Felipe Rafael Espinosa Gemez
Expediente 166/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2018
Partes del expediente
- Felipe Rafael Espinosa Gemez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Declaración de estado. Se tiene a la vista el estado procesal de autos y la primera certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso el recurso de queja en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por lo tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Fundamento: artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo vigente; y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Archivo del asunto. Toda vez, que no existe nada pendiente por acordar archívese el asunto como concluido. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. Por otra parte, se valora que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción; por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula; asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: Artículos décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Desahogo de prevención Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, a través del cual desahoga el requerimiento formulado el veintiuno de noviembre del presente año; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y provéase lo conducente. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza Tercera de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual, en relación con el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, informa que al aquí quejoso le fue permitida la consulta del expediente ********** de su índice, en el que es parte demandada, asimismo, que el veintiséis de noviembre del año en curso, compareció en dicho Juzgado a efecto de emplazarse a juicio, de lo cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su numeral 2°. Pronunciamiento respecto de la procedencia del juicio de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda junto con sus anexos y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano. Así, del estudio integral de la demanda de garantías y su escrito aclaratorio, se advierte que el peticionario de amparo señaló como actos reclamados en síntesis: a) El auto admisorio de **********, emitido en el juicio de divorcio incausado, promovido por **********, en contra de **********, expediente **********, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que se decretó una pensión alimenticia provisional equivalente al ********** por ciento sobre el total de sus percepciones a favor de su esposa **********. b) El ilegal emplazamiento al citado juicio que en su momento se pretendió llevar a cabo en un principio. De la narración efectuada por el promovente en su escrito de demanda y aclaratorio, se advierten como antecedentes de los actos reclamados los siguientes: 1.- El acto reclamado deriva de un juicio de divorcio incausado, promovido por **********, en contra del aquí promovente **********, el cual se encuentra radicado ante el Juzgado Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el número de expediente **********. 2.- Mediante proveído de **********, se admitió a trámite la demanda y se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la citada cónyuge -actora-, el ********** por ciento del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que obtenga el aquí impetrante. Dicho proveído constituye el primer acto reclamado, sin que el mismo haya sido impugnado mediante recurso de apelación, lo cual se robustece con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el promovente en su escrito aclaratorio. 3.- A la fecha el impetrante ya fue emplazado al juicio de origen, según se corrobora de sus manifestaciones vertidas en su escrito aclaratorio. La ilegalidad del emplazamiento al juicio de origen que en su momento se pretendió llevar a cabo en un principio, constituye el segundo acto reclamado. Ahora bien, por lo que respecta al primer acto reclamado, consistente en el proveído de **********, en el que se fijó una pensión alimenticia provisional a cargo del aquí promovente, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En primer término, este órgano jurisdiccional considera necesario precisar que dentro de los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, se resalta, que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte promovente, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario para invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, como cuando ya se hayan agotado los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con seguridad se desnaturalizaría, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el amparo es la herramienta jurídica de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado. En ese contexto es lógico que, antes de intentar el juicio de amparo, se agoten por los interesados todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, a través del amparo cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En ese sentido, toda vez que el acto combatido se hace consistir en el auto admisorio de **********, en el que además se fijó una pensión alimenticia provisional a cargo del aquí promovente, equivalente al ********** por ciento del total de sus percepciones ordinarias y extraordinarias; acto respecto del cual no fue agotado previamente el medio ordinario de defensa previsto por la ley; en ese sentido, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que ha sido trascrito. Asimismo, se debe tomar en consideración los artículos 685 y 685 Bis, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Por tanto, el promovente debió seguir las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, e interponer con los requisitos y formalidades previstas por la ley ordinaria, el recurso de revocación, mismo que de acuerdo a los artículos 685 y 685 Bis, del Código referido, resulta procedente respecto del acto reclamado en la presente demanda de amparo; pues conforme a las reglas generales para la procedencia de los recursos ordinarios previstos por la legislación procesal civil de la ahora Ciudad de México, los autos e interlocutorias serán apelables sólo cuando lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten, atento al contenido del artículo 691, párrafo segundo , de dicho ordenamiento, lo que conlleva a determinar que, al no existir disposición expresa en la ley que establezca la procedencia de la apelación ni una de carácter especial que prohíba la interposición de recurso alguno contra el auto que fijó una pensión provisional de alimentos dentro del juicio de divorcio incausado, como en el presente asunto-, medida cautelar prevista por el numeral 943 , de ese mismo cuerpo normativo, deviene improcedente aquel recurso, por lo cual al interpretar el artículo 685 Bis ya transcrito, dicha determinación es impugnable mediante el recurso de revocación en cuanto dispone que respecto de la resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, sin embargo, establece que