Felipe Othón Lecona Santamaria
Expediente 733/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Felipe Othón Lecona Santamaria
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 2o. del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil vente a través de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Las consecuencias de la reanudación son las siguientes: Toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica la reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En caso de que sólo se encuentre pendiente la celebración de la audiencia constitucional, la reanudación del plazo a que se refiere el apartado anterior operará hasta que se notifique la nueva fecha para que tenga lugar. Exhortación a las partes Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Para ello deberán acatar lo establecido en el Acuerdo General 12/2020. De igual forma, se les invita a que proporcionen correos electrónicos o instrumentos de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. El contenido que se lleve a cabo a través de estos medios deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Atención al público Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Ejecutoria Agréguese a los autos el oficio del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 1682/2019 promovido por Rafael Flores Luna, en un tomo, así como el testimonio de la resolución dictada el dos de junio de dos mil veinte, en el amparo en revisión R.A. 100/2020, de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rafael Flores Luna, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de la sentencia que se revisa, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esa misma resolución." Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el fin de evitar la voluminosidad del asunto en que se actúa y dificultar su manejo para foliar, sellar y rubricar que dispone el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desglósense las copias simples con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso de revisión planteado en autos, agregando al presente asunto únicamente las constancias que obren en original. En ese contexto se destaca que en la sentencia emitida por este juzgado, se concedió el amparo a Rafael Flores Luna, para el efecto de que: "la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México: a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dé respuesta a la petición que fue formulada el seis de noviembre de dos mil diecinueve a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, por la parte quejosa, a través del portal nacional de transparencia, de manera fundada, motivada, congruente y respecto de lo efectivamente solicitado; y, hecho esto. b) Deberá notificarlo en a la cuenta de correo que para tal efecto se le señaló, para lo cual deberá acreditar tal circunstancia de manera fehaciente; es decir, con el recibo correspondiente por parte de la interesada, o con las formalidades previstas en el ordenamiento aplicable. En el entendido de que lo resuelto en la presente sentencia, no obliga a la autoridad responsable a resolver en un determinado sentido, ello en virtud de que el derecho humano consagrado en el artículo 8º constitucional tiende a asegurar la emisión de un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelva en determinado sentido. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Secretario de Obra y Servicios de la Ciudad de México autoridad directamente obligada a dar cumplimiento, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, deberá agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir el cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad responsable en el presente juicio. Se apercibe a las autoridades que, de no acatar lo ordenado: Se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Por último, se requiere a la autoridad, obligada, para que en el plazo de cinco días, se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, se determine si es el caso vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad, obligada que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Por último, para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó que a partir del uno de marzo de dos mil veinte, el Juez Manuel Camargo Serrano será titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por la Felipe Othón Lecona Santamaría, por su propio derecho; contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 733/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Felipe Othon Lecona Santamaría, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que Felipe Othon Lecona Santamaría reclama lo siguiente: La resolución de "aviso de cobro por ajuste a la facturación contenida en el oficio 676/2020 de trece de abril de dos mil veinte, emitido por el Responsable de Zona comercial Basílica de la Comisión Federal de Electricidad. Antecedentes relevantes. 1. Felipe Othon Lecona Santamaría, manifiesta que el cinco de junio de dos mil veinte, afuera de su domicilio ubicado en Prol Mollendo número 1003, Colonia San Pedro Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 002100, en la Ciudad de México, encontró el oficio 676/2020 relativo al "aviso de cobro por ajuste a la facturación". 2. Por tanto, es usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, con medidor 993P3A, RMU: 02100810831xaxx010101001CFE, número de cuenta 05DL10C010025910 instalado dentro del inmueble indicado en el párrafo que antecede. 3. Asimismo, manifiesta que cuenta con los pagos al corriente por el suministro de dicho servicio; por lo que no está conforme con el resultado de la supuesta revisión al sistema de medición e instalación eléctrica del mismo, ni el cobro de $67,854 (sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 4. Inconforme con lo anterior, Felipe Othon Lecona Santamaría, promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo [interpretados en sentido contrario], que a continuación se transcriben: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 1o, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5o, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto, pues aun cuando se aduzca una violación a derechos humanos, la eficacia horizontal de estos puede analizarse en vías ordinarias para conflictos entre particulares. Al respecto, debe decirse que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico, emitiendo actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. De ahí que una autoridad para efectos del amparo es la que -teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas-, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Sobre el particular, se tiene que el acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable en términos de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley de Amparo, preceptos que consagran su procedencia contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo -decisión, ejecución o ambas-, o negativo -abstención u omisión-, que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas -ley-, que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquéllos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo necesariamente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, para establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, es necesario constatar si éste afectó directamente y de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado y si se impuso contra y sobre la voluntad de éste; adicionalmente y de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente. A partir de esas ideas, este órgano jurisdiccional estima que los actos reclamados por la parte quejosa no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la promovente acude en su carácter de usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, a reclamar actos relacionados con ese servicio que se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, la cual actúa como particular en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica y por ende, sus actos se rigen conforme a la legislación mercantil. De tal manera que el presente juicio de amparo resulta improcedente, puesto que deriva de una relación de coordinación entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable. Para justificar lo anterior, se debe destacar que al resolver la contradicción de tesis 250/2017, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: "Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Art. 75. La ley reputa actos de comercio: (.) V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Art. 