Felipe Martínez Castillo
Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/04/2021
Partes del expediente
- Felipe Martínez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
II.- Toluca, México, ocho de abril de dos mil veintiuno. (...)tomando en consideración que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra la sentencia de dieciséis marzo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido.(...)Notifíquese en los términos precisados en la presente determinación.
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IV.- Toluca, Estado de México; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la guía postal que devuelve el Servicio de Estafeta, dirigido a la Comisión Nacional del Agua, que contiene el oficio ***/2020 sin especificar el motivo por el cual fue devuelta.(...)agréguese a los autos y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, a efecto de que reenvíe el oficio en mención vía fax o cualquier medio electrónico, que para tal efecto investigue; asimismo, en caso de encontrarse imposibilitado para tal efecto, deberá asentar la razón correspondiente.(...)Notifíquese en los términos indicados en la presente determinación.
- Principal
II.- se agrega a los autos, el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y solicita copia de la resolución emitida en este sumario. Atento a lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formuladas sus manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de ellas durante la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, una vez que se dicte la resolución en el presente asunto, expídase a la promovente las copias que peticiona. Finalmente, se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
- Principal
VI.- se reanuda la tramitación del presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes, así como también se reanudan los plazos concedidos en actuaciones previas a dicha suspensión. En el entendido de que se emite el presente acuerdo hasta el día de hoy, en virtud de las medidas de ampliación de plazos para la reanudación escalonada establecido en el punto 17 del apartado II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 2°, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19; cuya fecha límite se fijó para el quince de marzo de dos mil veintiuno. En otro contexto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la segunda certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que manifestó su inconformidad respecto a dicho cumplimiento, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Para determinar si en el caso las autoridades responsables dieron o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Mediante sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; a saber: "ÚNICO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Johan Alexis Corona Pedroza, contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta determinación." Con motivo de lo anterior, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la sentencia dictada por este Juzgado causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables 1) Legislatura, 2) Gobernador, 3) Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 4) Comité Multidisciplinario Evaluados Órgano Interno Dependiente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todas del Estado de México, para los siguientes efectos: "I. Dejen insubsistente el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho; II. En consecuencia, emitan una respuesta debidamente fundada y motivada atendiendo a los lineamientos establecidos en esta sentencia, aplicando el principio de interpretación más favorable para la víctima respecto a la reparación integral del daño que debe otorgarse, de forma apropiada y proporcional, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación a sus derechos humanos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante, pudiendo en su caso, para mejor proveer allegarse de todas aquellas constancias que considere necesarias para poder estar en aptitud de resolver conforme a derecho; sin que al respecto se esté vinculando a la autoridad responsable a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora, para el caso de que la autoridad responsable una vez analizados todos los antecedentes del caso, y en caso de que decida que el quejoso puede acceder a una compensación, deberá ocuparse de todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos, mismos que se encuentran dentro de la presente sentencia. Para tal determinación, deberá tomar en cuenta: (I) la condición socioeconómica de la víctima; (II) la repercusión del daño en la vida familiar; (III) la imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño; (IV) el número y la edad de los dependientes económicos; y, (V) los recursos disponibles en el fondo. Además de ello, deberá atender a: (a) la necesidad de la víctima; (b) la gravedad del daño sufrido por la víctima; (c) la vulnerabilidad de la víctima, en proporción al tipo de daño sufrido; (d) el perfil psicológico de la víctima; (e) la posibilidad de que la víctima pueda acceder a medidas de atención, asistencia y protección en asociaciones civiles o privadas; y, (f) los demás que señalen los lineamientos que al efecto emita la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Al resultar ilegal el acto de aplicación, no procede el examen de la constitucionalidad de las normas reclamadas, pues como se dijo previamente, no surgió a la vida el perjuicio con motivo de la aplicación de las disposiciones jurídicas, si éste quedó sin efectos." En ese orden, por oficio registrado con número de control interno 25409, la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y Presidenta del Comité Multidisciplinario Evaluador del Gobierno del Estado de México, remitió el acuerdo CME-IIE-18-3.1.1, de la cual se advierte que dejó sin efectos el acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, y posteriormente funda y motiva su resolución, con los siguientes puntos (foja 236 a 240): 1. Consideró improcedente el ejercicio de la acción por los hechos de los que fue víctima el quejoso, pues con los elementos con que cuenta no es posible consignar al presunto responsable. 2. Remitió copias certificadas al Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación NUC: ECA/ECA/027/120927/16/12. 3. Puso a disposición del quejoso un Asesor Jurídico de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México y solicitó documentación fiscal en original que para tal efecto expida el abogado particular que acredite el monto erogado. 4. Instruyó a la Unidad de Trabajo Social para que realice estudio de trabajo social a efecto de comprobar las circunstancias del caso para otorgar una compensación en equidad y bajo criterios de razonabilidad; para comprobar la necesidad de trasladarse a lugar distinto al en que se encuentra complementándose la carpeta de investigación NUC. ECA/ECA/027/120927/16/12; además para que se gestionen los tramites indispensables y necesarios para que el quejoso acceda a programas, mecanismos y servicios con los que cuentan las diferentes dependencias públicas federales, estatales y/o municipales en materia de desarrollo y económico; atención médica, psicológica, programadas de educación y capacitación laboral. 5. Declaró improcedente el pago de los gastos hospitalarios, pues ya se habían recibido mediante transferencia electrónica el pago de diversas cantidades. 