Felipe Leonel Alzacar Mora
Expediente 653/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Segundo Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Tlaxcala
- Felipe Leonel Alzacar Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Conforme al artículo 17, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que el presente expediente es conservable, por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido será transferido al Depósito Documental respectivo dependiente del Área Coordinadora de Archivos. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo cual se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada (fojas 117 y 118), sin que hayan hecho manifestación alguna (fojas 132 y 133). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión celebrada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés y concluida el día veinticuatro siguiente, este Órgano Colegiado resolvió conceder a la parte quejosa ********************, la protección constitucional, para el efecto que el Tribunal responsable procediera en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emita otra en la que, tomando en cuenta lo resuelto en esta sentencia de amparo, prescinda de tener como un hecho no controvertido que el uno de junio de dos mil veintiuno, le fue otorgada al actor una pensión de invalidez definitiva, y en su lugar, considere que la fecha de otorgamiento de la pensión de invalidez sí fue materia de controversia, susceptible de haberse acreditado con los medios de prueba desahogados en el procedimiento. 3. Con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, se pronuncie respecto de las prestaciones reclamadas." (foja 71). I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que dentro del expediente laboral de origen por auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, y el dieciséis de marzo del año en curso, dictó una nueva (fojas 93 a 112); en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector: 1) Reiteró las consideraciones que no fueron materia de concesión del amparo, relativas a los presupuestos procesales de competencia, procedencia de la vía y legitimación en la causa (fojas 96 vuelta y 97). 2) En cuanto a las consideraciones jurídicas, en el considerando primero relativo al problema jurídico y cargas procesales, determinó que al actor le correspondió acreditar la existencia de un crédito hipotecario otorgado a su favor por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que cuenta con un estado de invalidez definitiva; mientras que al instituto demandado le concernió demostrar que desde que el actor fue declarado en estado de invalidez definitiva, ha transcurrido el periodo de dos años, sin que haya sido sujeto de una relación de trabajo. 3) En el considerando tercero relativo al análisis de fondo, dejó sin efectos únicamente el punto tres (3) del apartado IV. Fijación de hechos no controvertidos, del auto de depuración de nueve de septiembre de dos mil veintidós, consistente en: "3. Que el uno de junio de dos mil veintiuno, le fue otorgada al actor una pensión de invalidez definitiva, mediante resolución ********************, por el Instituto Mexicano del Seguro Social." Respecto del cual prescindió y dejó de tener como un hecho no controvertido, pues estimó que la fecha de otorgamiento de la pensión de invalidez sí fue materia de controversia y susceptible de haberse acreditado con los medios de prueba desahogados en el procedimiento. 4) Determinó que para acreditar la acción de liberación de la persona trabajadora asegurada del adeudo, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respecto del crédito hipotecario, con motivo del otorgamiento de la pensión de invalidez definitiva, los requisitos a justificar fueron: "a) La existencia de un crédito hipotecario otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a favor de la persona trabajadora. b) La existencia de la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social que reconozca el estado de invalidez definitiva de la parte trabajadora. c) El vencimiento del periodo mínimo de dos años, sin que la persona trabajadora esté sujeta a una nueva relación de trabajo." Los cuales tuvo por acreditados. 5) Respecto al segundo de ellos, lo tuvo por demostrado con la documental pública ofrecida por la parte actora, consistente en la resolución para el otorgamiento de pensión de invalidez definitiva número ******************** expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la que advirtió que el uno de junio de dos mil veintiuno, el citado instituto reconoció el estado de invalidez definitivo de la persona actora, con efectos a partir del once de abril de dos mil diecinueve, en cumplimiento al laudo de quince de enero de dos mil veinte, dictado por la Junta Federal número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, dentro del expediente ********************. Documental a la que otorgó pleno valor probatorio. 6) Asimismo, por cuanto al tercer requisito reiteró que la carga de acreditar que el trabajador no fue sujeto de una nueva relación de trabajo durante los dos años siguientes a su declaración de invalidez definitiva, le correspondió al demandado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por cuanto constituye un hecho negativo que no se le puede imponer demostrar al trabajador; lo cual el demandado no acreditó pues no opuso excepción relativa alguna ni ofreció medio de convicción tendente para demostrar que la parte actora tuvo una nueva relación laboral durante el lapso mínimo de dos años, contados a partir del reconocimiento del estado de invalidez definitivo, esto es, del once de abril de dos mil diecinueve. 7) Estableció que el trabajador se encontraba gozando de una pensión de invalidez a partir del once de abril de dos mil diecinueve, lo cual constituye una presunción legal de que desde esa fecha no se encontraba en activo como trabajador, esto es, no tenía un trabajo por estar imposibilitado para ello, al haber disminuido su capacidad productiva y verse limitadas las oportunidades para obtener un empleo remunerado; presunción que correspondía al instituto demandado destruir con medios de convicción idóneos y no lo hizo. 8) Puso de manifiesto que desde el reconocimiento de invalidez definitiva (once de abril de dos mil diecinueve) a la fecha de presentación de la demanda laboral (nueve de agosto de dos mil veintidós), habían transcurrido tres años, tres meses y veintiocho días, por lo que quedaba demostrado que la parte actora reunió el requisito de los dos años. 9) Declaró improcedentes las excepciones opuestas de falta de acción y derecho, prestaciones extralegales y de defensa. 10) Decretó la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio, respecto del crédito hipotecario ********************, otorgado al actor ********************, que existía a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como la adjudicación del inmueble respectivo, libre de dichas cargas, a favor del referido accionante. Por lo que ordenó girar oficio al Director de Notarías y Registros Públicos de Tlaxcala, Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala y Tesorería del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, con las constancias indicadas en la sentencia, para que efectuaran las diligencias necesarias en cumplimiento a la misma. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente al quejoso y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, trece de abril de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma conjuntamente con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido, para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta mediante el cual se informa que ya se envió la sentencia de dieciséis de este mes, emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, se remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes de la sentencia en mención. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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