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4°, 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio." En ese sentido, actualmente subsiste el criterio de que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto comercial que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que precisamente su contrato se ubica dentro de dicha naturaleza jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 156/2017, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." Entonces, tenemos que si los actos reclamados se relacionan con la prestación de dicho servicio de suministro de energía proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado, dichos actos no pueden considerarse provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. En ese sentido, resulta aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.1o.A.132 A (10a.), que lleva por rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS". En efecto, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos u omisiones con motivo de la prestación de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares; máxime que no tiene facultades para exigir coactivamente el cobro de sus tarifas por los servicios que presta. Así las cosas, toda vez que los actos señalados como reclamados no pueden ser considerados como provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por Felipe Othon Lecona Santamaría. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales [copia del acto reclamado] que demuestran la naturaleza jurídica del acto reclamado; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que concluir la improcedencia del juicio de amparo no se requieren mayores; máxime que existe jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exactamente aplicable que resuelve ese tema. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 30/2018, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Por esa razón, no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), en la que la propia Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el auto inicial de trámite no es el momento procesal oportuno para analizar si un acto es de autoridad o no. En efecto, en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal señaló que para resolver si un acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia. No obstante lo anterior, para el dos de mayo de dos mil doce -cuando se estableció esa jurisprudencia-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había fijado un criterio sobre la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, lo que justificó que estableciera el criterio de que esa situación no se podía dilucidar en el acuerdo inicial de trámite sino que se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia de fondo. Sin embargo, si con posterioridad la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico, estableciendo sendas jurisprudencias como las 2a./J. 156/2017 y 2a./J. 30/2018, ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia 2a./J. 54/2012, toda vez que ya no se requiere el estudio exhaustivo ahí referido, pues en todo caso, ese estudio ya fue realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en la sentencia que se llegara a dictar en el fondo únicamente se aplicaría los criterios establecidos recientemente. Resulta aplicable a la anterior, por analogía, determinación la jurisprudencia PC.XVI.A. J/4 K (10a.), establecida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que lleva por rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)]". En esas condiciones, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente, ya que se reclaman actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, que actúa en una relación de coordinación con los particulares respecto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Tampoco pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional la jurisprudencia PC.I.A. J/122 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lleva por rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL". Sin embargo, lo cierto es que el Pleno en Materia Administrativa determinó que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se impugna cualquier acto relacionado con la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior obedeció a que, para el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete -cuando se sesionó la contradicción de tesis de la que surgió dicha jurisprudencia- no existía un criterio definido ni jurisprudencia de carácter obligatorio sobre el carácter o no de autoridad responsable de la citada Comisión; razón por la cual dicha determinación requería un análisis profundo, propio de la sentencia definitiva, tal y como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) En las relatadas consideraciones, tal como lo estimaron los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero, en contra de lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, debe estimarse que, al no existir jurisprudencia de aplicación obligatoria, ni criterio definido al respecto, entonces, no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia de los juicios de amparo indirecto de los que derivan los recurso de queja analizados por los órganos colegiados referidos, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, debe estimarse que el auto de inicio de trámite del juicio de amparo, no es el momento procesal oportuno para determinar el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando el acto reclamado sea alguno relacionado con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica atribuible a la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que dicha determinación requiere un análisis profundo, propio de la sentencia definitiva (.)" Sin embargo, si como señaló, la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico y estableció jurisprudencia obligatoria para todos los Plenos de Circuito, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía (incluyendo el corte de suministro en términos del contrato), razón por la cual ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia PC.I.A. J/122 A (10a.), toda vez que ya no se requiere el análisis profundo ahí referido, sino únicamente aplicar la citada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precedentes de Tribunales Colegiados. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja Q.A. 192/2017, Q.A. 193/2017, Q.A. 194/2017, Q.A. 195/2017, Q.A. 196/2017, Q.A. 197/2017 y Q.A. 198/2017, sostuvo lo siguiente: "De la cronología precisada, se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha interrumpido expresamente las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 (9a.) y 2a./J. 113/2010 (9a.), que contienen un criterio similar al de la tesis aislada 2a.XLII/2015 (10a.). Es decir, siguen siendo vigentes y obligatorias, criterio en los que se establece que los actos ejercidos por la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de la prestación del suministro de energía eléctrica, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al derivar de un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario (consumidor) adquieren derechos y obligaciones recíprocas; esto es, se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación en cita, lo que implica, que tal relación no corresponde a la de autoridad y gobernado, es decir, no es una relación de supra a subordinación, sino una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; máxime que el corte del suministro de energía eléctrica ante el incumplimiento del usuario, no genera que la relación se transforme de una relación de coordinación a una relación de supra a subordinación. En consecuencia como destacó el Juez de Distrito, la relación establecida entre la recurrente y la autoridad que la quejosa señaló como responsable, no es de supra a subordinación; pues a pesar de lo establecido en la Ley de Amparo que contempla la posibilidad de incluir a los particulares con esa calidad, de modo alguno implica la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean, deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita, pueda lograr su cumplimiento coactivo." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ténganse por autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.
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