Felipe García Arellano

Expediente 1416/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1416/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
21/10/2015

Partes del expediente

  • Felipe García Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1416/2015-II-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta de septiembre de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de informe de autoridad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, asimismo el acuerdo que recayó de dicho oficio, dentro del juicio laboral 01/1538/12-JE1. Por consiguiente, para mejor proveer sobre el cumplimiento, se requiere a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación del presente auto, remita copia certificada del oficio que envió de al Instituto Nacional dela Vivienda para los Trabajadores, asimismo informe si dicha institución dio cumplimiento con lo solicitado, en autos del juicio laboral 01/1538/12-JE1. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado, se procederá en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario JADILSON ALONSO NAVARRO, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector; y debidamente notificada desahogó dicha vista, en el sentido de que manifiesta que la resolución emitida por la responsable, no resulta ser lo requerido por lo ordenado en la ejecutoria correspondiente, manifestaciones que serán tomadas en consideración en el momento de resolver el cumplimiento respectivo. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el diecisiete de octubre de dos mil catorce, se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido contra los actos reclamados a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sin embargo, por escrito de siete de noviembre de dos mil catorce, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito; recurso que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 107/2015, y el cual resolvió conceder el amparo y protección de la justicia a Jorge Alberto Escalona Espinoza, el cual se concedió para los siguientes efectos: ".procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte en su lugar otra en la que considere que el trabajador tiene derecho a que se le paguen los salarios vencidos hasta el cumplimiento total del laudo, y resuelva lo que en derecho corresponda." Por acuerdo de nueve de junio de dos mil quince, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En cumplimiento al citado fallo protector el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia certificada del acuerdo de nueve de julio de dos mil quince, dictado en el juicio laboral de origen del que se advierte que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de fecha trece de mayo de dos mil diez, declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en el juicio laboral de origen. Constancia que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es documento público al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, toda vez que los efectos de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada son para que la Junta responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte en su lugar otra en la que considere que el trabajador tiene derecho a que se le paguen los salarios vencidos hasta el cumplimiento total del laudo, y aunada a las manifestaciones hechas por la parte quejosa, este juzgador aprecia que NO SE ENCUENTRA CUMPLIDA la sentencia de amparo. Lo anterior, en virtud de que la responsable resolvió declarar improcedente el recurso de revisión, con el argumento de que debido a que con fecha dos de febrero de dos mil once, se dictó un nuevo laudo en cumplimiento la ejecutoria de amparo dictada dentro del juicio de garantías 765/2010 y, que por ello, se dejó insubsistente el laudo de veintiuno de junio de dos mil diez, luego, no existe jurídicamente el laudo anterior, convirtiéndose en la nada jurídica, razón por la cual, no se podía declarar cumplido un laudo que no existe en la vida jurídica, pues si bien es cierto la parte demandada intentó dar cumplimiento al laudo, no menos verdad es que no se puede cumplimentar algo que no existía y es nulo de todo derecho y obligación; y que por ello sería violatorio de derechos pretender dar por cumplido un laudo con el cumplimiento parcial e irregular que se pretendió dar a un laudo inexistente jurídicamente, es decir de fecha veintiuno de junio de dos mil diez, también considerando que el derecho al pago de los salarios caídos comprende desde la fecha de la separación del trabajo hasta su cumplimentación total del laudo, tal y como lo establece el precepto legal invocado en líneas que anteceden, por lo cual es inadecuado resolver que se han dejado degenerar los salarios caídos desde agosto de dos mil diez cuando aún no se ha declarado cumplimentado el laudo. Sin embargo, este juzgador aprecia que dicha circunstancia fue analizada en la ejecutoria del recurso de revisión RA(P) 104/2015, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en este circuito, en este juicio de amparo, pues puntualizó lo siguiente: "SÉPTIMO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación transcritos, además que en el caso procede suplir la deficiencia de los mismos en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. Antes conviene señalar que el laudo que se encuentra en ejecución fue dictado por la Junta responsable con fecha dos de febrero de dos mil once, al tenor de los resolutivos siguientes: (SE TRANSCRIBE) Con fecha 4 de mayo de dos mil once la Junta responsable dictó resolución en la que no obstante que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada, en las consideraciones de dicha resolución consideró que no pasaba desapercibido que como bien lo apuntaba la incidentista que mediante promoción de 30 de agosto de 2010, dio cumplimiento parcial al laudo dictado el 21 de junio de 2010, exhibiendo un título de crédito por la cantidad de $218,4 76.57, que amparaba las cantidades a que fue condenada la empresa respecto de la indemnización constitucional, salarios caídos hasta esa fecha, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, que en suma ascendían a la cantidad de $293, 906.34, menos el descuento de $75,429.77 por concepto de impuesto, que resultaba procedente, y sólo restaba la condena por concepto de tiempo extra. Inconforme con esa determinación el aquí quejoso promovió el juicio de amparo 953/2011-IV, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de esta entidad, en el que por sentencia de siete de diciembre de dos mil doce, le fue concedida la protección federal, en cuyas consideraciones se estableció lo siguiente: a) Que los argumentos de la responsable eran violatorios de los derechos fundamentales de la parte quejosa, porque pretendía dar por cumplido el laudo de dos de febrero de dos mil once, con el cumplimiento que irregularmente se pretendió dar al diverso laudo de veintiuno de junio de dos mil diez, el cual jurídicamente dejó de existir por-haber sido declarado