Felipe Meneses Mena

Expediente 924/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
924/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Felipe Meneses Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Representante del Gobierno, de la Junta Especial número Cuarenta y Seis, de la Federal de Conciliación y Arbitraje,, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de siete de septiembre del año en curso, remite copia certificada del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 721/2015, así como de las constancias de notificación a las partes; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexos, así como con el contenido del oficio registrado en este juzgado con el número 16956 dese vista a la partes quejosa y tercero interesado con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Representante del Gobierno, de la Junta Especial número Cuarenta y Seis, de la Federal de Conciliación y Arbitraje,, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de siete de septiembre del año en curso, remite copia certificada del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 721/2015, así como de las constancias de notificación a las partes; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexos, así como con el contenido del oficio registrado en este juzgado con el número 16956 dese vista a la partes quejosa y tercero interesado con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado.***

  3. Principal

    .....Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es INFUNDADO el incidente de objeción de documento planteado por la parte quejosa, dado lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *********, representada actualmente por su albacea provisional Universidad Autónoma de Tlaxcala, atento a lo expuesto en el considerando quinto de esta determinación. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por conducto de su albacea provisional Universidad Autónoma de Tlaxcala; por lista al tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, mediante oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con veinticuatro minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 924/2023, promovido por Felipe Meneses Mena, por conducto de su representante legal, se procede a efectuarla en presencia de la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada alguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente, ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo presentada por Felipe Meneses Mena, auto admisorio de treinta de junio de dos mil veintitrés e informe con justificación rendido por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la parte tercera interesada, se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas que ofreció y exhibió el quejoso consistentes en la instrumental pública de actuaciones, la presuncional legal y humana y con la documental que adjuntó a su demanda consistente en copia de diligencia de requerimiento de pago y embargo de catorce de junio de dos mil veintitrés y copia del acuse del escrito presentado ante la Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés; y con la documental pública que remitió la autoridad responsable, consistentes en copia certificada de la resolución incidental de liquidación, escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, auto de ejecución de tres de mayo de dos mil veintitrés, diligencia de requerimiento de pago y embargo de catorce de junio de dos mil veintitrés, así como los acuerdos de tres de julio del año en curso, constancias que obran en el expediente laboral 721/2015. A lo que la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon y con la circunstancia de que el Agente del Ministerio Público adscrito, no presentó pedimento legal alguno; a lo que la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, a contrario sensu; se tiene por hecha la constancia en el sentido de que las partes fueron omisos en formular alegatos y por otro lado, se tiene al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin presentar pedimento. En tal virtud, se concluye esta audiencia, y enseguida procédase a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 924/2023, promovido por Felipe Meneses Mena, por conducto de su representante legal, en contra de los actos reclamados Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y del Actuario adscrito a dicha junta; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Felipe Meneses Mena, por conducto de su representante legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: ( Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. ( Actuario de la Junta mencionada. ACTOS RECLAMADOS: ( La omisión del Presidente de la junta responsable, de acordar la solicitud en la diligencia de requerimiento de pago de que se girara oficio para que se congelara y se suspendiera cualquier movimiento en la cuenta bancaria embargada propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del expediente laboral 721/2015. ( La omisión del Presidente de la junta responsable, de acordar la solicitud en la diligencia de requerimiento de pago de que se girara oficio a la institución bancaria para el efecto de que se informara si la cuenta embargada pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social y en su caso para que se pusiera a disposición del ejecutor el título de crédito que ampare el importe embargado; y la omisión de acordar el escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se solicitó se pusiera a disposición el título de crédito en cuestión. ( La omisión del Actuario de realizar la entrega de los oficios antes mencionados. Actos que considera violatorios en perjuicio de su representada de los derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; y por materia es de naturaleza laboral. