. De igual forma, el Código de Comercio señala que cuando el crédito tenga garantía real la parte actora, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de conformidad con el propio Código. Por su parte, establece que las determinaciones que no fuesen apelables pueden ser revocados por el juez que los emitió o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio; así, el recurso de revocación tendrá que formularse por escrito, dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación de la determinación impugnada, dando vista a la parte contraria por el plazo de tres días y el juzgado resolverá dicho medio de impugnación y notificará dentro de los tres días siguientes. Por su parte, también establece que cualquier incidente o cuestión que se suscite dentro de los juicios ejecutivos mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones del propio Código de Comercio. También se establece que la demanda que da origen al procedimiento ejecutivo se funda en los documentos que traigan aparejada ejecución previstos por el artículo 1391 de dicho código, entre los que menciona en su fracción IV los títulos de crédito. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas (cuaderno único de pruebas) que remitió el Juzgador responsable, de donde se obtiene lo siguiente: 1) Mediante escrito recibido el dos de diciembre de dos mil ocho, ante el Juzgado Segundo Menor, en Veracruz, Veracruz, Amparo del Carmen Barranco Morales demandó en la vía ejecutiva mercantil al aquí quejoso FELIPE RIVERA SÁNCHEZ (fojas 1-4 del tomo de pruebas). 2) Por auto de ocho de diciembre de dos mil ocho, el Juzgado Segundo Menor, en Veracruz, Veracruz, radicó el juicio ejecutivo mercantil 2410/2008, ordenando la diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo del demandado FELIPE RIVERA SÁNCHEZ (foja 9del tomo de pruebas). 3) Mediante diligencia de diez de diciembre de dos mil ocho, se llevó a cabo la referida diligencia de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo, la que se entendió con el directo demandado (aquí quejoso) FELIPE RIVERA SÁNCHEZ (foja 11 del tomo de pruebas). 4) Por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil nueve emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 2410/2008, se hizo constar que el demandado (impetrante de amparo en este asunto) no dio contestación a la demanda instaurada en su contra dentro del plazo concedido para tal efecto, por lo que se le acusó de rebeldía (foja 16 del tomo de pruebas). 5) Seguida la secuela procesal, mediante acuerdo de dos de junio de dos mil nueve, se turnaron los autos del juicio ejecutivo mercantil 2410/2008 para dictar sentencia (foja 24 del tomo de pruebas). 6) El diez de junio de dos mil nueve la Juez Segundo Menor, en Veracruz, Veracruz, dictó sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil 2410/2008, en la que se condenó al aquí quejoso al pago de la suerte principal e intereses (foja 26 del tomo de pruebas). 7) Mediante auto de veintidós de marzo de dos mil diez emitido en el juicio ejecutivo mercantil 2410/2008, causó estado la sentencia que se dictó en autos, quedando firme la misma (foja 29del tomo de pruebas). 8) Posteriormente, en atención a la circular 31 de trece de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en la que se ordenó el cierre de los Juzgados Civiles Menores de los Distritos Judiciales de Acayucan, Córdoba, Misantla, Pánuco, Papantla, Tuxpan, San Andrés Tuxtla, Veracruz y Xalapa, el 2. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, mediante auto de quince de octubre de ese mismo año, tuvo por recibidos los autos del juicio ejecutivo mercantil 2410/2008, radicando en consecuencia el juicio ejecutivo mercantil 1689/2018 de su estadística (foja 202 del tomo de pruebas). 9) Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 1689/2018 (antes juicio ejecutivo mercantil 2410/2008) se tuvo por interpuesto el incidente de imposibilidad jurídica o material del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, para ejecutar la sentencia emitida en autos por el extinto Juzgado Segundo Menor, con residencia en la misma ciudad (fojas 318-325 del tomo de pruebas). 10) El veintisiete de abril de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista por el artículo 1353 del Código de Comercio, respecto de la incidencia promovida por el aquí quejoso dentro del expediente de origen (foja 334 del tomo de pruebas). 11) Mediante resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, el Juzgado responsable declaró infundado e improcedente el incidente de imposibilidad jurídica o material de ese órgano jurisdiccional para ejecutar la sentencia dictada por el extinto Juzgado Segundo Menor, con residencia en la misma ciudad (fojas 336-338 del tomo de pruebas). 12) Por auto de cinco de septiembre siguiente, se tuvo al autorizado del aquí quejoso interponiendo recurso de revocación en contra de la resolución que declaró infundada la incidencia descrita en el párrafo que antecede (fojas 345-350 del tomo de pruebas). 