Felipe Martinez Martinez
Expediente 1218/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1218/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Felipe Martinez Martinez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, lo que implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, en ese tenor, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de veintisiete de febrero del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, asimismo, que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que mediante sentencia de veinte de enero de dos mil veinte, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria por auto de diez de febrero del año en curso, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Del análisis de las constancias que allegó a través del oficio de cuenta, se advierte que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante proveído de ocho de octubre de dos mil doce, dictado en el expediente laboral 423/2007/M4, le reconoció a Silvia Torres Sánchez, el carácter de apoderada jurídica de Felipe Martínez Martínez; en tal virtud, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, téngase a Silvia Torres Sánchez, promoviendo el amparo en que se actúa con tal carácter. Por otra parte, visto el ocurso de cuenta suscrito por Silvia Torres Sánchez, en su carácter de apoderada jurídica de Felipe Martínez Martínez; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 108, 110, 115, 116 y 117, y relativos de la Ley de amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda y del escrito aclaratorio; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de la Materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que haya lugar a tener como tercero interesado en este asunto al Ayuntamiento de Tamazunchale, San Luis Potosí; en virtud de que no se encuentra dentro de los supuestos que establece la fracción III, del artículo 5, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del acto reclamado. Requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la Ley en cita, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251, de la citada legislación. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar".
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