Felipe Ocampo Álvarez
Expediente 933/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Felipe Ocampo Álvarez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de septiembre de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 933/2015-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de agosto de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 933/2015-V, promovido por FELIPE OCAMPO ÁLVAREZ, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al día siguiente a este Juzgado de Distrito, FELIPE OCAMPO ÁLVAREZ, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos; Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Por auto de doce de mayo de dos mil quince se admitió la demanda de garantías, que quedó registrada bajo el expediente de amparo 933/2015-V; además, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Finalmente se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de las leyes que se reclaman. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810. Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se tratan de: 1. El contenido de los artículos 77, fracción II, 59 al 64, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis. 2. El cobro de las cantidades erogadas por concepto de pago por derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales y el Comercio del Estado, de los actos jurídicos contenidos en el instrumento notarial 14,726 otorgado ante la fe del Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, en aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad se reclama. 3. El contenido de los artículos 94 bis al 94 bis 12, 119 al 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; así como 13 y 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Jiutepec, Morelos para el ejercicio fiscal dos mil once; 4. El cobro de las cantidades erogadas por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, e impuesto adicional, en aplicación de las normas cuya inconstitucionalidad se reclama en el numeral anterior. TERCERO. Son ciertos los actos que se le reclaman al Congreso del Estado de Morelos, consistentes en la discusión, aprobación y expedición del contenido de los artículos 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; 94 bis al 94 bis 12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. También son ciertos los actos respecto del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la sanción, promulgación y publicación, respectivamente, de las citadas leyes impugnadas, pues se advierte que les atañen, en el ámbito de sus respectivas competencias, a dichas autoridades. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". CUARTO. Son ciertos los actos consistentes en el cobro de $4,288.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de derechos de registro público; más el pago por concepto de impuesto adicional, equivalente al veinticinco por ciento, a razón de $1,071.00 (MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); por lo que respecta al contrato traslativo de propiedad que celebró en la escritura pública 14,726. Dichos pagos, realizados por la parte quejosa por concepto de derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales y el Comercio del Estado de Morelos, e impuesto adicional, en aplicación de los artículos 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Se corroboran mediante la fotocopia certificada del recibo oficial folio 3120169, expedido por el Secretario de Hacienda y Subsecretario de Ingresos, en los que se aprecia que, por el concepto de derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, se cobró a la parte quejosa las cantidades señaladas, con motivo de la inscripción de la escritura pública 14,726. A dichos medios de prueba se les concede eficacia plena, por tratarse de documentos públicos, en virtud de contar con la certificación correspondiente asentada quien tiene facultades legales en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para demostrar que existió cobro de las cantidades señaladas, por concepto de derechos de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, motivo por el cual se acredita la aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos. En efecto, la quejosa reclama tal aplicación ocurrida cuando el Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, realizó las retenciones al tenor de esas disposiciones, por las cantidades citadas. Al respecto, las normas señaladas son del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 77. Los derechos por el Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: .II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves; sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación, el catastral, avalúo bancario o de la factura: 12.0 al millar; sin que en ningún caso el pago sea inferior a un día de salario mínimo general vigente en el Estado;." Tal disposición indica que los derechos por el Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos, por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves; sobre el valor mayor que resulte entre el de la operación, el catastral, avalúo bancario o de la factura: 12.0 al millar; sin que en ningún caso el pago sea inferior a un día de salario mínimo general vigente en el Estado. En el caso, el cobro de la cantidad de $4,288.