Felipe Ramon Lopez Canabal

Expediente 38/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
38/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Felipe Ramon Lopez Canabal
  • a).- SEGUNDA SALA CIVIL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    II.- Villahermosa, Tabasco; diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que las partes no recurrieron la sentencia de diecisiete de mayo de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, por conducto de su representante legal Felipe Ramón López Canabal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido fallo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Finalmente, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y ARCHÍVESE este expediente como asunto total y legalmente concluido, tal como lo establece el artículo 214 del citado precepto legal. DESTINO DEL EXPEDIENTE. En las relatadas condiciones, en términos de lo dispuesto por los artículos 6°, 12, 14 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Se hace constar que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que el mismo no es de relevancia documental. b) Se hace constar que el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos del artículo 21, inciso c) del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. c) Se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo normativo referido. d) Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Ahora, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra legalmente concluido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, el original del toca civil 438/2020-II, de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado, y al Juez Mixto del Décimo Tercer Distrito Judicial de Primera Instancia de Jonuta, Tabasco, el juicio ordinario civil 8/2017, los cuales obran por cuerda separada en dos tomos. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, toda vez que obra glosado el instrumento notarial con el que acredita su personalidad la parte quejosa (foja 37 a 42), el cual se ubica dentro de los referidos en el artículo 21, segundo párrafo, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por ende, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recepcionarlo, previa identificación y toma de razón de la persona que lo reciba; en horario y días hábiles de este juzgado, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente, en el entendido que quien venga por el documento deberá contar con identificación oficial vigente y generar su código QR, para el efecto de comparecer a este órgano jurisdiccional con el fin de realizar la entrega correspondiente, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese en términos de Ley.

