Felipe Juárez Romano

Expediente 339/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
339/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Felipe Juárez Romano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y con la certificación secretarial que antecede, toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la quejosa hubiere recurrido el auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo. Por tanto, dicho expediente es susceptible de destrucción; por haberse desechado la demanda de amparo, lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***. Ahora, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis aislada XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Quinto Circuito, con número de registro 203196, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." Así, de la lectura íntegra al escrito de demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno dictado en el expediente 276/2013, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, así como su notificación. En el caso, se estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus excepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese sentido, el principio de definitividad no es otra cosa que el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, lo cual, acorde a lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Asimismo, se indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, entre otros, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función; es decir, salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus controversias, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. Así, el orden en los procedimientos judiciales no existe solo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. De igual forma, la Primera Sala en mención, refiere que la importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos, y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En efecto, en el caso opera la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de constitucional tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados o revocados. En ese contexto, en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 276/2013, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que -entre otras cosas- hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso proveído de veinticinco de marzo de esta anualidad, dictado en el expediente de origen en mención, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que establece: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos.". Por imperativo del precepto transcrito, el recurso de revocación procede contra los autos, cualquiera que sea su sentido. Asimismo, el referido código civil adjetivo en sus artículos 86, 87 y 88, define que tendrán el carácter de autos, aquellas resoluciones autorizadas con las firmas del juez y del secretario, y que por exclusión no sean sentencias definitivas o interlocutorias, lo que en la especie acontece, pues el acto reclamado no tiene el carácter de sentencia ni definitiva ni interlocutoria, además que el mismo fue autorizado con las firmas del juez y del secretario, como se desprende de la parte final del acto impugnado, donde calza el siguiente texto: "Así lo acordó y firma el Licenciado ARTEMIO JUAN NAVA VARELA, Juez del juzgado tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ante la Licenciada FLOR EMILIA JUÁREZ SOSA, Secretaria de Acuerdos, con quien legalmente actúa. DOY FE. Exp. 267/2013." Luego, si el acto reclamado en el presente juicio, lo es el auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 267/2013 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; es evidente que, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en su contra procede el recurso de revocación. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia XXVIII. J/6, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, de rubro siguiente: "APELACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE LA DESECHA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)". En efecto, el recurso de revocación previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, es un medio ordinario con el cual el quejoso estuvo en condiciones de lograr se nulificara, revocara o se modificara la determinación tomada por el juzgado responsable y, al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional, por lo que deviene improcedente el juicio de amparo que pretende instaurar en el aspecto analizado. Consecuentemente, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió promover el recurso de revocación contra el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 267/2013 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que ordenó hacer efectivo el apercibimiento contenido en el diverso auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Por otra parte, con relación al diverso acto reclamado consistente en la notificación del auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, realizada en el expediente 267/2013, del índice del juzgado responsable, que le fue practicada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, procede el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, el cual dispone: "Artículo 109.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo serán nulas; y son aplicables a ellas las reglas siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Juez o Tribunal que conozca del negocio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación hecha indebidamente; II.- Son aplicables a este incidente, lo dispuesto por las fracciones II a V del artículo 41. III.- Si se declara nulo lo actuado, se declarará también que el principal no se encuentra en estado de dictar sentencia; IV.- De igual manera se procederá en caso de omisión o falsedad de las notificaciones; V.- El secretario que hubiere hecho mal u omitido la notificación será civil y penalmente responsable, independientemente de la sanción disciplinaria que le imponga el Juez o Tribunal; VI.- La sentencia que decida el incidente de nulidad de notificaciones no es recurrible cuando sea dictada por el Tribunal Superior; VII.- Contra la sentencia que decida, en primera instancia, sobre la nulidad de notificaciones procede el recurso de queja; pero cuando esa resolución decida también la cuestión principal en una sola sentencia; ésta es apelable y el recurso versará sobre ambas cuestiones." Como se advierte del numeral en cita, el incidente de nulidad de notificaciones procede en contra de las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, y cuyo resultado puede ser el de nulificar la notificación que no se haya hecho conforme a la ley de la materia, o en su defecto, ordenarla cuando no se haya realizado. Así las cosas, el acto que en esta vía se reclama, debió ser impugnado a través del incidente de nulidad de notificaciones, mismo que de resultar fundado tendría por efecto ordenar nuevamente su notificación. Por tanto, el quejoso debió promover dicho medio ordinario de defensa antes de acudir a la presente instancia constitucional, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 187016, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. En las relatadas condiciones, al no haber agotado los medios de defensa que han quedado señalados y no colmar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de derechos fundamentales. Por otra parte, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Se tiene como domicilio el que indica, ubicado en *** y como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas señaladas en su escrito de demanda, por así solicitarlo de manera expresa. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

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