Felipe Jesús Amado Díaz

Expediente 494/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
494/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
30/11/2017

Partes del expediente

  • Felipe Jesús Amado Díaz
  • Felipe Jesús Amado Díaz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual comunica que se admitió la demanda de amparo directo, que en vía de incompetencia, remitió este órgano jurisdiccional, en relación con el acto que reclamó el quejoso *******; lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.maa

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo de la recepción de las constancias remitidas por este órgano jurisdiccional en relación a la incompetencia planteada, informando además, radicar dicho asunto bajo el amparo directo 603/2017 de su índice. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXXXXX , ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXX . Doy fe.maa

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta y uno de julio del año en curso, en la que, entre otras cosas, se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo solicitado por XXXXXXX , sin que se haya presentado promoción al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, como está ordenado en la sentencia de referencia, hágase el desglose de la demanda de amparo con sus anexos, el original del expediente de primera instancia, así como las constancias necesarias y remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que determine lo conducente con relación al diverso acto reclamado, consistente en el laudo dictado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 1/16/0484; solicitando atentamente el acuse de recibo de estilo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada XXXXXXXXXX Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada XXXXXX , Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete que dice: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 494/2017-VI, promovido por Felipe Jesús Amado Díaz. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el veintitrés siguiente, XXXXXXXXXX , solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Actuaria de dicha adscripción, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedando registrada bajo el expediente 494/2017-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a la tercera interesada, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 36, párrafo primero y 114, fracción I de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, artículo cuarto, fracción XVII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de actos cuya ejecución tuvieron lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama, como tercero extraño por equiparación, al conflicto laboral 1/16/0484, promovido por XXXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de XXXXXXXXXXXX, lo siguiente: A la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Todo lo actuado en el juicio de origen, desde el emplazamiento hasta la emisión del laudo dictado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. A la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. El emplazamiento al juicio de origen. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y Coordinador de Actuarios de dicha adscripción, conjuntamente informaron que son ciertos los actos que se les reclaman, anexando para tal efecto, copias certificadas de las constancias conducentes, consistentes en copia certificada del expediente 1/16/0484. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. CUARTO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, este órgano jurisdiccional previo al estudio de las causales de improcedencia, procederá a estudiar los conceptos de violación que expresó la parte quejosa respecto al emplazamiento al juicio laboral 1/16/0484, promovido por Karla XXXXXXXXX, en contra de la negociación denominada XXXXXXXXXXXXXX, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. QUINTO. Análisis constitucional del acto reclamado. El quejoso reclama todo lo actuado en el juicio de 1/16/0484, desde el emplazamiento hasta la emisión del laudo dictado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, ostentándose como tercero extraño por equiparación al mismo, pues aduce que el emplazamiento que le fue practicado en el juicio natural, promovido por Karla Jaqueline Mendoza Santellano, es ilegal. Son infundados los conceptos de violación vertidos por el inconforme. Al respecto, la parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Atendiendo a las porciones normativas anteriormente transcritas, conviene indicar que de las garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia, se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que el gobernado conozca la existencia del juicio mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa a través de la organización de un sistema de comprobación tal que quien sostenga una cosa la demuestre y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y finalmente, que el procedimiento iniciado se concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Cobra aplicación la jurisprudencia 218, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 260, del tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro indica: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Entonces, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento; y para no vulnerar la garantía de audiencia se deben respetar las disposiciones legales que se refieren al mismo. En este sentido, es importante destacar el contenido de los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente: Artículo 742.- Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; II. El auto de radicación del juicio, que dicten las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los expedientes que les remitan otras Juntas; III. La resolución en que la Junta se declare incompetente; IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento; cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; VI. El auto que cite a absolver posiciones; VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio; VIII. El laudo; IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado; X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones; XI. En los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta Ley; y XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la Junta. Artículo 743.