Felipe Martínez Bahena

Expediente 1248/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1248/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Felipe Martínez Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****, sin que dicho impetrante lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 126/2019, de su índice estadístico, formado con motivo del diverso 244/2019, orden 244/2019, derivado del presente juicio de amparo. Acúsese el recibo correspondiente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado, y dese de baja dicha comunicación oficial. SE TIENE POR NOTIFICADO A QUEJOSO. Ahora bien, del exhorto de cuenta, se advierte que se llevó a cabo la diligencia encomendad a dicha autoridad oficiante, en tales condiciones, se tiene por debidamente notificado al quejoso Felipe Martínez Bahena, del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en los presentes autos, mediante el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta por dicho impetrante. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VI RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ** por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese como juicio de amparo 1248/2019-VI. De igual forma, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en El acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por el que desechó la solicitud de traslado voluntario a diverso centro de reinserción social más cercano a su residencia familiar. DESECHAMIENTO. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado a contrario sensu, como a continuación se examinará. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cunado se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Por otra parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes a) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Los preceptos anteriormente transcritos establecen el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, al precisar que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio, supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa que la parte quejosa no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio responde a la naturaleza jurídica del juicio biinstancial como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de impugnación del acto reclamado legalmente establecidos. Es aplicable al tema la jurisprudencia I.6.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dispone "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora, el artículo 485 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, en relación con los diversos preceptos 24 y 52 a 57 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias, que establecen lo siguiente Código de Procedimientos Penales del Estado de México "Artículo 485. Contra los actos y resoluciones que nieguen o revoquen algún beneficio o tratamiento, los particulares afectados podrán interponer recurso de reconsideración ante el propio juez, dentro de los cinco días siguientes al en que tengan conocimiento de esa determinación, bastando con señalar la resolución impugnada y las cuestiones de hecho y de derecho que en su concepto les generen agravio. La resolución se dictará dentro de los cinco días siguientes al en que se haya admitido el recurso." Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias "Artículo 24. La resolución definitiva sólo podrá modificarse ante la operancia del recurso de reconsideración." CAPÍTULO SÉPTIMO RECURSO DE RECONSIDERACIÓN "Artículo 52. El Juez resolverá sobre la admisibilidad del recurso." "Artículo 53. El efecto del recurso será confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada." "Artículo 54. Admitido el recurso, se dará vista al Agente del Ministerio Público para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del día siguiente al de la notificación." "Artículo 55. Al interponer el recurso el interesado podrá presentar los documentos o constancias que estime necesarias para sustentar sus aseveraciones." "Artículo 56. El Juez analizará los argumentos o agravios expresados por el recurrente y resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes al de la presentación del recurso; salvo que estime necesario recabar algún informe o documento para la mejor solución del recurso." "Artículo 57. La suspensión de la ejecución de la resolución que revoque el beneficio o tratamiento, tendrá vigencia hasta en tanto se resuelva en definitiva el recurso de reconsideración. Esta medida no tiene efectos restitutorios." Así, de la interpretación armónica de los preceptos legales antes transcritos, se advierte que el recurso de reconsideración procede contra las resoluciones dictadas por el Juez de Ejecución de Sentencias, en las que se resuelva la negativa de algún beneficio o tratamiento, como en el caso en estudio, del traslado solicitado por el quejoso a un centro carcelario diverso, esto es, a uno más cercano al domicilio de sus familiares. Asimismo, establece que la reconsideración tiene por objeto que el Juez de Ejecución de Sentencias, confirme, revoque o modifique la resolución impugnada, la que en caso de no prosperar motivará su confirmación y, que dicho medio de impugnación debe interponerse ante el referido juzgador, dentro del plazo de cinco días. En concreto, el peticionario de amparo reclama la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por el que desechó la solicitud de traslado del quejoso ** del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra interno (Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México), a un centro carcelario más cercano al domicilio de sus familiares, esto es, al Centro Penitenciario de Atlachaloya, Municipio de Xochitepec, Morelos, el cual solicitó el justiciable con la finalidad de contar con mayor acercamiento familiar; por ende, en su contra, procede el recurso de reconsideración en términos del artículo 485 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, en relación con los diversos preceptos 24 y 52 a 57 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias. Medio de impugnación que es idóneo para modificar o revocar el acto reclamado, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal y que, además, es eficaz para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual puede ser modificada o revocada la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, es inconcuso que el peticionario está obligado a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a que acudiera a la vía constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, ni constituye un acto que afecte la libertad personal del inconforme al tener por objeto únicamente su trasferencia a distinto centro carcelario cuya ubicación se encuentre más cercana al domicilio de su familia; aunado a que el peticionario no tiene el carácter de tercero extraño a juicio, como se establece en el inciso c) del citado artículo. En otras palabras, porque se trata de un acto de carácter intraprocesal y no queda comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en especial, la señalada en la parte final del inciso b) que se refiere a que el acto afecte la libertad personal del quejoso- pues, en el caso, el solicitante del traslado (beneficio) no se encuentra privado de su libertad personal con motivo de la resolución que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal; por tanto, debe agotar dicho recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad. Finalmente, tampoco actualiza la hipótesis prevista en la última parte de la supracitada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la procedencia del recurso de reconsideración no está sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el artículo 485 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, en relación con los diversos preceptos 24 y 52 a 57 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias, no dejan lugar a dudas, pues establecen claramente que contra las resoluciones dictadas por el Juez de Ejecución de Sentencias, en las que se resuelva la negativa de algún beneficio para el sentenciado, como en el caso en estudio, relativo a su traslado a un centro carcelario más cercano al domicilio familiar, procede el recurso de reconsideración. SE LIBRA DESPACHO. Ahora bien, toda vez que el quejoso **, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México, mismo que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la legislación de la materia, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en cita, líbrese atento exhorto al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda, se constituya en el Centro de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México y notifique el presente proveído al citado quejoso, y de igual modo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

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