Felipe Prieto Soriano

Expediente 1237/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1237/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Felipe Prieto Soriano

Actuaciones

  1. Principal

    Se reanuda procedimiento.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; quince de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *******, por propio derecho, contra actos del Director General de la Defensoría Pública en el Estado de Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1237/2020 y fórmese expediente. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de "autoridad responsable" converge en establecer que es aquella que con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior, se aprecia que tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o aun particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente. Así, se debe determinar si la responsable, en el caso, es autoridad para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas: a). Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados (entre ellas las laborales), dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b). Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra a lo anterior, la tesis, que lleva por rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Es así que de acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza del acto motivo de reclamo, el cual en esencia se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable Director General de la Defensoría Pública en el Estado de Morelos, de dar contestación al escrito que el quejoso presentó el diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el que solicita el cambio de defensor público por las razones que expone en el mismo. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no se ajusta a los requisitos exigidos por el sistema normativo; en razón de que la relación existente entre el promovente del amparo y la señalada como responsable es de coordinación, es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, y no en uno de supra subordinación, pues actúan como partes en un procedimiento penal. En efecto, de la demanda de amparo y anexo que se acompaña se advierte que el impetrante tiene el carácter de imputado en la causa penal ******, derivada de la carpeta de investigación ******* que con motivo de ello le fue designado como defensor de oficio a *********; sin embargo, ante las deficiencias señaladas por el quejoso en el escrito que presentó el diez de diciembre de dos mil diecinueve, solicitó al titular de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, le fuera designado diverso defensor. De todo ello se concluye que, el examen de la naturaleza de la relación existente entre la institución de la Defensoría Pública y el imputado que solicita el amparo, es de valor preponderante para analizar la procedencia del juicio de amparo. Entonces, dado que la solicitud planteada ante la "responsable" está encaminada a obtener la designación de diverso defensor, indefectiblemente constituye un acto suscitado entre las partes dentro de un procedimiento penal -imputado y defensoría pública del Estado de Morelos, quien lo representa a través de sus defensores en dicho procedimiento-. En ese tenor, resulta inconcuso que la relación suscitada entre el imputado y la defensoría pública, no se encuentra en un plano de desigualdad, sino en uno de coordinación, en el que las dos personas, como entes del derecho tienen obligaciones y derechos recíprocos, por lo que es claro, la señalada aquí como responsable no actúa como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular; pues en todo caso la decisión con la que no se está conforme deriva de la designación de una autoridad jurisdiccional al nombrar un defensor público, ante la falta de uno particular. Luego, es de estimarse en el presente asunto, como se dijo, la señalada como responsable no actúa como autoridad para efectos del amparo, porque no crea, modifica o extingue unilateralmente una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de igualdad al tratarse de partes dentro de un procedimiento penal, por lo que en todo caso el impetrante puede hacer la solicitud correspondiente al juez de la causa para que requiera al titular de la defensoría le designe un defensor diverso, en términos de lo que dispone la ley. En efecto, los artículos 115 a 118, 119 a 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 115. Designación de Defensor El Defensor podrá ser designado por el imputado desde el momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado con cédula profesional. A falta de éste o ante la omisión de su designación, será nombrado el Defensor público que corresponda. La intervención del Defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, formular peticiones y hacer las manifestaciones que estime pertinentes. Artículo 116. Acreditación Los Defensores designados deberán acreditar su profesión ante el Órgano jurisdiccional desde el inicio de su intervención en el procedimiento, mediante cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente. Artículo 117. Obligaciones del Defensor Son obligaciones del Defensor: I. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa; II. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen; III. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley; IV. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa; V. Comunicarse directa y personalmente con el imputado, cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias; VI. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa; VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado; VIII. Solicitar el no ejercicio de la acción penal; IX. Ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondientes y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley; X. Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; XI. Participar en la audiencia de juicio, en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales; XII. Mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; XIII. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales; XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones; XV. Interponer los recursos e incidentes en términos de este Código y de la legislación aplicable y, en su caso, promover el juicio de Amparo; XVI. Informar a los imputados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa, y XVII. Las demás que señalen las leyes. Artículo 118. Nombramiento posterior Durante el transcurso del procedimiento el imputado podrá designar a un nuevo Defensor, sin embargo, hasta en tanto el nuevo Defensor no comparezca a aceptar el cargo conferido, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público le designarán al imputado un Defensor público, a fin de no dejarlo en estado de indefensión. Artículo 120. Renuncia y abandono Cuando el Defensor renuncie o abandone la defensa, el Ministerio Público o el Órgano jurisdiccional le harán saber al imputado que tiene derecho a designar a otro Defensor; sin embargo, en tanto no lo designe o no quiera o no pueda nombrarlo, se le designará un Defensor público. Artículo 121. Garantía de la Defensa técnica Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo Defensor. Si prevenido el imputado, no se designa otro, un Defensor público será asignado para colaborar en su defensa. Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución. En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio. Artículo 122. Nombramiento del Defensor público Cuando el imputado no pueda o se niegue a designar un Defensor particular, el Ministerio Público solicitará a la autoridad competente se nombre un Defensor público; si es ante el Órgano jurisdiccional éste designará al defensor público, que lleve la representación de la defensa desde el primer acto en que intervenga. Será responsabilidad del defensor la oportuna comparecencia. De los artículos transcritos se desprende que el imputado desde el momento de su detención o desde el primer acto en el que intervenga, tiene derecho a designar un defensor particular, que en caso de que no pudiera o se negara hacerlo, se le designará un Defensor Público, quien tendrá todas las obligaciones precisadas en el artículo 117 citado; asimismo, que si el Órgano jurisdiccional advierte que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro. Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo Defensor. Si prevenido el imputado, no se designa otro, un Defensor público será asignado para colaborar en su defensa. Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución. En ese sentido, la designación del defensor no es un acto que realice con facultad de imperio el Director General de la Defensoría Pública en el Estado de Morelos, sino que en todo caso, es con motivo de lo ordenado por el agente del Ministerio Público o el Juez del conocimiento. Por lo que si el imputado aquí quejoso, considera que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor Público, la petición de sustitución debe realizarla ante el juez que conoce de la causa penal de origen, no directamente al titular de la defensoría pública. De ahí que, se reitera, la autoridad señalada como responsable, no tiene facultad de imperio que reviste a una autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que el hecho de que la asesoría legal sea prestada por una institución pública y, por ende, sea gratuita, no implica que ese servicio constituya un acto de autoridad, pues lo que demuestra es la existencia de un ente público, que actúa de acuerdo con las disposiciones legales que lo rigen; sin embargo, dicha circunstancia es insuficiente para considerar que sus actos corresponden a los de una autoridad, para efectos del amparo, ya que no en todos los casos las instituciones públicas llevan a cabo actos de autoridad, porque en ocasiones se sitúan en relaciones de coordinación con los gobernados, como ocurre en la especie. Sirve de sustento a lo considerado, la jurisprudencial P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 126, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Registro: 189914, que lleva por rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Domicilio. Téngase por señalada la lista que se fija en los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones. Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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