Felipe Rivas Rosales
Expediente 1086/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1086/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Felipe Rivas Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Finalmente y con fundamento en el diverso punto Vigésimo Primero, fracción II, del invocado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, en virtud de que el siete de diciembre del año pasado, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y que dicha determinación causó estado en esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años que establece el referido punto Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que no es de relevancia documental.
- Principal
agréguense a este expediente el informe justificado rendido por el Encargado del despacho de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y anexo que acompaña. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el impetrante de garantías, de conformidad con lo sustentado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: De un análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que se allegaron a este sumario, se obtiene que Felipe Rivas Rosales, reclama de las autoridades responsables: - Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado y Presidente de la misma: la omisión de llevar a cabo las medidas necesarias a fin de requerir a la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México para que rinda el dictamen pericial médico que le fue encomendado al perito tercero en discordia dentro de los autos del juicio laboral 1378/2012; - Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México: la omisión de emitir el dictamen pericial encomendado en auxilio a los autos del juicio laboral de origen. Sin embargo, del informe justificado rendido por el Encargado del despacho de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mismo que se dio cuenta en este proveído, así como del rendido por el Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; además, por ser la procedencia una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de dicho ordenamiento legal. La fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". En torno a dicha causa de improcedencia debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Del presente expediente, así como de las constancias que remitieron las responsables a sus informes de ley, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se advierte que: 1. Mediante acuerdo dictado dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dentro de los autos del juicio laboral 1378/2012, la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, requirió al hoy quejoso Felipe Rivas Rosales a fin de que se presentara el veintinueve siguiente en las instalaciones de la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para que se le designara perito médico tercero en discordia, así como para que se le realizara la respectiva valoración médica; 2. En cumplimento a lo anterior, el quejoso se presentó en la fecha indicada en las instalaciones de la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, donde se le asignó el perito respectivo, quien le practicó la valoración médica encomendada. 3. Por auto de catorce de noviembre del presente año, la Junta responsable con sede en esta ciudad de San Luis Potosí, giró un oficio recordatorio a la Unidad de Peritajes Médicos antes citada, a fin de que tuviera a bien remitir el dictamen médico que le fue solicitado. 4. El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, por medio del oficio 2280/2017 remitió el dictamen pericial médico del paciente Felipe Rivas Rosales, constante de cuatro fojas, con número de folio 2040. Por lo anterior, resulta claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues tanto la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, realizó los trámites necesarios a fin de emitir el dictamen pericial médico en favor de Felipe Rivas Rosales, y la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, emitió el mismo, el cual fue enviado a la primera en mención, a fin de integrar el expediente laboral de origen, de tal manera que los actos ya no agravian al quejoso y éste disfruta del beneficio que le fue afectado por los actos de autoridad; es decir, a la fecha no existen las omisiones reclamadas, pues con fechas catorce de noviembre de esta anualidad, la Junta responsable con sede esta ciudad, requirió a la Unidad de Peritajes Médicos para que emitiera el dictamen encomendado, así como el dieciséis posterior, fue remitido por parte de dicha Unidad responsable el dictamen de mérito. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas del quince de marzo de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. Por último, agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Felipe Rivas Rosales, mediante el cual manifiesta la imposibilidad de erogar el gasto de los edictos a que se refiere el auto de treinta de noviembre del presente año; lo anterior en atención al sentido en que se resuelve este proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN VIRTUD DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS Y NO HABERSE PRESENTADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICARLO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACIÓN DE MÉRITO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "agréguense a este expediente el informe justificado rendido por el Encargado del despacho de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y anexo que acompaña. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el impetrante de garantías, de conformidad con lo sustentado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: De un análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que se allegaron a este sumario, se obtiene que Felipe Rivas Rosales, reclama de las autoridades responsables: - Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado y Presidente de la misma: la omisión de llevar a cabo las medidas necesarias a fin de requerir a la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México para que rinda el dictamen pericial médico que le fue encomendado al perito tercero en discordia dentro de los autos del juicio laboral 1378/2012; - Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México: la omisión de emitir el dictamen pericial encomendado en auxilio a los autos del juicio laboral de origen. Sin embargo, del informe justificado rendido por el Encargado del despacho de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mismo que se dio cuenta en este proveído, así como del rendido por el Presidente de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; además, por ser la procedencia una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de dicho ordenamiento legal. La fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". En torno a dicha causa de improcedencia debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Del presente expediente, así como de las constancias que remitieron las responsables a sus informes de ley, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se advierte que: 1. Mediante acuerdo dictado dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dentro de los autos del juicio laboral 1378/2012, la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, requirió al hoy quejoso Felipe Rivas Rosales a fin de que se presentara el veintinueve siguiente en las instalaciones de la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para que se le designara perito médico tercero en discordia, así como para que se le realizara la respectiva valoración médica; 2. En cumplimento a lo anterior, el quejoso se presentó en la fecha indicada en las instalaciones de la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, donde se le asignó el perito respectivo, quien le practicó la valoración médica encomendada. 3. Por auto de catorce de noviembre del presente año, la Junta responsable con sede en esta ciudad de San Luis Potosí, giró un oficio recordatorio a la Unidad de Peritajes Médicos antes citada, a fin de que tuviera a bien remitir el dictamen médico que le fue solicitado. 4. El dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, por medio del oficio 2280/2017 remitió el dictamen pericial médico del paciente Felipe Rivas Rosales, constante de cuatro fojas, con número de folio 2040. Por lo anterior, resulta claro que cesaron los efectos de los actos reclamados, pues tanto la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, realizó los trámites necesarios a fin de emitir el dictamen pericial médico en favor de Felipe Rivas Rosales, y la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, emitió el mismo, el cual fue enviado a la primera en mención, a fin de integrar el expediente laboral de origen, de tal manera que los actos ya no agravian al quejoso y éste disfruta del beneficio que le fue afectado por los actos de autoridad; es decir, a la fecha no existen las omisiones reclamadas, pues con fechas catorce de noviembre de esta anualidad, la Junta responsable con sede esta ciudad, requirió a la Unidad de Peritajes Médicos para que emitiera el dictamen encomendado, así como el dieciséis posterior, fue remitido por parte de dicha Unidad responsable el dictamen de mérito. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas del quince de marzo de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma. Por último, agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Felipe Rivas Rosales, mediante el cual manifiesta la imposibilidad de erogar el gasto de los edictos a que se refiere el auto de treinta de noviembre del presente año; lo anterior en atención al sentido en que se resuelve este proveído. Notifíquese personalmente."
- Principal
Agréguese a los presentes autos la razón actuarial de veintiocho del presente mes y año, en la que se asentó el motivo por el cual no fe posible emplazar a juicio a José Carmen Fraga Ramírez y Transportes Fraga. Ahora bien, visto el estado de los presentes autos, de los que se aprecia que no ha sido posible localizar el domicilio en donde puedan ser emplazados los diversos terceros interesados José Carmen Fraga Ramírez y Transportes Fraga, no obstante que se pidió la colaboración de diversas instituciones como se advierte en proveído de catorce de noviembre pasado, sin que haya sido posible llevar a cabo los emplazamientos encomendados a pesar de agotar todas las investigaciones posibles; en consecuencia, como está ordenado en el auto de treinta de octubre del año en curso, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena emplazar, a los referidos terceros interesados por medio de edictos que a costa de la parte quejosa se publiquen, toda vez que no realizó manifestación de imposibilidad de efectuar un gasto de esa naturaleza, lo cual se le requirió en proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, los cuales, de conformidad con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el Diario Oficial de la Federación, los que deberán contener una relación de la demanda de garantías promovida por Felipe Rivas Rosales, contra actos de la Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otras autoridades, de quienes reclamó: ".la omisión de llevar a cabo las medidas necesarias y requerir a la UNIDAD DE PERITAJES MÉDICOS DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. a efecto de que rinda el dictamen pericial médico encomendado al perito tercero en discordia designado dentro de los autos del expediente laboral 1378/2012. Del C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y CUATRO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, se reclama la omisión de vigilar bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ella se tramitan no queden inactivos. De la UNIDAD DE PERITAJES MÉDICOS DE LA JUNTA FEDERAL DE CONICLIACIO (SIC) Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.LA OMISIÓN DE AUXILIAR A LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA, DESACATANDO LAS ÓRDENES DADAS POR LA Responsable H. Junta Especial número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje.mediante Acuerdo de fecha 16 del mes de agosto del año en curso, la H. Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje requirió al suscrito FELIPE RIVAS ROSALES, se apersonara en la UNIDAD DE PERITAJES MÉDICOS DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO fijando las 08:30 horas del día 29 del mes de agosto del año en curso a efecto de serle designado perito médico así como la valoración del hoy quejoso, por lo que a la fecha la citada unidad de peritajes médicos ha sido omisa en emitir el peritaje médico encomendado." Hágase saber a los terceros interesados José Carmen Fraga Ramírez y Transportes Fraga, por dicho medio, que deberán presentarse ante este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, dentro del término de treinta días contado a partir del siguiente al de la última publicación, que queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de la demanda de amparo y que en caso de no comparecer las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional Federal. Colóquese en la puerta de este Juzgado copia íntegra del presente acuerdo por todo el tiempo que dure el emplazamiento. Requiérase al quejoso para que en el término de veinte días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente ante este Juzgado a recoger los edictos correspondientes y acredite ante este Órgano Jurisdiccional que procedió a entregarlos para su publicación y hacer el pago correspondiente, apercibido que de no hacerlo, se sobreseerá el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción II en relación con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como del numeral 14 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C.13 K (10a.), visible en la página 1991, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EDICTOS PARA EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO. EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, ES PARA RECOGERLOS, ENTREGARLOS PARA SU PUBLICACIÓN Y HACER EL PAGO CORRESPONDIENTE, SIN QUE LA FALTA DE ACREDITAMIENTO DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, DENTRO DEL MISMO PLAZO, CONDUZCA AL SOBRESEIMIENTO. De los artículos 27, fracción III y 63, fracción II, de la Ley de Amparo se desprende que el propósito de ordenar el emplazamiento por edictos del tercero interesado, cuando ello no ha sido posible personalmente, es integrar la relación jurídica procesal. La carga procesal del quejoso de coadyuvar a la publicación de los edictos implica diversos actos y estadios, como son recogerlos, entregarlos para su publicación -lo que implica pagar esta última-, y acreditar ante el órgano judicial que los edictos fueron entregados para su publicación. Ahora bien, la causal de sobreseimiento por incumplimiento a la carga procesal de emplazar al tercero interesado mediante la prensa, debe interpretarse en el sentido de que el quejoso debe presentar los edictos para su publicación dentro del lapso de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, es decir, este término se refiere al ejercicio de la carga procesal de presentar los edictos para que sean publicados, mas no al deber de justificarlo ante el órgano jurisdiccional, lo que válidamente puede hacerse después de ese plazo, ya sea que para ello se fije el término genérico de tres días posteriores a los veinte para presentar los edictos; que el órgano jurisdiccional requiera su presentación dando un término para ello; o bien, si se omite requerir al quejoso para que compruebe que entregó los edictos, entonces podrá hacerlo hasta la fecha señalada para la audiencia constitucional pues, en este último supuesto, no estará constreñido a un término preciso. Lo anterior, desde luego, en el entendido de que la publicación se lleve a cabo en los términos ordenados por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta interpretación es la que mejor se adecua a la carga procesal en análisis, pues establece la posibilidad de que el quejoso goce del término de veinte días en forma completa, sin la restricción que resultaría de considerar que ese plazo es tanto para entregar y pagar los edictos, como para comprobar ello ante el órgano judicial, pues en esta hipótesis el término podría verse disminuido debido a que la entrega y pago generalmente ocurrirían antes de que finalice el referido plazo de veinte días. Asimismo, la interpretación propuesta atiende a la materialidad del hecho constitutivo de la causa de sobreseimiento, esto es, a si los edictos fueron o no publicados, con lo que se hace compatible lo ordenado en la ley con lo que haya ocurrido en la realidad, puesto que el sobreseimiento no se hace depender solamente de un requisito formal de comprobación ante el órgano jurisdiccional, sino que tiende a corroborar si en la realidad los edictos fueron o no entregados para su publicación dentro del plazo legal, privilegiándose la procedencia de la acción constitucional sobre requisitos que resulten excesivos y obstaculizadores, acorde con los postulados contenidos en el artículo 1o. constitucional.". Asimismo, por su contenido, también resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27 del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo T, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2009915, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción IIl, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo.". Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del veintisiete de diciembre del año en curso y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la misma. Notifíquese personalmente.
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