Felipe Prieto Soriano
Expediente 537/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Felipe Prieto Soriano
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de tres de junio de dos mil veintidós, dictada por el aludido Tribunal Colegiado en el recurso de queja 224/2022, de su índice, en cuyo punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente expediente como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y toda vez que se desechó de plano el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Asimismo se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 3 del capítulo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Magistrada Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Secretario de Acuerdos adscrito, a través del cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de trece de mayo del año en curso, remiten copia certificada de lo siguiente: Constancias de notificación realizadas a la parte actora y autoridad demandada, respecto del proveído dictado el nueve de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a ********************, en su carácter de Magistrada Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, informe lo siguiente: Sí la parte actora y autoridad demandada, dieron cumplimiento a lo solicitado en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós y remita las constancias con las que acredite su dicho. Apercibimiento autoridad responsable Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos copia del escrito signado por el quejoso ***, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictado por este órgano jurisdiccional, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el precepto antes citado y los diversos 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de la Materia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. En consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, el escrito original por el que se interpone el recurso, copia del auto recurrido y demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe sobre la materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento de la Superioridad que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este Juzgado de Distrito determinó desechar de plano la demanda de amparo promovida por Felipe Prieto Soriano, en atención a lo dispuesto por el articulo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito remitido por ****, mediante el cual, cumple con la prevención formulada en autos; en consecuencia, se provee lo siguiente. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 537/2022-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causal manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De los preceptos transcritos se infiere que, el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que, con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente en contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Del Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Abelardo L. Rodríguez del Municipio de Ayala, Morelos, la privación del predio ubicado en Ampliación Abelardo, del Ejido Abelardo L. Rodríguez. Ahora, los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Federal; así como 22, 23, 32, 33, 35 y 36 de la Ley Agraria, disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Art. 27.- . VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para . La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. .". Ley Agraria "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo." "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos actividades productivas. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; División del ejido o su fusión con otros ejidos; Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.". "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.". "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.". "Artículo 34.- Los miembros del comisariado ejidal que se encuentren en funciones, estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia.". "Artículo 35.- El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.". "Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.". De los numerales transcritos se aprecia, que constitucionalmente, se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de poblaciones ejidales, cuyo órgano supremo es la Asamblea General, con la organización y funciones que señale la ley; en ellos se precisa cuáles son sus facultades: que el Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, su constitución, facultades y obligaciones, y que el Consejo de Vigilancia es el encargado de vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea. De ahí, que los actos del Comisariado Ejidal y de sus integrantes, así como los del presidente del Consejo de Vigilancia, no puedan considerarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que ninguno de los normativos transcritos les otorga la facultad de imperio, por el contrario sus relaciones con los demás son de coordinación; lo que se corrobora con el numeral 21 de la legislación agraria, que dispone: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: La asamblea; El comisariado ejidal; y El consejo de vigilancia." De cuyo contenido se aprecia que la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia son órganos del ejido, esto es, no son órganos del Estado; luego, al no ser los ejidos entes estatales, sus representantes, en vía de consecuencia tampoco son autoridades para efectos del juicio de amparo. Se impone precisar que el citado Comisariado Ejidal y el presidente del Consejo de Vigilancia, tampoco son un particular cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad. Conforme a los transcritos artículos 32 y 33 de la Ley Agraria, el Comisariado es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido; representa al núcleo de población y administra los bienes comunes del Ejido o Comunidad, en los términos que fije la Asamblea. Los diversos 35 y 36 de la referida ley, establecen que el Consejo de Vigilancia, es la encargada de vigilar que los actos del comisariado, se ajusten a los preceptos establecidos por la Ley Agraria y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; así como revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado. Como se ve se trata de facultades que solo inciden al interior del ejido, por lo que son de índole de ejecución o de representación del núcleo agrario; de ahí que al presidente del ******************** del Municipio de Ayala, Morelos, no le revista el carácter de particular equivalente a una autoridad para efectos del amparo, ya que con su actuar no crea, modifica o extingue en forma unilateral una situación jurídica. Por lo expuesto, este Juzgado de Distrito considera que, respecto del acto reclamado al presidente del ******************** del Municipio de Ayala, Morelos, el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que ésta no es autoridad para efectos del juicio de amparo ni particular equivalente a una autoridad para efectos del amparo. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, por lo que se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, pues se estima que se está en presencia de una causa de improcedencia notoria y manifiesta que además resulta absoluta, ya que la tramitación de este juicio de amparo incluido el periodo probatorio no otorgaría el carácter de autoridad responsable al presidente del ******************** del Municipio de Ayala, Morelos. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados del juzgado. Medios electrónicos. Ahora bien, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa por así haberlo solicitado expresamente.
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