Felipe Marañón Natole y Otros.
Expediente 438/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Felipe Marañón Natole y Otros.
- María de la Soleda Marañon Lazcano y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese el escrito con el número de registro 9020, signado por el autorizado de la parte quejosa, en el que solicita se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, respecto de lo cual, se acuerda lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo vigente, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a David Arturo Molina Rodas, autorizado de la parte quejosa, con clave de usuario BufeteMolina el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta en el juicio de amparo en que se actúa, así como para recibir notificaciones y estar en posibilidad de realizar promociones pertinentes vía electrónica, lo anterior con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas. Por otra parte, agréguese el escrito signado por María de la Soledad Marañón Lazcano, por propio derecho y en representación de Felipe Marañón Natole, mediante el cual cumple la prevención realizada en autos. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De acuerdo con el análisis de las constancias, se considera respetuosamente que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Por su parte el artículo 61 de la Ley de Amparo prevé: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Asimismo, el artículo 107 de la Ley mencionada establece: "El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede limitativamente ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que jurisprudencialmente se ha considerado que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, únicamente, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, o bien, cuando se afecta un grado predominante o superior a algún derecho adjetivo, mas no en los casos en que se afecte de forma simple derechos adjetivos o procesales. Por tanto, si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales y aun cuando no obtenga una sentencia favorable, tiene su derecho expedito para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. HECHOS En el caso, del análisis íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en los autos del toca 0843/2016, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que dicha Sala resolvió, confirmar lo actuado en la audiencia prevista por el artículo 221 del Código Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, celebrada el tres de septiembre de dos mil quince, en la que se declaró confeso al actor Felipe Marañón Natole (hoy quejoso) de las veinticuatro posiciones contenidas en el pliego de cuatro de agosto de dos mil quince, ofrecidas como prueba confesional por Miguel Ángel Vásquez Aldazaba y Patricia Chávez Niño, en la demanda de contestación en el juicio de origen. Asimismo, debe destacarse que la parte quejosa en el escrito aclaratorio de la demanda, manifestó que el juicio de donde emana el acto reclamado se encuentra pendiente de emitir sentencia. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que el acto aquí reclamado, por su naturaleza y característica procesal, no constituye un acto de imposible reparación, pues no implica que la aquí quejosa vaya a obtener una resolución desfavorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, y de causarle algún perjuicio, éste se manifestará hasta que la autoridad señalada como responsable, tomando en cuenta la acción intentada y las excepciones opuestas, emita la resolución correspondiente, misma que podrá ser combatida en amparo directo, demanda en la que en su caso, podrá destacar la violación procesal que señala como acto reclamado en términos del artículo 172, fracción IV de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: No. Registro: 216,267 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 65, Mayo de 1993 Tesis: VI. 2o. J/258 Página: 53 "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. No. Registro: 224,883 Tesis aislada Materia(s): Civil, Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990 Tesis: Página: 439 "ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (DESECHAMIENTO DE PRUEBAS Y DE RECURSOS). La ejecución de imposible reparación a que alude el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, como requisito para que proceda el amparo indirecto contra actos en juicio, no puede hacerse derivar del solo hecho de que un acto sea o no reparable en la sentencia, en virtud de que exista la posibilidad o imposibilidad de que la autoridad responsable vuelva a ocuparse de la cuestión, puesto que con esa interpretación se daría cabida al juicio de amparo contra todos y cada uno de los autos, resoluciones y trámites que causan estado o quedan firmes dentro de la secuela del procedimiento, lo que sería contrario a la finalidad y espíritu del juicio constitucional, que busca la reparación de perjuicios reales y efectivos. El proceso no es un fin en sí mismo considerado, sino un medio para obtener el reconocimiento de los derechos, y las actuaciones que están relacionadas con el esclarecimiento de esos derechos discutidos en el juicio, como lo son, entre otras, las que se refieren a la recepción de las pruebas y a los recursos intentados a propósito de ellas, y en general las que sirven para preparar o conformar el material lógico en que la sentencia habrá de descansar, no tienen otro objeto que el antes apuntado, o sea, el de que se reconozca el derecho del interesado. Por lo mismo, mientras que en la sentencia final no se desconozca este derecho, no cabe afirmar que se haya ocasionado perjuicio, el que solamente existirá cuando el fallo, por la falta de la prueba rechazada o por haberse desechado el recurso, sea desfavorable a los intereses de la parte respectiva. Tan es así, que los actos violatorios del procedimiento que menciona el artículo 159 de la Ley de Amparo, en concreto la negativa firme de una prueba o de un recurso, no pueden ciertamente ser revocados o modificados en la sentencia definitiva, que se circunscribe a examinar y resolver la materia del litigio a través del estudio de las pruebas y análisis de las acciones y excepciones, y sin embargo, conforme a los artículos 158 y 161, esos actos deben ser atacados hasta que se pida el amparo contra la sentencia, lo que claramente está indicado que es ésta misma la que, en el sistema del juicio de garantías, se considera viene a producir el perjuicio necesario para que proceda el amparo, y no por sí solos, o de manera destacada, los actos de la naturaleza indicada, así se trate de situaciones consumadas dentro del procedimiento". No. Registro: 208,717 Tesis aislada Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de 1995 Tesis: IV.3o.111 K Página: 489 "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." Por lo tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitidos por la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante los cuales informa que al ingresar el usuario Bufete Molina; para autorizar el acceso al expediente electrónico de este juicio a la parte quejosa, el sistema electrónico indicó una falla en los términos siguientes: "No se encontró registro del nombre usuario ingresado"; por lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga.