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las actuaciones que integran este juicio constitucional, se advierte que el impetrante reclama: ( La omisión del Presidente de la junta responsable, de acordar la solicitud en la diligencia de requerimiento de pago de que se girara oficio para que se congelara y se suspendiera cualquier movimiento en la cuenta bancaria embargada propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del expediente laboral 721/2015. ( La omisión del Presidente de la junta responsable, de acordar la solicitud en la diligencia de requerimiento de pago de que se girara oficio a la institución bancaria para el efecto de que se informara si la cuenta embargada pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social y en su caso para que se pusiera a disposición del ejecutor el título de crédito que ampare el importe embargado; y la omisión de acordar el escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se solicitó se pusiera a disposición el título de crédito en cuestión. ( La omisión del Actuario de realizar la entrega de los oficios antes mencionados. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril 4 Época: Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, el Actuario de la junta responsable al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado que se le atribuye consistente en la omisión del Actuario de realizar la entrega de los oficios respectivos; sin embargo precisó que dichos oficios no han sido elaborados; de ahí que el acto reclamado mencionado resulte inexistente para efectos del presente juicio de amparo tal como se verá a continuación. En ese sentido, no se le puede exigir al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que efectúe o realice algo que se encuentra imposibilitado de hacer, pues tal como se advierte de autos, dichos oficios aún no han sido elaborados; por tanto, no se le puede reclamar a dicha autoridad responsable el cumplimiento de un deber que no está facultado aun para realizar en el ámbito de su respectiva competencia, en razón de que no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste como una consecuencia a la omisión de haberse elaborado dichos oficios. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1086, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado al Actuario adscrito a la junta responsable; ante la inexistencia del acto. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto debe tenerse como tal. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. a) Mediante resolución de once de octubre de dos mil veintidós, se resolvió el incidente innominado de negativa de acatamiento de laudo, en el que se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar al actor Felipe Meneses Mena, la cantidad de $7'523,706.26 (siete millones quinientos veintitrés mil setecientos seis pesos con veintiséis centavos moneda nacional) (fojas 38 a 50). b) Los apoderados del actor mediante escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, solicitaron se dictara auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma contra el demandado (foja 51). c) El Presidente de la junta responsable, el tres de mayo de dos mil veintitrés, dictó el auto de ejecución mencionado (foja 52). d) La actuaria adscrita a la junta responsable, llevó a cabo el auto de ejecución de tres de mayo del año en curso, de la cual se advierte que en uso de la voz el actor manifestó: "(.) Que toda vez que la persona con quien se entiende esta diligencia no señala bienes de embargo, ni muchos menos realiza el pago a la parte actora del presente juicio se solicita en términos de lo dispuesto por el artículo 951, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, se trabe formal embargo de la cuenta número 00451365827 de la institución bancaria denominada BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México con domicilio ubicado en Avenida Benito Juárez número 54, Colonia Centro, de esta ciudad capital de Tlaxcala de Xicohténcatl al ser cuenta a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitando a esta C. Actuaria que realiza el presente embargo se constituya en dicha institución de banca y proceda al embargo de dicha cuenta y/o en su caso se gire oficio a dicha institución bancaria para que haga formal pago al actor de lo que refiere el auto de ejecución de fecha 03 de mayo del presente año. Motivo por el cual solicito al C. Presidente ejecutor se sirva girar oficio al Gerente de la sucursal de dicha institución bancaria a efecto de que se le ordene lo siguiente: A) "CONGELE" inmediatamente la cuenta bancaria embargada; B) "SUSPENDA" y se abstenga de realizar cualquier movimiento bancario en la cuenta bancaria embargada, especialmente por lo que respecta a cualquier movimiento de salida de fondos al momento en el que se trabó el embargo o se lleve a cabo la diligencia, con independencia del día en que dicha institución reciba el oficio que se solicita; C) Informe inmediatamente al C. Presidente Ejecutor de esta H. Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje el monto y saldo que mantenga la cuenta bancaria embargada al momento en que dicha institución reciba el oficio que se solicita; D) Si la cuenta bancaria embargada cuenta con fondos suficientes, ponga en inmediata disposición de la Junta Especial Número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje la cantidad de por la cantidad (sic) que se encuentra establecida en el auto de ejecución. Así mismo, solicito se aperciba al Gerente de la Institución Bancaria de referencia a efecto de que en caso de negarse a recibir y/o no dar cumplimiento a lo ordenado, se hará acreedor a las medidas de apremio señaladas en la Ley Federal del Trabajo, con independencia de las sanciones penales en que pueda incurrir por desacato a una orden emitida por esta autoridad laboral, con la indicación de que la información que proporcione dicha institución bancaria a esta H. Junta será verificada en la Comisión Nacional Bancaria. Por último solicito se faculte de nueva cuenta al C. Actuario adscrito a esta H. Junta para que por su conducto se sirva dar fe y realizar inmediatamente la entrega del oficio solicitado al Gerente de la institución bancaria ya mencionada anteriormente, solicitando de igual manera se acompañe al oficio de mérito copia certificada del auto de ejecución, de la presente diligencia, y de la identificación del actor; la cual en este acto se exhibe para mejor proveer y para el caso de la expedición del cheque de caja que deberá ponerse a disposición del presidente ejecutor. Visto que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la persona con quien se entiende la presente diligencia, dada la negativa al pago al auto de ejecución de fecha 03 de mayo del año 2023, y vistas las manifestaciones vertidas por la parte actora y con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, en este acto trabajo forma embargo sobre la cuenta bancaria número 00451365827, de la Institución Bancaria denominada BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio ubicado en Avenida Benito Juárez número 54 Colonia Centro, de esta Ciudad capital de Tlaxcala de Xicohténcatl; hasta por la cantidad de $7'523,706.26 (siete millones quinientos veintitrés mil setecientos seis pesos 26/100 M.N.); salvo error u omisión de carácter aritmético. Toda vez que no hay más que agregar a la presente diligencia se da por terminada la misma firmando al margen los que en ella intervienen y al calce la suscrita Actuaria, quien da cuenta al C. Presidente Ejecutor con el resultado de la misma. Doy fe (.)". e) Escrito de los apoderados del actor de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se solicitó se gire el oficio a la institución bancaria a efecto de que ponga a disposición el título de crédito en su modalidad de cheque a nombre del actor y se le entregue a éste (foja 18 vuelta). SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. No existiendo causal de improcedencia que se haga valer, ni que se advierta de oficio, lo procedente será analizar los conceptos de violación que se hicieron valer en el escrito inicial de demanda. SÉPTIMO. Análisis de fondo. Los conceptos de violación que se hicieron valer son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, aunque para ello deba suplirse en parte la deficiencia de la queja, de conformidad con las consideraciones siguientes. El quejoso aduce sustancialmente que la responsable vulnera en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica, en específico el derecho a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que ha sido omisa en observar los plazos y términos que fijan las leyes. Asimismo, refiere que la responsable no respetó su garantía de acceso a la impartición de justicia de manera pronta y expedita, toda vez que inobservó lo establecido en los artículos 685, 686, 837 y 838, de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, es fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, pues tal como se precisó hace referencia a una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el expediente laboral C.D.T. 721/2015, al no administrársele justicia de manera pronta, completa e imparcial, atento a las consideraciones que se expondrán a continuación. En primer lugar, debe tomarse en cuenta lo que disponen a la literalidad los artículos 1° y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [.].". "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Como se advierte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a las autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; asimismo, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Por su parte, en el artículo 17 constitucional se consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, del cual se desprenden los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución. 4. Justicia gratuita, que significa que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, de octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Asimismo, establece que las leyes contendrán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento laboral previsto en la Ley Federal del Trabajo, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no acate los plazos previstos en la ley. Lo anterior, toda vez que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia, hasta su total conclusión. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Luego entonces conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es dable concluir que el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción implica que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese sentido, la demora en la duración de una controversia, sin justificación, no sólo mantiene al gobernado en un estado de incertidumbre sobre su resolución, sino también en una situación de afectación vinculada directa e indirectamente con la vigencia o reconocimiento de los derechos en litigio, lo que se debe evitar a fin de salvaguardar el derecho fundamental de impartición de justicia que el Estado Mexicano se encuentra obligado a proporcionar. Así, se puede afirmar que de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tienen la obligación de establecer los mecanismos necesarios a fin de que una controversia que se someta a su consideración se