Felipe Hernández Briseño
Expediente 46/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Felipe Hernández Briseño
- Guadalupe Díaz Olea
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
- JOEL CUATEPITZI JUÁREZ y Otros.
- Joel Cuatepitzi Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada, se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de doce de abril del año en curso, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en acatamiento a lo previsto en el punto quinto del Acuerdo General 10/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/234/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo laboral número 46/2018, en la que concedió a Felipe Hernández Briseño, la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. "Reponga el procedimiento a partir de la audiencia de "veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la cual "acordó sobre las pruebas ofrecidas por las partes; y, en "cuanto a la prueba testimonial ofrecida por el actor, a "cargo de Mariano Sánchez Dorantes y Silvestre Medina "Calixto, proceda a pronunciarse -de manera fundada y "motivada- en relación con la solicitud que éste realizó, "en términos del artículo 813, fracciones II y III, de la Ley "Federal del Trabajo; en la inteligencia de que deberá "dejar intocadas la admisión y el desahogo de las demás "pruebas" (foja 60). Este órgano colegiado, por auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3°-AUX 2ª R. 1042/2018, de diecinueve anterior, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 46/2018, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente C.D.T. 549/2015; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 124). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 132), siendo que a la segunda de las mencionadas, se le tuvo por desahogada mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (foja 139), manifestando su inconformidad en contra del auto por la que se pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho: 1. Dejó insubsistente el laudo de once de octubre de dos mil diecisiete. 2. Ordenó reponer el procedimiento respecto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, únicamente por cuanto hace a la testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Mariano Sánchez Dorantes y Silvestre Medina Calixto, dejando intocados los demás medios de convicción. 3. Admitió la aludida probanza y, ante la manifestación del oferente, en torno a la imposibilidad de citar a sus testigos, la responsable de manera fundada y motivada, determinó que cualquier actuario adscrito a la misma se constituyera en el domicilio de éstos, formulando los apercibimientos respectivos para el caso de incomparecencia (foja 130). II. Respecto a lo anterior el tercero interesado Pablo Sánchez López, por conducto de su autorizada Cinthia Paola Sánchez Morales, manifiesta su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la responsable, pues aduce que: La autoridad responsable debió pronunciarse de manera fundada y motivada respecto de la procedencia o no de la solicitud del quejoso, para el efecto de citar a los testigos del oferente, toda vez que debió hacer una calificativa conforme a lo dispuesto por el artículo 813, fracciones I y III de la Ley Federal del Trabajo, lo cual no realizó, ya que se limitó a dejar insubsistente el laudo reclamado y admitió la prueba testimonial, pero no realizó el estudio al que está obligado en términos de las referidas porciones normativas. No asiste razón al tercero interesado, debido a que como se ha expuesto, la responsable se pronunció en torno a la manifestación de la parte actora, respecto de su imposibilidad de presentar a los testigos, motivo por el cual, la autoridad laboral determinó contar con facultades para citarlos; incluso, apercibiéndolos con ser presentados por medio de la fuerza pública, todo de conformidad en lo previsto en los numerales 813, fracciones II y III, 814 y 819 de la Ley Federal del Trabajo. Por ende, contrario a lo aducido por el tercero interesado, es inconcuso que la junta laboral sí realizó el estudio correspondiente a la testimonial ofrecida por el actor. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista en términos del artículo 27, fracción I, inciso B) de la Ley de Amparo. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de doce de abril del año en curso, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en acatamiento a lo previsto en el punto quinto del Acuerdo General 10/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/234/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo laboral número 46/2018, en la que concedió a Felipe Hernández Briseño, la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. "Reponga el procedimiento a partir de la audiencia de "veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la cual "acordó sobre las pruebas ofrecidas por las partes; y, en "cuanto a la prueba testimonial ofrecida por el actor, a "cargo de Mariano Sánchez Dorantes y Silvestre Medina "Calixto, proceda a pronunciarse -de manera fundada y "motivada- en relación con la solicitud que éste realizó, "en términos del artículo 813, fracciones II y III, de la Ley "Federal del Trabajo; en la inteligencia de que deberá "dejar intocadas la admisión y el desahogo de las demás "pruebas" (foja 60). Este órgano colegiado, por auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3°-AUX 2ª R. 1042/2018, de diecinueve anterior, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 46/2018, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente C.D.T. 549/2015; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 124). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 132), siendo que a la segunda de las mencionadas, se le tuvo por desahogada mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (foja 139), manifestando su inconformidad en contra del auto por la que se pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho: 1. Dejó insubsistente el laudo de once de octubre de dos mil diecisiete. 