Felipe Pablo Martínez Treviño
Expediente 551/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Felipe Pablo Martínez Treviño
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ".De ahí, que resulta fundado el concepto de violación en estudio y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que el Comisionado Ejecutivo y el Comité Interdisciplinario Evaluador ambos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el ámbito de su respectiva competencia: - Emitan la resolución correspondiente en el expediente ***, relativo a la solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, en los plazos y términos establecidos en la normatividad aplicable al caso concreto; y, la notifique. En el entendido que la presente determinación no constriñe a las autoridades responsables a resolver en determinado sentido, sino solo a que cumplan con la encomienda legal que tienen de resolver el expediente formado con motivo de la solicitud de acceso a los recursos del aludido fondo." Resulta importante precisar que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión RA.- 220/2019, determinó lo siguiente: ".Así, las actuaciones aportadas por la autoridad evidencian, como lo concluyó la juzgadora, que ha existido una demora injustificada por parte de las autoridades responsables en la integración del expediente ***, lo que también ha generado que se retrasara la marcha del procedimiento relativo, puesto que la autoridad no proveyó con la debida anticipación respecto a la información faltante para poder continuar con el trámite correspondiente y resolver la solicitud de acceso dentro de los plazos previstos en la normatividad aplicable, dado que como fue detallado en el considerando de antecedentes de la presente ejecutoria, con motivo de la recomendación 51/2014, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta última solicitó, desde el año dos mil catorce, en específico, mediante oficio ***, de *** de octubre de la citada anualidad, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el otorgamiento de calidad de víctimas directas de violaciones a derechos humanos, entre otras personas, a Lucio García Adame (V8) (hijo de Adame García Alicia); asimismo, mediante diverso oficio ***, de *** de abril de dos mil quince, emitido entre autoridades de la propia Comisión recurrente, se enumeraron las solicitudes de acceso a los recursos del fondo por violación de derechos humanos, dentro de las cuales se encontraba la de Adame García Alicia, ingresada el ocho de abril de dos mil quince, oficio donde se detalló que debía darse inicio al proceso de reparación integral de las personas ahí señaladas, que permitieran concretar las medidas que se otorgarían en cada asunto. Así, es INFUNDADO que se cuenten con evidencias que justifiquen el retraso en la integración del expediente y la resolución que deba emitirse respecto del acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, por lo que hace a Adame García Alicia. Incluso, tampoco demuestran que hayan existido complejidades en la integración del expediente o que se le esté obligado a observar un plazo genérico, sino que dado el lapso que ha transcurrido, es que está clara la violación al derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional. Sin que pase inadvertido que respecto de los quejosos Petra García Adame, Julia García Adame, y Marcelo García Adame, comparecieron al expediente administrativo el veinte de agosto de dos mil dieciocho, fecha en la que también interpusieron la demanda de garantías; empero, ha quedado demostrado que la violación en que incurrieron las autoridades responsables también deriva de la falta de gestiones encaminadas a obtener su apersonamiento en el procedimiento, bajo su calidad de víctimas indirectas. Así, en el caso concreto, para efectos de la concesión del amparo otorgada a dichos quejosos, ESTE TRIBUNAL COLEGIADO ESTIMA MODIFICAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, en virtud de que si bien quedó demostrada la dilación en la integración del expediente, dada la omisión de las recurrentes de emitir gestión alguna con el propósito de integrar a los quejosos, en su caso, con el carácter de víctimas indirectas, estos últimos, Petra García Adame, Julia García Adame, y Marcelo García Adame, deberán tener en cuenta que es necesario que presenten ante las autoridades responsables la solicitud de acceso al Fondo en comento, a efecto de que puedan determinarse las medidas que resulten procedentes." Del análisis a lo transcrito, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: Emita la resolución correspondiente en el expediente ***, relativo a la solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, en los plazos y términos establecidos en la normatividad aplicable al caso concreto; y, la notifique. En el entendido de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tuvo a bien modificar la resolución emitida por este órgano jurisdiccional el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en los siguientes términos: ".Así, en el caso concreto, para efectos de la concesión del amparo otorgada a dichos quejosos, ESTE TRIBUNAL COLEGIADO ESTIMA MODIFICAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, en virtud de que si bien quedó demostrada la dilación en la integración del expediente, dada la omisión de las recurrentes de emitir gestión alguna con el propósito de integrar a los quejosos, en su caso, con el carácter de víctimas indirectas, estos últimos, Petra García Adame, Julia García Adame, y Marcelo García Adame, deberán tener en cuenta que es necesario que presenten ante las autoridades responsables la solicitud de acceso al Fondo en comento, a efecto de que puedan determinarse las medidas que resulten procedentes." En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el veinte de agosto de dos mil veinte, la Directora General de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación de la Comisionada Ejecutiva y del Comité Interdisciplinario Evaluador, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas remitió el siguiente documento: Resolución dictada en el expediente administrativo *** de veintitrés de marzo de dos mil veinte. Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dicha constancia se dio vista a la parte quejosa en proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que NO realizó. Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO: Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá emitir la resolución correspondiente en el expediente ***, relativo a la solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, en los plazos y términos establecidos en la normatividad aplicable al caso concreto; y, la notifique. En el entendido de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tuvo a bien modificar la resolución emitida por este órgano jurisdiccional el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en los siguientes términos: ".Así, en el caso concreto, para efectos de la concesión del amparo otorgada a dichos quejosos, ESTE TRIBUNAL COLEGIADO ESTIMA MODIFICAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, en virtud de que si bien quedó demostrada la dilación en la integración del expediente, dada la omisión de las recurrentes de emitir gestión alguna con el propósito de integrar a los quejosos, en su caso, con el carácter de víctimas indirectas, estos últimos, Petra García Adame, Julia García Adame, y Marcelo García Adame, deberán tener en cuenta que es necesario que presenten ante las autoridades responsables la solicitud de acceso al Fondo en comento, a efecto de que puedan determinarse las medidas que resulten procedentes." Resolución dictada en el expediente administrativo *** de *** de marzo de dos mil veinte, en la cual, en la parte que interesa, se observa lo siguiente: Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que el veintitrés de marzo de dos mil veinte, emitió la resolución correspondiente en el expediente ***, en la cual resolvió en la parte que interesa que se otorgan las medidas tendentes a la reparación integral del daño a favor de la parte quejosa. Asimismo, instruyó a la Dirección del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral realizar los trámites y gestiones administrativas necesarias ante el Banco de Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciario, para otorgar las medidas de ayuda inmediata. Del mismo modo, dicha respuesta le fue notificada a la parte amparista en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, por el cual este Juzgado ordenó dar vista a la parte impetrante con la referida resolución, e incluso se ordenó correr traslado con la misma; por lo que es inconcuso que tuvo conocimiento de su contenido. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 275, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, página 228, del tenor siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO.- Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Atento a lo anterior y, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías, precisamente porque las autoridades responsables la acataron en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera y 202 de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Por otro lado, comuníquese lo anterior al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien tramita el incidente de inejecución de sentencia 3/2020, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Ciudad de México; cuatro de agosto de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 22 del citado acuerdo 21/2020, se hace una atenta invitación a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos la estafeta de mérito, con número de rastreo 3453621855, a través de la cual devuelven el oficio 147731/2020, con el cual se remitió el expediente original del juicio de amparo 551/2020, en un tomo y seis copias del escrito inicial de demanda, sin que del mismo se advierta el motivo o causa de la devolución. Atento a su contenido, con el fin de evitar mayores dilaciones procesales y toda vez que en la referida estafeta no se desprende el motivo de su devolución, se ordena reexpedir el oficio 147731/2020 y sus anexos, a fin de que sea remitido correctamente al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en Turno, para que se imponga de su contenido. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma Ma. Esther Prado Olvera, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme al oficio número CCJ/ST/1744/2020 de veintisiete de julio de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida de la Secretaria Ana Luisa Cortés Narváez, que autoriza y da fe. Doy fe. ygc* SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO SECRETARIA
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