tramite, resuelva y se cumpla en un plazo razonable, es decir, en un tiempo prudente y justificado, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos reconocidos en la propia Constitución General de la República. Por su parte, los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." Cabe señalar que los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, retoman la prerrogativa de acceso a la impartición de justicia a que se ha hecho alusión, estableciendo el primero de ellos que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito, inmediato" y se precisa que las juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso"; en tanto que, el segundo de dichos numerales, prevé que los presidentes de las juntas y los auxiliares cuidarán que los juicios que ante ellos se tramiten "no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo". Ahora, de las documentales que remitió el Presidente de la Junta responsable, se advierte que el catorce de junio de dos mil veintitrés (foja 53), se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del expediente laboral C.D.T. 721/2015, en la cual el hoy quejoso, como parte actora realizó diversas peticiones durante su intervención en el desahogo de la citada diligencia; ello en el sentido de que solicitaba en términos de lo dispuesto por el artículo 951, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, se trabara formal embargo de la cuenta número 00451365827 de la institución bancaria denominada BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México con domicilio ubicado en Avenida Benito Juárez número 54, Colonia Centro, de esta ciudad capital de Tlaxcala de Xicohténcatl al ser cuenta a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitando a la Actuaria que realizaba el presente embargo se constituyera en dicha institución de banca y procediera al embargo de dicha cuenta y/o en su caso se girara oficio a dicha institución bancaria para que hiciera formal pago al actor de lo que refiere el auto de ejecución de fecha tres de mayo del presente año; motivo por el cual solicitó al Presidente ejecutor se sirviera girar oficio al Gerente de la sucursal de dicha institución bancaria a efecto de que se le ordenara lo siguiente: A) "CONGELARA" inmediatamente la cuenta bancaria embargada; B) "SUSPENDIERA" y se abstuviera de realizar cualquier movimiento bancario en la cuenta bancaria embargada, especialmente por lo que respecta a cualquier movimiento de salida de fondos al momento en el que se trabó el embargo o se lleve a cabo la diligencia, con independencia del día en que dicha institución recibiera el oficio que se solicita; C) Informara inmediatamente al C. Presidente Ejecutor de esta H. Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje el monto y saldo que mantuviera la cuenta bancaria embargada al momento en que dicha institución recibiera el oficio que se solicita; D) Si la cuenta bancaria embargada contaba con fondos suficientes, pusiera en inmediata disposición de la Junta Especial Número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje la cantidad que se encuentra establecida en el auto de ejecución; asimismo, solicitó se apercibiera al Gerente de la Institución Bancaria de referencia a efecto de que en caso de negarse a recibir y/o no dar cumplimiento a lo ordenado, se haría acreedor a las medidas de apremio señaladas en la Ley Federal del Trabajo, con independencia de las sanciones penales en que pudiera incurrir por desacato a una orden emitida por la autoridad laboral, con la indicación de que la información que proporcionara dicha institución bancaria a la Junta sería verificada en la Comisión Nacional Bancaria; por último solicitó se facultara de nueva cuenta al C. Actuario adscrito a la Junta para que por su conducto se sirviera dar fe y realizar inmediatamente la entrega del oficio solicitado al Gerente de la institución bancaria ya mencionada anteriormente, solicitando de igual manera se acompañara al oficio de mérito copia certificada del auto de ejecución, de la presente diligencia, y de la identificación del actor; la cual en ese acto se exhibía para mejor proveer y para el caso de la expedición del cheque de caja que debería ponerse a disposición del presidente ejecutor. Asimismo, se advierte que el actor por conducto de sus apoderados, presentaron un escrito el catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se solicitó se girara el oficio a la institución bancaria a efecto de que pusiera a disposición el título de crédito en su modalidad de cheque a nombre del actor y se le entregara a éste (foja 18 vuelta). No obstante, a la data en que se actúa el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; ha sido omiso en acordar lo que en derecho corresponda respecto a lo solicitado por la parta quejosa en la diligencia en comento y en su escrito de catorce de junio de dos mil veintitrés; lo que sin duda ha provocado un retardo injustificado en el procedimiento laboral que resulta imputable a la autoridad responsable. En tales condiciones, conviene citar los artículos 750, 837 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". "Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto." "Artículo 838. La junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en las que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley." Conforme a estos numerales, se advierte que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, principio que rige su actividad, y que en el caso particular no se ha respetado. En efecto, los numerales transcritos de la mencionada ley laboral disponen que las autoridades laborales dictarán sus resoluciones en el mismo acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que