Felipe Miguel López

Expediente 919/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
919/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Felipe Miguel López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en el presente asunto (fojas 126 a 139) HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro contexto, se advierte que mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós (foja 54), se tuvo al 1. Juez de Control y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias anexas a su informe justificado -con las cuales se formó un cuaderno de pruebas- por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el cuaderno de pruebas aludido, para los efectos legales conducentes. Asimismo, del presente asunto se aprecia que la parte quejosa Felipe Miguel López, exhibió una USB -que acompañó a su ocurso con número de registro 19858 de fecha veintitrés de noviembre de la anualidad que antecede (fojas 76 y 77) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, que realice a la parte quejosa, la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a Felipe Miguel López, que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado documento. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo y en virtud de que el asunto se encuentra concluido, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dicho documento, junto con las actuaciones del presente expediente. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 919/2022. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, ******************** promovió juicio de amparo en contra de los actos y autoridad que posteriormente serán precisados (fojas 1-15). SEGUNDO. Trámite. Previa prevención (fojas 16-20) Mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se acordó: admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito, emplazar a en su carácter de terceros interesados al Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, ******************** y ******************** fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 23-32) mismos que fueron emplazados el primero y segundo de los nombrados el veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas 39 y 41) el tercero el tres de noviembre de dos mil veintidós (fojas 37-38) y el último el seis de diciembre de dos mil veintidós (fojas 92-93). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 51) tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 123-124) quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales del quejoso ofendido como lo son la seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias laboral, penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en esos términos del estudio integral de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez de Control y Procedimiento Oral XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz (foja 51 y un disco DVD foja 52) se precisa que el acto reclamado por el quejoso es: "La resolución de fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control y Procedimiento Oral XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz Licenciado ******************** dentro del cuaderno de control número ******************** en donde confirma el no ejercicio de la acción penal determinado por el Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del citado Distrito de Veracruz, Veracruz, en la carpeta de Investigación ********************" Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la responsable 1. Juez de Control y Procedimiento Oral XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, como se aprecia de su informe justificado (foja 51 y un disco DVD foja 52). Lo cual se corrobora con las constancias que remitió el aludido juez responsable, correspondientes a copias certificadas del cuaderno de control ******************** del índice del Juzgado responsable (Tomo I, cuaderno de pruebas) así como del disco en el que consta la audiencia de cuatro de octubre de dos mil veintidós, que confirma el no ejercicio de la acción penal determinado por el Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del citado Distrito de Veracruz, Veracruz, en la carpeta de Investigación ******************** Probanza que, con relación a las documentales, tienen plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de acuerdo con el dispositivo 2, párrafo segundo de la ley de la materia, por tratarse de documentos emitidos por funcionarios en el ejercicio de su encomienda. Así como la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, se reitera, deben tenerse por ciertos los actos controvertidos en esta instancia constitucional. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto. En la especie, se estiman infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, al tener la misma el carácter de ofendido. Lo anterior impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. MARCO JURÍDICO REFERENCIAL I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN En principio, cabe decir que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su primera parte, garantiza uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto constitucional de previa cita, es la establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, se invocarse el criterio jurisprudencial número 139/2005, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Entonces, conforme a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, las autoridades jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero al que pertenecen, al emitir sus resoluciones y con las particularidades propias establecidas en el criterio de previa cita, deben, en todos los casos, cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación a fin de que sus actos sean respetuosos del derecho humano de legalidad a que se ha hecho referencia. Por consiguiente, a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente afectar valores trascendentes, entre otros requisitos, desde luego debe satisfacerse a plenitud el de fundamentación y motivación, lo que significa que el juzgador deberá realizar de manera expresa y categórica, un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En este contexto, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y, por motivación, las razones o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Por otra parte, resulta importante transcribir en la parte conducente el artículo 20, apartado C, fracciones IV y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. (.)." En dicho artículo y fracciones, se establece que el ofendido tiene derecho a que se le repare el daño y a impugnar, entre otras determinaciones, el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, en tanto que el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regula ese medio de impugnación, que implica el respeto del derecho de defensa y audiencia del ofendido a través de su asesor jurídico. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante la Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, la Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, la Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que la Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." *Lo subrayado es propio de la presente resolución. Por otro lado, de la reforma a los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho) para introducir en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, se estableció que éste se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y que este nuevo modelo de enjuiciamiento se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal. Así, las audiencias en las que se resuelva la impugnación interpuesta contra las determinaciones del no ejercicio de la acción penal, deberán ajustarse a los principios de contradicción, concentración, continuidad e inmediación, como lo dispone en esencia la fracción IV del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, los elementos de forma y fondo que debe tener la resolución del Juez de Control que confirmó el no ejercicio de la acción penal, están satisfechos, por lo siguiente: La audiencia videograbada que contiene el acto reclamado, cumplió con los requisitos de los citados numerales 14 y 16 constitucionales, ya que el Juez de Control expuso los motivos para dejar intocada la resolución del no ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscal considerando que sí hubo exhaustividad en la carpeta de investigación aunado a que los hechos atribuidos a los particulares se trate de la comisión de alguna conducta ilícita, como más adelante se expondrá. Asimismo, se respetó el principio de publicidad, pues la audiencia se celebró a puerta abierta, estando presentes las partes, esto es, Fiscal, asesor jurídico, y parte ofendida. Por lo que respecta al principio de contradicción, el asesor jurídico del ofendido y el Fiscal estuvieron en posibilidad de controvertir o confrontar, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. La audiencia se desarrolló en un solo día, el cuatro de octubre de dos mil veintidós, por lo cual se cumplió el principio de concentración, como también el de continuidad, ya que se celebró sin interrupción, concediéndose el uso de la palabra inicialmente al asesor jurídico del ofendido y posteriormente al Fiscal. Finalmente, la audiencia fue precedida por ******************** 1. Juez de Control y Procedimiento Oral XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, por lo que se cumple con el principio de inmediación. Ahora del disco compacto enviado por el juez responsable se desprenden los datos del acto reclamado, a saber: 1. A las nueve horas con veintinueve minutos (9:29) del cuatro de octubre de dos mil veintidós, la Auxiliar de Sala dio inicio a la audiencia del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde en el recorrido del video en los minutos: 1:41 El Juez Individualizó a las partes, Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del citado Distrito de Veracruz, Veracruz, Asesor Jurídico Licenciado ******************** y ofendido (recurrente) ********************. 2:12 El Juez pregunta al recurrente ******************** si tiene alguna duda de sus derechos, contestando que no. 3:02 El Juez pregunta al recurrente ******************** si desea nombrar como su Asesor Jurídico al abogado que lo acompaña contestando que sí. 3:26 El Juez pregunta a la Auxiliar de Sala si verificó la cédula profesional del Asesor Jurídico en el Registro de cédulas profesionales contestando que sí. 3:38 El Juez protesta el cargo al Asesor Jurídico. 