13) El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se dictó resolución en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del aquí quejoso, en contra de la diversa determinación de ocho de julio de dos mil veintidós, por la que se declaró infundado e improcedente el incidente de imposibilidad jurídica o material de ese órgano jurisdiccional para ejecutar la sentencia dictada por el extinto Juzgado Segundo Menor, con residencia en la misma ciudad (fojas 356-358 del tomo de pruebas). La anterior determinación y su consecuencia constituyen el acto aquí reclamado. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En primer término, conviene precisar que la parte quejosa señala como actos reclamados en esta instancia la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 1689/2018 (antes juicio ejecutivo mercantil 2410/2008 del índice del extinto Juzgado Segundo Menor, de Veracruz, Veracruz) de la estadística del Juzgado responsable, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el autorizado del quejoso en contra de la diversa resolución de ocho de julio de dos mil veintidós por la que se declaró infundado e improcedente el incidente de imposibilidad jurídica o material del juzgado responsable para ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen. En ese contexto, la parte quejosa tilda de inconstitucional el contenido de la resolución reclamada de dieciséis de febrero de la presente anualidad, aduciendo esencialmente que es violatorio de derechos fundamentales ya que carece de la debida fundamentación, pues según alega, fue sustentada en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, cuando lo correcto era ser emitida bajo las disposiciones aplicables al Código de Comercio. Dicho concepto de violación resulta fundado. Ello es así, puesto que de la parte considerativa del acto reclamado que es del tenor literal siguiente se advierte: "I.- El artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles establece: 'Los asuntos que no causen daño irreparable en la sentencia y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que los substituya en el conocimiento del negocio,' y el 'Artículo 507.- La revocación puede pedirse en el acto de la notificación o dentro del término de dos días. Se resolverá de plano o en audiencia que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes. Sólo podrán ofrecerse las pruebas que puedan rendirse en dicha audiencia." Lo resaltado es propio de la sentencia. El acto reclamado viola en perjuicio de la parte quejosa la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 Constitucional, en la medida que no se encuentra debidamente fundado, pues aplicó una legislación distinta a la aplicable al caso y con la que ha sido tramitado el juicio de origen. Se dice lo anterior, pues en primer término conviene señalar que, la demanda que dio origen al juicio de génesis fue presentada por Amparo del Carmen Barranco Morales en su carácter de endosataria en procuración de Luis Antonio Gasser López, demandando en la vía ejecutiva mercantil al aquí quejoso FELIPE RIVERA SÁNCHEZ el pago de la cantidad de $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, derivado del pagaré con fecha de suscripción veinticinco de enero de dos mil ocho y de vencimiento veinticinco de marzo del mismo año, que anexó al escrito de demanda y que se ilustra a continuación: De lo anterior, se advierte que la demanda que dio origen al juicio natural se promovió en la vía ejecutiva mercantil con motivo del vencimiento del pagaré suscrito por el aquí quejoso a favor del endosante de la tercera interesada; por lo que, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 1° y 5° de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación los diversos numerales 1°, 1055, 1055 bis y 137, fracción IV, todos del Código de Comercio, efectivamente procedía el juicio ejecutivo mercantil. En razón de lo anterior, atinadamente la Juez Segundo Menor, con sede en Veracruz, Veracruz, por auto de ocho de diciembre de dos mil dieciocho radicó el juicio ejecutivo mercantil 2410/2008 y determinó que dicho procedimiento se tramitaría conforme al Código de Comercio; lo anterior, como se ilustra a continuación: Así, seguida la secuela procesal, mediante sentencia de diez de junio de dos mil nueve emitida en autos del juicio de origen, se resolvió la litis planteada de conformidad con las disposiciones legales establecidas en el Código de Comercio, en la que se condenó al aquí quejoso FELIPE RIVERA SÁNCHEZ al pago de la suerte principal y demás intereses moratorios, así como al pago de gastos y costas, tal como se aprecia a continuación: Cabe destacar que, como se adelantó en el capítulo correspondiente a los actos reclamados, mediante proveído de quince de octubre de dos mil dieciocho el 2. Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, tuvo por recibidos los autos del juicio ejecutivo mercantil 2410/2008, radicando en consecuencia el juicio ejecutivo mercantil 1689/2018 de su estadística; ello, en acatamiento a la circular 31 de trece de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en la que se ordenó el cierre de los Juzgados Civiles Menores de los Distritos Judiciales de Acayucan, Córdoba, Misantla, Pánuco, Papantla, Tuxpan, San Andrés Tuxtla, Veracruz y Xalapa. Bajo ese contexto, el impetrante de amparo interpuso incidente de imposibilidad jurídica o material para ejecutar la sentencia emitida por el extinto Juzgado Segundo Menor de Veracruz, Veracruz, de conformidad con lo establecido en los artículos 1079, fracción IV, 1414, 1353, 1354, 1355 y 1357 del Código de Comercio, al tratarse de un juicio ejecutivo mercantil. Así, por resolución recaída de ocho de julio de dos mil veintidós, el Juzgado responsable declaró infundado e improcedente dicha incidencia, la cual fue sustentada por lo dispuesto en el Código de Comercio, dada la naturaleza del juicio natural. En razón de lo anterior, mediante escrito recibido el diecisiete de agosto siguiente, el autorizado del aquí quejoso promovió recurso de revocación en términos de los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, en contra de la resolución de ocho de julio de la anualidad pasada, recaída a al incidente de imposibilidad de ejecutar la sentencia. Por lo que, finalmente el Juez responsable emite la resolución reclamada el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la que declaró improcedente dicho recurso de revocación y se dejó intocada la diversa resolución de ocho de julio de la anualidad pasada. Sin embargo, dicha resolución reclamada fue sustentada conforme a lo dispuesto en los artículos 506 y 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, como se observa a continuación: Lo anterior, ya que si bien es cierto regulan el recurso de revocación dentro de los juicios civiles, también lo es que el expediente de génesis -al tratarse de un juicio ejecutivo mercantil- ha sido tramitado hasta la fecha de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio, tal como lo establece dicha legislación y la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. En las relatadas condiciones, deviene incuestionable que le asiste la razón al quejoso, pues la resolución aquí combatida (de dieciséis de febrero de este año) fue sustentada de manera incorrecta en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, ya que lo correcto es emitirla bajo las disposiciones del Código de Comercio. De lo hasta aquí expuesto, se colige que la resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés por la que se declaró improcedente el recurso de revocación promovido por el quejoso dentro del juicio de origen, adolece de una incorrecta fundamentación, por lo que es violatoria de lo dispuesto en el analizado artículo 16 de la Carta Magna. Ello es así, porque las condiciones para la emisión del acto de molestia, como ya se precisó, tienen como propósito otorgar certeza a los particulares sobre los fundamentos del acto de molestia, a fin de que puedan conocer con precisión si las autoridades emisoras tienen competencia, y si los motivos o las razones encuadran en dichas hipótesis normativas, lo que no ocurre en la especie. CONCLUSIÓN. En consecuencia, si el artículo 16 de la Constitución Federal, exige a todas las autoridades que apeguen sus actos conforme a la ley que los rige, expresando de qué norma se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo; y, en la especie, para fundar el acto de molestia se aplicó una legislación distinta a la que rige el juicio de origen, es evidente que el acto reclamado resulta inconstitucional, lo que hace procedente la concesión de amparo solicitada. Cabe señalar que en esta instancia no se pueden subsanar las irregularidades precisadas, pues hacerlo implicaría tratar de perfeccionar dichos actos, sustituyéndose en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo) en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si los actos reclamados son inconstitucionales o no, pero no subsanarlos, corregirlos o mejorarlos, ya que ello corresponde a la autoridad de instancia en ejercicio pleno de su jurisdicción. Al respecto, se invoca como apoyo, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 59, Octubre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El juez de Distrito y, en general, la autoridad de amparo, no puede subsanar las deficiencias de motivación y fundamento legales de que adolezca el acto emitido por una autoridad, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive debidamente su resolución; por tanto, para considerar que es constitucional el acto reclamado, no basta que existan las circunstancias específicas y las razones particulares o causas inmediatas que se