Felipe Hernández Hernández

Expediente 522/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
522/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Felipe Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el acuerdo de once de julio de este año, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 2 Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintidós de agosto de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado de manera electrónica mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada (FIREL), por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, por medio del cual devuelve el juicio de amparo 522/2023 de nuestro índice, promovido por ********************al no haber aceptado la vinculación por conocimiento previo del presente juicio de amparo, al expediente de amparo indirecto ******************** de su estadística, por los motivos ahí expuestos. Por tanto, acúsese recibo de estilo, y agréguense al expediente principal únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia por conocimiento previo. Ahora bien, en atención a las consideraciones plasmadas en dicho oficio, no se insiste en la vinculación por conocimiento previo del presente juicio de amparo, motivo por el cual se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, el que suscribe considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley, porque el juicio constitucional no se promovió dentro de los plazos previstos por la legislación de la materia, respecto del acto reclamado consistente en el auto que ordena el emplazamiento al juicio especial hipotecario ********************, del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México, la propia diligencias y sus consecuencias legales. Los preceptos de la Ley de Amparo antes referidos señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados estos, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclama o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicha término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efecto, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las dos restantes, se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la ley que rige la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". A fin de demostrar que, en el presente caso, operó la causal de improcedencia antes referida, es menester destacar que la parte quejosa en su escrito de demanda, señaló que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Así, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el quejoso manifestó lo siguiente: "1. Con fecha 24 de mayo del año en curso, mi hijo el C. ********************, me hizo llegar un manojo de copias relativos a un instructivo de notificación de una cesión de derechos, llevada a cabo por parte de la C. ********************, en calidad de cedente y como apoderada legal de la persona moral denominada ******************** y la C. ******************** ********************en calidad de cesionaria, respecto del bien inmueble ubicado en la Calle ********************de la Ciudad y Puerto de Veracruz, mismo que le fue otorgado para su vivienda por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 2. Resulta ser que NUNCA HE SIDO EMPLAZADO a dicho Juicio que menciona el citado instructivo, y que por lo tanto desconozco el estado procesal del mismo, así como las diversas cesiones de derecho que se han realizado dentro de este ya que nunca se me notificó que tenía que comparecer dentro de este en el carácter de demandado." Sin embargo, el que suscribe invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, sin necesidad de agregar constancias certificadas, que de la vinculación realizada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a los autos del juicio de amparo ********************, de su índice, al presente expediente (derivado de la petición elevada el quince de junio pasado por este juzgado), cuya consulta en su versión electrónica almacenada y capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se evidencia que por lo menos desde febrero del año dos mil catorce tuvo conocimiento de la existencia del juicio especial hipotecario ********************del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México. Lo anterior es así, pues de la consulta de la vinculación del expediente electrónico ******************** del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, se observa que ********************en la demanda de amparo señaló como acto reclamado lo que textualmente estableció: "LA ORDEN DE LANZAMIENTO DECRETADA EN AUTOS DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EXP.********************DEL ÍNDICE DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. Y DE LAS SEGUNDAS (SIC) AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE LANZAMIENTO DICTADA POR LA ORDENADORA." Acto combatido cuya fecha de conocimiento precisó que fue el treinta y uno de enero de dos mil catorce, y además en el capítulo de hechos señaló: "1. EL DÍA 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO SE PRESENTARON A MI DOMICILIO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ******************** DE ESTA CIUDAD UNAS PERSONAS QUE DIJERON SER ACTUARIOS DE UNO DE LOS TRIBUNALES ESTABLECIDOS EN ESTA CIUDAD, SIN ESPECIFICAR A CUAL DE ELLOS CORRESPONDÍA SU ADMINICULACIÓN, PARA EFECTO DE DECIRME QUE TENÍA CINCO DÍAS PARA DESOCUPAR EL BIEN INMUEBLE DEL CUAL DETENTO SU POSESIÓN, YA QUE EXISTE UNA ORDEN DE LANZAMIENTO DECRETADA DENTRO DEL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EXP. ******************** DEL ÍNDICE DEL JUZGADO CUADRAGÉSIMO QUINTO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO D.F., DEJANDOME UNA COPIA DE LA DEMANDA DEL JUICIO EN COMENTO." Sin que pase desapercibido para el suscrito que el promovente en el escrito de desahogo de prevención manifestó que ignora la existencia de otros juicios de amparo promovidos en relación al juicio especial hipotecario ********************(juicio de amparo ********************) ya que en la demanda de amparo ha manifestado que es de su desconocimiento dicho juicio, por no ser emplazado, pues su descendiente desde hace más de veinte años detenta la posición del inmueble situado en calle ********************de la ciudad y puerto de Veracruz, y en ningún momento ha acudido autoridad alguna para efectuar una diligencia de lanzamiento o de cualquier otra índole del estilo. Pero en el caso concreto existen elementos que permiten