3:49 El Juez pregunta al Asesor Jurídico si ya se le permitió el acceso a la carpeta de investigación contestando que sí. 3:49 El Juez pregunta al Asesor Jurídico si le explicó al señor ******************** el desarrollo de la presente diligencia contestando que sí. 4:15 El Juez hace del conocimiento de las partes que la diligencia que se efectúa es con motivo del escrito signado por el ofendido por medio del cual interpuso el recurso previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la resolución del no ejercicio de fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictado por el Fiscal Quinto adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del citado Distrito de Veracruz, Veracruz, y que por ello se formó el cuadernillo ******************** asimismo preguntó al Fiscal si se le corrió traslado con dicho escrito manifestando que sí. 5:20 El asesor jurídico informó a la Juez de Control los motivos por los cuales presentó el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la falta de exhaustividad en la carpeta de investigación, considerando que el Fiscal ha incurrido en la omisión de analizar las conductas en las que incurrieron de la persona moral ******************** y de las personas físicas: Licenciado ******************** Licenciada ******************** y ******************** ******************** las cuales pueden ser constitutivas de uno o más delitos, mismas que fueron desplegadas en el juicio oral mercantil con número de expediente ******************** ante el Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia, en la audiencia de remate de doce de febrero de dos mil veintiuno, ya que ******************** por conducto de sus representantes legales ******************** y ********************, hizo suyo el recurso interpuesto por ********************, siendo que dicho recurso no está permitido en los juicios orales mercantiles como lo dispone el artículo 1390 TER 2 del Código de Comercio, lo que trajo como consecuencia el remate judicial del inmueble que se le había embargado al ofendido, lo cual le causó un perjuicio patrimonial. Asimismo que la persona moral ******************** intentó apoderarse de la cantidad de doscientos once mil pesos que le pertenecen al ofendido mediante la tergiversación de los hechos en dicho juicio mercantil, no obstante de haberse desistido formalmente de la ejecución de la sentencia; asimismo hizo del conocimiento que el señor ******************** no fue citado como persona física sino como apoderado legal de la persona moral ******************** también que no citó a ******************** en la carpeta de Investigación o no hizo efectivos los apercibimientos ya que dejó de asistir de manera injustificada, y que ante los hechos expuestos ante el Ministerio Público, con independencia de que en la denuncia le dio una clasificación jurídica, el Ministerio Público no cumplió con sus obligaciones de agotar todas las líneas de investigación determinando el no ejercicio de la acción penal y que no le proporcionó copias de la carpeta de investigación. 29:46 El Fiscal replicó las manifestaciones del Asesor Jurídico, y explicó el por qué determinó el no ejercicio de la acción penal, esto es expuso que tuvo por recibido el escrito de denuncia, mismo que radicó en la carpeta de investigación número ******************** que en dicha denuncia se hicieron valer hechos posiblemente constitutivos de delitos en contra de personas físicas, morales y públicas, por lo que mediante oficio 958/2021 de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno y por instrucciones del Fiscal de Distrito desglosó copias de la carpeta de investigación a la Fiscalía Especializada contra Servidores Públicos para que continuara con la investigación contra los servidores públicos, al no ser competencia del mismo, ya que únicamente le correspondía analizar las conductas cometidas por las personas morales y físicas ******************** ******************** ******************** y ********************, concluyendo que una vez analizadas las conductas atribuidas que derivan del juicio oral mercantil no advirtió que fueran ilícitas, refiriendo además que sí citó a ******************** y que sí le proporcionó copias de la carpeta de investigación. 52:07 El asesor jurídico en derecho de réplica insistió en las conductas omisivas en que incurrió el Fiscal dentro de la carpeta de investigación. 1:06 El Fiscal manifestó que ambas partes dentro del juicio oral mercantil promovieron recursos improcedentes. 1:10 El Juez de Control cierra debate entre las partes y procede a resolver confirmando la determinación de no ejercicio de la acción penal de dieciséis de junio de dos mil veintidós. En efecto, el juez responsable en la resolución de fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, adujo que los agravios expresados por la parte quejosa son infundados, en razón de que establece que el Fiscal no agotó todas las líneas de investigación que pudiera advertir las conductas ilícitas que viene invocando el asesor jurídico que pudieran dar lugar a un fraude, a un delito de abogados litigantes, de declaración de hechos falsos ante autoridad competente o fraude procesal. Asimismo refiere, que de lo expuesto de ambas partes en dicha audiencia, advierte que el Fiscal sí agota de manera exhaustiva, tan es evidente que ya hizo valer un recurso previo ante otro Juez Titular de la Sala B, y que derivado de ello se dio la reapertura de la carpeta para analizar de forma exhaustiva y dándole un plazo para determinar en el sentido que quisiera hacerlo de acuerdo a la