  2. Principal

    II.- SE NOTIFICA SENTENCIA POR LISTA DE ACUERDOS. VISTOS los autos, se procede a dictar sentencia en el juicio de amparo 38/2021-II, promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, por conducto de su representante legal Felipe Ramón López Canabal y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, y turnado el veintidós de enero siguiente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, el Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, por conducto de su representante legal Felipe Ramón López Canabal, promovió juicio de amparo contra el acto que atribuyó a la Segunda Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Tabasco y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención formulado, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, admitió la demanda; requirió el informe justificado de las autoridades responsables; reconoció el carácter de terceras interesadas a Ana Lilia Díaz Zubieta, Sofía Patricia Díaz Zubieta y Rocío Alejandra Díaz Zubieta, de quienes obra su emplazamiento en autos (fojas 88 a 93); dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 46 vuelta); y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Hasta la fecha no obra constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Villahermosa, Tabasco, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013, modificado a través del diverso 30/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y segundo a la creación de este Juzgado; toda vez que señalan actos susceptibles de impugnarse vía amparo indirecto; porque este órgano debe conocer de todas las materias de amparo indirecto en primera instancia, al no estar limitado su conocimiento a una materia especializada; y, porque el acto reclamado podría tener efectos en la circunscripción territorial donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".1 Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO".2 Bajo ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: ? La resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil 438/2020-II, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que desechó el recurso de apelación interpuesto por las actoras y apelantes Ana Lilia Díaz Zubieta, Sofía Patricia Díaz Zubieta y Rocío Alejandra Díaz Zubieta, contra la resolución interlocutoria dictada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, mediante la cual decretó la incompetencia para conocer del juicio de origen 8/2017, de su índice. Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obra en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Acto cuya existencia SI quedó acreditada. La 1Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y el 2Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, al rendir su informe justificado, manifestaron que el acto reclamado es cierto (fojas 55 y 52). Respecto a la autoridad responsable 3Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, se tiene por cierto al acto atribuido, pues no obstante la negativa, de las manifestaciones vertidas en su informe justificado se advierte la existencia del acto en reclamo, en vía de consecuencia (foja 101). Lo que además se corrobora con el original del toca civil 438/2020-II y del juicio ordinario civil 8/2017, remitidos por la Sala y Juzgado responsable, respectivamente, las cuales obran en dos tomos de pruebas por separado; documentales que cuentan con valor probatorio pleno de acuerdo a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser documentales públicas, y porque del primer expediente se advierte la resolución reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, Quinta Época, Instancia: Pleno, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Página 153, Materia Común, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 814, número de registro 394470, localización Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Página 553, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Texto: Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso concreto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por considerar que el promovente del amparo se duele de un acto derivado de otro que consintió tácitamente. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]" En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que los supuestos para que opere esta causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son: a.- La existencia de un acto anterior consentido; y, b.- La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Lo anterior, dio origen a la tesis de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél.3 En el caso que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado por el quejoso Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, por conducto de su representante legal Felipe Ramón López Canabal, consistente en el desechamiento del recurso de apelación interpuesto por las actoras y apelantes Ana Lilia Díaz Zubieta, Sofía Patricia Díaz Zubieta y Rocío Alejandra Díaz Zubieta, dictado en el toca civil 438/2020, contra la resolución interlocutoria dictada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, mediante la cual decretó la incompetencia para conocer del juicio de origen 8/2017, corresponde indudablemente a un acto derivado de otro consentido, en virtud de que se colman los requisitos señalados en líneas anteriores. Pues bien, en cuanto al primer requisito, relativo a la existencia de un acto anterior consentido, se tiene que el promovente del amparo cuenta con el carácter de parte demandada en el juicio de origen, asimismo, que la determinación de doce de octubre de dos mil veinte, que dio origen al desechamiento del recurso materia de reclamo en este juicio de amparo, le fue notificada el diecinueve de octubre del mismo año, tal como se advierte de las constancias del expediente 08/2017, del índice del juzgado responsable (fojas 506 a 509 del cuaderno de pruebas tomo III). Lo anterior, pone en evidencia que tuvo pleno conocimiento de la resolución que dio origen al desechamiento del recurso -acto reclamado-, sin embargo, el quejoso no se inconformó de ella, tan es así que fueron las actoras en el procedimiento de origen, hoy terceras interesada las que interpusieron el citado recurso que la Sala responsable desechó (foja 56); lo cual pone de manifiesto el consentimiento tácito de un acto anterior. Ahora, respecto al segundo requisito, es indudable que el acto reclamado en el juicio que nos ocupa, es una consecuencia directa e inmediata de un acto anterior [la resolución de doce de octubre de dos mil veinte, en la que el Juzgado de origen se declaró incompetente para conocer del juicio 8/2017, de su índice], porque el desechamiento del recurso de apelación que interpusieron la actoras, hoy terceras interesadas, deriva de la resolución de incompetencia citada, es decir, las actoras se inconformaron contra la incompetencia planteada, mediante el recurso de apelación, de lo que derivó el desechamiento del mismo; por lo que el acto que ahora pretende reclamar es consecuencia de un acto anterior. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 70, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 116 del Volumen I, Segunda Parte, Salas y Tesis comunes del Apéndice de 1917-1988, estableció lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." En ese sentido, se advierte que la determinación de cuatro de diciembre de dos mil veinte, que desechó el recurso de apelación interpuesto por las actoras y apelantes Ana Lilia Díaz Zubieta, Sofía Patricia Díaz Zubieta y Rocío Alejandra Díaz Zubieta, contra la resolución interlocutoria dictada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, mediante la cual decretó la incompetencia para conocer del juicio de origen 8/2017, de su índice, que ahora pretende reclamar, a través de este juicio de amparo, es un acto derivado de uno consentido, pues el promovente de amparo no atacó la resolución de incompetencia que dio origen al acto aquí reclamado, esto es, al desechamiento del mencionado recurso de apelación. Consentimiento que en términos de lo señalado en líneas precedentes debe considerarse tácito, por lo que, en acatamiento al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causal de improcedencia que se actualiza es la prevista por la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues consintió tácitamente la resolución emitida el doce de octubre de dos mil veinte, por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, en el juicio 08/2017, y por ende la que derivó de ella, consistente en la diversa de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que pretende reclamar a través del presente juicio de amparo. Razón por la cual debe sobreseerse en el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, al no haber sido impugnado por vicios propios; lo anterior, de conformidad con la tesis del entonces único Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 286, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación 91-96 Sexta Parte, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." No obsta a lo anterior, que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se haya admitido a trámite demanda de amparo, pues en ese momento no se contaba con los elementos suficientes para desecharla en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues la causa de improcedencia sobrevino posteriormente al no tener al alcance todos los elementos derivados de las constancias que en su caso remitiera la autoridad responsable. Tiene aplicación al respecto la tesis 3a. XX/93, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página: 22, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. Texto: El artículo 145 de la Ley de Amparo establece el desechamiento de plano de la demanda de garantías cuando de ella misma se desprenda de modo manifiesto e indudable su improcedencia, pero de ello no se deriva que, una vez admitida, el juzgador esté imposibilitado para examinar con posterioridad causas que sobrevengan o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues su procedencia es cuestión de orden público, de manera tal que aunque se haya dado entrada a la demanda puede posteriormente analizarse si existen o no motivos de improcedencia." Finalmente, cabe aclarar que al dejarse de analizar los argumentos realizados por la parte peticionaria de amparo, no se transgrede disposición alguna de la Ley de Amparo, ya que se actualizó de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, lo que impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, de conformidad con la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, página: 708, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, por conducto de su representante legal Felipe Ramón López Canabal, contra la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil 438/2020-II, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por los motivos precisados en el considerando CUARTO de esta resolución. Notifíquese personalmente, en el entendido de que la versión pública de la presente, no debe incluir los datos personales de las partes.