puedan tener en consideración para la emisión de dicho acto de autoridad y que estén vigentes las disposiciones legales aplicables a ellas ya que, para ese efecto, es necesario, además, que tales datos se mencionen con toda precisión en el documento mismo que contiene el acto de autoridad y no en otro diverso, mucho menos, en la resolución dictada en el juicio de amparo cuyo análisis debe referirse, específicamente, a la satisfacción de esos requisitos. Consecuentemente, no es correcto que al resolver el juicio de garantías, la autoridad de amparo, motu proprio, exprese las consideraciones de motivación y fundamento que no se contienen en el acto reclamado, para concluir, con base en ellas, que dicho acto de autoridad está apegado a las normas que lo rigen, pues, con ese proceder, aparte de agravar la situación jurídica del quejoso, suple la deficiencia legal de ese acto, el cual, lejos de ser corregido por la potestad de amparo, debe ser anulado por ésta mediante sentencia que conceda la protección constitucional." Por tanto, resulta innecesario emprender el análisis de los restantes conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que no se advierte que el estudio de alguno de ellos reporte un mayor beneficio que el alcanzado con la ponderación del motivo de disenso que resulta fundado; además de que las transgresiones alegadas en ellos podrían quedar superadas con el dictado de la nueva resolución que deberá emitir la responsable en acatamiento a este sentencia, una vez que quede firme. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Informe 1982, Parte II, Séptima Época, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." EFECTOS De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado (resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés) y emita uno nuevo en el que, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia, de trámite y resuelva con plenitud de jurisdicción respecto al recurso de revocación, que interpuso el quejoso en contra de la diversa resolución que declara infundado e improcedente el incidente de imposibilidad jurídica o material de este juzgado para ejecutar la sentencia, fundando de manera correcta utilizando la legislación aplicable. Sirve de apoyo, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y textos siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, seRESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a FELIPE RIVERA SÁNCHEZ contra los actos reclamados y por la autoridad responsable precisados en el considerando tercero de esta resolución, conforme a las razones apuntadas en el diverso considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido y en cumplimiento al mismo, acuso recibo de su atento oficio B-401/2023 y E-5918/2023, librado en el expediente 179/2023 de su índice. Notifíquese en términos de ley.
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Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio remitido por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, sin mayor trámite, en razón de que el veintidós de agosto pasado se acordó lo relativo a la sentencia de mérito. Notifíquese en términos de ley.
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Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a AMPARO DEL CARMEN BARRANCO MORALES, en su carácter de parte interesada, el auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: "Agréguese a los autos el oficio enviado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase a la Superioridad remitiendo testimonio de la resolución dictada en el expediente de queja número 179/2023 de su índice, por la que DECLARA FUNDADO el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable 1. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en contra del auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés. Ahora bien, por auto de tres de mayo pasado, se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto la Superioridad resolviera el aludido recurso de queja, lo cual ya aconteció; en consecuencia, REANÚDESE EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE ASUNTO. En mérito de lo anterior, en debido cumplimiento a la resolución emitida por la superioridad, se determina lo siguiente: Respecto del acto reclamado al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, como lo es, la circular número 31, emitida el trece de agosto de dos mil dieciocho, con fundamento en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y por los motivos destacados en la ejecutoria con la que se da cuenta, se desecha parcialmente la demanda de amparo, únicamente por lo que hace al acto y a la autoridad antes citada. Por lo que continúese el juicio por lo que respecta al restante acto reclamado por el quejoso, y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente. Notifíquese en términos de ley." Firmas electrónicas.
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