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), señalada en párrafos anteriores, respecto de los actos de la escritura pública 14,726, se explica aritméticamente a razón de doce al millar, sobre el monto de la operación, que de acuerdo a la fotocopia certificada dicho documento, en las que se hizo constar el acto traslativo de propiedad a favor de la quejosa, fue por $357,300.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), resultando $4,288.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). A dicha cantidad se agregó el cobro de un impuesto equivalente al veinticinco por ciento, a razón de $1,071.00 (MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), pero esto obedece a que, para quien resuelve, no es de ningún modo desconocida la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, ni particularmente los artículos 59 a 62, que prevén el pago de un impuesto adicional, cuyo objeto es la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos estatales previstos en la Ley de Ingresos del Estado y en aquélla Ley, a razón de una tasa de 25% sobre su base. Igualmente es cierto el acto consistente en el cobro de la cantidad de $7,146.00 (SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que incluye el cobro de su adicional, que la quejosa estima en aplicación de los artículos 94-Bis a 94-Bis 12; reclamados al Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos. Lo anterior, en virtud de que esto se acredita, con el recibo de pago relativo al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, con número de glosa 191187, expedido por el Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos, a favor de la parte inconforme, en relación al contrato traslativo de dominio contenido en el instrumento notarial 14,726 documento que remitió el tesorero municipal en mención, al que se concede eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones, y que acredita que se liquidó el impuesto a razón de una tasa del dos por ciento, sobre la cantidad de $357,300.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde al valor del inmueble materia de la operación de compra venta celebrado, siendo la cantidad de $7,146.00 (SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles más veinticinco por ciento por concepto de adicionales, se obtiene la cantidad de $1,786.00 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), cantidades que aparecen cubiertas en el recibo de pago citado. Dicho cobro es acorde al sistema legal del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94-Bis a 94-Bis 12, y 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; por lo que es innegable que existe el acto de aplicación de las normas impugnadas por la parte quejosa, lo que la posibilita para reclamarlas a través del presente juicio. QUINTO. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar, si se actualiza alguna. Al respecto, se observa que respecto del contenido de los artículos 77 fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado, y 94 bis a 94 bis 12, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; se actualiza la prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 107 y el diverso 217, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "... "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. ..." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. ..."(Lo resaltado no es de origen) Lo anterior por las consideraciones siguientes: El cinco de junio del año en curso el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, emitió la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS. SU CÁLCULO Y RETENCIÓN POR UN NOTARIO PÚBLICO CON MOTIVO DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, IMPUGNABLES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA RESPECTIVA. Conforme a la Ley de Amparo, los notarios públicos tienen el carácter de autoridad responsable en aquellos casos en que actúan por mandato de una ley frente a los particulares, provistos de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de ésta, como ocurre con el cálculo y retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de los derechos registrales, en tanto que así se advierte de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, ambos para el Estado de Morelos, de cuyo análisis se colige que dichos fedatarios tienen el carácter de auxiliares de la administración pública local en la recaudación de impuestos y derechos por la inscripción de documentos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, cuando la operación se hace constar en escritura pública; casos en los que tienen obligación de calcularlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto. Así, el cálculo y retención del importe a pagar por los citados conceptos, con motivo de la protocolización de un contrato de compraventa, constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica del adquirente, pues le imponen una carga económica, al aceptar los términos y consecuencias del acto jurídico que celebra, entre ellas, el pago de esas contribuciones, lo que acontece generalmente a la firma de la escritura, instante en el cual resiente la afectación a su esfera jurídica. En consecuencia, si aquellos actos de autoridad no se impugnan a partir de dicha firma por la persona a quien le causa un perjuicio en su patrimonio, adquieren firmeza, pues desde ese momento tiene conocimiento de su existencia, al erogar diversas cantidades