  3. Principal

    (MESA II).- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE NOTIFICA SENTENCIA POR LISTA DE ACUERDOS. VISTOS los autos, se procede a dictar sentencia en el juicio de amparo 38/2021-II, promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, por conducto de su representante legal Felipe Ramón López Canabal y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, y turnado el veintidós de enero siguiente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, el Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, por conducto de su representante legal Felipe Ramón López Canabal, promovió juicio de amparo contra el acto que atribuyó a la Segunda Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Tabasco y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención formulado, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, admitió la demanda; requirió el informe justificado de las autoridades responsables; reconoció el carácter de terceras interesadas a Ana Lilia Díaz Zubieta, Sofía Patricia Díaz Zubieta y Rocío Alejandra Díaz Zubieta, de quienes obra su emplazamiento en autos (fojas 88 a 93); dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 46 vuelta); y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Hasta la fecha no obra constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Villahermosa, Tabasco, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013, modificado a través del diverso 30/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y segundo a la creación de este Juzgado; toda vez que señalan actos susceptibles de impugnarse vía amparo indirecto; porque este órgano debe conocer de todas las materias de amparo indirecto en primera instancia, al no estar limitado su conocimiento a una materia especializada; y, porque el acto reclamado podría tener efectos en la circunscripción territorial donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".1 Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO".2 Bajo ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: ? La resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil 438/2020-II, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que desechó el recurso de apelación interpuesto por las actoras y apelantes Ana Lilia Díaz Zubieta, Sofía Patricia Díaz Zubieta y Rocío Alejandra Díaz Zubieta, contra la resolución interlocutoria dictada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, mediante la cual decretó la incompetencia para conocer del juicio de origen 8/2017, de su índice. Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obra en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Acto cuya existencia SI quedó acreditada. La 1Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y el 2Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, al rendir su informe justificado, manifestaron que el acto reclamado es cierto (fojas 55 y 52). Respecto a la autoridad responsable 3Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, se tiene por cierto al acto atribuido, pues no obstante la negativa, de las manifestaciones vertidas en su informe justificado se advierte la existencia del acto en reclamo, en vía de consecuencia (foja 101). Lo que además se corrobora con el original del toca civil 438/2020-II y del juicio ordinario civil 8/2017, remitidos por la Sala y Juzgado responsable, respectivamente, las cuales obran en dos tomos de pruebas por separado; documentales que cuentan con valor probatorio pleno de acuerdo a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser documentales públicas, y porque del primer expediente se advierte la resolución reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, Quinta Época, Instancia: Pleno, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Página 153, Materia Común, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Improcedencia. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 814, número de registro 394470, localización Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Página 553, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Texto: Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso concreto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por considerar que el promovente del amparo se duele de un acto derivado de otro que consintió tácitamente. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]" En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que los supuestos para que opere esta causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son: a.- La existencia de un acto anterior consentido; y, b.- La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Lo anterior, dio origen a la tesis de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél.3 En el caso que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado por el quejoso Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, por conducto de su representante legal Felipe Ramón López Canabal, consistente en el desechamiento del recurso de apelación interpuesto por las actoras y apelantes Ana Lilia Díaz Zubieta, Sofía Patricia Díaz Zubieta y Rocío Alejandra Díaz Zubieta, dictado en el toca civil 438/2020, contra la resolución interlocutoria dictada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, mediante la cual decretó la incompetencia para conocer del juicio de origen 8/2017, corresponde indudablemente a un acto derivado de otro consentido, en virtud de que se colman los requisitos señalados en líneas anteriores. Pues bien, en cuanto al primer requisito, relativo a la existencia de un acto anterior consentido, se tiene que el promovente del amparo cuenta con el carácter de parte demandada en el juicio de origen, asimismo, que la determinación de doce de octubre de dos mil veinte, que dio origen al desechamiento del recurso materia de reclamo en este juicio de amparo, le fue notificada el diecinueve de octubre del mismo año, tal como se advierte de las constancias del expediente 