Felipe Méndez Olivos
Expediente 405/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Felipe Méndez Olivos
Actuaciones
- Principal
AUTO DE DESECHAMIENTO CAUSÓ ESTADO Vistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de veinticinco de abril de dos mil veintidós; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es depurable de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a) del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello.
- Principal
AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, con un anexo cada uno, recibidos de manera física y vía correo electrónico institucional; visto su contenido, téngase dando cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veinte de abril de la presente anualidad, esto es, remite la documental pública que acredita la salida física del quejoso Felipe Méndez Olivos de las instalaciones de dicho centro penitenciario; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que Felipe Méndez Olivos, mediante demanda de amparo presentada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, reclama de las autoridades responsables, los siguientes actos: 1.- La incomunicación en que se encuentra dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla. 2.- La retención o privación ilegal de la libertad bajo el argumento de que a esa data éste ya había compurgado la sentencia que le fue impuesta dentro del proceso 488/2007 (sic) por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con el cual se formó la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E. Ahora bien, la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, al hacer del conocimiento de este juzgado federal el acatamiento de la suspensión de plano informó que el impetrante de amparo Felipe Méndez Olivos no se encontraba en la población interna de dicho centro de reclusión al haber sido puesto en libertad desde el doce de abril de este año, en cumplimiento a lo ordenado por la Jueza de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla, comunicada a través de los oficios JESI/852/2022-III y JESI/849/2022-III de once de abril de dos mil veintidós, y boleta de libertad correspondiente, con motivo de haber sido compurgada la pena impuesta dentro de la causa penal 488/2006 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; asimismo, la autoridad penitenciaria en alcance remitió copia certificada de la foja del libro de egresos de aduana de vehículos de dicho centro de reclusión en la que se observa que a las diez horas con ocho minutos del doce de abril de este año, el impetrante de amparo salió físicamente del referido centro de internamiento, justificando su dicho con las constancias que anexo a los oficios registrados con las promociones 6033 y 6173, así como el que se acuerda en esta data. De los que se advierte que el once de abril del año en curso la Jueza de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla ordenó la libertad del peticionario de amparo única y exclusivamente por lo que hace a la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E derivada de la causa penal 488/2006 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por el delito de despojo, comunicando dicha determinación a las autoridades penitenciarias respectivas, por lo que el Asesor Jurídico del Centro Penitenciario de Puebla, hizo cumplir la determinación de la referida Juez de Ejecución y procedió a poner en inmediata libertad al quejoso. De lo anterior, es posible advertir que el acto reclamado por la parte quejosa consistentes en la incomunicación en que se encontraba dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla y la retención o privación ilegal de la libertad derivado de que a la fecha de presentación de la demanda éste había compurgado la sentencia que le fue impuesta dentro del proceso 488/2006 por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con el cual se formó la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E, no existió a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de abril de dos mil veintidós), pues para ese momento la responsable ya había actuado en el sentido pretendido por la parte quejosa, es decir, ya lo habían puesto en libertad (doce de abril de la anualidad en curso) en cumplimiento a la determinación de la Juez de Ejecución de Sentencias Penales Itinerante del Estado de Puebla. Lo que se corrobora con la copia certificada del libro de egresos de la aduana remitida por el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Por tanto, como la responsable demostró haber actuado en el sentido pretendido por la quejosa, con anterioridad al dieciocho de abril del año en curso, en que se promovió este juicio de amparo, es inconcuso que el acto reclamado a la autoridad responsable citada es inexistente, razón por la cual debe desecharse la demanda de garantías Sustenta tal consideración, el criterio siguiente: Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la ley antes invocada respecto de los actos reprochados a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención formulada en auto de dieciocho de abril del año en curso, pues aun cuando fuera desahogada la misma en nada variaría el sentido de la presente determinación.