por concepto de impuestos y derechos, independientemente de que carezcan de fundamento legal alguno que explique los cobros respectivos, circunstancia que, en todo caso, debió impugnarse por las vías legales conducentes, inclusive mediante el amparo -este último dentro del plazo genérico de quince días previsto en la ley de la materia-. Arribar a una conclusión diversa llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía amparo sin restricción de tiempo, hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas, o que la fecha de su conocimiento aducida por el quejoso pudiera desvirtuar la firmeza que adquirió. En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que se invoca, la superioridad sostuvo que el cálculo o retención que realiza el notario público del importe a pagar por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos registrales, constituye un acto de autoridad que afecta la esfera jurídica del adquirente, en tanto que le impone una carga económica porque desde el momento en que el gobernado, en su carácter de adquirente, acepta los términos y consecuencias del acto jurídico que celebra, entre ellos el relativo al pago de las contribuciones que el mismo genera, es que se resiente la afectación a su esfera jurídica y desde entonces, afirma la superioridad, el gobernado está en condiciones de controvertirla. Continúo diciendo, que si dicho acto de autoridad no es impugnado oportunamente por el afectado a través de los medios legales conducentes, inclusive, vía amparo, entonces éste adquiere firmeza plena que ya no puede modificarse. Sobre el tema de autoridad responsable para efectos el juicio de amparo, ése cuerpo colegiado sostuvo en la ejecutoria que se atiende, lo siguiente: "En semejantes términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer las notas distintivas de la autoridad para efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."(4) (10) Sobre el tema, no pasa inadvertido a este tribunal, que conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN).",(5) se considera que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; ello se estimó así para un caso específico, esto es, cuando actúan como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización les someten los particulares que continúan ante ellos extrajudicialmente el trámite de una sucesión; sin embargo, a consideración de este tribunal, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sí podían tener tal carácter en otros casos, como es aquellos en que actúan por mandato de una ley frente a los particulares provistos de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad, tal como ocurre con el cálculo y retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sobre derechos registrales, en tanto que así se desprende de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Morelos,(6) de cuyo análisis integral se puede concluir que los notarios públicos tienen el carácter de auxiliares en la administración pública del Estado de Morelos, en la recaudación de impuestos y derechos por la inscripción de documentos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado, cuando la operación se hace constar en escritura pública, casos en los que tienen obligación de calcularlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubieren pagado; de ahí que no actúan únicamente en su calidad de fedatarios públicos, por lo que tampoco resultan aplicables las diversas tesis aisladas de rubros: "NOTARIOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD." y "NOTARIOS, AMPARO CONTRA LOS.",(7) las cuales además, por ser criterios aislados, no resultan vinculantes para este órgano jurisdiccional." Bajo las anteriores consideraciones, dice la superioridad, el quejoso tiene conocimiento de la existencia del acto de autoridad que le causa perjuicio, cuando la operación se hace constar en escritura pública, en el momento en que el notario, con motivo de la protocolización, retiene al quejoso la cantidad correspondiente por concepto de la contribución reclamada; enseguida sostuvo: "(19) De ahí que, al tratarse de un acto de autoridad que le causaba perjuicio en su patrimonio y no contener, como el propio quejoso y recurrente lo reconoce, fundamento legal alguno que explicara los cobros respectivos, debió haberlo impugnado por las vías legales conducentes, inclusive con el juicio de amparo, este último dentro del término genérico de quince días previsto en la propia Ley de Amparo. (20) No obstante lo anterior, decidió permanecer en ese estado de desconocimiento, en su propio perjuicio, ya que promovió su demanda de garantías hasta el **********,(14) por lo que la conducta omisiva del propio quejoso ha tenido como consecuencia jurídica natural que el acto de autoridad mencionado adquiera firmeza plena, lo que implica que ya no pueda modificarse. (21) Ahora bien, la norma general impugnada por el recurrente, conjuntamente con el acto de aplicación, es de naturaleza heteroaplicativa, porque su afectación está condicionada a que exista un acto de aplicación en su perjuicio, contrariamente a lo que sucede con las leyes autoaplicativas, que son aquellas que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado, lo que se fundamenta en el siguiente criterio jurisprudencial: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.'