Felipe Hernández Olmos
Expediente 1191/2017 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/03/2018
Partes del expediente
- Felipe Hernández Olmos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y toda vez que se tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se pronuncia en los siguientes términos: Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en ejecutoria dictada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (folios 49 a 58), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". a) Deje insubsistente el auto reclamado de treinta de octubre de dos mil diecisiete y, b) Dicte otro en el que atienda a los aspectos formales analizados en esta resolución y decida con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el proveído de diez del mes y año en cita." Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que realizó lo siguiente: 1. Mediante oficio 1381/2018, remitió copia certificada del auto de dos de marzo del año en curso, en el que dejó insubsistente el proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, y en su lugar dicto un nuevo auto, siguiendo los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que el Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dejó insubsistente la resolución reclamada y, como consecuencia de lo anterior, pronunció una nueva en la que resolvió de plano el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de diez de octubre de dos mil diecisiete; medio de impugnación que confirmó dicho proveído, de ahí que se cumplió con la ejecutoria de amparo, dado que contestó los agravios de manera congruente al recurrente de citado recurso. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que la ejecutoria de amparo está cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en ese aspecto. Anotaciones y orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo. Orden de depuración y/o destrucción. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de cuaderno de prueba. Por permitirlo el estado procesal de los autos, devuélvase al Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, el cuaderno de prueba constante en un tomo que se formó con las constancias que remitió en apoyo al informe justificado. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se tiene por recibido el comunicado número 1381/2018 signado por el Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que el dos de marzo del presente año, dejó insubsistente el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete y dictó otro en el que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso. II. Dese vista. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, en el entendido de que con manifestación o sin ella, se proveerá lo conducente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya hecho; en consecuencia, se declara firme conforme con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: ". a) Deje insubsistente el auto reclamado de treinta de octubre de dos mil diecisiete y, b) Dicte otro en el que atienda a los aspectos formales analizados en esta resolución y decida con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el proveído de diez del mes y año en cita. ..." Ahora, dada la naturaleza de las gestiones que debe practicar la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, lo procedente es ampliar el plazo previsto en la Ley de Amparo a diez días, conforme lo dispone su artículo 192. Requerimiento a la autoridad responsable. En tal virtud, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo referido, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo" Así como la jurisprudencia de la Décima Época del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias"
- Principal
Se resuelve:ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa.
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