Felipe Ramírez González
Expediente 97/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Felipe Ramírez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, para que la parte quejosa y tercera interesada manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con la valoración del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que ejerciera ese derecho procesal. Por tanto, con apoyo en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, téngase a las partes consintiendo el auto de referencia, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en comento. En atención a lo anterior, glósese al original del incidente de suspensión y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Por otra parte, se destaca que en el presente expediente se concedió el amparo; por tanto, es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b), del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. En observancia a la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido numeral.
- Principal
Notificación personal a la parte quejosa del auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho adscrita al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, para lo cual, deberá: a) Dejar sin efectos la resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta auxiliar 33/2020 de su índice. b) Hecho lo anterior, deberá emitir una nueva determinación en la que declare fundado el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós de conformidad con los motivos expuestos en esta ejecutoria, revoque ese acuerdo y dicte uno nuevo en el que acuerde favorable la petición de señalar fecha y hora para que ante el juez de control, previo debate de las partes, se sustancie y resuelva la impugnación de la omisión de la Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción de Playa del Carmen, Quintana Roo, de pronunciarse de forma integral y clara a la solicitud de la ampliación de denuncia en la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/TUL/0276/09/2020 que alega Felipe Ramírez González, por conducto de su defensor particular Germán Felipe Ramírez Villegas. c) Asimismo, deberá remitir fotocopia certificada de las constancias mediante las cuales acrediten el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento para la referida autoridad que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad requerida que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Luego, se comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con diez minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 97/2022-I, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables; asimismo, da cuenta al Juez con la promoción con registro interno 5247; en consecuencia, el Juez, acuerda: agréguese a los autos la promoción de cuenta firmada electrónicamente por el Agente del Ministerio Público adscrito y visto su contenido, téngansele por hechas las manifestaciones ahí vertidas a título de alegatos y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta en la etapa correspondiente de esta audiencia. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en ellos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho adscrita al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, con sede en esa localidad, aportaron pruebas documentales; asimismo, sin que las demás partes ofrecieran medio de convicción alguno; a lo que el juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la parte quejosa Felipe Ramírez González, por conducto de su defensor particular Germán Felipe Ramírez Villegas y el Agente del Ministerio Público adscrito formularon manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes; luego, el juez acuerda: ténganse por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el citado quejoso y el Agente del Ministerio Público de esta adscripción, por otra parte, se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 97/2022-I, promovido por Felipe Ramírez González, por conducto de su defensor particular Germán Felipe Ramírez Villegas, contra un acto de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, con sede en esa localidad; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno en esa misma data a este juzgado de distrito, Felipe Ramírez González, por conducto de su defensor particular Germán Felipe Ramírez Villegas, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, con sede en esa localidad, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: "IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; - - - Se reclama por Ilegal e Inconstitucional. El auto de data dos de febrero de dos mil veintidós y notificado vía electrónica en esa misma fecha. En donde la Señorita Abogada, Vianey Guadalupe Baas Paredes, resolvió: - - -RESUELVE - - - PRIMERO.- En términos del considerando UNICO de la presente resolución, SE DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACION interpuesto por el Licenciado GERMAN FELIPE RAMIREZ VILLEGAS, en contra del auto de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós. - - - En primero (sic) termino. NO existe en el auto que se tilda de Inconstitucional, el considerando único. En segundo, de la narrativa del auto que nos ocupa, con la que se pretende fundamentar la negativa de acceso a la justicia (se anexa auto 2). Se desprende incongruencia en relación a lo solicitado y lo resuelto. Además aplica una interpretación apartada del espíritu del pacto Federal." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el ocho de febrero de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto de nueve siguiente, se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 97/2022-I, se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención que le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se reconoció como tercera interesada a la Fiscal del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en Playa del Carmen que actúa en la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/12/1806/2021, de la que deriva la carpeta auxiliar 33/2021 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, (Sandy Yashury Baeza Puga o quien le sustituya en sus funciones), quien en su oportunidad fue emplazada a juicio; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama un acto de una autoridad judicial en materia penal que carece de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad en la que ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hace consistir en: - La resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa contra el acuerdo de veintiséis de enero del mismo año, dictado en la carpeta auxiliar 33/2021 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo; en el que -a su vez- al pronunciarse respecto del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto por la quejosa contra la omisión de la Agente del Ministerio Público especializado en combate a la Corrupción de Playa del Carmen, Quintana Roo, de pronunciarse de forma integral y clara a la solicitud de la ampliación de denuncia en la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/TUL/0276/09/2020, la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho acordó: 1) que no existía la omisión reclamada al Fiscal de mérito, en virtud que mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se le dio contestación a dicha solicitud de ampliación de denuncia; y en consecuencia, 2) se le negó la solicitud de audiencia de debate pues la responsable afirma que sí existe una contestación clara por parte de la ahora tercera interesada. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho adscrita al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, con sede en esa localidad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Asimismo, la existencia del acto reclamado se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran la carpeta auxiliar 33/2021 de su índice, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en las que obran las siguientes actuaciones relevantes: 1] Acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en donde la responsable concluye que "[. al asesor jurídico no le ha quedado claro los puntos contestados por la fiscal del ministerio público; ello no permite que esta autoridad señale fecha y hora para audiencia de debate por omisiones del ministerio Público; toda vez que ha quedado acreditado y demostrado que el Representante Social no ha incurrido en alguna omisión para que diera la opción de señalar fecha de audiencia de debate, sino más bien es que el asesor jurídico a su criterio no le ha quedado claro los puntos de respuesta a su escrito de catorce de enero del año en curso. [.]" (foja 71 y 71 vuelta). 2. Escrito por medio del cual la parte quejosa promueve recurso de revocación en contra del proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós y en el mismo refiere que es el Juez de Control quien resulta competente para resolver las impugnaciones de las omisiones del fiscal a través del recurso innominado de control judicial (fojas 74 y 75). 3. Resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, en donde en relación al incidente innominado la responsable considera que del mismo precepto invocado por el ahora quejoso (artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), se le otorga a los jueces de control para ejercer las atribuciones jurisdiccionales en el proceso penal acusatorio, y reitera que ella de ninguna manera se encuentra resolviendo respecto a la impugnación pues no se ha abocado al análisis de fondo, en cambio lo que se sostiene es la improcedencia de la audiencia por omisión que la parte quejosa solicita; ya que al presentarse el escrito de ampliación de denuncia es el que se ostenta como asesor jurídico en la carpeta auxiliar de origen, solicita diversos actos de investigación, a los cuales la autoridad ministerial dio contestación e incluso proveyó el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, sin que se observe inactividad injustificada o paralización de la investigación, por consiguiente en los puntos resolutivos concluye "[. PRIMERO.- En términos del considerando ÚNICO de la presente resolución, SE DECLARA IMRPOCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN interpuesto por el Licenciado GERMÁN FELIPE RAMÍREZ VILLEGAS, en contra del auto de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós (fojas 76 a 78). QUINTO. Causas de improcedencia. Este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente, al no haber invocado las partes alguna causa de improcedencia ni advertirse de oficio que se actualice alguna. Por lo tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por la que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en la demanda de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo de los conceptos de violación. El concepto de violación esgrimido por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, aunque suplido en su deficiencia por ser parte investigada conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el considerando tercero, de esta sentencia, se precisó que se reclama en esta vía constitucional la resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa contra el acuerdo de veintiséis de enero del mismo año, dictado en la carpeta auxiliar 33/2021 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo; en el que -a su vez- al pronunciarse respecto del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto por la quejosa contra la omisión de la Agente del Ministerio Público especializado en combate a la Corrupción de Playa del Carmen, Quintana Roo, de pronunciarse de forma integral y clara a la solicitud de la ampliación de denuncia en la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/TUL/0276/09/2020, la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho acordó: 1) que no existía la omisión reclamada al Fiscal de mérito, en virtud que mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se le dio contestación a dicha solicitud de ampliación de denuncia; y en consecuencia, 2) se le negó la solicitud de audiencia de debate pues la responsable afirma que sí existe una contestación clara por parte de la ahora tercera interesada. Ahora, en suplencia de la deficiencia de la queja, se advierte que el acto reclamado viola en perjuicio de la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, debido a que la autoridad responsable impidió que el juez de control resolviera sobre el recurso innominado interpuesto al negarse a señalar fecha y hora para la audiencia en la cual resolviera sobre el mismo debido a que estimó que no existía la omisión reclamada, cuando el análisis de esa cuestión le corresponde al Juez de Control. En efecto, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Para demostrar lo anterior, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que es del tenor siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]." Del precepto transcrito se desprenden los derechos de acceso a la justicia y de efectiva tutela jurisdiccional, los cuales se integran por los principios siguientes: a) De justicia pronta, que es la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. b) De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y d) De justicia gratuita, que implica que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no deben percibir de las partes ninguna clase de remuneración o percepción económica, fijándose así la prohibición constitucional de las costas judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto que enseguida se cita: "Época: Novena Época Registro: 171257 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Página: 209 ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Luego, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo anterior, se advierte que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En ese orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en resolución dictada el dieciocho de abril de dos mil dieciocho en la contradicción de tesis 233/2017, en relación al alcance del medio de defensa de control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó lo siguiente: 79. "En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. 80. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. 81. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. 82. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. 83. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. 84. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. 85. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. 86. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. 87. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. 88. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación." Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, para concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas, que dichas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación o de aquellas que definen el curso de una investigación, y que cuando estime que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivo. La ejecutoria en comento dio lugar a las siguientes jurisprudencias: "Época: Décima Época Registro: 2017641 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) Página: 945 SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "Época: Décima Época Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 28/2018 (10a.) Página: 943 SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Ahora, en el caso particular se reclama la resolución de resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí parte quejosa contra el acuerdo de veintiséis de enero del mismo año, dictado en la carpeta auxiliar 33/2021 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo; en el que -a su vez- al pronunciarse respecto del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto por la quejosa contra la omisión de la Agente del Ministerio Público especializado en combate a la Corrupción de Playa del Carmen, Quintana Roo, de pronunciarse de forma integral y clara a la solicitud de la ampliación de denuncia en la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/TUL/0276/09/2020, la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho acordó: 1) que no existía la omisión reclamada al Fiscal de mérito, en virtud que mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se le dio contestación a dicha solicitud de ampliación de denuncia; y en consecuencia, 2) se le negó la solicitud de audiencia de debate pues la responsable afirma que sí existe una contestación clara por parte de la ahora tercera interesada. A continuación, se reproduce esa determinación: De lo anterior se advierte que la determinación reclamada resulta violatoria en perjuicio de la parte quejosa del derecho fundamental de acceso a la justicia en su vertiente de justicia completa, pues confirma la negativa de la solicitud de que en audiencia un juez de control, previa presentación de los argumentos de las partes, resuelva sobre la impugnación de la omisión del fiscal que se controvierte a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, pues resuelve de plano la petición de la parte quejosa, lo cual además resulta contrario a los principios de contradicción e inmediación que rigen el sistema penal acusatorio y se encuentran regulados en los numerales 6º y 9º de la codificación en materia que a continuación se citan: "Artículo 6o. Principio de contradicción Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código." "Artículo 9o. Principio de inmediación Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva." Además, el juez de control es quien resulta competente para resolver sobre la impugnación de las omisiones del fiscal a través del recurso innominado de control judicial, ya que el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en que ese recurso lo resuelve esa