reciba promociones por escrito y que a más tardar en cinco día se deberá llevar a cabo la notificación respectiva. Así, los preceptos constitucionales y legales antes mencionados, relativos todos a procurar la garantía de seguridad jurídica, ponen de manifiesto el hecho de que las autoridades laborales, en el caso particular, el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través de la función jurisdiccional que le corresponde debe llevar a cabo la realización de actos procesales necesarios que culminan con el pronunciamiento del acuerdo respectivo y su notificación, por lo que no pueden contravenir lo dispuesto en los preceptos legales a que se ha hecho referencia, en atención a que su conducta omisiva traería como consecuencia un retraso injustificado en la secuela del conflicto sometido a su consideración con grave perjuicio en la administración de justicia, y menoscabo de la garantía que salvaguarda el artículo 17 de nuestra Carta Magna, en favor del ahora quejoso violentando su derecho de que se le administre justicia pronta y expedita. En el particular, de la celebración de la diligencia de requerimiento de pago y embargo el catorce de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral C.D.T. 721/2015 (en que el quejoso realizó diversas peticiones) y en esa misma fecha, presentó un escrito ante el presidente responsable; a la presentación de la demanda de amparo, acontecida el veintinueve de junio de este año, han transcurrido once días; esto es, más del plazo de cuarenta y ocho horas para que la responsable acordara las peticiones formuladas y el escrito en cuestión, sin que lo hubiera hecho. Entonces, al retardarse injustificadamente la ejecución del procedimiento de origen y dicha demora ser imputable únicamente a la autoridad laboral, es de concluirse que éste vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, relativo a que la impartición de justicia debe darse en los plazos y términos que fijen las leyes. Lo anterior, sin que sea una razón la expuesta en el informe justificado rendido por la responsable, pues ello no justifica la omisión en que ha incurrido la responsable en perjuicio del quejoso y la correlativa violación del artículo 17 Constitucional; pues ello, incluso puede ser motivo de la contestación que se dé, por tanto, al ser violatoria de derechos fundamentales las omisiones reclamadas, lo procedente es conceder el amparo solicitado. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En ese orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación vertido por el solicitante de amparo, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Felipe Meneses Mena, para que el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con libertad de jurisdicción realice lo siguiente: a) Acuerde lo conducente en relación con las peticiones formuladas por el quejoso en la diligencia de requerimiento de pago y embargo celebrada dentro del expediente laboral C.D.T. 721/205, el catorce de junio de dos mil veintitrés (fojas 53 y 54); y, b) Acuerde el escrito que presentaron los apoderados del actor el catorce de junio de dos mil veintitrés (foja 18 vuelta). c) Una vez hecho lo anterior, deberá ordenar que se notifique al quejoso Felipe Meneses Mena, el acuerdo o determinación que emita. Conviene precisar que si bien este amparo se otorga por violación al derecho a la pronta impartición de justicia, el efecto se ciñe únicamente a los actos reclamados, toda vez que en la etapa de ejecución del laudo compete al vencedor impulsar la ejecución, de modo que los alcances de la concesión de la protección federal, deben constreñirse al acto señalado por la parte quejosa y no abarcar aquellos actos futuros que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Tal afirmación se apoya en la tesis 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página dos mil setecientos setenta y uno, del Libro III, Tomo 1, correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, Décima Época, de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA". Así como, la tesis 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página dos mil setecientos setenta y dos, del Libro III, Tomo 4, correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, Décima Época, de epígrafe: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA". De igual forma, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos treinta y dos, del Libro 1, Tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, Décima Época, de título y subtítulo: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". NOVENO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la litis en el presente juicio. DÉCIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. DÉCIMO PRIMERO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Felipe Meneses Mena, en contra del acto reclamado del Actuario de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlaxcala, precisado en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Felipe Meneses Mena, en contra del acto reclamado del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tlaxcala, precisado en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando séptimo de la presente resolución. TERCERO. Atento a lo expuesto en el considerando noveno de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. CUARTO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo. QUINTO. Acorde a lo estimado en el último considerando, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello, en los términos indicados en el considerando cuarto. SEXTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar, que autoriza y da fe.

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