inconstitucional. b) Que también eran violatorios de derechos fundamentales, de legalidad y de seguridad jurídica, los argumentos de la responsable en el sentido de que el derecho al pago de salarios caídos comprendía desde la fecha de la separación hasta aquella en la cual el patrón cubría la indemnización relativa y los salarios caídos que se hubieren generado, toda vez que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Federal del Federal Trabajo, el trabajador tiene derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumpla el laudo. En este sentido, era conculcatorio de los derechos fundamentales del quejoso el hecho de que la responsable, considerara que habían dejado de generarse salarios caídos desde agosto de 2010, cuando aún no se había declarado cumplido el laudo. c) Por lo que para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, como lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo, la Junta responsable, debía dejar insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil once y emitir otra, en la que siguiendo los lineamientos de la sentencia, considerara que el laudo que debía cumplirse es el emitido el dos de febrero de dos mil once y dejar de considerar que con la promoción de treinta de agosto de dos mil diez, la parte demandada había dado cumplimiento al laudo. También consta que el aquí quejoso promovió el diverso juicio de amparo indirecto número 992/2012-IV, en el que por ejecutoria de quince de noviembre de dos mil doce, se le concedió la protección federal para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente la resolución de dos de mayo de ese año, y en su lugar emitiera otra, en la que corrigiera la incongruencia de la resolución en el que declaró improcedente el recurso de revisión con lo cual quedaría intocado el acuerdo de uno de diciembre de dos mil diez, en el que se estableció que con la promoción de treinta de agosto de ese año, no se tenía por cumplido el laudo y que continuaban generándose los salarios caídos; sin embargo de manera incongruente consideró que con la propia promoción de treinta de agosto de dos mil diez, tuvo por cumplido el laudo de dos de febrero de dos mil once. Así como para que se pronunciara sobre el cumplimiento del laudo, debería analizar si conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dado la temporalidad en que fue exhibido el cheque, a la fecha aún era cobrable para estar en condiciones de liberar a la parte patronal del crédito laboral a que fue condenado. Con fecha diez de enero de dos mil trece, la Junta en cumplimiento de la ejecutoria, declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada, y en sus consideraciones determinó que hasta esa fecha existía un remanente para dar cumplimiento al laudo hasta por la cantidad de $67,421.80 (SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 80/100 M.N.). También consta que mediante escrito de diecinueve de enero de dos mil trece, la apoderada del actor en el juicio laboral, manifestó como en el acuerdo de once de enero de ese año se dictó auto de requerimiento y embargo por concepto di salarios caídos del primero de septiembre de dos mil diez al diecinueve de agosto de dos mil once, solicitaba que se emitiera auto de requerimiento de pago y embargo en el que se actualizarán los, salarios vencidos del periodo del veinte de agosto de dos mil ante a la fecha en que se acordara esa petición. Con fecha veintiocho de enero de dos mil trece, la Junta dictó auto de requerimiento de pago y embargo, en el que actualizó los salarios vencidos hasta el dieciocho de enero de dos mil trece, por la cantidad de $209,567.40 (DOSCIENTOS NUEVE MIL. QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.) Inconforme con esa determinación, la parte demandada interpuso recurso de revisión, en el que se advierte que entre otras cosas, manifestó que dicho acuerdo resultaba infundado porque solo estaba pendiente de cubrir el actor la cantidad de $70,342.70 (SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) que concernía a doscientos ochenta y nueve días de salarios vencidos, que se generaron del primero de septiembre de dos mil diez al dieciséis de junio de dos mil once, a razón del salario diario de $243.40 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.), por lo cual el Presidente ejecutor, debería dejar sin efectos el acuerdo de ejecución dictado con fecha veintiocho de enero de dos mil trece. El trece de mayo de dos mil catorce, la Junta resolvió la revisión declarándola procedente, en cuyas consideraciones en lo conducente estableció lo siguiente: (SE TRANSCRIBE) En los puntos P) y Q) como antecedentes de dicha resolución se advierte lo siguiente: (SE TRANSCRIBE) Conforme a lo anterior, es clara la incongruencia en que incurrió la responsable al resolver el recurso de revisión interpuesto por la demandada, pues precisamente en el inciso citado en primer término se establece que los salarios vencidos deben cubrirse hasta el cumplimiento del laudo, y en el mencionado en segundo lugar se aprecia que los salarios vencidos no se encontraban actualizados, y deja de observar que debido a los diversos recursos de revisión de actos del presidente ejecutor, y a los diversos juicios de amparo indirecto la parte demandada ha dejado de dar cumplimiento total a laudo, y como consecuencia de que se tuvo por injustificado el despido del trabajador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época de los hechos, el actor tiene derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta el cumplimiento total del laudo; de manera que la actualización que de los mismos hizo el presidente ejecutor se encuentra ajustada a derecho, y al no haberlo considerado así la responsable la resolución que dictó es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso.. En esas condiciones, si el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, ya resolvió que el laudo a ejecutar es el emitido el dos de febrero de dos mil once, e incluso tal circunstancia ya fue materia de diverso juicio de amparo indirecto, como se aprecia de la anterior transcripción, es procedente requerir a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de CINCO DÍAS, que será computado legalmente, proceda a dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria, esto es, para que la Junta responsable deje insubsistente la resolución reclamada, así como la emitida el nueve de julio pasado, con la que pretendió dar cumplimiento, y dicte en su lugar otra en la que considere que el trabajador tiene derecho a que se le paguen los salarios vencidos hasta el cumplimiento total del laudo, y resuelva lo que en derecho corresponda, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten, o informe las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de agosto de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintiuno de julio de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

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