competencia y facultades que la ley le otorga y determinó el no ejercicio de la acción penal, de ahí que consideró que la investigación sí fue agotada de manera exhaustiva. Refiriendo además la responsable, que el segundo agravio lo considera infundado, en el sentido de que el señor ******************** no fue citado como persona física sino como apoderado legal de la persona moral ******************** lo cual a todas luces lo consideró incongruente, en virtud de que las personas morales no actúan por sí solas sino por conducto y a través de sus representantes o apoderados legales, de tal suerte que si derivaba alguna responsabilidad posible en contra de la persona moral, esto tendría que ser por conducto de sus representantes morales, tan es así que el Asesor Jurídico confirma que el señor ******************** sí compareció, no obstante que se reservó el derecho a declarar en términos del artículo 20 Constitucional para hacerlo en su oportunidad en forma escrita, por ello consideró infundado el agravio expresado por el Asesor Jurídico. Asimismo, la responsable puntualizó que por cuanto hace a que no se citó a ********************, no obstante que el Fiscal lo apercibió, éste no hizo valer sus determinaciones de cumplir con sus apercibimientos, empero ello no es un impedimento para que el Fiscal haya determinado el no ejercicio de la acción penal. De igual forma, el Juez de Control responsable, señaló que todo deriva del juicio oral mercantil ******************** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, en donde después de haber agotado la secuela procesal, el Juez resolvió el asunto que se puso a su competencia, lo cual no fue a favor de ********************, lo que motiva a comparecer y hacer una denuncia para buscar una responsabilidad penal en contra de las personas morales y físicas referidas, lo cual a todas luces se advierte que no se trata de la comisión de un hecho ilícito, porque el artículo 17 de la Constitución Federal dice: Que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer denuncia para reclamar sus derechos. En todo caso toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos en los plazos y términos que señalen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, la autoridad responsable que en la parte final de este artículo se establece que Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. En este punto, el Juez responsable motivó que no obstante que el Asesor Jurídico manifieste que durante la secuela procesal del juicio del carácter mercantil se dieron una serie de violaciones en donde incluso aceptan ambas parte que interpusieron recursos notoriamente improcedentes, se advierte que es una mera expectativa del derecho, ya que quien promueve en su carácter de actor o demandado tiene la expectativa de aclarar sus pretensiones que persigue, pero es el órgano jurisdiccional quien acuerda o determina la procedencia o no de dichas acciones o excepciones. En esos términos, la responsable dijo que es claro advertir que el Juez del Fuero Mercantil determinó el Juicio ********************, en las razones ya expuestas, lo cual evidentemente derivó que se sentenció a una persona con las formalidades que establece la ley, siendo escuchado y vencido en juicio, lo cual derivó en una condena en su contra, y que el mismo Juez es el competente para llevar a cabo la ejecución. Reiterando el Juez responsable, que como se dijo al inicio de esa resolución, respecto a la actuación en que pudieran haber incurrido los servidores públicos de esos acuerdos o resoluciones, será competencia de un Juez Especializado en la materia quien determine, si en efecto les depara alguna responsabilidad o no, pero esto no es una situación que a los particulares se les advierta en la comisión de alguna conducta ilícita, tomando en consideración como ya se estableció, que solamente promueven una expectativa de lo que se pretende acreditar o justificar ante la autoridad competente y finalmente quien resuelve es el órgano jurisdiccional quien resuelve de fondo esta situación, y en este sentido el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que antes de la Audiencia Inicial, el Ministerio Público podrá decretar el No Ejercicio de la Acción Penal cuando de los antecedentes del caso le permita concluir que en el caso concreto se actualiza alguna causal de sobreseimiento prevista en este Código, asimismo adujo que el artículo 317 de dicho ordenamiento legal establece que son causas de sobreseimiento la prevista en la fracción II, cuando el hecho cometido no constituye propiamente un delito. En este sentido, el Juez responsable, expuso si bien es cierto que el Asesor Jurídico hace valer que él interpuso una denuncia, sin establecer una clasificación jurídica preliminar porque eso es competencia del Fiscal, lo cierto es que la conducta que ahora pretende encuadrar en su mayoría son aquellas de delitos contra la Administración de Justicia y el artículo 6 del Código Penal, establece que una conducta será típica y será punible cuando lesione o ponga en peligro efectivamente y sin causa justa el bien jurídico tutelado por la ley penal. De lo que se desprende que todo derivó del Juicio de carácter mercantil, el cual fue resuelto por la autoridad legalmente competente y que hubo una parte vencida, lo cual no implica necesariamente que se haya colocado