Felipe Martínez Hernández

Expediente 1756/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1756/2014
Año
2014
Actuaciones
27
Última actuación
26/05/2016

Partes del expediente

  • Felipe Martínez Hernández
  • Felipe Martínez Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    MESA IV A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio 10626, suscrito por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca; visto su contenido, como lo solicita, mediante oficio que al efecto se gire, remítasele copia certificada de la boleta de turno, demanda de amparo, informes justificados de las autoridades responsables, auto de ocho de julio de dos mil quince, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y del auto de veintisiete de julio del mismo año, en el cual se declaró que causó estado dicho auto de sobreseimiento, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    MESA IV A Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de ocho de julio de dos mil quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio (fojas 175 a 177), sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho auto, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  3. Incidental

    MESA IV A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por auto de diecinueve de diciembre de dos mil catorce (fojas 29 a 31), se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en este incidente de suspensión; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor el veintiséis de noviembre del citado año, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse declarado que no existe materia sobre la cual pronunciar la medida cautelar en este incidente de suspensión, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    MESA IV A Vistos los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el plazo de tres días que en proveído de uno de junio de dos mil quince, se concedió al quejoso FELIPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, para que compareciera a este juzgado a recoger los edictos para emplazar a juicio constitucional a la tercera interesada Reyna Martínez Rodríguez;así como el plazo de veinte días para acreditar que entregó para su publicación dichos edictos; sin que lo hubiese hecho; por tanto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el diverso numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del mismo ordenamiento. Ello en atención de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no presentarse a recoger los edictos para su publicación y emplazar a juicio a la tercera interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de sobreseimiento. En efecto, la fracción III, inciso b), párrafo segundo del artículo 27 de la citada Ley de Amparo, dispone que el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio del tercero interesado y si a pesar de la investigación no pudiere efectuarse la notificación, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio de la tercera interesada Reyna Martínez Rodríguez, en términos de lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso b) y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se dictaron las medidas pertinentes para investigarlo y una vez agotadas éstas se ordenó que el emplazamiento respectivo se realizara por edictos a costa de la parte quejosa, como se dijo en auto de uno de junio del año en curso (fojas 160 a 162). Es decir, el emplazamiento de la tercera interesada que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible al quejoso por no recoger los edictos para su publicación y tampoco haber comparecido ante este Juzgado a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza; lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no recepción y publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la aludido tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es aplicable al caso, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, julio de 2002, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal prevista por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

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