- La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. De la interpretación literal de los preceptos legales en cita, se advierte que la notificación del emplazamiento al conflicto laboral, se realizará personalmente, y para tal efecto, se imponen al diligenciario las siguientes obligaciones: Cerciorase de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y Como se ha indicado, los requisitos fundamentales del procedimiento no pueden satisfacerse plenamente si el emplazamiento no se lleva a cabo conforme a las reglas establecidas por el legislador para tal efecto, ya que la notificación del inicio del procedimiento constituye la formalidad esencial más importante, al brindar al gobernado la oportunidad de enterarse de la existencia del juicio iniciado en su contra, de oponer las excepciones y defensas que tuviere en contra de la acción ejercitada por su contraparte, alegar y ofrecer las pruebas que considere pertinentes en defensa de sus intereses. En el caso, el citatorio y emplazamiento, que reclama la parte quejosa, son los siguientes: De la primera de las actas insertas se desprende que la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, asentó que a las dieciocho horas con cinco minutos del siete de abril de dos mil dieciséis, se constituyó en el domicilio señalado en autos del expediente 1/16/0484, promovido por XXXXXXXXXX, en contra de en contra de la negociación denominada XXXXXXXXXX, sito en Avenida de las Torres 2111, colonia Lote Bravo, de esta ciudad, y cerciorada de ser el domicilio correcto, por tener a la vista un una plaza comercial con la leyenda inserta "Sendero Torres" con locales comerciales en su interior, y una isla que reza "Creperia", y por así haberlo manifestado quien dijo llamarse XXXXXXXXXXXXXX, y ser empleada del demandado, misma que no se identificó, y asentando la actuaria su media filiación(edad aprox. 18 años, estatura 1.62 mts, aprox, complexión delgada, tez blanca y cabello castaño), le requirió la presencia del demandado y en virtud de que el mismo no se encontraba presente, en ese momento, procedió a dejarle citatorio para las dieciocho horas con cinco minutos del ocho de abril de dos mil dieciséis, recibiendo dicha cita de espera la persona antes mencionada, a quien le hizo saber que en caso de que el interesado no atendiera el citatorio, la notificación se realizaría con cualquier persona que se encontrara en dicho domicilio, o en su caso, se fijarían las copias de traslado respectivas en la puerta de entrada, y en uso de la palabra la persona que atendió la diligencia manifestó que recibía la cita de espera, negándose a firmar dicha diligencia. Asimismo, la diligenciataria en comento, contario a lo expuesto por el quejoso, asentó que a las dieciocho horas con cinco minutos del ocho de abril de dos mil dieciséis, se constituyó nuevamente en el domicilio señalado en autos del expediente 1/16/0484, promovido por XXXXXXXXXXXXX, sito en Avenida de las Torres 2111, colonia Lote Bravo de esta ciudad, previamente cerciorada de ser el domicilio correcto, en virtud de que en dicho lugar el día anterior dejó cita de espera, en la cual se asentaron los medios de convicción pertinentes, siendo atendido nuevamente por XXXXXXXXXXXXX(empleada que no se identifica y media filiación es de edad aprox. 18años, complexión delgada y tez blanca), quien manifestó que el demandado, no se encontraba presente. Atento a ello, la diligenciataria hizo efectivo el apercibimiento referido en la aludida cita de espera, e inverso a lo argumentado por el quejoso, en virtud de que no se encontraba el demandado, procedió notificar a la persona que se encontraba presente en el local comercial, el auto admisorio de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, precisando la hora y fecha señalada para el verificativo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, corriendo traslado con copia de dicho auto así como con copia cotejada de la demanda, y haciéndole saber los apercibimientos decretados en el auto de radicación. De igual forma, la Actuaria responsable, concedió el uso de la voz a Itzel Eunice Martinez Ramos, quien manifestó que oía la notificación antes descrita y recibía las copias de traslado, relativas, negándose a firmar la citada actuación. Por tanto, de lo anterior se evidencia que la notificadora responsable, sí observó las formalidades previstas por los referidos artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo; sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar la fe pública de la cual está investida dicha actuaria, al ejercer sus funciones como autoridad y llevar a cabo diligencias de notificación y la que debe ser desvirtuada plenamente, a efecto de que no quede duda alguna en el sentido de que el hecho que hizo constar, no ocurrió; extremo que, se insiste, no fue demostrado. Máxime que de autos se desprende que la actuaria que realizó tanto la cita de espera como el emplazamiento, tildados de ilegales, fue la misma que notificó el laudo condenatorio, de cuya notificación no se duele la parte quejosa, por el contrario en el capitulo de antecedentes del escrito inicial de demanda refiere su verificativo.(foja 6) Sin que sea obstáculo a lo anteriormente expuesto, contrario a lo estimado por el quejoso, que la actuaria responsable, no especificara el numero interior correspondiente al local comercial, esto es, el 21 (veintiuno), y asentara únicamente el numero exterior, es decir el 2111 (dos mil ciento once); toda vez que dicha circunstancia no modifica la afirmación de la fedataria publica de haberse consistido en las instalaciones que ocupa la parte demandada, previo el cercioramiento de ser el domicilio correcto, en base a la nomenclatura, características del inmueble y el dicho de la persona que atendió la diligencia, quien afirmó que en dicho lugar se constituye la persona física demandada, adicionando ser empleada del demandado en comento. Del mismo modo, contario a lo expuesto por la parte quejosa, no desvirtúa lo considerado previamente, la circunstancia de que la fedataria publica no solicitara documentación relativa al alta de hacienda, licencia de funcionamiento, licencia de apertura, acta constitutiva, comprobantes de luz, agua, teléfono, predial gas e impuestos; en virtud de que la encomienda ordenada por la junta de origen, consistía en el llamamiento de "XXXXXXXXXXXX", al juicio laboral 1/16/0484, promovido por Karla Jaqueline Mendoza Santellano, y no en la fiscalización de la documentación perteneciente a la demandada, relativa a tópicos ajenos a la contienda laboral. Asimismo, no cambia lo antes expuesto, la circunstancia de que la Actuaria responsable no realizara una descripción exhaustiva de la media filiación de la persona con quien entendió la diligencia, no se cerciorara de que efectivamente fuera empleada del demandado y no se asegurara de que la misma pusiera en conocimiento del demandado la existencia del juicio intentado