concluir que efectivamente tenía conocimiento de los actos derivados del juicio especial hipotecario en comento desde el año dos mil catorce; aunado a lo anterior, se destacada que entre la firma asentada en la demanda de amparo promovida el cinco de febrero de dos mil catorce, y la estampada en la demanda que dio origen a este juicio el catorce de junio de dos mil veintitrés, se advierten similitudes suficientes que permiten señalar que fueron estampadas por la misma persona, como se advierte de las imágenes que a continuación se insertan: Firma de la demanda de amparo de cinco de febrero de dos mil catorce, que dio origen al juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. Firma de la demanda de derechos fundamentales de catorce de junio de dos mil veintitrés que dio origen al presente juicio. En ese contexto, si el quejoso era sabedor del acto reclamado desde por lo menos febrero del año dos mil catorce, es incuestionable que se ubica en la tercera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, por tanto, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, al haberse presentado el catorce de junio de este año, se presentó fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, como se indicó, el plazo para la promoción de este juicio de amparo es de quince días, porque en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia. Esto, porque no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Igualmente, los actos reclamados no ponen en peligro la vida del quejoso, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Así, en términos de lo dispuesto por el numeral 17 de la ley de la materia, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, se computó a partir del día siguiente a aquél en que el promovente se ostentó sabedor del acto reclamado; por tanto, se concluye que la presentación de la demanda de mérito se hizo evidentemente fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por ello, es claro que al presentarse dicha demanda hasta el catorce de junio de dos mil veintitrés, como se advierte del sello de recepción del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, se hizo en forma extemporánea; por tanto, el acto que ahora se reclama, se considera tácitamente consentido; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al no haber presentado su demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es incuestionable su improcedencia, conforme con el párrafo primero, fracción XIV, del artículo 61 de la ley en consulta, razón por la cual con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Así como la jurisprudencia número 4, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113, 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo."...

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por Felipe Hernández Hernández, quejoso en este asunto; en atención a su contenido, téngasele desahogando la prevención efectuada por auto de quince de junio de este año, y resérvese de proveer lo conducente con base en las consideraciones que a continuación se expondrán. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte de la consulta de la vinculación del expediente electrónico 91/2014 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, que Felipe Hernández Hernández, señaló como acto reclamado la orden de lanzamiento dictada en el expediente 1579/2009 del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México. En ese sentido, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que entró en vigor a los treinta días siguientes a su publicación, conforme al artículo primero transitorio de tal ordenamiento; se considera que en la especie se actualiza el supuesto previsto en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II establece: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: l. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." De lo transcrito, en lo que interesa, se advierte que en aplicación a los criterios generales de relación, un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace precedente la vinculación, entre otros, cuando el juicio de amparo indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Entonces, el mencionado supuesta cobra vigencia en la especie, ya que como anteriormente se indicó, se obtiene que el juicio de amparo 91/2014 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, fue promovido por el propio quejoso, contra actos derivados del juicio especial hipotecario 1579/2009 del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México. Ello es así, pues la finalidad del sistema de turno identificado como "forma relacionada" resulta indispensable no sólo para hacer un análisis de lo efectivamente planteado, sino también para evitar que existan resoluciones contradictorias. Por su contenido, se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 129/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXXII, Septiembre de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo.". Así como la diversa, 2a./J. 194/2010 de la citada Sala, localizable en la página 233, Tomo XXXII, Diciembre de 2010del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES. El Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, establece que, previo a la asignación aleatoria del asunto, los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros, en el supuesto del inciso b) de dicho artículo, esto es, cuando se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Ahora bien, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un asunto, conoce previamente de hechos o antecedentes iguales a los de otro, tal conocimiento debe aprovecharse para determinar la competencia a efecto de conocer del asunto posterior derivado de aquéllos y evitar posibles sentencias contradictorias, sin que sea óbice que el supuesto del aludido inciso b) únicamente se refiera a cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía, y que en el supuesto indicado no se trate de un recurso de revisión, queja o reclamación, sino de un asunto jurisdiccional nuevo, pues dicho inciso debe interpretarse en un sentido amplio, es decir, por mayoría de razón, por lo que si procede el turno del asunto por conocimiento previo de un recurso, con mayor razón por conocimiento previo de hechos o antecedentes comunes, pues así se evita el dictado de sentencias contradictorias.". En consecuencia, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General antes