en un estado de peligro del bien jurídico tutelado, en que este caso sería la Administración de Justicia, porque al final hubo una resolución, y tampoco se puede llegar a establecer que se haya lesionado de manera efectiva el bien jurídico tutelado por la norma, pues es evidente que ambas partes hicieron valer un acción y una excepción ante el Juez competente, y fue éste al final de cuentas quien tomó una determinación, lo cual no puede implicar de ninguna manera, que esto constituyera un hecho ilícito. En esos términos, el Juez de Control, concluye que con los antecedentes expuestos en la carpeta de investigación y por los argumentos expuestos por las partes, resultan infundados los agravios expresados por la parte quejosa y por el contrario le asiste la razón al Fiscal, y por ende confirma el No Ejercicio de la Acción Penal en la Carpeta de Investigación ******************** de fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós por encontrarse ajustada a derecho, fundada y motivada; sin que pasara por alto el Juez responsable, que es evidente que no existen recursos ordinarios en la vía mercantil, que fue un órgano jurisdiccional que en la Primera Instancia o en la Alzada quien se pronunció al respecto de los mismos, y reiteró el Juez responsable, que esto no implica la comisión de algún hecho delictivo, por lo tanto se dejaron a salvo los derechos en dicho juicio mercantil para que por cualquier vía los pudieran hacer valer, situación que advirtió no había acontecido. Contestación conceptos de violación Ahora, inconforme con esa decisión el quejoso plantea en esta vía como conceptos de violación que con la resolución reclamada de cuatro de octubre de dos mil veintidós, se viola lo tutelado por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen las garantías de legalidad, audiencia y acceso a la justicia. Argumentos que son infundados, puesto que la resolución reclamada, no trasgrede el derecho a un debido proceso que prevé el artículo 14 de la Constitución Federal, pues de la videograbación se advierte que el Juez de Control responsable, después de conceder el uso de la palabra a las partes, y dar contestación a los argumentos expresados por el asesor jurídico, respecto de la falta de exhaustividad en la investigación, aclararle que sí el señor ******************** no fue citado como persona física sino como apoderado legal de la persona moral ******************** y que sí compareció no obstante que se reservó el derecho a declarar en términos del artículo 20 Constitucional, para hacerlo en su oportunidad en forma escrita, y que por cuanto hace a que no se citó a ********************, no obstante que el Fiscal lo apercibió, éste no hizo valer sus determinaciones de cumplir con sus apercibimientos, empero ello no es un impedimento para que el Fiscal haya determinado el no ejercicio de la acción penal. Asimismo, hizo referencia que todo derivó del Juicio de carácter mercantil, el cual fue resuelto por la autoridad legalmente competente y que hubo una parte vencida, lo cual no implica necesariamente que se haya colocado en un estado de peligro del bien jurídico tutelado, en que este caso sería la Administración de Justicia, porque al final hubo una resolución, y tampoco se puede llegar a establecer que se haya lesionado de manera efectiva el bien jurídico tutelado por la norma, pues es evidente que ambas partes hicieron valer un acción y una excepción ante el Juez competente, y fue éste al final de cuentas quien tomó una determinación, lo cual no puede implicar de ninguna manera, que esto constituyera un hecho ilícito, por lo anterior, dejó intocada la resolución de no ejercicio de la acción penal por parte del Fiscal; lo cual se estima ajustado a derecho. Se sostiene lo anterior, ya que la autoridad responsable, dijo que sí hubo exhaustividad en la investigación, pues basta imponerse de la videograbación para advertir que el Fiscal detalló los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, dio contestación a las conductas omisivas a las que hizo alusión el Asesor Jurídico, e incluso expuso que ambas partes dentro del juicio oral mercantil promovieron recursos improcedentes. Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, y al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia de la unión a ********************. SEXTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando quinto. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada: Lubricantes Especializados de Veracruz, S. A. de C.V. y Antonio Cruz Orozco, la sentencia engrosada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, se le tiene desahogando la vista otorgada en proveído de diecisiete de enero pasado y, por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de nueve de enero pasado (notificado vía oficio 444) remite el indexado de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidós en el que se lleva el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en donde se resolvió el recurso innominado ********************. Por tanto, se tiene como PRUEBA de su parte la documental que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 119 de la ley en comento. Ahora, como lo anterior resulta ser en alcance al informe justificado del juzgado responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

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