Felipe Malacara Maiz
Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Felipe Malacara Maiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de dos de junio de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción en un plazo de tres años contado a partir del presente proveído, pues se negó la medida cautelar definitiva; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 484/2023-VI-B, promovido por ********************, en contra del acto que reclama del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la referida parte quejosa solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Presidente Municipal; Director de Desarrollo Urbano; e, Inspector de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 484/2023-VI-B, y se admitió a trámite la misma; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: "Del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida le reclamo la omisión de proteger el ambiente dentro de su circunscripción territorial, así como prevenir, controlar y en su caso sancionar en el ámbito de su competencia, la contaminación ocasionada por ruido, generado por el establecimiento comercial RESTAURANT BAR LA ASAMBLEA, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 fracción VII, 2 fracción I, 3 fracción IV, inciso b y fracción VI, 4 fracción X, 12 fracciones I y IV, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 BIS, 58, 128 BIS, 128 QUATER y 128 QUINQUIES, todos del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida. Del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida le reclamo la omisión de prevenir y controlar la contaminación ocasionada por ruido, generado por establecimiento comercial RESTAURANT BAR LA ASAMBLEA, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 fracción VII, 2 fracción I, 3 fracción IV, inciso b y fracción VI, 4 fracción X, 12 fracciones I y IV, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 BIS, 58, 128 BIS, 128 QUATER y 128 QUINQUIES, todos del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida. Del Inspector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida le reclamo la falta de inspección y verificación del RESTAURANT BAR LA ASAMBLEA, para el efecto de acreditar la efectividad del aislamiento acústico y el cumplimiento de los límites máximos permisibles en materia de emisión de ruido por parte de dicho lugar, ello con apego al numeral 128 QUINQUIES del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida.". TERCERO. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente Municipal (6316); Director de Desarrollo Urbano (6217); e, Inspector de Desarrollo Urbano (6218), todos del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, pues así lo señalaron expresamente al rendir su respectivo informe justificado. Al respecto, es preciso traer a colación las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Director del Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad (6980), en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º, de las que se desprenden los procedimientos administrativos DDU/SJ/RUIDO/010/2023 y DDU/2.1/019/2023, iniciados en contra del propietario y/o posesionario y/u ocupante del predio ubicado en la calle Cincuenta y cuatro (54), número quinientos cuarenta y cinco, letra "B" (545-B) colonia Centro, de esta ciudad, en los que se emitieron, respectivamente, las órdenes de inspección para corroborar, en el primero de ellos, en lo que interesa: ".7) Verificar que se encuentren en cumplimiento de los límites máximos permisibles conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, de acuerdo al artículo 49 del Reglamento en comento.--- 8) Verificar las medidas de insonorización de sus fuentes sonoras y de los espacios o inmuebles que ocupen en sus actividades a fin de que el ruido que se genere en el predio, no rebase los límites máximos permisibles, al trascender a las construcciones adyacentes como a los predios colindantes o la vía pública, contemplado en el artículo 52 del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida.". Por su parte, el objetivo de la visita de inspección en el segundo de los citados procedimientos administrativos, lo fue para: ".4) Requerir de la inspeccionada y/o el inspeccionado la licencia de uso de suelo para la actividad que realiza en el sitio de inspección.". Al respecto, mediante resolución de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en autos del procedimiento administrativo DDU/SJ/RUIDO/010/2023, una vez establecida la mecánica con la que se llevó a cabo la medición correspondiente en la referida visita de inspección, se determinó: ".en la misma acta de inspección se circunstanció que el inspeccionado no rebasaba al momento de la inspección los niveles máximos permitidos en materia de ruido.". Asimismo, en el diverso procedimiento administrativo DDU/2.1/019/2023, por resolución de diez de febrero de dos mil veintitrés, se estableció: ".en dicha acta se hizo constar que inspectores adscritos a esta Dirección de Desarrollo Urbano se constituyeron en el predio ubicado en la calle 54, número 545, letra B, de la colonia Centro, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, señalado en la orden de inspección para llevar a cabo la diligencia, constatando la existencia y funcionamiento de un uso de suelo diverso al de casa habitación unifamiliar consistente en Restaurante Bar con denominación comercial "La Asamblea", acreditándose durante la diligencia la licencia de funcionamiento municipal con número de trámite 22515 con fecha de vigencia 31 de agosto del año dos mil veinticuatro, expedida a favor del C. Víctor Daniel Manzanero Peraza, para el predio de la calle 54, número 545, letra B, por 71 y 73, de la colonia Centro.". Atendiendo a lo anterior, en las propias resoluciones de mérito, se determinó el cierre de los procesos administrativos DDU/SJ/RUIDO/010/2023 y DDU/2.1/019/2023, como asuntos totalmente concluidos. De lo anterior, se desprende que por lo menos hasta el ocho y diez de febrero del año en curso, las autoridades responsables, ejerciendo las facultades otorgadas por la ley dentro del ámbito de sus competencias, analizaron y determinaron que no existían elementos suficientes para configurar algún supuesto de infracción que ameritara una sanción para el establecimiento comercial denominado "La Asamblea". Y si bien la parte quejosa promovió la demanda de amparo que dio origen al juicio constitucional en el que se actúa, el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a las resoluciones en comento. Lo cierto es que no aportó medio de convicción alguno con el que desvirtuara la negativa de las autoridades responsables. Apoya la anterior consideración, por el principio que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable en la página cuatro mil trescientos setenta, Libro 4, agosto de dos mil veintiuno, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, número de registro 2023482, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALAN COMO ACTOS RECLAMADOS LA LICENCIA, PERMISO Y/O AUTORIZACIONES PARA REALIZAR UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DEBE