en su contra; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que resulte indispensable asentar las circunstancias referidas por el accionante, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancias. Además, tomando en consideración los argumentos expuestos por el quejoso, se insiste que el aludido numeral 743, de Ley Federal del Trabajo establece que si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. Y contrario a lo expuesto por la parte quejosa, de la constancia de ocho de abril de dos mil dieciséis, impugnada, levantada por la actuaria responsable, se advierte claramente el lugar, día y hora en que se practicó el emplazamiento; el número de expediente; el nombre de las partes; el nombre y domicilio de la persona que debía ser notificada; así como la entrega de la copia del auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, y cotejada de la demanda. Apoya lo antes expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 162/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, página: 68, cuyo tenor literal es el siguiente: EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación. Conforme a lo anteriormente expuesto, al resultar legal el emplazamiento de XXXXXXXXXX, realizado el ocho de abril de dos mil dieciséis, e infundados conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, en relación a dicho acto. Determinado lo anterior, se procede a analizar el resto de los actos reclamados, en el entendido de que, al haber resultado legal el emplazamiento practicado al quejoso en el juicio natural, no es tercero extraño en el mismo. SEXTO.- Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, por ser una cuestión de orden público, procede a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el suscrito determina que respecto de los actos que reclama la parte quejosa, consistentes en todo lo actuado en el juicio laboral 1/16/0484, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contario sensu, que textualmente establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura armónica de las porciones normativas transcritas, se tiene que, el amparo se pedirá ante el juez de distrito contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Sobre el tema que se analiza el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con esa aclaración, el Alto Tribunal determinó que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Acorde con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". En la especie, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en todo lo actuado en el juicio laboral 1/16/0484, promovido por XXXXXXXXXXXXX, en contra XXXXXXXXXXXXX. En estas condiciones, a juicio de quien resuelve, el acto reclamado sólo es susceptible de producir una lesión jurídica formal o adjetiva, es decir, no le reviste el carácter de tener una ejecución irreparable, sino que -eventualmente- se trata de violaciones de carácter adjetivo, que no son autónomas al procedimiento ni causan una afectación a algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución o los Tratados Internacionales, por ende, no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, las violaciones cometidas en juicio, que no sean de imposible reparación, deben impugnarse en el momento de promover amparo en contra de la resolución definitiva con que culmine, ya sea por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; a menos, claro, que sean actos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, se itera, de manera excepcional procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el procedimiento seguido en forma de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación. Aunado a lo anterior, debe recordarse que los actos intraprocesales a que se refiere el artículo 107, fracción V, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Por tanto, es indudable que los actos reclamados, consistentes en todo lo actuado en el juicio laboral 1/16/0484, promovido por XXXXXXXXXXXXXXXX, en contra de del aquí quejoso, no constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dichos acuerdos sólo pueden implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable. En tal virtud, las providencias dictadas dentro del juicio constituyen violaciones procesales reclamables en amparo directo, como conceptos de violación, pues es innegable que tales violaciones, en el supuesto de ser ilegales, afectaron sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, cuyo rubro y texto, son los siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, respecto de tales actos. SÉPTIMO.- Incompetencia. En el caso, como se precisó en el considerando relativo a la fijación de la litis, la parte quejosa también reclama a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el laudo dictado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se condenó a XXXXXXXXX. Al respecto, es oportuno precisar que el numeral 47 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Por su parte, el artículo 170 de la ley reglamentaria indicada, establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; . Asimismo, el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso d), constitucional, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; . V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: . d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Por tanto, de lo anterior se advierte que la determinación reclamada, consistente en el laudo dictado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el juicio laboral 1/16/0484, promovido por XXXXXXXXXXXXXXXXXXo, en contra del quejoso, se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refieren los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, y 107, fracciones III inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por Felipe Jesús Amado Díaz; en esas condiciones, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, previa copia certificada que se deje en autos, se ordena escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 76, 76 bis, fracción II, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a XXXXXXXXXX, por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución. TERCERO.- Se declara la incompetencia legal para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por XXXXXXXXXXXXXXX; por tanto, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, previa copia certificada que se deje en autos, se ordena escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado XXXXXXXXXXX , ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado XXXXXXXXX , hasta el día de hoy, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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