Felipe López González

Expediente 692/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
692/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Felipe López González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por ---------, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES DESTRUIBLE, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Arturo Contreras Benítez, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, a través del cual rinde informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Atento a lo anterior, se tienen por recibido el informe justificado, así como las constancias que anexa, para los efectos legales conducentes, sin que sea procedente otorgar vista a las partes en atención a las siguientes consideraciones. De las constancias remitidas por la responsable, este juzgado federal, advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, pues, las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y, de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, que dispone: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal en cita pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclaman dejan de surtir efectos de manera total e incondicionada. Para efectos del juicio de amparo se estima, que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto o sin revocarlo, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía estimada violada por la autoridad, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que reclama substancialmente: La omisión a dar respuesta al escrito de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, al que le recayó el número de folio de folio 014494, presentado ante la Autoridad señalada como responsable dentro del juicio laboral J4BIS/466/2017. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el trece de octubre de dos mil veinte, acordó la solicitud de la ahora quejosa, por lo que emitió un acuerdo en el que, respecto a girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, indicó que ya se había recibido el informe requerido, incluso, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogada la prueba ofrecida. Por lo que hace al oficio dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ordenó girar oficio recordatorio para que en el plazo de tres días rindiera el informe solicitado por la parte actora. De lo anterior, es incuestionable que al dar contestación la responsable al escrito presentado por la parte quejosa, cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el caso de que al peticionario de amparo, se le concediera la protección constitucional solicitada, su efecto sería el que la autoridad responsable, acordara a la brevedad posible la promoción veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, registrado con el número de folio 014494; por lo que, si en el presente caso se acordó la petición del quejoso, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 103, visible en las páginas 51 y 82 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que al rubro señala CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Así como la jurisprudencia publicada con el número 415, publicada en la página 356, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que al rubro refiere SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En esa tesitura, la causa de improcedencia en estudio, se actualiza, cuando ante la existencia o insubsistencia de los actos reclamados, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubieren otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En consecuencia, el acto reclamado antes precisado quedó subsanado dado que la responsable se pronunció respecto a la promoción de mérito; restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violentada, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo la tesis 2a. CV/2013 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento del presente juicio; lo anterior, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sin que obste el hecho, de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues, al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causa de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, porque, de estimarse lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de la justicia, que contraviene lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387 del tomo XVII, marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que versa: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, se deja insubsistente en razón de la determinación anterior. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto y a las demás partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, a través del cual rinde informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Atento a lo anterior, se tienen por recibido el informe justificado, así como las constancias que anexa, para los efectos legales conducentes, sin que sea procedente otorgar vista a las partes en atención a las siguientes consideraciones. De las constancias remitidas por la responsable, este juzgado federal, advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, pues, las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y, de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, que dispone: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal en cita pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclaman dejan de surtir efectos de manera total e incondicionada. Para efectos del juicio de amparo se estima, que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto o sin revocarlo, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de la garantía violada, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía estimada violada por la autoridad, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que reclama substancialmente: La omisión a dar respuesta al escrito de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, al que le recayó el número de folio de folio 014494, presentado ante la Autoridad señalada como responsable dentro del juicio laboral J4BIS/466/2017. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el trece de octubre de dos mil veinte, acordó la solicitud de la ahora quejosa, por lo que emitió un acuerdo en el que, respecto a girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, indicó que ya se había recibido el informe requerido, incluso, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogada la prueba ofrecida. Por lo que hace al oficio dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ordenó girar oficio recordatorio para que en el plazo de tres días rindiera el informe solicitado por la parte actora. De lo anterior, es incuestionable que al dar contestación la responsable al escrito presentado por la parte quejosa, cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el caso de que al peticionario de amparo, se le concediera la protección constitucional solicitada, su efecto sería el que la autoridad responsable, acordara a la brevedad posible la promoción veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, registrado con el número de folio 014494; por lo que, si en el presente caso se acordó la petición del quejoso, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 103, visible en las páginas 51 y 82 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que al rubro señala CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Así como la jurisprudencia publicada con el número 415, publicada en la página 356, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que al rubro refiere SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En esa tesitura, la causa de improcedencia en estudio, se actualiza, cuando ante la existencia o insubsistencia de los actos reclamados, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubieren otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En consecuencia, el acto reclamado antes precisado quedó subsanado dado que la responsable se pronunció respecto a la promoción de mérito; restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violentada, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo la tesis 2a. CV/2013 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento del presente juicio; lo anterior, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sin que obste el hecho, de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues, al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causa de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, porque, de estimarse lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de la justicia, que contraviene lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387 del tomo XVII, marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que versa: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, se deja insubsistente en razón de la determinación anterior. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto y a las demás partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo a que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de trece de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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