- Principal
AUTORIDAD ACATA SUSPENSIÓN DE PLANO E INFORMA QUE EL QUEJOSO YA HABÍA SIDO PUESTO EN LIBERTAD. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, con un anexo, recibidos vía correo electrónico institucional; visto su contenido, téngasele informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en favor de la parte quejosa; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, dicha autoridad penitenciaria informa a esta potestad federal que el quejoso Felipe Méndez Olivos fue puesto en libertad desde el doce de abril de este año, para lo cual remite diversas documentales a su oficio. Sin embargo, omite remitir la documental que acredite fehacientemente la salida física del quejoso del citado centro penitenciario; en consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, requiérasele para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del libro de egresos que se lleva en dicho centro de reclusión en la que conste la puesta en libertad física del quejoso Felipe Méndez Olivos. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del diverso numeral 237 de la Ley de Amparo. RAZÓN ACTUARIAL. Finalmente, vista la razón de cuenta del actuario judicial adscrito a este juzgado federal, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar personalmente en el lugar de su reclusión a la parte quejosa el auto pronunciado el dieciocho de abril de la presente anualidad, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el acuerdo de mérito, así como los subsecuentes acuerdos aún los de carácter personal. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa ya no se encuentra en el supuesto al que hace mención el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que las notificaciones se hagan de forma personal, por tanto, en razón de lo anterior practíquense las notificaciones en el presente asunto conforme a las reglas de notificaciones prevista en la Ley de Amparo, sin que dicha situación deje en estado de indefensión al impetrante de amparo ya que en la demanda de garantías señaló los estrados de este juzgado federal para recibir notificaciones. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Felipe Méndez Olivos, por derecho propio, contra los actos de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 405/2022. PREVENCIÓN DEMANDA Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, la retención o detención fuera de procedimiento al haber compurgado la condena que le fue impuesta y la incomunicación. Así mismo, la parte quejosa refiere en su libelo de demanda, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra recluido en virtud de la sentencia condenatoria de cinco meses de prisión que le fue impuesta dentro de la causa penal 488/2007 por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y que derivado de dicha resolución se formó la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E, en la cual se ordenó librar una orden de aprehensión en contra del aquí peticionario de amparo, la cual fue ejecutada doce de noviembre de dos mil veintiuno para ingresarlo al centro de reinserción social de Puebla desde esa fecha, razón por la cual estima que ha cumplido la pena de prisión impuesta desde el doce de abril de dos mil veintidós sin que a la presente fecha se le haya puesto en libertad. Por tanto, a fin de acordar lo procedente sobre la demanda que se provee, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción II y II, de la Ley de Amparo, se previene a la citada parte quejosa para que en el término de cinco días, siguientes a aquél en que le surta efectos la notificación correspondiente, mediante escrito aclaratorio y con cinco copias del mismo cumpla con lo siguiente: Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sanciones Penales que conoce de la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E, en caso afirmativo, deberá precisar su denominación correcta así como el acto le atribuye. Manifieste el nombre y domicilio (correcto y actual) de la parte tercera interesada y si no los conoce, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, ya que en la demanda manifestó que "no existe tercero interesado". Sin embargo, conforme a lo previsto en el numeral 5º, fracción III, incisos c y e, de la Ley de Amparo, en materia penal tiene el carácter de tercero interesado: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; (.) e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable." Entonces, al derivar el acto reclamado de un juicio o controversia del orden judicial del orden penal, posiblemente exista una víctima que tiene derecho a la reparación del daño y, además, tuvo intervención el agente del Ministerio Público; de ahí que se considere la existencia de esa parte procesal. En ese sentido, el artículo 108, fracción II, invocado es claro en establecer como uno de los requisitos que debe contener la demanda, el nombre y domicilio del tercero interesado, y solamente si la parte quejosa no los conoce, lo manifestará así bajo protesta de decir verdad. Por ello, no basta con citar que no hay o, en su caso que no existe, como lo pretende hacer el inconforme en su demanda. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." Entonces, a fin de que todas las partes sean llamadas con el carácter que les asiste en este asunto, resulta necesaria esta prevención, aunado a que constituye una formalidad legal exigible al promovente. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir íntegramente con lo requerido dentro del plazo indicado, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO No obstante lo anterior, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO en favor del quejoso Felipe Méndez Olivos, para el efecto de que cesen de inmediato los actos de incomunicación, tortura física o psicológica, maltratos o golpes, obtención de una declaración sin las formalidades de ley, así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; lo anterior, comuníquese de inmediato por medio de oficio electrónico o por cualquier medio a la autoridad responsable. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad que tenga bajo custodia a la parte quejosa, que está obligada a brindarle a esta, todas las facilidades para que tenga visitas con un familiar y su defensor, tal como lo dispone el artículo 59 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, respecto del diverso acto reclamado consistente en la retención o privación ilegal de la libertad alegada por el quejoso Felipe Méndez Olivos por parte de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, bajo el argumento de que a la presente data éste ha compurgado la sentencia que le fue impuesta dentro del proceso 488/2007 por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con el cual se formó la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO respecto de tal acto, para el efecto de que en caso de que la autoridad penitenciaria considere que el impetrante de amparo ya compurgó la pena por la cual está privado de la libertad lo informe inmediatamente al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla, que conoce de la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E a fin de que dicho Juez se pronuncie de manera inmediata respecto a la libertad del aquí quejoso. De igual forma, se hace la aclaración de que en caso de que Felipe Méndez Olivos, se encuentre privado de su libertad con motivo de una causa penal o bien se encuentre compurgando una sentencia o se encuentre privado de su libertad por diversos motivos a los indicados en la demanda de cuenta, NO SURTIRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO la suspensión concedida en párrafos precedentes respecto de la retención o privación de la libertad. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Requiérase a la autoridad responsable mediante oficio ordinario o electrónico, para que informe dentro del plazo de DIECIOCHO HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, acerca de la forma y términos en que dé cumplimiento a la suspensión concedida por los diversos actos reclamados, debiendo remitir copia certificada de la documentación que sustente dicho cumplimiento, previniéndosele a la autoridad responsable que la violación a este mandato traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Apercibida la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que la secretaria autorizada para recibir el correspondiente informe lo es Patricia Asucena Juárez Díaz, mismo que podrá remitir a la dirección siguiente: Correo electrónico oficial: patricia.juarez.diaz@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción vía WhatsApp o telefónica al número 22 24 59 97 43. Se informa al fedatario judicial que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir los oficios que les son enviados, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado como a la autoridad responsables una multa de mil VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo indicado, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD PARA PROPORCIONAR CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELÉFONICO PARA COMUNICACIÓN Y CONTACTO Correlativamente, a fin de privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes, se requiere a la autoridad responsable para que informe el correo electrónico y número telefónico a través del cual sea posible establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE APOYO A LAS AUTORIDADES EN EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA Se requiere a las autoridades responsables y a cualquier otro funcionario, servidor público o empleado que labore en la sede de las autoridades responsables, para que brinden el apoyo necesario para lograr el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo y de la función judicial. Se apercibe a las autoridades responsables que de incurrir en actos tendentes a obstaculizar el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo, se le impondrá a la autoridad responsable, servidor público o empleado que corresponda una multa de mil días a que se refiere el artículo 259 con relación al 237, fracción I, de la Ley de Amparo, pues dicha diligencia al tener el carácter de urgente y dada la naturaleza que la suspensión de los actos aquí impugnados, es innegable que se trata de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Aunado a lo anterior, hágasele saber a las referidas autoridades que demás de la multa impuesta, que de resistirse de cualquier modo a dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional entraña la comisión de un delito establecido en el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo los estrados de este juzgado federal, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que indica. Ahora bien, toda vez que el peticionario de amparo se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puebla y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena notificar personalmente todos los acuerdos pronunciados en este asunto al quejoso en el lugar de su reclusión, corriéndole traslado con copia certificada o autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por el mismo inconforme. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". INSTRUCCIÓN ACTUARIO JUDICIAL. Por otra parte, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que tan luego practique las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, integre al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente electrónico. Además, de existir la necesidad de practicar alguna notificación derivada del presente expediente que exija su presencia física en el lugar de la notificación, la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la propia integridad y salud y de las partes con las que se entienda la notificación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese por lista y personalmente al quejoso en el lugar de reclusión y por oficio a la autoridad responsable.