6. Por cuanto al pago del perjuicio ocasionado consideró que corrió la misma suerte de la solicitud de reparación integral del daño. 7. Respecto a la solicitud de proporcionar una beca acorde y suficiente al nivel que cursaba el quejoso, solicitó diversa documentación académica mediante acuerdo CME-IE-18.3.1.24; y 8. Respecto a la pensión como parte de medidas de compensación, consideró no atender dicha petición por no contemplarlo la Ley General de Víctimas del Estado de México y su Reglamento. Con motivo de lo anterior, en auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 252 a 255 vuelta), se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, e inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de inconformidad, del que conoció y resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número 3/2019, en el que resolvió fundado el recurso de inconformidad en mención. De la ejecutoria de veinte de agosto de dos mil veinte, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el recurso de inconformidad 3/2019, se advierte, que lo procedente fue declarar fundado el recurso, para efecto de reponer el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria, con el objeto de que este Juzgado de Distrito, involucrara las documentales que la autoridad responsable Titular del Departamento Jurídico Consultivo de la Comisión Ejecutiva de Atención Victimas del Estado de México, acompañó al oficio 222B0210010001S/047/2019, y que exhibió en el recurso de inconformidad en mención; de igual forma, se diera vista a las partes con las referidas documentales y una vez hecho lo anterior se realizara el pronunciamiento respectivo. En cumplimiento a lo anterior, y una vez que se recabaron dichas constancias, por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se dio vista con las aludidas constancias; en ese sentido, se procede a valorar las constancias que se adjuntaron al oficio 222B0210010001S/047/2019. Por acuerdo CME-VIIE-19-3.1.21, de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en cuanto al alcance de la reparación, se determinó que la emisión del acuerdo en mención debe incluir no sólo las medidas de reparación integral, sino también incluir aquellas medidas que cubran los perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión del delito, mismas que deben contribuir a garantizar sui desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembro autónomo de la sociedad, dejando a un lado los daños sufridos como consecuencia del hecho delictivo. Así, en el concepto de reparación integral de daño, determinó procedente otorgar el pago de la reparación integral del daño, para lo cual se tomó en consideración el estudio de trabajo social previamente elaborado por el área correspondiente de la Comisión responsable, a favor del quejoso, misma que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Respecto de las medidas de restitución, no resultaron procedentes, pues no se privó a la victima de libertad, derechos jurídicos, identidad, vida, unión familiar, ciudadanía, derechos políticos, regreso digno y seguro al lugar original de residencia, así como la reintegración en el empleo y la devolución de sus bienes que hayan sido incautados. En cuanto a las medias de rehabilitación, determinó procedente y de acuerdo al estudio de trabajo social realizado, el pago por conceptos de atención psicológica y tanatología, terapias de rehabilitación a domicilio, el pago de especialista en prótesis, y clases de natación a favor del quejoso, precisando que toda vez que fueron proporcionadas por asistencia privada, el pago se realizará bajo el concepto de rehabilitación que recibió. Además, en el concepto de medidas de compensación, determinó concederlas procedentes, las cuales se otorgaran de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente evaluables, tomando en consideración el estudio que se le realizó el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el domicilio de la víctima y que comprenderían el daño emergente, lucro cesante, daño al proyecto de vida, derivado de lo establecido en el artículo 64 de la Ley General de Víctimas. De igual forma, respecto de las medidas de satisfacción, consideró otorgar la entrega de la reparación integral, en una reunión formal, presidida por la Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, o por quien, en su caso designe para su representación. En ese sentido, de las medidas de no repetición, se pronunció en el sentido de que la Comisión Ejecutiva, solicitara el debido cumplimiento de las medias en referencia a las autoridades responsables de la seguridad pública y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de esa misma naturaleza. De las medidas económicas y de desarrollo, precisó que la Comisión Ejecutiva, procedería a incluir al quejoso en programas y acciones de desarrollo social, que incluye alimentación, la educación, salud, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad; además, para que acceda a los programas, mecanismos y servicios con los que cuenta las instituciones en materia de desarrollo social, facilitando las condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social y económica. Respecto de las medidas de atención, la responsable puso a disposición del quejoso los servicios multidisciplinarios con los que cuenta, sin embargo, el quejoso manifestó su decisión de prescindir de los mismos, tales como la información, la asesoría, y representación legal de dicha Comisión Ejecutiva. Asimismo, la responsable exhibió copia certificada de un recibo finiquito firmado por el quejoso, relacionado con el pago por concepto de reparación integral, expedido el diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Por ende, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplida en sus términos, hábida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, pues la responsable dejó insubsistente el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho y emitió una respuesta fundada y motivada, de forma apropiada y proporcional, allegándose de diversas constancias que consideró necesarias para estar en aptitud de resolver conforme a derecho; por lo que evidentemente se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados; esto es, procedió a reparar integralmente el daño causado al quejoso, mediante la entrega y/o proporción de las medidas y rubros precisados anteriormente. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. No pasan inadvertidas las manifestaciones del quejoso en su escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en la Oficialía de partes de este Juzgado, mismo que se registró con el número de promoción 14442, toda vez que lo pretendido en éstas es evidenciar la falta de cumplimiento de la ejecutoria de amparo; sin embargo, del análisis previamente realizado a las documentales que obran en autos, se desprende que el fallo protector ha sido cumplido, por lo que deberá estar a las consideraciones precisadas en párrafos que preceden. Por otra parte, en términos de los artículos 5°, fracción I, y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente conforme a las circunstancias sanitarias adversas que imperan en el territorio nacional, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, proporcionen un número telefónico y/o de mensajería instantánea, así como un correo electrónico a través del cual, de ser necesario, se pueda entablar un contacto oportuno para las comunicaciones no procesales, en el entendido de que el mismo no hará las veces de notificación oficial, en términos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Amparo. En ese sentido, desde este momento se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos a este órgano de control de constitucionalidad para que, en caso de haber entablado alguna comunicación no procesal con alguna de las partes, registre dicho acontecimiento de manera oportuna, y formule la razón correspondiente, misma que deberá obrar glosada en autos. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
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