Felipe Munive Yahuitl apoderado legal
Expediente 817/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Felipe Munive Yahuitl apoderado legal
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 23 a 26), en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos Por otro lado, tomando en consideración que en el presente expediente fueron aportados diversos documentos por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiéraseles para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tienen por ofrecidas las pruebas de la autoridad responsable consistente en las documentales que anexa, las cuales se desahogan por su propia naturaleza y serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el acto siguiente: La omisión de resolver sobre la audiencia incidental de liquidación, dentro del expediente 358/2013, desahogada con fecha nueve de julio de dos mil diecinueve. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de la documental exhibida por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictó la resolución correspondiente al incidente de liquidación dentro de los autos del expediente 358/2013, y se notificó a las partes el dos y tres de octubre del año en curso respectivamente. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que al emitirse la resolución en comento, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE. Lo anterior, sin que pase inadvertido que a la fecha en que se actúa no obre la constancia relativa al emplazamiento del tercero interesado Pedro Manuel Escobar Hernández; sin embargo, al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, no se lesionan sus intereses. Es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1998, que señala: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada Pedro Manuel Escobar Hernández, el contenido del proveido de trece de septiembre de dos mil diecinueve: Vista la demanda de amparo que promueve Felipe Munive Yahuitl apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 817/2019-VIII. Se admite demanda de amparo sin incidente de suspensión En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta por Felipe Munive Yahuitl apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado: la omisión de resolver sobre la audiencia incidental de liquidación, dentro del expediente número 358/2013, desahogada el nueve de julio de dos mil diecinueve. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá remitírsele copia de la demanda de amparo, en el entendido de que la autoridad responsable deberá acompañar copia certificada legible y completa de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Se previene a la autoridad responsable que si al rendir su informe justificado expresa un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revoca o deja sin efecto el acto que se le reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se le impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. En el entendido que deberá rendir su informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no del acto reclamado. Causas de sobreseimiento En términos del artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán manifestarlo de inmediato y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, apercibiéndolas que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia constitucional Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. Terceros interesados Por otra parte, conforme a lo establecido por el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado a Pedro Manuel Escobar Hernández , con domicilio ubicado en Lardizábal, número Setenta y siete, interior Uno, colonia Centro de esta ciudad de Tlaxcala. Por tanto, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado para que se constituya en el domicilio precisado y con copia simple de la demanda de amparo, emplace a juicio al tercero interesado de referencia, le haga saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene, debiendo requerirle para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señalen domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ante este juzgado en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. De las notificaciones a la autoridad responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Se admiten pruebas documentales Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba las documentales que acompaña a su escrito de demanda; mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley, mientras tanto, guárdense en el secreto de este juzgado, dejándose en su lugar copia certificada de los mismos. Domicilio y autorizados Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica. Habilitación de días y horas Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización a Secretarios Se autoriza a cualquier Secretario(a) adscrito(a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Transparencia Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Felipe Munive Yahuitl apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 817/2019-VIII. Se admite demanda de amparo sin incidente de suspensión En atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo propuesta por Felipe Munive Yahuitl apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado: la omisión de resolver sobre la audiencia incidental de liquidación, dentro del expediente número 358/2013, desahogada el nueve de julio de dos mil diecinueve. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá remitírsele copia de la demanda de amparo, en el entendido de que la autoridad responsable deberá acompañar copia certificada legible y completa de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe con justificación o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Se previene a la autoridad responsable que si al rendir su informe justificado expresa un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revoca o deja sin efecto el acto que se le reclama, con el propósito de que se sobresea en el juicio, o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se le impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. En el entendido que deberá rendir su informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no del acto reclamado. Causas de sobreseimiento En términos del artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán manifestarlo de inmediato y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, apercibiéndolas que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia constitucional Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. Terceros interesados Por otra parte, conforme a lo establecido por el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado a Pedro Manuel Escobar Hernández , con domicilio ubicado en Lardizábal, número Setenta y siete, interior Uno, colonia Centro de esta ciudad de Tlaxcala. Por tanto, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este juzgado para que se constituya en el domicilio precisado y con copia simple de la demanda de amparo, emplace a juicio al tercero interesado de referencia, le haga saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene, debiendo requerirle para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señalen domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones ante este juzgado en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. De las notificaciones a la autoridad responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Se admiten pruebas documentales Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba las documentales que acompaña a su escrito de demanda; mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley, mientras tanto, guárdense en el secreto de este juzgado, dejándose en su lugar copia certificada de los mismos. Domicilio y autorizados Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica. Habilitación de días y horas Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización a Secretarios Se autoriza a cualquier Secretario(a) adscrito(a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Transparencia Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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