Felipe Nuñez Villa
Expediente 704/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Felipe Nuñez Villa
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL EN LO QUE NOS INTERESA DICE: "Visto el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, al cual acompaña los autos originales del juicio de amparo indirecto 920/2022-3, siete copias de demanda de amparo promovido por el quejoso ...; y, siete anexos en copia; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, tomando en consideración que mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, emitida por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en los autos del juicio de amparo 920/2022-3 de su índice; se declaró incompetente para conocer del acto reclamado en la demanda de garantías, promovida por el quejoso ..., consistente en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable Jueza Primero de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en los autos del expediente 47/2020, en el que no admitió la tercería excluyente de dominio promovida por el citado amparista, a fin de recuperar material y jurídicamente un vehículo automotor. Así las cosas, como lo consideró la autoridad federal oficiante, el acto reclamado antes indicado por su naturaleza se trata de una resolución que pone fin al procedimiento sin resolver el fondo del asunto. Consecuentemente, la a quo constitucional, ordenó remitir la demanda de garantías promovida al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, tocando conocer a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este tribunal federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. Cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE "DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)...En efecto, de la demanda de garantías se observa que el quejoso Felipe Núñez Villa, señaló como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes:...Luego, de las constancias remitidas por la autoridad federal oficiante se observa el acto que hoy intenta combatir el quejoso Felipe Núñez Villa, consistente en el proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en el expediente 47/2020 de su índice, el cual en lo que interesa dice lo siguiente:...Luego como ya se dijo, se estima que el presente juicio de amparo debe desecharse por improcedente toda vez que la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia así lo establece, ya que en contra de la resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en el expediente 47/2020 de su índice y que ahora constituye el acto reclamado procede el recurso de apelación previsto por el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, al tratarse de un asunto de cuantía indeterminada. Se dice lo anterior, toda vez que si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, esta debe considerarse de cuantía indeterminada, por lo que, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación, previsto por el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, que dispone que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, además, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, como lo dispone la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 94/2013, de la Décima Época, que por contradicción de tesis 248/2013, resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN...En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en el expediente 47/2020 de su índice, se concluye que en contra de dicha determinación procede el recurso de apelación al considerarse como un asunto de cuantía indeterminada y, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por el quejoso .... En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de garantías y, como autorizado para tales efectos a la persona que ahí menciona. Luego, dada la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en términos del artículo 5º, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; y para no contravenir lo establecido en el artículo 17 Constitucional; téngase el correo electrónico y número telefónico proporcionados únicamente como medios de comunicación, sin que ello sea motivo de tomarse en cuenta como formas para notificación alguna. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, al cual acompaña los autos originales del juicio de amparo indirecto 920/2022-3, siete copias de demanda de amparo promovido por el quejoso Felipe Núñez Villa; y, siete anexos en copia; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Ahora bien, tomando en consideración que mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, emitida por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en los autos del juicio de amparo 920/2022-3 de su índice; se declaró incompetente para conocer del acto reclamado en la demanda de garantías, promovida por el quejoso Felipe Núñez Villa, consistente en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable Jueza Primero de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en los autos del expediente 47/2020, en el que no admitió la tercería excluyente de dominio promovida por el citado amparista, a fin de recuperar material y jurídicamente un vehículo automotor. Así las cosas, como lo consideró la autoridad federal oficiante, el acto reclamado antes indicado por su naturaleza se trata de una resolución que pone fin al procedimiento sin resolver el fondo del asunto. Consecuentemente, la a quo constitucional, ordenó remitir la demanda de garantías promovida al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, tocando conocer a este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este tribunal federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. Cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE "DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)...En efecto, de la demanda de garantías se observa que el quejoso Felipe Núñez Villa, señaló como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes:...Luego, de las constancias remitidas por la autoridad federal oficiante se observa el acto que hoy intenta combatir el quejoso Felipe Núñez Villa, consistente en el proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en el expediente 47/2020 de su índice, el cual en lo que interesa dice lo siguiente:...Luego como ya se dijo, se estima que el presente juicio de amparo debe desecharse por improcedente toda vez que la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia así lo establece, ya que en contra de la resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en el expediente 47/2020 de su índice y que ahora constituye el acto reclamado procede el recurso de apelación previsto por el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, al tratarse de un asunto de cuantía indeterminada. Se dice lo anterior, toda vez que si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, esta debe considerarse de cuantía indeterminada, por lo que, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación, previsto por el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, que dispone que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, además, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, como lo dispone la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 94/2013, de la Décima Época, que por contradicción de tesis 248/2013, resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN...En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, en el expediente 47/2020 de su índice, se concluye que en contra de dicha determinación procede el recurso de apelación al considerarse como un asunto de cuantía indeterminada y, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII, 170, 179 y demás relativos de la Ley de Amparo, este tribunal DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por el quejoso Felipe Núñez Villa. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de garantías y, como autorizado para tales efectos a la persona que ahí menciona. Luego, dada la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en términos del artículo 5º, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; y para no contravenir lo establecido en el artículo 17 Constitucional; téngase el correo electrónico y número telefónico proporcionados únicamente como medios de comunicación, sin que ello sea motivo de tomarse en cuenta como formas para notificación alguna. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.
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