08/2017, del índice del juzgado responsable (fojas 506 a 509 del cuaderno de pruebas tomo III). Lo anterior, pone en evidencia que tuvo pleno conocimiento de la resolución que dio origen al desechamiento del recurso -acto reclamado-, sin embargo, el quejoso no se inconformó de ella, tan es así que fueron las actoras en el procedimiento de origen, hoy terceras interesada las que interpusieron el citado recurso que la Sala responsable desechó (foja 56); lo cual pone de manifiesto el consentimiento tácito de un acto anterior. Ahora, respecto al segundo requisito, es indudable que el acto reclamado en el juicio que nos ocupa, es una consecuencia directa e inmediata de un acto anterior [la resolución de doce de octubre de dos mil veinte, en la que el Juzgado de origen se declaró incompetente para conocer del juicio 8/2017, de su índice], porque el desechamiento del recurso de apelación que interpusieron la actoras, hoy terceras interesadas, deriva de la resolución de incompetencia citada, es decir, las actoras se inconformaron contra la incompetencia planteada, mediante el recurso de apelación, de lo que derivó el desechamiento del mismo; por lo que el acto que ahora pretende reclamar es consecuencia de un acto anterior. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 70, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 116 del Volumen I, Segunda Parte, Salas y Tesis comunes del Apéndice de 1917-1988, estableció lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." En ese sentido, se advierte que la determinación de cuatro de diciembre de dos mil veinte, que desechó el recurso de apelación interpuesto por las actoras y apelantes Ana Lilia Díaz Zubieta, Sofía Patricia Díaz Zubieta y Rocío Alejandra Díaz Zubieta, contra la resolución interlocutoria dictada por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, mediante la cual decretó la incompetencia para conocer del juicio de origen 8/2017, de su índice, que ahora pretende reclamar, a través de este juicio de amparo, es un acto derivado de uno consentido, pues el promovente de amparo no atacó la resolución de incompetencia que dio origen al acto aquí reclamado, esto es, al desechamiento del mencionado recurso de apelación. Consentimiento que en términos de lo señalado en líneas precedentes debe considerarse tácito, por lo que, en acatamiento al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causal de improcedencia que se actualiza es la prevista por la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues consintió tácitamente la resolución emitida el doce de octubre de dos mil veinte, por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Circuito Judicial con sede en Jonuta, Tabasco, en el juicio 08/2017, y por ende la que derivó de ella, consistente en la diversa de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que pretende reclamar a través del presente juicio de amparo. Razón por la cual debe sobreseerse en el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, al no haber sido impugnado por vicios propios; lo anterior, de conformidad con la tesis del entonces único Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 286, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación 91-96 Sexta Parte, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." No obsta a lo anterior, que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se haya admitido a trámite demanda de amparo, pues en ese momento no se contaba con los elementos suficientes para desecharla en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, pues la causa de improcedencia sobrevino posteriormente al no tener al alcance todos los elementos derivados de las constancias que en su caso remitiera la autoridad responsable. Tiene aplicación al respecto la tesis 3a. XX/93, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, Marzo de 1993, página: 22, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. Texto: El artículo 145 de la Ley de Amparo establece el desechamiento de plano de la demanda de garantías cuando de ella misma se desprenda de modo manifiesto e indudable su improcedencia, pero de ello no se deriva que, una vez admitida, el juzgador esté imposibilitado para examinar con posterioridad causas que sobrevengan o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues su procedencia es cuestión de orden público, de manera tal que aunque se haya dado entrada a la demanda puede posteriormente analizarse si existen o no motivos de improcedencia." Finalmente, cabe aclarar que al dejarse de analizar los argumentos realizados por la parte peticionaria de amparo, no se transgrede disposición alguna de la Ley de Amparo, ya que se actualizó de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, lo que impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, de conformidad con la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, página: 708, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco, por conducto de su representante legal Felipe Ramón López Canabal, contra la resolución de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil 438/2020-II, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por los motivos precisados en el considerando CUARTO de esta resolución. Notifíquese personalmente, en el entendido de que la versión pública de la presente, no debe incluir los datos personales de las partes.

  4. Principal

    II.- SE TIENE A LAS CITADAS AUTORIDADES, DANDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO Y REMITIENDO LAS CONSTANCIAS QUE SE ESPECIFICAN... SE TIENE COMO PRUEBA DE LA RESPONSABLE, LAS DOCUMENTALES QUE ANEXAN AL OFICIO DE CUENTA... AHORA BIEN, LA PRIMERA AUTORIDAD INFORMA QUE EL EXPEDIENTE FUE REMITIDO AL JUZGADO QUE SEÑALA, POR TANTO, LO REQUIRIÓ PARA QUE SE LE DEVUELVAN DICHAS CONSTANCIAS, NO SE EMITE MAYOR PRONUNCIAMIENTO.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco · 5,875 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano