Felipe Prieto Soriano
Expediente 1707/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1707/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Felipe Prieto Soriano
- Titular de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 21 inciso c), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruible, toda vez que, se negaron las suspensiones provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a uno de septiembre de dos mil veintidós Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual, remite testimonio la ejecutoria dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en la cual en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se confirma la resolución interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1707/2021. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva solicitada." Por tanto, glósense a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que las restantes son copias simples de las actuaciones que obran en autos, y previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1707/2021, promovido por Felipe Prieto Soriano, contra actos del Titular de la Especializada en Grupos Vulnerables y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Felipe Prieto Soriano solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Titular de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de la Fiscalía General del estado de Morelos ".la NEGATIVA INJUSTIFICADA POR PARTE DE LA RESPONSABLE, PARA OTORGAR EL SERVICIO DE DESIGNACIÓN DE ASESOR JURÍDICO GRATUITO PARA EL SUSCRITO". SEGUNDO. El veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1707/2021, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante oficio ingresado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este juzgado de distrito, la Fiscal Especializada en representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social de la Fiscalía General del estado de Morelos, rindió su informe justificado. En consecuencia, por auto de diecinueve del mismo mes y año, este juzgador tuvo por rendido dicho informe y dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido y manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Asimismo, debido a que en el informe justificado, se advirtió la participación como autoridad responsable, del Director General de Representación Social de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo señalar a esa autoridad como responsable. CUARTO. Por escrito ingresado el once de febrero de dos mil veintidós, el quejoso amplió su demanda respecto de la autoridad y acto siguiente. Autoridad responsable Acto reclamado Director General de Representación Social de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables ".la NEGATIVA INJUSTIFICADA POR PARTE DE LA RESPONSABLE, PARA OTORGAR EL SERVICIO DE DESIGNACIÓN DE ASESOR JURÍDICO GRATUITO PARA EL SUSCRITO". Por lo anterior, mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, este juzgador tuvo por ampliada la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, e informó a esa autoridad la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: 1. Del Titular de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de la Fiscalía General del estado de Morelos: La negativa de otorgarle al quejoso el servicio de designación de asesor jurídico gratuito. 2. Del Director General de Representación Social de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables: La negativa de otorgarle al quejoso el servicio de designación de asesor jurídico gratuito. TERCERO. Inexistencia y certeza del acto reclamado. 1. Es inexistente la omisión reclamada al Titular de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de la Fiscalía General del estado de Morelos La Fiscal Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social de la Fiscalía General del estado de Morelos, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuyó, en atención a lo siguiente. El treinta de octubre de dos mil veinte, recibió el oficio número 1193, remitido por la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del estado de Morelos, mediante el cual solicitó a esa autoridad que, de ser procedente, designara un profesionista que represente y asista a la parte quejosa en el juicio que pretendía promover, consistente en la controversia del orden familiar identificada con el número D:675-334/2020-1. Con motivo de lo anterior, por auto de esa misma fecha, remitió el mencionado oficio al Director General de Representación Social y Encargado de Despacho de la Subdirección de Orientación, de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables, para efecto de que, en el ámbito de sus facultades previstas en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Morelos, emitiera la respuesta correspondiente. En virtud de lo anterior, este juzgador considera que es inexistente el acto reclamado a la Fiscal Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social de la Fiscalía General del estado de Morelos pues esa autoridad no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. Para justificar lo anterior, se considera pertinente transcribir el contenido del artículo 5° de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Del artículo anterior se desprende que, la autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, si lo que se reclamó en este juicio fue la negativa de otorgarle al quejoso el servicio de designación de asesor jurídico gratuito, dicha falta no puede ser atribuida a la Fiscal Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social de la Fiscalía General del estado de Morelos. En efecto, si bien la Fiscalía Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social de la Fiscalía General del estado de Morelos tiene a su cargo la Dirección General de Representación Social, conforme a lo previsto en el artículo 49, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Morelos, esa relación de jerarquía no le otorga el carácter de autoridad responsable, pues el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo no establece que los superiores jerárquicos también tendrán la calidad de autoridades responsables por el solo hecho de serlo. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo". Cabe señalar que, a criterio del suscrito, no existe una negativa de designarle al quejoso un asesor jurídico en el juicio que pretendía promover, pues la fiscal responsable consideró que no era la autoridad competente para pronunciarse por cuanto a esa solicitud, por lo que remitió la solicitud formulada a la Dirección General de Representación Social y Encargado de Despacho de la Subdirección de Orientación de la Fiscalía General del estado de Morelos, a efecto de que en el ámbito de su competencia se pronunciara por cuanto a su procedencia o improcedencia. Por lo anterior, resulta inexistente el acto que se atribuyó al Fiscal General del estado de Morelos y por ende, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se apareciere que no existe el acto reclamado; causal que, bajo las consideraciones antes expuestas, acontece en el presente caso. En consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Felipe Prieto Soriano, únicamente por cuanto a la omisión atribuida al Titular de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de la Fiscalía General del estado de Morelos. Refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o.72 K, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". 2. Es cierto el acto reclamado al Director General de Representación Social de la Fiscalía Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social de la Fiscalía General del estado de Morelos Es cierto el acto reclamado al Director General de Representación Social de la Fiscalía Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social de la Fiscalía General del estado de Morelos, consistente en negativa de designarle un asesor jurídico gratuito a la parte quejosa, según se advierte de la lectura efectuada al informe justificado rendido. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes no invocaron alguna causa de improcedencia, y el suscrito tampoco advierte que se surta alguno de los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el último párrafo del numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis de los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda y en su ampliación; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. Conviene precisar que los conceptos de violación de la demanda y de la ampliación son idénticos, por lo que la síntesis que se llevará a cabo a continuación, comprende ambos escritos. 1. Síntesis de los conceptos de violación Primero: Considera que la autoridad responsable violó lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, en virtud de que en la contestación a la solicitud de designación de un asesor jurídico gratuito, la responsable refirió que solo otorga dichos servicios a determinados grupos, entre ellos, a mujeres, niños, niñas, adolescentes y a los derechos de la familia. Sin embargo, la responsable desconoce que la institución de la "familia" también es integrada por los padres varones, lo cual es discriminatorio. Segundo: Estima que se viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución general debido a que se le pretende privar de su derecho irrenunciable al asesoramiento y a la representación jurídica. Tercero: Refiere que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, debido a que la autoridad responsable no funda debidamente su contestación, pues fue emitida por el Director General de Representación Social sin establecerse la imposibilidad o servicio al que tiene derecho. 2. Estudio de los conceptos de violación Con base en lo anterior, se advierten tres problemas jurídicos a resolver: ¿La autoridad responsable discriminó a la parte quejosa por negarle la designación de un asesor jurídico gratuito que lo represente en la controversia familiar de desconocimiento de paternidad que promovió? ¿La autoridad responsable estableció debidamente la imposibilidad para brindar el servicio de asesoría jurídica al que tiene derecho? ¿La negativa de la autoridad responsable priva a la parte quejosa de su derecho a ser representado dentro de un juicio? A fin de resolver esos cuestionamientos, en primer lugar se analizará si la respuesta de la autoridad responsable discriminó a la parte quejosa por su calidad de varón. Luego, se determinará si la negativa de la autoridad responsable priva a la parte quejosa de su derecho a ser representado en un juicio. Finalmente, se determinará si la responsable estableció la imposibilidad para brindar el servicio de asesoría al que tiene supuestamente tiene derecho. 2.1. La autoridad responsable no discriminó a la parte quejosa al negarle la designación de un asesor jurídico gratuito que lo represente en la controversia familiar de desconocimiento de paternidad que promovió Es infundado el primer concepto de violación que hace valer la parte quejosa consistente en que la responsable lo discriminó al no designarle un asesor jurídico gratuito que lleve su representación en el juicio civil que promovió. Para corroborar lo anterior, a continuación se insertará el contenido de la respuesta brindada por la autoridad responsable: / / / / / / Del acuerdo anterior, se advierte que la autoridad responsable consideró que era improcedente designarle asistencia letrada o un abogado patrono a la parte quejosa en virtud de que no tiene la calidad de víctima, ni tampoco pertenece a un sector vulnerable, a quienes la ley les conceda especial protección. Asimismo, se asentó que la Dirección General de Representación Social únicamente coordina la intervención del ministerio público, en aquellos procesos civiles y de otra índole en representación de ausentes, menores o incapacitados. También refiere que supervisa la intervención del ministerio público en las audiencias judiciales del orden familiar, incluyendo el expediente del que derivó la solicitud de la parte quejosa, por ser de orden público y de interés social. Por tal motivo, considera que no se encuentra en condiciones de otorgarle el patrocinio a la parte quejosa. Finalmente, informa que el Instituto de la Defensoría Pública del estado de Morelos es la autoridad que cuenta con las atribuciones para representar al quejoso en asuntos del ramo civil, por lo que la petición deberá dirigirse a ese organismo. De ese modo, puede concluirse que la autoridad responsable en ningún momento discriminó a la parte quejosa por su calidad de varón. En todo caso, justificó que la actuación de la fiscalía de su adscripción se limita a: garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las víctimas, mujeres, niñas, niños, adolescentes y de la familia; intervenir en procesos judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a quienes la ley conceda protección especial, conforme a la Ley General de Víctimas y a la Ley de Víctimas. Lo anterior puede corroborarse con base en el artículo 48, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Morelos, el cual dice: ARTÍCULO *48. La Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables tiene competencia en todo el territorio del Estado y, como objeto, intervenir en los procedimientos judiciales en que tenga competencia, atendiendo las reglas del debido proceso y, en su caso, en los asuntos judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a quienes la ley conceda especial protección, en la forma y términos que la misma determine. Deberá dar cumplimiento, en el ámbito de su competencia, a lo establecido por la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas y demás normativa aplicable en materia de grupos vulnerables. La Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables tendrá a su cargo la Unidad de Representación Social y la Dirección General del Centro de Justicia para Mujeres. La persona Titular de dicha Fiscalía será nombrada y removida libremente por el fiscal general. El artículo transcrito prevé que la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables tiene por objeto intervenir en los procedimientos judiciales en que tenga competencia, atendiendo a las reglas del debido proceso y, en su caso, en los asuntos judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a quienes la ley conceda especial protección, en la forma y términos que la misma determine. Sin embargo, debido a que la parte quejosa no tiene la calidad de víctima, ni tampoco forma parte de un grupo vulnerable, resultó improcedente la solicitud de designación de un asesor jurídico gratuito. Ahora bien, el contexto en el que fue utilizada la palabra "familia", a criterio del suscrito, no implica una discriminación ni tampoco desconoce que la parte quejosa forme o pueda formar parte de ese núcleo social. En todo caso, la autoridad responsable enunció los distintos grupos que se pueden considerar vulnerables. Es decir, en ningún momento se empleó la condición de varón de la parte quejosa para negarle la designación de un asesor jurídico. Cabe señalar que la parte quejosa no expone los motivos por los cuales estima que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad que amerite protección. Por otra parte, en el acuerdo emitido por la autoridad responsable también se expresó que la Dirección General de Representación Social de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables únicamente supervisa la labor del ministerio público en determinados asuntos, como el promovido por la parte quejosa; de ahí tampoco se consideró procedente su petición. Por tanto, es infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, pues contrario a lo aducido por ella, no existió discriminación en su contra por su condición de varón. 2.2. Es infundado que la autoridad responsable no hubiere motivado su imposibilidad para brindar el servicio de asesoría jurídica al que tiene derecho Este juzgador procede al estudio y análisis del tercer concepto de violación. Dicho concepto es infundado, pues la autoridad responsable sí fundó y motivó debidamente la negativa de otorgarle un asesor jurídico gratuito. En efecto, la autoridad responsable citó los artículos 103 y 104, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado de Morelos, que dicen lo siguiente: "ARTÍCULO 103. La Dirección General de la Unidad de Representación Social tiene como objeto dirigir al Ministerio Público en su función de representante de la sociedad, auxiliar en la función jurisdiccional en los procesos de naturaleza civil, familiar, entre otros no penales. Estará adscrita a la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables y su titular tendrá nivel de Director General. ARTÍCULO 104. La persona titular de la Dirección General de la Unidad de Representación Social cuenta con las siguientes atribuciones: I. Planear, organizar y evaluar el funcionamiento de la Unidad Administrativa a su cargo; II. Coordinar la intervención del Ministerio Público en los procesos civiles o de otra índole, en representación de ausentes, menores o incapacitados, en concursos mercantiles, en asuntos de familia y del estado civil de las personas, como parte accesoria y subsidiaria o como simple asesor de los tribunales a través de una opinión cuando exista interés público en el asunto correspondiente; III. Suscribir los documentos que en materia de su competencia guarden relación con sus funciones; IV. Supervisar la intervención del Ministerio Público en diligencias y audiencias de los juzgados en los que le notifiquen su intervención; V. Vigilar la actuación del Ministerio Público, en la elaboración y contestación de demandas, así como en la interposición de los recursos que legalmente procedan y, en general, el seguimiento a los juicios en que intervenga este; VI. Coordinar al Ministerio Público y guiar la preparación y ejercicio de la acción de extinción de dominio, y ejercer las atribuciones que le competan según el procedimiento respectivo, de conformidad con la ley de la materia por conducto del Ministerio Público; VII. Programar, coordinar y evaluar las actividades del Ministerio Público adscritos a los juzgados civiles, de acuerdo a su ámbito territorial de actuación; VIII. Vigilar la correcta actuación del Ministerio Público y el cumplimiento del debido proceso en que actúen, de los asuntos bajo su responsabilidad; IX. Vigilar que los niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, gocen del ejercicio de sus derechos y reciban la atención jurídica, médica, psicológica y cualquier otra que requieran, de manera emergente; X. Promover acciones de apoyo y coordinación con organismos públicos y privados especializados para la atención de sus representados; XI. Rendir los informes de los asuntos de su competencia que le sean requeridos; XII. Acordar con la persona titular de la Fiscalía de Representación Social el despacho de los asuntos de su competencia; XIII. Intervenir en los asuntos relativos a la familia, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, ausentes o integrantes de otro grupo vulnerable, en los casos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables; XIV. Intervenir como representante social tanto en el proceso civil como en el juicio de amparo; y XV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o le delegue el Fiscal General". De los artículos anteriores se desprende que la persona titular de la Dirección General de la Unidad de Representación Social tiene como función, dirigir al ministerio público en los procesos de naturaleza civil, familiar, entre otros, no penales. Ahora bien, de las facultades que tiene la persona titular de esa dirección, no se desprende que tenga como atribución la de designar algún asesor jurídico en los procedimientos civiles y particularmente, familiares; circunstancia que fue asentada en el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte. Con base en lo anterior, la contestación emitida por la autoridad responsable se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo que con su emisión no se viola el artículo 16 Constitucional que refiere la parte quejosa. El derecho de fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, a fin de que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, basta que el acto de autoridad exponga los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. Sirve de apoyo a las afirmaciones anteriores, la jurisprudencia de número I.4o.A. J/43, que a la letra dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". Cabe precisar que la parte quejosa no esgrimió ningún concepto de violación en contra de la fundamentación y motivación utilizada por la autoridad responsable en el acuerdo reclamado, por tanto, debe tenerse por satisfecho ese requisito. 2.3. La autoridad responsable no privó a la parte quejosa de su derecho a ser representado dentro de un juicio Finalmente, se procede al estudio del segundo concepto de violación utilizado por la parte quejosa. A criterio del suscrito, es infundado para conceder el amparo y protección a solicitado, pues en ningún momento la autoridad responsable privó a la parte quejosa de su derecho a ser representada en el procedimiento que esta última promovió. En efecto, si bien la autoridad responsable manifestó su imposibilidad para designar a un profesionista que represente a la parte quejosa en una controversia del orden familiar, lo cierto es que hizo del conocimiento de la jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el estado de Morelos que el Instituto de la Defensoría Pública del estado de Morelos sí contaba con atribuciones para otorgar el patrocinio a las personas en asuntos del ramo civil. De ahí que sea infundado que la autoridad responsable hubiere privado a la parte quejosa de su derecho a ser representada en un juicio. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Felipe Prieto Soriano, respecto del acto reclamado al Titular de la Especializada en Grupos Vulnerables de la Fiscalía General del estado de Morelos, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Felipe Prieto Soriano, respecto del actor reclamado al Director General de Representación Social de la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de la Fiscalía General del estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy trece de julio de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de abril de dos mil veintidós Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual transcribe el proveído de veinte de abril del presente año, e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución interlocutoria dictada en el presente incidente de suspensión, el cual quedó radicado bajo el número de toca 173/2022. Al respecto, se tiene por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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