2. Ordenó reponer el procedimiento respecto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, únicamente por cuanto hace a la testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Mariano Sánchez Dorantes y Silvestre Medina Calixto, dejando intocados los demás medios de convicción. 3. Admitió la aludida probanza y, ante la manifestación del oferente, en torno a la imposibilidad de citar a sus testigos, la responsable de manera fundada y motivada, determinó que cualquier actuario adscrito a la misma se constituyera en el domicilio de éstos, formulando los apercibimientos respectivos para el caso de incomparecencia (foja 130). II. Respecto a lo anterior el tercero interesado Pablo Sánchez López, por conducto de su autorizada Cinthia Paola Sánchez Morales, manifiesta su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la responsable, pues aduce que: La autoridad responsable debió pronunciarse de manera fundada y motivada respecto de la procedencia o no de la solicitud del quejoso, para el efecto de citar a los testigos del oferente, toda vez que debió hacer una calificativa conforme a lo dispuesto por el artículo 813, fracciones I y III de la Ley Federal del Trabajo, lo cual no realizó, ya que se limitó a dejar insubsistente el laudo reclamado y admitió la prueba testimonial, pero no realizó el estudio al que está obligado en términos de las referidas porciones normativas. No asiste razón al tercero interesado, debido a que como se ha expuesto, la responsable se pronunció en torno a la manifestación de la parte actora, respecto de su imposibilidad de presentar a los testigos, motivo por el cual, la autoridad laboral determinó contar con facultades para citarlos; incluso, apercibiéndolos con ser presentados por medio de la fuerza pública, todo de conformidad en lo previsto en los numerales 813, fracciones II y III, 814 y 819 de la Ley Federal del Trabajo. Por ende, contrario a lo aducido por el tercero interesado, es inconcuso que la junta laboral sí realizó el estudio correspondiente a la testimonial ofrecida por el actor. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista en términos del artículo 27, fracción I, inciso B) de la Ley de Amparo. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de doce de abril del año en curso, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en acatamiento a lo previsto en el punto quinto del Acuerdo General 10/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/234/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo laboral número 46/2018, en la que concedió a Felipe Hernández Briseño, la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. "Reponga el procedimiento a partir de la audiencia de "veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la cual "acordó sobre las pruebas ofrecidas por las partes; y, en "cuanto a la prueba testimonial ofrecida por el actor, a "cargo de Mariano Sánchez Dorantes y Silvestre Medina "Calixto, proceda a pronunciarse -de manera fundada y "motivada- en relación con la solicitud que éste realizó, "en términos del artículo 813, fracciones II y III, de la Ley "Federal del Trabajo; en la inteligencia de que deberá "dejar intocadas la admisión y el desahogo de las demás "pruebas" (foja 60). Este órgano colegiado, por auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3°-AUX 2ª R. 1042/2018, de diecinueve anterior, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 46/2018, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente C.D.T. 549/2015; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 124). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 132), siendo que a la segunda de las mencionadas, se le tuvo por desahogada mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (foja 139), manifestando su inconformidad en contra del auto por la que se pretendió dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho: 1. Dejó insubsistente el laudo de once de octubre de dos mil diecisiete. 2. Ordenó reponer el procedimiento respecto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, únicamente por cuanto hace a la testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Mariano Sánchez Dorantes y Silvestre Medina Calixto, dejando intocados los demás medios de convicción. 3. Admitió la aludida probanza y, ante la manifestación del oferente, en torno a la imposibilidad de citar a sus testigos, la responsable de manera fundada y motivada, determinó que cualquier actuario adscrito a la misma se constituyera en el domicilio de éstos, formulando los apercibimientos respectivos para el caso de incomparecencia (foja 130). II. Respecto a lo anterior el tercero interesado Pablo Sánchez López, por conducto de su autorizada Cinthia Paola Sánchez Morales, manifiesta su inconformidad en contra del cumplimiento dado por la responsable, pues aduce que: La autoridad responsable debió pronunciarse de manera fundada y motivada respecto de la procedencia o no de la solicitud del quejoso, para el efecto de citar a los testigos del oferente, toda vez que debió hacer una calificativa conforme a lo dispuesto por el artículo 813, fracciones I y III de la Ley Federal del Trabajo, lo cual no realizó, ya que se limitó a dejar insubsistente el laudo reclamado y admitió la prueba testimonial, pero no realizó el estudio al que está obligado en términos de las referidas porciones normativas. No asiste razón al tercero interesado, debido a que como se ha expuesto, la responsable se pronunció en torno a la manifestación de la parte actora, respecto de su imposibilidad de presentar a los testigos, motivo por el cual, la autoridad laboral determinó contar con facultades para citarlos; incluso, apercibiéndolos con ser presentados por medio de la fuerza pública, todo de conformidad en lo previsto en los numerales 813, fracciones II y III, 814 y 819 de la Ley Federal del Trabajo. Por ende, contrario a lo aducido por el tercero interesado, es inconcuso que la junta laboral sí realizó el estudio correspondiente a la testimonial ofrecida por el actor. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
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