- Principal
Analizada la demanda de amparo promovida por María de la Soledad Marañón Lazcano, por propio derecho y en representación de Felipe Marañón Natole, personalidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 438/2016. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS De los artículos 108, fracción IV, 110, 112, 113 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte la facultad de este juzgado de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad, o se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo, o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Además, la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que el quejoso, entre otras cosas, manifestará bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que le consten y constituyen los antecedentes del acto reclamado. Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. HECHOS En el caso, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en los autos del toca 0843/2016, emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que dicha Sala resolvió declarar confeso al actor Felipe Marañón Natole (hoy quejoso), de las veinticuatro posiciones contenidas en el pliego de cuatro de agosto de dos mil quince, ofrecidas como prueba confesional por Miguel Ángel Vásquez Aldazaba y Patricia Chávez Niño, en la demanda de contestación en el juicio de origen. Por otra parte, de los apartados relativos a los antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación, se advierte que Felipe Marañón Natole demandó en la vía ordinaria civil la terminación de un contrato de arrendamiento y diversas pretenciones, de Miguel Ángel Vásquez Aldazaba y Patricia Chávez Niño; asimismo, que en el juicio que se instauró con motivo de dicha demanda, la promovente María de la Soledad Marañón Lazcano fungió como mandataria de la parte actora. Por otra parte, que la parte demandada en su escrito de contestación, ofreció entre otras pruebas la confesional a cargo de Felipe Marañón Natole (quejoso). El tres de septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que quien desahogó dicha diligencia en representación de Felipe Marañón Natole, fue su mandataria María de la Soledad Marañón Lazcano. Posteriormente se advierte que la parte quejosa promovió apelación en contra de lo actuado en el juicio de origen, y si bien en sus conceptos de violación transcribe fragmentos del contenido de la resolución que se señala como acto reclamado (en la que se hace referencia a lo ocurrido en la audiencia de tres de septiembre de dos mil quince), de lo narrado en la demanda no es posible advertir si el referido recurso de apelación fue interpuesto en contra de lo actuado en la citada audiencia, o si bien en su caso ya se emitió alguna resolución en el juicio de origen en la que lo actuado en dicha audiencia hubiera sido tomado en cuenta y en contra de dicha resolución se hubiere promovido el recurso. De lo anterior se advierte, que si bien, la parte quejosa menciona algunos antecedentes relativos al acto reclamado, omitió mencionar cuál es el estado procesal que guarda actualmente el juicio de origen. CONCLUSIÓN Derivado de lo anterior, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo resulta imprecisa pues la promovente, únicamente se limita a manifestar cuestiones relativas al recurso de apelación, omitiendo señalar datos en relación al juicio de origen, como cuál es el estado procesal que guarda actualmente el mismo, de los que se advierta qué actuación fue controvertida a través del recurso de apelación. REQUERIMIENTO En consecuencia, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a la promovente para que en el plazo de cinco días legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: a) Manifieste cuál es el estado procesal que guarda actualmente el juicio de origen y si es posible, anexe copia certificada de las constancias que lo integran. b) Exprese contra qué actuación del juicio de origen fue promovido el recurso de apelación del que deriva el acto reclamado. c) Del escrito mediante el cual dé cumplimiento al punto que antecede, deberá allegar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes en este asunto, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera necesario para la tramitación de este asunto; es decir, que sin la aclaración solicitada por este Juzgador no sería posible fijar la litis correctamente en este asunto y en su caso determinar la competencia para conocer del mismo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Abril de 2006 Página: 990 Tesis: I.7o.A.100 K Tesis Aislada Materia(s): Común "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Asimismo, se hace saber a la parte promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Registro No. 174745 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 2006 Página: 348 Tesis: 2a./J. 88/2006 Jurisprudencia Materia(s): Común "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Se hace del conocimiento de la parte promovente, del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a cualquiera de los puntos requeridos, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala la parte quejosa, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, efectúensele las notificaciones por lista de acuerdos, puesto que la forma de notificar por estrados, de conformidad con lo que dispone el artículo 29 de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas de este juzgado en un lugar visible al público. De igual forma, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Ambrosio Molina Vázquez, David Arturo Molina Rodas, Juan Antonio Téllez Ramírez y Maribel Hernández Morales por contar con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Alejandro Zamudio Morales, por no contar con la cédula mencionada y a Edgar Eduardo Jácome Galarza, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, hágase de su conocimiento que no existe inconveniente para permitir a sus autorizados el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse de los autos dictados en el presente expediente, pues la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes favorecen el ejercicio de sus derechos de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente. Época: Décima Época Registro: 2008986 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.23 K (10a.) Página: 1830 "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Por otra parte, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo vigente, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a María de la Soledad Marañón Lazcano, parte quejosa, con clave de usuario Bufete Molina el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta en el juicio de amparo en que se actúa, así como para recibir notificaciones y estar en posibilidad de realizar promociones pertinentes vía electrónica, lo anterior con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.
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