son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento. Sin embargo al no haberse agotado ese medio de defensa, antes de acudir al juicio de garantías, se advierte que el acto reclamado carece de definitividad. Consecuentemente, el hoy promovente debió de haber intentado el medio de impugnación previsto en la ley ordinaria antes de acudir al presente juicio constitucional, ya que con el medio ordinario de defensa, denominado revocación, pudo haber obtenido, precisamente, la revocación o modificación del acto que reclama en esta instancia, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de garantías; en tales circunstancias, es factible concluir que al no haberse agotado el citado recurso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación por las razones que la informan, la tesis número I.11o.C.7 C (10a.), con número de registro electrónico 2002646 y de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA PROCEDENTE EL INCIDENTE DE INCONFORMIDAD Y REDUCE EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL DECRETADA EN UN JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO." También resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 189125, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES." , así como la jurisprudencia I.3o.C. J/39, con registro electrónico 171803, de rubro: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." Ahora bien, por lo que hace al segundo acto reclamado, consistente en la ilegalidad del emplazamiento que en su momento se pretendió hacer, al juicio de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107 fracción V, 6, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el acto reclamado encuadra en dichos supuestos ya que no existe alguna afectación irreparable al promovente y sobre todo actual, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza de que se vaya a realizar. Se arriba a tal determinación, ya que la afectación que le pudo ocasionar la falta de emplazamiento al juicio, no produce una afectación material a los derechos sustantivos del aquí promovente, sino no en todo caso, una violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través de los medios de impugnación previstos en la legislación aplicable, máxime que quedó acreditado con el oficio remitido por la Jueza Tercera de lo Familiar, que ya se realizó su llamamiento a la contienda de origen, por lo que se insiste, el quejoso actualmente se encuentra en posibilidad de acudir en defensa de sus intereses. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, y que por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese sentido, se insiste en que la falta de emplazamiento que reclama el promovente o su posible ilegalidad, no constituye un acto de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales del impetrante, sino que constituye una violación formal dentro del procedimiento, que deberá ser impugnada dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia. Ello, en atención a que en el juicio de origen no se ha dictado sentencia definitiva y por tanto el promovente se encuentra en aptitud de comparecer al mismo y hacer valer sus derechos. Más aún porque no es dable reconocerle al quejoso el carácter de tercero extraño al juicio de origen, ya que éste se hizo sabedor de la tramitación del juicio de origen previo al dictado de la sentencia definitiva, por lo que está en aptitud de integrarse a la relación procesal en la que es parte, para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2000619 y de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." ; así como también la diversa jurisprudencia 3a./J. 18/92, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 206783 y del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA." En vista de lo expuesto, con fundamento en el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vistos los oficios de cuenta signados por la Jueza Tercera de lo Familiar de la Ciudad de México por Ministerio de Ley, mediante los cuales, desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, y al efecto, informa lo acordado en proveídos de veintidós de noviembre del año en curso, dentro de los autos del expediente ********** de su índice, donde ordena las gestiones necesarias a fin de permitirle el acceso al aquí quejoso **********, de consultar el expediente en cita, donde es parte demandada y para tal efecto, remite copia certificada de las determinaciones en cita; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguense a los autos los ocursos de mérito, ténganse por hechas las manifestaciones vertidas por la Jueza Tercera de lo Familiar de la Ciudad de México (autoridad responsable) y por desahogado dicho requerimiento. Por lo que se está a la espera de que el quejoso desahogue la prevención, o bien, que fenezca el plazo otorgado en auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Recepción de demanda Vista la razón de cuenta con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el expediente físico así como el electrónico, al cual correspondió el registro 166/2018. Fundamento: Artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo. Prevención Ahora, del contenido de la demanda se advierte que carece de ciertos requisitos que ameritan ser subsanados. Por ello, previamente, a acordar sobre su admisión o desechamiento, se le requiere a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído, realice lo siguiente: a) Precise el acto reclamado. Es decir, deberá aclarar si de lo único que se duele es de la falta de emplazamiento al juicio de divorcio incausado *********, del índice del Juzgado ********* Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, instaurado en su contra, así como sus consecuencias. b) También, deberá precisar el estado procesal que guarda el expediente de origen, esto es, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió y en qué sentido. c) Finalmente, la parte quejosa tendrá que precisar si contra el acto que reclama ha promovido algún medio de defensa ordinario, y de ser así ante qué autoridad, el número de expediente con el que se radicó, el estado procesal que guarda, si ya se resolvió y, sí así fuere, si desea señalar como acto reclamado la resolución respectiva. Tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda por el peticionario de amparo, específicamente, en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, resultan insuficientes. Fundamento: artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo. d) Exhiba copias suficientes para cada una de las partes de su escrito aclaratorio a través del cual cumpla con lo que se le requiere en el presente acuerdo. Ello, para en caso de admitirse la demanda de amparo, se corra traslado a las partes con las mismas y se empleen para los cuadernos incidentales, de la siguiente manera: - Una para el tercero interesado. - Una para cada autoridad responsable. - Una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. - Dos para los cuadernos incidentales. Fundamento: artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Asimismo, apercíbase que de faltarle una o dos copias del escrito aclaratorio, en caso de admitirse a trámite la demanda de amparo que nos ocupa, la apertura del incidente de suspensión que solicita se postergará hasta en tanto acate lo anterior, pues las mismas resultan necesarias para estar en aptitud de formar los cuadernos respectivos, en el entendido que dicho cumplimiento deberá realizarlo previo al dictado de la ejecutoria de amparo. Fundamento: artículos 110 y 114, último párrafo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2a./J. 86/2002, con número de registro 186,297, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE." En este contexto, a fin de que el ocursante esté en condiciones de cumplir con lo anterior y dado que en los antecedentes del acto reclamado se advierte que es parte en el juicio de donde emanan los actos reclamados, requiérase al Juez señalado como responsable, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice las gestiones necesarias a fin de permitirle al promovente *********, la consulta del expediente donde figura como parte demandada. Asimismo, se requiere a la aludida autoridad para que en el referido plazo de veinticuatro horas, informe el acuerdo que le haya recaído al presente requerimiento, en el entendido que de ser omisa, de conformidad con la fracción IV, del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En la inteligencia de que si a la fecha no se ha realizado el emplazamiento del quejoso al expediente del cual emana el acto reclamado, esta determinación no exime a la responsable de realizar las diligencias necesarias para la integración del expediente de origen. Se apercibe a la parte promovente que de incumplir con lo anterior incisos a), b) y c), en el plazo y términos indicados, ó en su caso, si pretende dar cumplimiento insistiendo o reiterando la misma irregularidad, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, ubicado en *********. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Autorizados Ahora, téngase como autorizado en términos amplios a ********* por tener registrada su cédula en el Registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Fundamento: Artículo 12 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, en caso de que sean informados de que las partes en el juicio pueden ser emplazados o notificados en domicilios distintos, deberán constituirse en el inmueble que para tal efecto les sea proporcionado. Fundamento: Artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notificaciones En el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Fundamento: Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, con número de registro 169,843, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Además, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables. Lo anterior es posible debido a que la notificación del diferimiento de la audiencia no está entre las actuaciones que la ley indica que deben ser notificadas personalmente. Este razonamiento también es aplicable a las autoridades señaladas como responsables y al agente del Ministerio Público. La notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. De ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, entonces debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador para esta formalidad, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Fundamento: Artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y los supuestos de la fracción I del mismo artículo, en sentido contrario; y la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), con número de registro 2,002,576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Por otro lado, en caso de que las partes deseen que les sean practicadas notificaciones por vía electrónica, deben solicitarlo expresamente, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 79, 80 y 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Devolución de documentos En otro aspecto, dígase a la parte quejosa que los documentos exhibidos o que llegaren a exhibirse en original, no podrán ser devueltos, toda vez que de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles se desprende que: (1) los documentos podrán ser objetados por las partes y (2) que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicha objeción, o bien, mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente. De ahí que la oportunidad para la objeción de documentos sea hasta la audiencia constitucional, por lo que éstos no pueden devolverse antes de ese momento procesal. Fundamento: Artículos 122 de la Ley de Amparo, y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la jurisprudencia P./J. 22/2000, con número de registro 192,294, de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Reproducción fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio, previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello (es decir, realizar la solicitud). También quedan a la vista los presentes autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Fundamento: Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), con número de registro 2,008,986, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Para el acceso a las partes al sistema de consulta correspondiente, la parte que así lo desee deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal, señalando el nombre de usuario correspondiente. Fundamento: Artículos 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Transparencia y datos personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Fundamento: Artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales. Demás providencias Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que intervienen en este juicio, que la Ley de Amparo prevé que ciertas conductas en la tramitación del juicio serán castigadas penalmente, en los siguientes supuestos: - Al quejoso, su abogado autorizado o ambos, si afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con el acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; o si éstos presentan testigos o documentos falsos en el juicio de amparo (pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 30 a 300 veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización). - Al servidor público que, en su carácter de autoridad responsable, exprese un hecho falso o niegue la verdad al rendir informes previos o justificados; sin motivo revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, solo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado; se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo; entre otras conductas (pena de 3 a 9 años de prisión, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y multa de 50 a 500 veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización). Fundamento: Artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio a la autoridad responsable.
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