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RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Felipe Méndez Olivos, por derecho propio, contra los actos de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 405/2022. PREVENCIÓN DEMANDA Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, la retención o detención fuera de procedimiento al haber compurgado la condena que le fue impuesta y la incomunicación. Así mismo, la parte quejosa refiere en su libelo de demanda, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra recluido en virtud de la sentencia condenatoria de cinco meses de prisión que le fue impuesta dentro de la causa penal 488/2007 por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y que derivado de dicha resolución se formó la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E, en la cual se ordenó librar una orden de aprehensión en contra del aquí peticionario de amparo, la cual fue ejecutada doce de noviembre de dos mil veintiuno para ingresarlo al centro de reinserción social de Puebla desde esa fecha, razón por la cual estima que ha cumplido la pena de prisión impuesta desde el doce de abril de dos mil veintidós sin que a la presente fecha se le haya puesto en libertad. Por tanto, a fin de acordar lo procedente sobre la demanda que se provee, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción II y II, de la Ley de Amparo, se previene a la citada parte quejosa para que en el término de cinco días, siguientes a aquél en que le surta efectos la notificación correspondiente, mediante escrito aclaratorio y con cinco copias del mismo cumpla con lo siguiente: Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sanciones Penales que conoce de la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E, en caso afirmativo, deberá precisar su denominación correcta así como el acto le atribuye. Manifieste el nombre y domicilio (correcto y actual) de la parte tercera interesada y si no los conoce, manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, ya que en la demanda manifestó que "no existe tercero interesado". Sin embargo, conforme a lo previsto en el numeral 5º, fracción III, incisos c y e, de la Ley de Amparo, en materia penal tiene el carácter de tercero interesado: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; (.) e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable." Entonces, al derivar el acto reclamado de un juicio o controversia del orden judicial del orden penal, posiblemente exista una víctima que tiene derecho a la reparación del daño y, además, tuvo intervención el agente del Ministerio Público; de ahí que se considere la existencia de esa parte procesal. En ese sentido, el artículo 108, fracción II, invocado es claro en establecer como uno de los requisitos que debe contener la demanda, el nombre y domicilio del tercero interesado, y solamente si la parte quejosa no los conoce, lo manifestará así bajo protesta de decir verdad. Por ello, no basta con citar que no hay o, en su caso que no existe, como lo pretende hacer el inconforme en su demanda. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." Entonces, a fin de que todas las partes sean llamadas con el carácter que les asiste en este asunto, resulta necesaria esta prevención, aunado a que constituye una formalidad legal exigible al promovente. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir íntegramente con lo requerido dentro del plazo indicado, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO No obstante lo anterior, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO en favor del quejoso Felipe Méndez Olivos, para el efecto de que cesen de inmediato los actos de incomunicación, tortura física o psicológica, maltratos o golpes, obtención de una declaración sin las formalidades de ley, así como cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; lo anterior, comuníquese de inmediato por medio de oficio electrónico o por cualquier medio a la autoridad responsable. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad que tenga bajo custodia a la parte quejosa, que está obligada a brindarle a esta, todas las facilidades para que tenga visitas con un familiar y su defensor, tal como lo dispone el artículo 59 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, respecto del diverso acto reclamado consistente en la retención o privación ilegal de la libertad alegada por el quejoso Felipe Méndez Olivos por parte de la Directora del Centro Penitenciario de Puebla, bajo el argumento de que a la presente data éste ha compurgado la sentencia que le fue impuesta dentro del proceso 488/2007 por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, con el cual se formó la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO respecto de tal acto, para el efecto de que en caso de que la autoridad penitenciaria considere que el impetrante de amparo ya compurgó la pena por la cual está privado de la libertad lo informe inmediatamente al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla, que conoce de la carpeta de ejecución 137/2015/JESI/E a fin de que dicho Juez se pronuncie de manera inmediata respecto a la libertad del aquí quejoso. De igual forma, se hace la aclaración de que en caso de que Felipe Méndez Olivos, se encuentre privado de su libertad con motivo de una causa penal o bien se encuentre compurgando una sentencia o se encuentre privado de su libertad por diversos motivos a los indicados en la demanda de cuenta, NO SURTIRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO la suspensión concedida en párrafos precedentes respecto de la retención o privación de la libertad. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Requiérase a la autoridad responsable mediante oficio ordinario o electrónico, para que informe dentro del plazo de DIECIOCHO HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, acerca de la forma y términos en que dé cumplimiento a la suspensión concedida por los diversos actos reclamados, debiendo remitir copia certificada de la documentación que sustente dicho cumplimiento, previniéndosele a la autoridad responsable que la violación a este mandato traerá como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Apercibida la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que la secretaria autorizada para recibir el correspondiente informe lo es Patricia Asucena Juárez Díaz, mismo que podrá remitir a la dirección siguiente: Correo electrónico oficial: patricia.juarez.diaz@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción vía WhatsApp o telefónica al número 22 24 59 97 43. Se informa al fedatario judicial que en caso de que las autoridades responsables se nieguen a recibir los oficios que les son enviados, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada se le impondrá al encargado como a la autoridad responsables una multa de mil VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; todo de lo cual el fedatario asentará razón en autos. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo indicado, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD PARA PROPORCIONAR CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELÉFONICO PARA COMUNICACIÓN Y CONTACTO Correlativamente, a fin de privilegiar el mandato contenido en el artículo 17 constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes, se requiere a la autoridad responsable para que informe el correo electrónico y número telefónico a través del cual sea posible establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE APOYO A LAS AUTORIDADES EN EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA Se requiere a las autoridades responsables y a cualquier otro funcionario, servidor público o empleado que labore en la sede de las autoridades responsables, para que brinden el apoyo necesario para lograr el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo y de la función judicial. Se apercibe a las autoridades responsables que de incurrir en actos tendentes a obstaculizar el cumplimiento de lo ordenado en el presente acuerdo, se le impondrá a la autoridad responsable, servidor público o empleado que corresponda una multa de mil días a que se refiere el artículo 259 con relación al 237, fracción I, de la Ley de Amparo, pues dicha diligencia al tener el carácter de urgente y dada la naturaleza que la suspensión de los actos aquí impugnados, es innegable que se trata de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa y, por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. Aunado a lo anterior, hágasele saber a las referidas autoridades que demás de la multa impuesta, que de resistirse de cualquier modo a dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional entraña la comisión de un delito establecido en el artículo 262, fracción V de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo los estrados de este juzgado federal, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que indica. Ahora bien, toda vez que el peticionario de amparo se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puebla y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena notificar personalmente todos los acuerdos pronunciados en este asunto al quejoso en el lugar de su reclusión, corriéndole traslado con copia certificada o autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por el mismo inconforme. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". INSTRUCCIÓN ACTUARIO JUDICIAL. Por otra parte, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que tan luego practique las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, integre al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente electrónico. Además, de existir la necesidad de practicar alguna notificación derivada del presente expediente que exija su presencia física en el lugar de la notificación, la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la propia integridad y salud y de las partes con las que se entienda la notificación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese por lista y personalmente al quejoso en el lugar de reclusión y por oficio a la autoridad responsable.
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