Felipe Ontiveros Mondragón

Expediente 1026/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1026/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Felipe Ontiveros Mondragón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit y documentales adjuntas, el cinco de marzo del año en curso (fojas 129 a 131), así como por diverso presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el veintitrés de noviembre del año próximo pasado y anexo al mismo (fojas 100 y 101), el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Felipe Ontiveros Mondragón. Mediante proveído de siete de marzo de la presente anualidad (foja 132), ante la omisión de la parte quejosa de comparecer ante las oficinas de la autoridad responsable, a fin de efectuar el cobro respectivo del cheque puesto a sus disposición con motivo de la actualización ordenada en autos, se dio vista a la parte agraviada para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó por lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional a la parte quejosa, el trece de marzo actual (foja 135), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 34 a 50), en el que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XIX, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $25,387.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que pagó el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "VENTA DE CERVEZA EN RESTAURANTE", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XIX de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B).- Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $25,387.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que pagó el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "VENTA DE CERVEZA EN RESTAURANTE", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; la cual debía ser actualizada, menos el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional); la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio sin número de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el veintitrés del mes y anualidad de previa mención (fojas 100 y 101), la autoridad responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. De igual manera, mediante el diverso comunicado recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el seis de marzo del año en curso (fojas 129 a 131), suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en nombre y representación del titular de dicha Secretaría, informó y acreditó con las constancias respectivas, haber notificado a la parte quejosa que se encontraba a su disposición en las oficinas de esa Dirección General Jurídica, el cheque número 268, expedido por la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, correspondiente al pago de actualización, por un monto de $951.44 (novecientos cincuenta y un pesos 44/100 moneda nacional); por lo que en su oportunidad mediante proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 119), se le requirió a la citada parte procesal para que compareciera ante el ente responsable a recoger el aludido título de crédito; asimismo, mediante diverso proveído siete de marzo del año en curso (foja 132), se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la data en que se actúa haya dado cumplimiento a lo anterior. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $25,387.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), menos la suma de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional, que corresponde al concepto de comisión bancaría, da como resultado un total $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete y en el mes de noviembre de esa anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa, únicamente por lo que hace al monto de $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y en el mes febrero de la presente anualidad, la autoridad responsable le hizo del conocimiento al promovente del amparo encontrarse a su disposición en las oficinas de esa Dirección General Jurídica, el cheque número 268, expedido por la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, correspondiente al pago de actualización, por un monto de $951.44 (novecientos cincuenta y un pesos 44/100 moneda nacional). En ese tenor, el periodo de actualización comprende del mes de abril del año próximo pasado a febrero de dos mil dieciocho, éste último por corresponder a la fecha en la que la responsable acreditó haber puesto a disposición del promovente del amparo el título de crédito por concepto de actualización. Luego, el factor de referencia debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de enero de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de enero de este año fue de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04299. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha en la que se puso a disposición el cheque número 268, a saber, $26,475.25 (veintiséis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 25/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1.091.25 (mil noventa y un pesos 25/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad de $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y por lo que hace a su actualización, dejó a disposición del título de crédito número 268, de fecha treinta y uno de enero del año en curso (foja 130), a la parte quejosa, por un monto de $951.44 (novecientos cincuenta y un pesos 44/100 moneda nacional), sin que a la fecha hubiere acudido a recoger lo propio. No pasa inadvertido que el monto que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, debía devolver al quejoso era de $1,091.25 (un mil noventa y un pesos 25/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), más los $951.44 (novecientos cincuenta y un pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de actualización que dejó a disposición de la parte quejosa, arrojando un total de $26,335.44 (veintiséis trescientos treinta y cinco pesos 44/100 moneda nacional); es decir, faltó devolverle la cantidad de $139.81 (ciento treinta y nueve pesos 81/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo o su apoderado legal haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit y documentales adjuntas, el cinco de marzo del año en curso (fojas 129 a 131), así como por diverso presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el veintitrés de noviembre del año próximo pasado y anexo al mismo (fojas 100 y 101), el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Felipe Ontiveros Mondragón. Mediante proveído de siete de marzo de la presente anualidad (foja 132), ante la omisión de la parte quejosa de comparecer ante las oficinas de la autoridad responsable, a fin de efectuar el cobro respectivo del cheque puesto a sus disposición con motivo de la actualización ordenada en autos, se dio vista a la parte agraviada para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó por lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional a la parte quejosa, el trece de marzo actual (foja 135), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 34 a 50), en el que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XIX, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $25,387.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que pagó el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "VENTA DE CERVEZA EN RESTAURANTE", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción XIX de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B).- Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $25,387.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que pagó el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "VENTA DE CERVEZA EN RESTAURANTE", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; la cual debía ser actualizada, menos el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional); la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio sin número de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el veintitrés del mes y anualidad de previa mención (fojas 100 y 101), la autoridad responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. De igual manera, mediante el diverso comunicado recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el seis de marzo del año en curso (fojas 129 a 131), suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en nombre y representación del titular de dicha Secretaría, informó y acreditó con las constancias respectivas, haber notificado a la parte quejosa que se encontraba a su disposición en las oficinas de esa Dirección General Jurídica, el cheque número 268, expedido por la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, correspondiente al pago de actualización, por un monto de $951.44 (novecientos cincuenta y un pesos 44/100 moneda nacional); por lo que en su oportunidad mediante proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 119), se le requirió a la citada parte procesal para que compareciera ante el ente responsable a recoger el aludido título de crédito; asimismo, mediante diverso proveído siete de marzo del año en curso (foja 132), se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que a la data en que se actúa haya dado cumplimiento a lo anterior. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $25,387.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), menos la suma de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional, que corresponde al concepto de comisión bancaría, da como resultado un total $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de abril de dos mil diecisiete y en el mes de noviembre de esa anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa, únicamente por lo que hace al monto de $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y en el mes febrero de la presente anualidad, la autoridad responsable le hizo del conocimiento al promovente del amparo encontrarse a su disposición en las oficinas de esa Dirección General Jurídica, el cheque número 268, expedido por la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, correspondiente al pago de actualización, por un monto de $951.44 (novecientos cincuenta y un pesos 44/100 moneda nacional). En ese tenor, el periodo de actualización comprende del mes de abril del año próximo pasado a febrero de dos mil dieciocho, éste último por corresponder a la fecha en la que la responsable acreditó haber puesto a disposición del promovente del amparo el título de crédito por concepto de actualización. Luego, el factor de referencia debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de enero de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue de 126.087; y para el mes de enero de este año fue de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.04299. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha en la que se puso a disposición el cheque número 268, a saber, $26,475.25 (veintiséis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 25/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1.091.25 (mil noventa y un pesos 25/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad de $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y por lo que hace a su actualización, dejó a disposición del título de crédito número 268, de fecha treinta y uno de enero del año en curso (foja 130), a la parte quejosa, por un monto de $951.44 (novecientos cincuenta y un pesos 44/100 moneda nacional), sin que a la fecha hubiere acudido a recoger lo propio. No pasa inadvertido que el monto que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, debía devolver al quejoso era de $1,091.25 (un mil noventa y un pesos 25/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $25,384.00 (veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), más los $951.44 (novecientos cincuenta y un pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de actualización que dejó a disposición de la parte quejosa, arrojando un total de $26,335.44 (veintiséis trescientos treinta y cinco pesos 44/100 moneda nacional); es decir, faltó devolverle la cantidad de $139.81 (ciento treinta y nueve pesos 81/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo o su apoderado legal haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la parte quejosa no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acredita con los anexos que acompaña. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y documentales adjuntas, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este juzgado con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la parte quejosa no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acredita con los anexos que acompaña. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y documentales adjuntas, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este juzgado con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.

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