(15) (22) De esta guisa, se tiene que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 17 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene la obligación de que, en tratándose de leyes heteroaplicativas, como en el caso ocurre, el amparo sólo puede ser promovido con motivo de un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, no pudiendo el Juez de Distrito desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. (23) Por lo que, si de conformidad con lo que el mismo recurrente manifiesta, el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales se materializó con el acto de autoridad ya señalado, y éste quedó firme por falta de impugnación, resulta improcedente el análisis de las normas combatidas, en estricto acatamiento a la citada jurisprudencia, la que versa al tenor literal siguiente: 'LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.-Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada'.(16) (24) Arribar a diversa conclusión nos llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía amparo sin restricción de tiempo hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas; o que la fecha de conocimiento del acto reclamado aducida por el quejoso, pudiera desvirtuar la firmeza que tiene el acto de autoridad que no se impugnó en tiempo. (25) Aceptar lo que pretende la parte quejosa implicaría avalar, sin justificación legal alguna, que el gobernado, cuando así le conviniera o lo considerara favorable a sus intereses, investigue cuáles son las normas que han sido declaradas inconstitucionales por jurisprudencia obligatoria, de entre aquellas que en algún momento le han sido aplicadas por un acto considerado como carente de fundamentación y motivación, e impugnarlas posteriormente sin restricción temporal alguna; lo que desde luego es lógica, moral y jurídicamente insostenible, en razón de que, como se ha venido diciendo, al existir un acto de autoridad lesivo a su patrimonio, desde que tuvo conocimiento del mismo (el pago que realizó por concepto de derechos y retención de impuestos), el afectado estaba en condiciones de controvertirlo y, al no haberlo hecho así, éste adquirió firmeza, sin que ahora pueda beneficiarse de la conducta desinteresada en que incurrió. (26) Sin que pasen desapercibidas para este órgano colegiado, las manifestaciones vertidas por el recurrente, mediante escrito presentado el **********, específicamente en la parte relativa a la vista ordenada en el diverso auto de diez de diciembre de dos mil catorce, porque como se ha señalado en líneas anteriores, es a partir de la fecha de la escritura en que el ahora recurrente tuvo conocimiento de la existencia de un acto que le causaba perjuicio y desde la firma de esa escritura estuvo en posibilidad de reclamarlo a través del medio de defensa correspondiente, y al no haberlo hecho así, adquirió firmeza el acto del que ahora se duele; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. (27) El criterio adoptado en esta ejecutoria no significa desatender las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN." y "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.";(17) lo anterior, en razón de que dichos criterios deben entenderse aplicables en aquellos casos en que el gobernado desconoce la existencia de un acto de autoridad lesivo a sus intereses jurídicos, y la causa que se aplicó para resolver el asunto fue la relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo; situaciones, una y otra que, como se analizó hasta aquí, no ocurren en la especie.". Si en el caso la parte quejosa manifestó en el libelo de demanda, que con motivo del contrato traslativo de propiedad que celebró, contenido en la escritura pública 14,726, de veintisiete de abril de dos mil diez, el Notario con base en las facultades legales que le asisten llevó a cabo el cálculo y retención por derechos de registro así como por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, generados por éste motivo, lo que además se corrobora con la propia manifestación del Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, en su informe con justificación, en el que precisó que en razón de la celebración del acto traslativo de propiedad, calculó y retuvo los impuestos y derechos que se generaron con motivo de su protocolización. En particular se hace mención a la escritura pública 14,726, en las cláusulas SEXTA y novena, lo siguiente: ".SEXTA.-Todos los gastos, impuestos, derechos Y honorarios que se causen con motivo de la presente operación, hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Y Comercio del Estado, serán cubiertos por la parte compradora, con excepción del impuesto sobre la renta que será a cargo de la parte vendedora. LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES QUE SE FORMULA CONFORME A LOS ARTICULOS NOVENTA y CUATRO BIS y CIENTO VEINTITRES, DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ASI COMO ARTICULOS QUINTO Y SEPTIMO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIEZ.- OPERACION.- COMPRAVENTA.- BASE GUN EL ARTICULO NOVENTA Y CUATRO BIS DOS.- $357,300.00.- TASA 2%.- $7,146.0 - MAS 25% DE ADICIONALES.- $1,786.50.-IMPUESTO A PAGAR.- $8,932.50.". En la parte final de la escritura pública el Notario Público dio fe de lo siguiente: ".YO EL NOTARIO, DOY FE: .VIII.- Que me identifiqué como notario ante los otorgantes; que me cercioré de su identidad; que les hice saber el derecho que tienen de leer personalmente la presente escritura y, especialmente, el derecho que tiene el Trabajador de leer las Condiciones Generales de Contratación, la Carta de Condiciones Financieras Definitivas y la Tabla de Tasas de Interés Ordinario, quienes así lo hicieron; que asimismo les expliqué su contenido; y que los ilustré acerca del valor, consecuencias y alcances legales de este instrumento, de las Condiciones Generales de Contratación, de la Carta de Condiciones Financieras Definitivas y de la Tabla de Tasas de Interés Ordinario, por lo que, advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, manifestaron su comprensión y conformidad plena con los mismos.- IX.- De que habiéndoles leído a los comparecientes el presente instrumento, Y explicándoles el valor y la fuerza legal de su contenido, me manifestaron su conformidad con el mismo, ratificándolo y firmándolo en comprobación el día veintiuno del mes de mayo; haciéndoles sabedores de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, bajo protesta de decir verdad, para su identificación por sus generales me manifestaron ser.". De lo que se advierte que fue a partir de la firma de la escritura pública en que se contiene el contrato traslativo de dominio que celebró la parte quejosa resintió el perjuicio en su patrimonio con motivo de la retención efectuada por el notario público, de las cantidades por concepto de impuestos y derechos que generó, ello con independencia de que dicho acto pudiera haber adolecido de fundamento que explique los cobros respectivos, y que en todo caso debió impugnarse por las vías legales conducentes, incluso mediante el juicio de amparo (esto último dentro del plazo genérico de quince días previsto en la ley de la materia, como se afirma en la propia ejecutoria que en la presente resolución se observa, cuya parte considerativa ha quedado transcrita), por lo que al no hacerlo así, dicho acto de autoridad desplegado adquirió firmeza al no haber sido controvertido, lo que implica que ya no pueda modificarse, de ahí que resulte irrelevante que la parte quejosa aduzca que tuvo conocimiento de la aplicación de los preceptos cuya inconstitucionalidad reclama hasta el veintidós de mayo del año en curso. En razón de lo anterior, al reclamarse las normas impugnadas como heteroaplicativas, esto es, con motivo de su primer acto de aplicación, no pude desvincularse su estudio del que concierne a su acto de aplicación, actualizándose con ello la causa de improcedencia que se invoca, al resultar improcedente por esa razón el análisis de las normas combatidas, y atento a las consideraciones expresadas en la ejecutoria citada al inicio del presente considerando, de observancia obligatoria para ésta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 217 párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Así al actualizarse la causa de improcedencia que se invoca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio. No es inadvertido para este juzgador que algunas de las autoridades responsables invocan la actualización de diversas causas de improcedencia, sin embargo su estudio es innecesario ya que de prosperar alguna en nada variaría el sentido de la resolución que se pronuncia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, consultable en la página 141 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO PROMOVIDO por FELIPE OCAMPO ÁLVAREZ, contra la aprobación, expedición, promulgación, sanción, publicación y aplicación del contenido los artículos 77 fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado, y 94 bis a 94 bis 12, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que se reclamaron al Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto al cobro que se estima aplicación de las normas legales citadas, traducidos en el cobro de las cantidades relativas al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, adicionales; así como derechos de inscripción en el Registro Público; que se reclamaron al Tesorero del Municipio de Jiutepec, Morelos, Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, y Notario Público Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, respectivamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, hoy veinte de agosto de dos mil quince, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual acusa recibo del oficio 39947/2015, remitido por este Juzgado; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual, en atención al requerimiento de cuatro de mayo de dos mil quince, remite copia certificada de los oficios signados por la Titular de la Unidad Jurídica en Materia d Seguridad Pública, por medio del cual informa el seguimiento a lo solicitado por la Junta para presentar a Juana Meza García el dos de junio del año en curso; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, toda vez que la Junta responsable se encuentra realizando actos tendientes al cumplimiento al fallo protector; en esas condiciones, es procedente requerir a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en el término de veinticuatro horas siguientes en que se lleve a cabo la diligencia de dos de junio de dos mil quince, remita copia certificada del acuerdo que recaiga a la misma. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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