autoridad en audiencia, lo cual se adminicula con lo previsto en el diverso 133, fracción I, de la misma codificación, la cual le otorga competencia a los jueces de control para ejercer las atribuciones jurisdiccionales en el proceso penal acusatorio desde la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Luego, la autoridad responsable debió haber declarado fundado el recurso de revocación debido a que la parte recurrente argumentó que no se había resuelto completamente sobre su petición y que el pronunciamiento respectivo debía realizarse ante el juez de control, esto es, en audiencia, para poder respetar los principios de contradicción e inmediación que rigen el proceso penal acusatorio. De ahí que se concluye que le estaba vedado resolver de plano el recurso innominado cuya inadmisión se recurrió en el recurso de revocación interpuesto, cuya resolución constituye el acto reclamado, que se determina viola el derecho fundamento de acceso a la justicia de la parte quejosa. En tales condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Felipe Ramírez González, por conducto de su defensor particular Germán Felipe Ramírez Villegas, en contra del acto reclamado de la Juez de Despacho adscrita al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, consistente en la resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta auxiliar 33/2021 del índice de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo. Al resultar fundado el concepto de violación analizado en suplencia de la queja, es innecesario entrar al estudio del resto los motivos de inconformidad hechos valer por el solicitante de amparo; esto, porque sería ocioso su examen ya que en nada influiría en el sentido de la presente resolución, dado el alcance de la protección constitucional otorgada. Resulta aplicable la jurisprudencia que enseguida se cita. "Séptima Época Registro: 917641 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 107 Página: 85 Genealogía: INFORME 1982, PARTE II, PÁGINA 8, TERCERA SALA, TESIS 3. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se precisa que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedido es para que la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones Juez de Despacho adscrita al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo: a) Deje sin efectos la resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta auxiliar 33/2020 de su índice b) Hecho lo anterior deberá emitir una nueva determinación en la que declare fundado el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós de conformidad con los motivos expuestos en esta ejecutoria, revoque ese acuerdo y dicte uno nuevo en el que acuerde favorable la petición de señalar fecha y hora para que ante el juez de control, previo debate de las partes, se sustancie y resuelva la impugnación de la omisión de la Agente del Ministerio Público especializado en combate a la Corrupción de Playa del Carmen, Quintana Roo, de pronunciarse de forma integral y clara a la solicitud de la ampliación de denuncia en la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/TUL/0276/09/2020 integral a la solicitud de la prescripción penal en la carpeta de investigación FGE/QROO/TUL/08/762/2020 que alega Felipe Ramírez González, por conducto de su defensor particular Germán Felipe Ramírez Villegas. Se aclara que los efectos del amparo consistentes en el que se señale audiencia para debatir omisión atribuida al fiscal, no prejuzgan sobre la procedencia o sentido en que resuelva el juez de control que presida esa actuación, dado que cuenta con plena jurisdicción para que atendiendo a lo que debatan y argumenten las partes en ese momento resuelva lo que estime pertinente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Felipe Ramírez González, por conducto de su defensor particular Germán Felipe Ramírez Villegas, contra el acto que reclama de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho adscrita al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, de esta resolución por los motivos expuestos en el séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. El amparo concedido Felipe Ramírez González, por conducto de su defensor particular Germán Felipe Ramírez Villegas, es para que la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Despacho adscrita al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo: a) Deje sin efectos la resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en la carpeta auxiliar 33/2020 de su índice b) Hecho lo anterior, deberá emitir una nueva determinación en la que declare fundado el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós de conformidad con los motivos expuestos en esta ejecutoria, revoque ese acuerdo y dicte uno nuevo en el que acuerde favorable la petición de señalar fecha y hora para que ante el juez de control, previo debate de las partes, se sustancie y resuelva la impugnación de la omisión de la Agente del Ministerio Público especializado en combate a la Corrupción de Playa del Carmen, Quintana Roo, de pronunciarse de forma integral y clara a la solicitud de la ampliación de denuncia en la carpeta de investigación FGE/QR/FECC/TUL/0276/09/2020 que alega Felipe Ramírez González, por conducto de su defensor particular Germán Felipe Ramírez Villegas. Se aclara que los efectos del amparo consistentes en el que se señale audiencia para debatir omisión atribuida al fiscal, no prejuzgan sobre la procedencia o sentido en que resuelva el juez de control que presida esa actuación, dado que cuenta con plena jurisdicción para que atendiendo a lo que debatan y argumenten las partes en ese momento resuelva lo que estime pertinente. Notifíquese por lista a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la adscripción; por oficio a las autoridades responsable y tercero interesada. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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