referido este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, se declara legalmente incompetente, en razón de turno por conocimiento previo para conocer del juicio de amparo promovido por Felipe Hernández Hernández, por lo que previo cuaderno de antecedentes que se forme, mediante oficio que al efecto se libre, remítase el presente expediente al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, y de estimarlo ajustado a derecho y aceptar el returno del presente asunto, se le solicita atentamente al homólogo comunique su determinación a este órgano jurisdiccional, y una vez que se tenga conocimiento de lo anterior, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido, para los fines legales competentes. Notifíquese, personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 30/06/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por Felipe Hernández Hernández, quejoso en este asunto; en atención a su contenido, téngasele desahogando la prevención efectuada por auto de quince de junio de este año, y resérvese de proveer lo conducente con base en las consideraciones que a continuación se expondrán. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte de la consulta de la vinculación del expediente electrónico 91/2014 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, que Felipe Hernández Hernández, señaló como acto reclamado la orden de lanzamiento dictada en el expediente 1579/2009 del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México. En ese sentido, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que entró en vigor a los treinta días siguientes a su publicación, conforme al artículo primero transitorio de tal ordenamiento; se considera que en la especie se actualiza el supuesto previsto en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II establece: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: l. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." De lo transcrito, en lo que interesa, se advierte que en aplicación a los criterios generales de relación, un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace precedente la vinculación, entre otros, cuando el juicio de amparo indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Entonces, el mencionado supuesta cobra vigencia en la especie, ya que como anteriormente se indicó, se obtiene que el juicio de amparo 91/2014 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, fue promovido por el propio quejoso, contra actos derivados del juicio especial hipotecario 1579/2009 del índice del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil en la Ciudad de México. Ello es así, pues la finalidad del sistema de turno identificado como "forma relacionada" resulta indispensable no sólo para hacer un análisis de lo efectivamente planteado, sino también para evitar que existan resoluciones contradictorias. Por su contenido, se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 129/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXXII, Septiembre de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGULA LA ASIGNACIÓN DE ASUNTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE RELACIÓN, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL RETURNO DE LOS ASUNTOS. El Acuerdo General 48/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros supuestos, en el del inciso b) del citado artículo, acerca de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Por tanto, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin salvedad, excepción o límite a su inaplicación, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos; antes bien, se hace énfasis en que cualquier recurso que haya sido del conocimiento en cualquier vía deberá enviarse al Tribunal que conoció anteriormente, de donde se sigue que el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado, declarado su incompetencia, o remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acatamiento a la facultad de atracción que esta última haya ejercido. Además, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; sino igualmente cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo.". Así como la diversa, 2a./J. 194/2010 de la citada Sala, localizable en la página 233, Tomo XXXII, Diciembre de 2010del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES. El Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, establece que, previo a la asignación aleatoria del asunto, los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros, en el supuesto del inciso b) de dicho artículo, esto es, cuando se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Ahora bien, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un asunto, conoce previamente de hechos o antecedentes iguales a los de otro, tal conocimiento debe aprovecharse para determinar la competencia a efecto de conocer del asunto posterior derivado de aquéllos y evitar posibles sentencias contradictorias, sin que sea óbice que el supuesto del aludido inciso b) únicamente se refiera a cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía, y que en el supuesto indicado no se trate de un recurso de revisión, queja o reclamación, sino de un asunto jurisdiccional nuevo, pues dicho inciso debe interpretarse en un sentido amplio, es decir, por mayoría de razón, por lo que si procede el turno del asunto por conocimiento previo de un recurso, con mayor razón por conocimiento previo de hechos o antecedentes comunes, pues así se evita el dictado de sentencias contradictorias.". En consecuencia, con fundamento en los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo General antes referido este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, se declara legalmente incompetente, en razón de turno por conocimiento previo para conocer del juicio de amparo promovido por Felipe Hernández Hernández, por lo que previo cuaderno de antecedentes que se forme, mediante oficio que al efecto se libre, remítase el presente expediente al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, y de estimarlo ajustado a derecho y aceptar el returno del presente asunto, se le solicita atentamente al homólogo comunique su determinación a este órgano jurisdiccional, y una vez que se tenga conocimiento de lo anterior, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido, para los fines legales competentes. Notifíquese, personalmente a la parte promovente.

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