ACREDITARSE CON PRUEBA SUFICIENTE QUE EL PREDIO O FINCA SE UBICA DENTRO DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PERJUICIO JURÍDICAMENTE RELEVANTE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a criterios diferentes al analizar juicios de amparo indirecto en los que se señalaron como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción, pues mientras uno consideró que para la demostración del interés legítimo basta la evidencia de ser vecino de la obra en construcción con pruebas documentales, el otro estimó que para justificar dicho interés legítimo es necesario demostrar con prueba pericial tanto la vecindad con la obra, como el perjuicio jurídicamente relevante generado por ella, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción que, a decir de la parte quejosa, afectan su derecho a un medio ambiente sano y saludable, e implican una violación al entorno urbano o en materia de vialidad u otros derechos análogos, es necesario demostrar el interés legítimo, entendido como el enlace entre la norma jurídica que otorga la prerrogativa y la afectación que se produce a ese derecho por el acto de autoridad. Así, debe demostrarse que el inmueble donde habita la parte quejosa está inmerso dentro del área de afectación de la obra cuya licencia, permiso y/o autorizaciones se reclaman, así como el perjuicio jurídicamente relevante generado por la obra en construcción, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico, y la prueba de esos dos aspectos debe demostrarse de manera fehaciente con prueba suficiente, según lo requiera cada caso concreto. Justificación: El interés legítimo constituye la legitimación tanto en el proceso como en la causa que permite, por una parte, el trámite válido del juicio y, por otra, la condición necesaria para obtener una sentencia concesoria de amparo. Entonces, el interés legítimo debe demostrarse de manera fehaciente con medios de prueba suficientes que evidencien la afectación al derecho que la parte quejosa defiende en el juicio de amparo y que deriva de su especial situación frente al orden jurídico, que le permite expresar un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues de no demostrarse esa afectación, el interés, en todo caso, resulta genérico o simple. De ahí que, se reitera, al no haber aportado la parte quejosa prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos reclamados al Presidente Municipal; Director de Desarrollo Urbano; e, Inspector de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, los informes justificados y anexos, rendidos por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, e inspector adscrito, ambos con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tal efecto, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designan las citadas autoridades responsables, con tal carácter en sus informes de mérito. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, las documentales que adjunto a su informe justificado, así como la presuncional en su doble aspecto en todo cuanto favorezca a sus intereses, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 484/2023-VI-B, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Presidente Municipal; Director e Inspector de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura del incidente de suspensión. Por acuerdo dictado el veintisiete de marzo del año en curso, se ordenó tramitar por separado y en cuaderno único el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previó diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa, los actos que la parte quejosa reclama, que son los siguientes: "Del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida le reclamo la omisión de proteger el ambiente dentro de su circunscripción territorial, así como prevenir, controlar y en su caso sancionar en el ámbito de su competencia, la contaminación ocasionada por ruido, generado por el establecimiento comercial RESTAURANT BAR LA ASAMBLEA, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 fracción VII, 2 fracción I, 3 fracción IV, inciso b y fracción VI, 4 fracción X, 12 fracciones I y IV, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 BIS, 58, 128 BIS, 128 QUATER y 128 QUINQUIES, todos del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida. Del Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida le reclamo la omisión de prevenir y controlar la contaminación ocasionada por ruido, generado por establecimiento comercial RESTAURANT BAR LA ASAMBLEA, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 1 fracción VII, 2 fracción I, 3 fracción IV, inciso b y fracción VI, 4 fracción X, 12 fracciones I y IV, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 BIS, 58, 128 BIS, 128 QUATER y 128 QUINQUIES, todos del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida. Del Inspector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida le reclamo la falta de inspección y verificación del RESTAURANT BAR LA ASAMBLEA, para el efecto de acreditar la efectividad del aislamiento acústico y el cumplimiento de los límites máximos permisibles en materia de emisión de ruido por parte de dicho lugar, ello con apego al numeral 128 QUINQUIES del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida.". SEGUNDO. Negativa de actos. No son ciertos los actos reclamados, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes previos el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, (promoción 4893); Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida (promoción 5002) e Inspector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida (promoción 5001), sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En virtud de lo anterior, procede NEGAR la suspensión definitiva de tales actos por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,820 en Ius Intranet, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Sin que pasen inadvertidas las documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, las cuales obran en el cuaderno principal del juicio de amparo del que deriva este incidente; toda vez que, por los motivos que se expusieron en dicho expediente, no se realizó la compulsa y certificación de los referidos documentos, al no haberse acompañado las copias respectivas para el incidente de suspensión solicitado. De ahí que hasta en tanto no se exhiban para realizar el cotejo y compulsa, se entenderá que está anuente en que esta autoridad resuelva únicamente con los datos y constancias que considera imprescindibles. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver."(Época: Novena Época, Registro: 163758, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 71/2010, Página: 7). Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA a ********************, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Presidente Municipal; Director e Inspector de Desarrollo Urbano; todos del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, por las razones precisadas en el considerando segundo de esta resolución interlocutoria. Notifíquese y regístrese.
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