Felipe López Morales y Otros.
Expediente 605/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Maricela ALAVÉS VÁZQUEZ Alavéz Vasquez y Otros.
- Jesús Eduardo Sánchez Silva y Otros.
- Amalia Silva Vásquez y Otros.
- Jesús Eduardo Sánchez Silva
- Felipe López Morales y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 605/2020; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el nueve de octubre de dos mil veinte, recibido por razón de turno por este Juzgado Federal el doce de octubre siguiente, Karina Maribel Morales López, Amalia Silva Vásquez, Maricela Alavés Vázquez, Jesús Eduardo Sánchez Silva y Felipe López Morales, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisa a continuación: ".III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como autoridad responsable con el carácter de ordenadora a la siguiente: 1. COMISARIO GENERAL: FRANCISCO SANTIAGO JOSE, COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL DE OAXACA. La cual tiene su domicilio bien conocido en (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS. - La falta de acuerdo y contestación a mi escrito presentado en fecha de fecha diez de marzo de dos mil veinte, dirigido al ciudadano FRANCISCO SANTIAGO JOSE, COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL DE OAXACA." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite. Mediante proveído de trece de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la demanda de cuenta, la cual se ordenó registrar bajo el número 605/2020, asimismo, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. celebración de la audiencia constitucional: Seguido el juicio por sus demás trámites correspondientes, el día de hoy, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y quedaron los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado tendría ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que el suscrito secretario en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa a la responsable: La falta de acuerdo y/o contestación al escrito presentado el diez de marzo de dos mil veinte, dirigido a Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan violatorios de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. En este contexto, la autoridad responsable Comisario General, Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, por conducto del Director Jurídico de la Policía Estatal en el Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, se tiene por cierto, pues de las manifestaciones vertidas en el mismo se desprende su certeza. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Esto es así, pues de las manifestaciones que vierte en el mismo, se aprecia que efectivamente la parte quejosa presentó ante dicha potestad escrito mismo, el cual informó que ya fue contestado. Lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, constancias que tienen valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se desvirtúa la negativa de tal autoridad y se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Causas de improcedencia. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio el juzgador debe analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. A efecto de evidenciar lo anterior, se estima conveniente citar la aludida norma legal, misma que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto, se debe de establecer en primer término el significado de las palabras "cesar" y "efecto", que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, para que pueda operar o actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es menester que el acto reclamado en el presente juicio quedara sin efecto. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones siguientes. En efecto, recuérdese que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir en la falta de acuerdo y/o contestación al escrito presentado el diez de marzo de dos mil veinte, dirigido a Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca. Por tanto, para que opere la causa de improcedencia en comento, resulta necesario demostrar en autos que se proveyó respecto del escrito presentado por la ahora parte quejosa y se le hiciera de su conocimiento la respuesta. Lo cual así sucedió, pues de acuerdo a las constancias que mediante oficio SSP/PE/DJ/1114/2020, se emitió la contestación al escrito presentado por la parte impetrante, además se aprecia una razón de notificación de quince de marzo de dos mil veinte, en la que se plasmó la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, en donde incluso se asentó que después de varios intentos de comunicación con la parte quejosa vía telefónica, en una ocasión sí pudieron ser atendidos por Maricela Alavéz Vázquez, quien manifestó que ella acudiría a esas oficinas por no encontrarse en la ciudad. Asimismo, se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa con dichas constancias, lo cual fue notificado por medio de lista el dieciocho de noviembre siguiente. Como se ve de lo antes descrito, resulta patente que si bien se dio respuesta a la petición de la parte quejosa antes de la presentación de la demanda, con posterioridad a la presentación a la misma estuvo en posibilidad de conocer de la respuesta a su petición esbozada a la autoridad responsable, por lo que se estima que con tal actuar desaparecieron de la esfera de la quejosa los efectos del acto que motivó el juicio de amparo. En efecto, como ya se dijo con la respuesta a la petición de la parte quejosa se dio vista a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, sin que realizara manifestación alguna no obstante encontrarse publicado en la lista de este órgano jurisdiccional el dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Debidamente notificada del aludido proveído. Atento lo relatado y ante la falta de controversia por la parte quejosa en cuanto la contestación emitida por la autoridad responsable, es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; y siendo esto así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, es claro que al haberse dado respuesta a la solicitud de la parte quejosa por parte de la autoridad responsable, situación que durante el presente juicio de constitucional, se hizo del conocimiento de la parte quejosa, y al no haber realizado manifestación alguna, se tiene que han cesado los efectos del acto impugnado. Lo anterior se considera así, pues la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando con motivo de una actuación posterior por parte de la propia autoridad responsable, todos sus efectos desaparecen o son destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, en materia común, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, correspondiente a la Novena Época y sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro es "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, lo procedente sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que no pasa desapercibido que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó la notificación personal de dicho proveído a la parte quejosa y que a la presente data no obre en autos la aludida notificación; sin embargo se estima ello no logra cambiar el sentido de la presente resolución en razón de que de dicho auto ya fue notificado por medio de lista de acuerdos de este órgano jurisdiccional, además de que a la fecha de la vista otorgada con las documentales a la presente fecha ha mediado en exceso el término para ampliar la demanda de amparo. Sumado al hecho, de que las partes también se encuentran constreñidas a darle seguimiento a los juicios que tramitan, como es verificar la lista de acuerdos, para así conocer si la autoridad rindió su informe justificado y el sentido del mismo, ello para estar en facultad de desvirtuar lo manifestado y acreditado en el mismo, incluso para formular alegatos en relación de la violación de los derechos que siente fueron afectados en su esfera de derechos; máxime que incluso, la ley de la materia no establece que la notificación de la vista del informe justificado deba realizarse de manera personal. Por lo expuesto, fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Karina Maribel Morales López, Amalia Silva Vásquez, Maricela Alavés Vázquez, Jesús Eduardo Sánchez Silva y Felipe López Morales, contra el acto y autoridad a que se contrae el considerando cuarto por los motivos expuestos en el último considerado de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual designa nuevo autorizado en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, así como para recibir notificaciones, al respecto se provee: Como se solicita, téngasele señalando como nuevo autorizado de la parte quejosa, el que indica en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica y, a las restantes personas que menciona, conforme al segundo párrafo del artículo 24 de la ley de la materia, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones a las señala; lo anterior, por no tener registrada su cédula en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
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