Felipe Pérez Castellanos
Expediente 141/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/06/2018
Partes del expediente
- Felipe Pérez Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el comunicado de las autoridades responsables 1. Presidente Municipal, 2. Síndica Municipal y 3. Director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chicoasén, Chiapas, con residencia en esa ciudad, mediante el cual dan cumplimiento al proveído de tres de mayo del año en curso y remite copia certificada del contrato de donación de cuatro de noviembre de dos mil catorce, mismas que se tienen por recibidas en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. De conformidad con los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copia certificada envía la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, respecto de las copias que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, expídanse las copias certificadas a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, teniéndose por autorizadas para recibirlas a las personas que designa, haciendo de su conocimiento que para tal efecto pueden acudir a este Juzgado preferentemente dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que las autoridades responsables 1. Presidente Municipal, 2. Síndica Municipal y 3. Director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chicoasén, Chiapas, con domicilio en esa ciudad, en cumplimiento al acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, remitieron a este órgano de control constitucional, el acta de cabildo de dos de agosto de dos mil diecisiete, en la cual consta, la autorización de la ejecución de la unidad deportiva en la cabecera municipal de Chicoasés, Chiapas, sobre el inmueble con las colindancias siguientes: Al norte mide: ciento veintiséis metros, colinda: callejón de acceso, propiedad del campo de futbol, al sur mide: ciento trece metros, cincuenta centímetros, colinda: c. ******* al oriente mide: sesenta y ocho metros, cincuenta y dos centímetros, colinda: callejón de acceso que conduce a la carretera a Copainalá y con el c.******** al poniente mide: 68.52 metros colinda: los c.****** y un callejón de acceso. Asimismo, informaron que el referido inmueble les fue donado por el ejido del municipio de Chicoasén, Chiapas; pero, sin adjuntar las documentales que respalden dicha información. Por lo anterior, a efecto de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables 1. Presidente Municipal, 2. Síndica Municipal y 3. Director de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chicoasén, Chiapas, con sede en esa ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remitan la documentación idónea que acredite el acto de donación del terreno que se menciona por el ejido del municipio de Chicoasén; de igual forma, informen si la orden de construcción a que se refiere la sesión extraordinaria de cabildo número diecinueve, de dos de agosto del año pasado, también comprende el predio que el quejoso se ostenta propietario. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedoras, cada una, a una multa de cien unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, esto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238, ambos de la ley de la materia. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza Arturo Gómez Castro, a quien faculta a firmar los oficios que se expiden, quien además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
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