Felipe Ortega López
Expediente 135/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 28 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 06/08/2019
Partes del expediente
- Felipe Ortega López
Actuaciones
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- Principal
Tijuana, Baja California, a seis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, por lo que es evidente que quedó acatada totalmente la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, en consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. .
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa del auto de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve que a la letra dice: Tijuana, Baja California, a seis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, se procede a analizar si efectivamente la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso para que manifestará lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por ésta, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiera hecho manifestación al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. En ese sentido, por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 180 a 204), este Juzgado de Distrito, resolvió: "[.] PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Felipe Ortega López, por propio derecho, contra actos de las autoridades responsables, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Felipe Ortega López, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Felipe Ortega López, en términos de la parte final del considerando octavo, para los efectos a que se contrae el diverso considerando noveno. [.]." Inconforme con dicha determinación la parte quejosa hizo valer el recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativa 479/2018, de trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 270 a 301), determinó: "[.] "PRIMERO. En lo que fue materia de la revisión se confirma la sentencia sometida a revisión. SEGUNDO. Para los efectos indicados por el Juez de Distrito, la Justicia de la Unión ampara y protege a Felipe Ortega López, en contra de las autoridades responsables y por los actos reclamados que precisados quedaron en el considerando noveno de la sentencia recurrida. [.]." En esa tesitura, este Juzgado requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector en los términos precisados en la ejecutoria de amparo, siendo los siguientes: "[.] NOVENO. Efectos de la concesión de amparo. Dado que el acto reclamado es contrario a los derechos fundamentales, acorde a lo establecido en el considerando que antecede, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, a fin de que la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana: 1) Devuelva en una sola exhibición las cantidades que pagó el quejoso el quince de enero de dos mil dieciocho, en relación con los periodos de pago de los años 2010, 2011 y 2012 con motivo del impuesto predial respecto del bien inmueble identificado con clave catastral CF-867-655. 2) Calcule nuevamente el impuesto pagado en relación con los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en relación con bien inmueble identificado con clave catastral CF-867-655, para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía, señalado para la respectiva subclasificación de calidad (corriente), estado de conservación (pésimo) y factor de estado de conservación (0.129). 3) Sobre el resultado del monto por concepto de Impuesto Predial, recalcular los restantes conceptos derivados, lo cual dará como resultado la cantidad neta que tendrá que enterar el quejoso y con base en tal monto determinar la diferencia a devolver como pago en exceso, lo cual se deberá restituir en una sola exhibición. Ello es así, pues el Alto Tribunal no ha declarado la inconstitucionalidad del pago del impuesto predial por vicios en alguno de los elementos del tributo, sino únicamente determinó que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, es decir, la incertidumbre en una de las variantes de los elementos del tributo, con lo cual consideró que la inconstitucionalidad de referencia no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida una posterior aplicación, a condición de que se le brinde igual trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros, lo que de sí no puede traer la exención, sino únicamente ubicarlos en la carga impositiva básica del impuesto de referencia, de ahí que en tratándose de vicios insertos en las tablas de valores unitarios relativas al impuesto predial, la concesión del amparo únicamente puede traducirse en ubicar a la parte quejosa en la cuantía mínima impositiva, más no liberarla en ese pago. [.] No pasa desapercibido que respecto de la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Tijuana Baja California, haya sobreseído; sin embargo, al ser la autoridad administrativa encargada de la recaudación de dicho impuesto, es claro que le es exigible el cumplimiento a la ejecutoria aquí emitida, pues ello atiende al derecho fundamental inmerso en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables, y con el objeto de evitar dilaciones innecesarias, y considerando además los términos en que la sentencia de aquella debe ser cumplida, es claro incide en el ámbito de esas funciones, es decir, sí tiene o debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria dentro de los límites de su competencia realizando todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia. [.]" En acatamiento a ello, el tres de abril de dos mil diecinueve, se recibió un oficio y anexos que envió la delegada de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, mediante el cual, adjuntó el cálculo desglosado para la devolución del numerario al quejoso. Posteriormente, en dieciséis de mayo de este año, se tuvo a la delegada de la autoridad responsable informando sobre la emisión del título de crédito que ampara la cantidad a devolver al quejoso, el cual quedó a disposición de éste para recibir dicho numerario (foja 327 y 328). En veintiuno de junio siguiente, la delegada de la autoridad responsable, remitió a este Juzgado copia certificada del cheque número 172433 a favor de Felipe Ortega López, por la cantidad de $2,209.00 pesos (dos mil doscientos nueve pesos moneda nacional), de la cual se desprende que el aquí quejosa recibió dicho numerario (fojas 336 a 337). Constancias con las que se dio vista a la parte quejosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, sin que éste hiciera manifestación en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal, lo fue para efecto de que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, devolviera en una sola exhibición las cantidades que pagó el quejoso, en relación con los periodos de pago de los años 2010, 2011 y 2012 con motivo del impuesto predial respecto del bien inmueble identificado con clave catastral CF-867-655; calculara nuevamente el impuesto pagado en relación con los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, para lo cual deberá aplicar el monto de menor cuantía, señalado para la respectiva subclasificación de calidad (corriente), estado de conservación (pésimo) y factor de estado de conservación (0.129) y sobre el resultado del monto por concepto de Impuesto Predial, recalcular los restantes conceptos derivados, lo cual dará como resultado la cantidad neta que tendría que enterar el quejoso y con base en tal monto determinar la diferencia a devolver como pago en exceso, lo cual se deberá restituir en una sola exhibición. Lo cual, como se vio, realizó la autoridad Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por lo que es evidente que quedó acatada totalmente la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, en consecuencia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo, por tanto, realícese la anotación correspondiente en la carátula respectiva. Además, se establece que el expediente principal, por haberse concedido el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, es susceptible de depurarse, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, una vez que transcurra el término a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, acuérdese lo conducente en relación a la transferencia que corresponda.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana; en atención a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte, para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden de ideas, visto el oficio con el número de correspondencia 5299 del índice del Juzgado remitente; en atención a su contenido, con su contenido dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés legal convenga en relación a las manifestaciones y constancias que obran en autos relacionadas al cumplimiento, exhibidas por la autoridad responsable. Con el apercibimiento que de no desahogar la vista ordenada dentro del plazo otorgado, se acordara lo conducente en torno al cumplimiento del fallo protector.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de julio de dos mil diecinueve. Del estado de autos, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe y remita las constancias con las que acredite el cumplimiento total dado a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa.
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