Felipe Jerónimo Álvarez
Expediente 100/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Felipe Jerónimo Álvarez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de abril de dos mil dieciocho. ********************Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ********************, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ********************Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. ********************Ahora, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). ********************Notifíquese. ********************Lo proveyó y firma Luis Fernando Arreola Villa, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la comparecencia de cuenta, se desprende que el quejoso Felipe Jerónimo Álvarez, ratificó su escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda....se aprecia que no se está en el supuesto para la procedencia del juicio de garantías, porque una vez iniciada la etapa de ejecución de sentencia, conforme a la ley de la materia, resulta improcedente el juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas o actuaciones practicadas intermedias en ese periodo; puesto que a contrario sensu, el controvertido constitucional únicamente resulta procedente frente a la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, en donde se podrán alegar las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es importante destacar que el periodo que abarca la etapa de ejecución de sentencia o laudo, constituye la satisfacción de la obligación emanada del fallo dictado en el juicio respectivo, lo que estriba en un verdadero título que proviene directamente de la condena determinada en la sentencia o laudo y dicha ejecución puede llevarse a cabo de manera forzosa o voluntaria; es volitiva, cuando quien se encuentra obligado otorga cumplimiento espontáneamente; en cambio es forzosa, cuando la satisfacción se alcanza a través de los medios previstos por la ley con independencia de la voluntad del obligado o aún en su contra. En este orden de ideas, la etapa de ejecución inicia cuando existe la declaratoria por parte de la autoridad judicial o laboral de que el fallo dictado se ha elevado a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por lo fallado, con la consiguiente obligación para quien perdió la contienda, de efectuar el pronto y cabal cumplimiento en la satisfacción de la condena a favor del actor, pues es inconcuso que los derechos litigiosos emanados de la controversia, al dictarse el fallo y considerarse con efectos irrecurribles, en virtud del auto que la declara ejecutoriada, dota al enjuiciante de la posibilidad de pedir en el menor término posible y dentro de los cauces de la ley, el cumplimiento de la condena. Sobre esta tesitura, el periodo de ejecución debe entenderse como un lapso en el que debe privar la celeridad. El espíritu sobre la prontitud en la integración y término de dicha fase procesal se encuentra recogido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuya finalidad primordial lo constituye el hecho de que el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra todos aquellos actos que tiendan a la obstrucción del proceso de ejecución del que se habla, limitando la posibilidad que las partes puedan acudir a su promoción, sino es frente a la última determinación dictada en el procedimiento ejecutorio respectivo, o sea, aquélla que decreta el cumplimiento total de lo sentenciado o en su defecto la imposibilidad para dar cumplimiento o se haya ordenado el archivo del expediente. Es así que la razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de garantías fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer el proceso de ejecución, por constituir el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia o laudo a la última resolución que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. .... En este orden de ideas, la orden de embargo y secuestro orden de embargo y secuestro de bienes muebles llevada a cabo dentro del expediente de origen, constituye una actuación emitida en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, sin embargo y de acuerdo a las premisas anteriores ésta no constituye la última resolución de esa fase (de ejecución), pues en ella no se ha aprobado el cumplimiento total de lo sentenciado en la ejecutoria respectiva o que se haya decretado la imposibilidad para ello u ordenado el archivo definitivo del expediente. Por lo que las violaciones procesales que en su caso pudieran derivar del acto tildado de inconstitucional, es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto hasta en tanto se pronuncie en el juicio natural el aludido mandato. En estas circunstancias es que este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para analizar la legalidad del acto de autoridad reclamado, dado que en el particular con la emisión y ejecución de éste, no se encuentra actualizadas las hipótesis a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Visto el ocurso de cuenta, signado por el quejoso Felipe Jerónimo Álvarez, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento formulado en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 12 a 17); sin embargo, antes de proveer respecto de su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos de su numeral 2º, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente ante este Juzgado Federal, ubicado en Calle Abasolo 414, Zona Centro, de esta ciudad, debidamente identificado con documento oficial con fotografía vigente, a efecto de que bajo protesta de decir verdad y haciendo de su conocimiento que quien declara con falsedad ante una autoridad judicial puede ser acreedor desde una multa hasta la privación de su libertad, reconozca la firma estampada en el escrito que se recibe; lo anterior, en atención a que la que aparece en el lugar correspondiente a la firma que calza, no coincide con los rasgos de la estampada en el escrito de demanda de amparo; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo concedido, no se acordara favorablemente su petición; y como consecuencia, el término concedido mediante proveído de ocho de marzo del presente año (cinco días) continuará, en su caso, a partir de que venza el plazo en el presente acuerdo (tres días), subsistiendo entonces el apercibimiento decretado en el acuerdo señalado al inicio de este párrafo. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número 202, sustentada por la Tercera Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Felipe Jerónimo Álvarez, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia en esta ciudad y otra autoridad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 100/2018-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, y V y 110, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad, exprese: Toda vez que el impetrante, en su escrito de demanda manifiesta que es parte en el juicio de origen 762/2017, manifieste si sabe en qué etapa se encuentra dicho controvertido. Lo anterior, en virtud de que no precisa si el acto que reclama -la orden de embargo y secuestro de los bienes que refiere y su ejecución- fue realizado durante el procedimiento, o bien, en ejecución de la sentencia que resolvió dicho controvertido; y Manifieste, por qué motivo señala como tercero interesado al representante legal de la moral que denomina como Consorcio de Bebidas "La Pureza" y/o Coca-Cola, es decir, precise si ésta es parte procesal en el juicio civil de origen. Los anteriores datos resultan necesarios para estar en condiciones de proveer lo que corresponda respecto a la demanda de amparo. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO.- Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." En la inteligencia que deberá acompañar a su escrito aclaratorio de demanda siete copias del escrito aclaratorio, ya que son necesarias para correr traslado a las partes. Para el caso particular es aplicable, la tesis número VI.2o J/309, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRECISAR EL NUMERO DE LAS QUE SE REQUIERAN. De la recta interpretación del artículo 146 de la Ley de Amparo, se concluye que los jueces federales deben precisar con toda exactitud el número de copias, tanto del escrito de demanda como del aclaratorio cuando requieran éstas para el trámite del juicio de garantías, dado que es jurídicamente inaceptable que al efectuarse una prevención a ese respecto sólo se diga "con las copias de ley", "con las copias necesarias", o se emplee otra frase similar, en virtud de que esa clase de expresiones son confusas y por ende obligan al promovente a decidir por sí mismos cuántas son a su juicio las copias que han de exhibir, lo que genera que incurran en omisiones, por tanto si no se hace un requerimiento específico, sino se emplea uno por demás general, el mismo no puede servir de base para hacer efectivo el apercibimiento que prevé el párrafo segundo del artículo en comento." Ahora bien, en virtud de que se tratan de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, se apercibe al solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Máximo Chávez Torres y Gilberto Enríquez Aguilar, toda vez que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Maribel Pérez Armendariz y Uriel Jardinez Cruz, por no contar con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Notifíquese personalmente.
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