Felipe Martínez Gómez
Expediente 1613/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1613/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Felipe Martínez Gómez
- Fiscal del Ministerio Público (Mesa de Rezago), en Tapachula
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el Capítulo 7, apartado 7.1.11, del Manual para la organización de los archivos 1 7.1. Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo. judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección de la justicia de la unión. 2. Asimismo, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I2 , de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, se deberá de proceder en términos del numeral 7.63 del citado Manual, máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar en la caratula del cuaderno principal, la leyenda "DEPURABLE", para efectos de su transferencia. 3. Por otra parte, el cuaderno correspondiente al incidente de suspensión (en el que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados), es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del cuaderno incidental la leyenda "DESTRUIBLE" de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de quince de marzo de dos mil veintitrés (fojas 172-177), en la que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. En tal virtud, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, en los siguientes términos. ARCHIVO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el Capítulo 7, apartado 7.1.11, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección de la justicia de la unión. 2. Asimismo, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I2, de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, se deberá de proceder en términos del numeral 7.63 del citado Manual, máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar en la caratula del cuaderno principal, la leyenda "DEPURABLE", para efectos de su transferencia. 3. Por otra parte, el cuaderno correspondiente al incidente de suspensión (en el que se concedió la 1 suspensión provisional y se negó la definitiva de los actos reclamados), es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del cuaderno incidental la leyenda "DESTRUIBLE" de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. INNECESARIA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Por otra parte, no pasa inadvertido que la quejosa en su escrito de demanda, anexó diversos documentos como medios de pruebas; sin embargo dichos documentos no se encuentran catalogados como documentos originales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XVIII4, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos únicamente para que obren como constancia los oficios signados por el Subdirector de Amparo de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y por el Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Mesa de Rezago, con sede en esta población, respectivamente, toda vez que en acuerdo de siete de marzo del presente año, el referido Fiscal del Ministerio Público, remitió las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria, además, en proveído de quince de este mes y año, se declaró cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, Decima Época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." El artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, aplicable al presente asunto, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora bien, de autos se aprecia que al advertirse una transgresión al acceso a la impartición de justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución, se concedió a ***, en su carácter de apoderada legal del quejoso ***, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Fiscal del Ministerio Público (Meza de Rezago) de esta población, realizara lo siguiente: *** Con lo anterior, se restituirá a la impetrante de amparo en el pleno goce del derecho que se estimó´ vulnerado en contravención a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Federal.". Luego, por acuerdo de veintitrés de febrero de este año (fojas 104 a 108), este Juzgado declaró ejecutoriada la sentencia de amparo al no haber sido recurrida por las partes, no obstante encontrarse legalmente notificadas de ella; y con fundamento en lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. Posteriormente, en acatamiento a la sentencia de amparo, por oficios registrados con números de folio 3542 y 3545, recibidos en este Juzgado en auto de siete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 146 a 169), la autoridad responsable remitió copias certificadas de los siguientes documentos: *** De lo expuesto, se colige que efectivamente la responsable, cumplió con la ejecutoria de amparo emitida en este expediente, pues tal como se le ordenó, acordó el escrito de ***, presentado por la parte quejosa, en la averiguación ***; en dicho acuerdo, estableció que ***, es necesario que comparezca ante esa representación social y ***. Las anteriores actuaciones, son aptas para concluir que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público (Meza de Rezago), cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues en acuerdo de veintitrés de febrero de este año, con libertad de jurisdicción, subsanó la omisión reclamada y se pronunció respecto ***, tal como se ordenó en la sentencia de amparo, por lo que, en la sustanciación del cumplimiento se observa que la responsable no incurrió en exceso o defecto así como que no existió imposibilidad por parte de la misma para su debido cumplimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165807, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así como, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 192174, de título: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, téngase por recibido el escrito signado por ***, en su carácter de apoderada legal del quejoso ***, mediante el cual, alega el exceso de la responsable en dar cumplimiento a la ejecutoria, por los motivos que expone, sin embargo, debe decirse que este juzgado no comparte su opinión, ya que las manifestaciones que realiza, no fueron materia de la Litis del presente sumario, toda vez que, como se especificó en párrafos que anteceden, la concesión del amparo fue para que la responsable, con libertad de jurisdicción, ***, y ello como se mencionó, se encuentra cumplido. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de la quejosa, que en caso de no estar de acuerdo con el auto en que la autoridad responsable dio contestación a su escrito, quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía que considere, pues se reitera, los efectos de la concesión, únicamente fueron para que, con libertad de jurisdicción, se acordara el escrito de mérito. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro de corresponda. Con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días, para que manifieste lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Debe decirse que los criterios que se citan, y que interpretan la Ley de Amparo abrogada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se opone a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que tratan, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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