Felipe Llaca Rodriguez

Expediente 37/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
37/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/02/2019

Partes del expediente

  • Felipe Llaca Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA-VI-A. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA VI SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Felipe Llaca Rodríguez, contra actos del Juez de Control de la Sexta Región de Procedimientos Penal, Acusatorio y Oral, con residencia en Altamira, Tamaulipas y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 37/2019-VI-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo:. El citado precepto, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia... cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen:. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo. El término de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: 1) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, 3) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. El quejoso Felipe Llaca Rodríguez reclama por esta vía constitucional la orden de detención, presentación y/o aprehensión, así como su ejecución, de la cual bajo protesta de decir verdad señaló en su ocurso de cuenta tuvo conocimiento desde el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, fecha en la cual manifiesta que aproximadamente a las dieciséis horas con cuarenta minutos, personas que se dijeron agentes de la policía ministerial se presentaron en su domicilio particular a efecto de privarlo de su libertad. Por tanto, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo se debió presentar dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. En este orden de ideas, es evidente que la demanda de amparo promovida por Felipe Llaca Rodríguez resulta extemporánea, acorde con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de la Amparo, ya que el acto reclamado se pretendió ejecutar el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, tal como lo señaló bajo protesta de decir verdad en los antecedentes del acto reclamado, aseveración a la que se le debe otorgar credibilidad plena como confesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.. Esto es así, porque resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que tuvo conocimiento el inconforme del acto reclamado, se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo dispone el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tales circunstancias se colman, dado que de la demanda de amparo no se desprende que Felipe Llaca Rodríguez sea menor de edad o incapaz, pues al promover por propio derecho el amparo y protección de la justicia federal, se trata de una persona mayor de edad, en el pleno goce de sus derechos, y quien tuvo conocimiento de los actos reclamados el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se trata de un hecho propio concerniente al presente asunto y, por ende, entraña certeza de la fecha en que se ostentó sabedor, con las consecuencias jurídicas que produce, tal como lo determina el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, el término para la promoción de la demanda de amparo en contra del acto reclamado, debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de captura, así como su ejecución; es decir, a partir del catorce de diciembre de dos mil dieciocho, tal como lo provee el numeral 18 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que al haberse presentado el escrito de demanda el quince de enero de dos mil diecinueve, según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, éste resulta extemporáneo, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que obliga a desechar de plano la demanda de amparo. Es trascendente hacer la indicación que al haber tenido conocimiento de los actos reclamados el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el término para promover la demanda de amparo se rige conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo, cuyos preceptos legales aplicables se transcribieron en párrafos precedentes; de manera tal que el término de quince días para promover el juicio de amparo transcurrió del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho al nueve de enero del actual, sin tomar en cuenta los días veintidós, veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre de dos mil dieciocho, así como el uno, cinco y seis de enero del año en curso, por haber sido inhábiles de conformidad con el dispositivo 19 de la Ley de Amparo, por lo que al haberse presentado la petición de amparo hasta el quince del mes y año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y Ciudad Madero, según se desprende del sello de recibido estampado en la parte superior de la demanda, es innegable que ésta se presentó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que la parte quejosa estaba obligada a promover tal demanda dentro del término de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de la orden reclamada, más aún si dicha orden no encuadra en ninguna de las excepciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque no versa sobre la privación de la libertad del peticionario de amparo fuera de procedimiento. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el dictado del acto reclamado pudiera traer aparejada la privación de la libertad del quejoso, no menos cierto es que dicho acto, tal como se advierte de la demanda, deriva de un procedimiento penal, pues se atribuye a Jueces Penales y Agentes del Ministerio Público de esta circunscripción; ante ello es inconcuso que al ser actos dictados dentro de un proceso penal le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Además que el acto reclamado no está en alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, pues, no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, es incuestionable que la presentación de la demanda se realizó de manera extemporánea y, por ende, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que obliga a DESECHAR por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica, con el apercibimiento de que de resultar impreciso, incorrecto, se encuentre cerrado, deshabitado o quien esté en ese lugar manifieste que no conoce al quejoso o a sus autorizados, las notificaciones subsecuentes, incluso aquéllas que conforme a la ley deban hacerse en forma personal, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, para lo cual se faculta desde ahora a los actuarios de la adscripción. Asimismo, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramón Velázquez Rivera y Carlos Eduardo Olvera Gordillo, con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, y en términos de la parte final del último párrafo del precepto legal antes citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Antolin González Segura y Dulce Lizdeth Solís Rubio, en virtud de no encontrarse registrados en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo.

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