Felipe Huerta Rodriguez
Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/11/2020
Partes del expediente
- Felipe Huerta Rodriguez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como concluido; en el entendido de que el presente juicio constitucional se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, fracción a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
agréguese a sus autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Doce de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Ixtaczoquitlán, por el que informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo que queda enterado el suscrito juez para los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la JUNTA NÚMERO 12, CON RESIDENCIA EN IXTACZOQUITLÁN, VERACRUZ, para que dentro del término de tres días a partir de la notificación de presente acuerdo, informe el cumplimiento que dio al fallo protector, es decir, devuelva el exhorto 25/2020 de seis de enero de dos mil veinte, a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla junto con el emplazamiento a la demandada Comercializadora Isabel, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del expediente laboral D-2/587/2019, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten, se apercibe a la citada autoridad, que de no hacerlo así, o de no comunicar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización; asimismo, SE REMITIRÁ EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No es obstáculo a esta determinación el hecho de que la JUNTA NÚMERO DOCE, CON RESIDENCIA EN IXTACZOQUITLÁN, VERACRUZ, no haya sido señalada como autoridad responsable por la parte quejosa en su demanda de amparo, toda vez que dicha autoridad se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector, por razón de sus funciones.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el oficio del Juez Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla, mediante el cual informa que dentro del expediente de origen, con fecha cinco de octubre del año en curso, se turnaron los autos para el dictado de la sentencia correspondiente, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes. Ahora bien, del informe justificado rendido así como de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Junta responsable dictó la resolución en forma de laudo en el juicio laboral 1655/2017, de su índice. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca los actos que la parte quejosa señaló como reclamados, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Felipe Huerta Rodríguez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 1655/2017; y, el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictó la resolución en forma de laudo en el juicio laboral de origen, lo que se acredita con las constancias que se adjuntaron al oficio de cuenta. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dictado el laudo en el juicio laboral 1655/2017, de la estadística de la Junta responsable, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de las presuntas violaciones constitucionales; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con veintinueve minutos del nueve de octubre de dos mil veinte. Finalmente, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Notifíquese personalmente.
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