Felipe Gálvez López
Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/05/2021
Partes del expediente
- Felipe Gálvez López
- Tribunal Estatal de Conciliacióny Arbitraje del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 92/2021, con orden 143/2021 del índice de este juzgado, derivado del juicio en que se actúa, librado a efecto de notificar a la quejosa el auto de prevención de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Siendo innecesario su reenvío, a pesar de no haberse diligenciado, en razón de que su finalidad versaba en cuanto a que la quejosa desahogara una prevención necesaria para proveer respecto a la admisión de la demanda, sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez aceptó la incompetencia planteada por este juzgado. En consecuencia, se ordena dar de baja dicha comunicación y realizar las anotaciones en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Estado de autos Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído emitido el trece de abril de dos mil veintiuno, por una parte se desechó parcialmente y por otra este juzgado federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; asimismo, que el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, causo estado el desechamiento parcial; además, se tuvo por recibido el oficio procedente del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, el cual informó que se avoco al conocimiento de la demanda de que se trata. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Devolución de documentos Ahora, queda a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en el presente juicio, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlas personalmente, o bien por conducto de alguno de sus autorizados, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo en su momento serán destruidas con el expediente. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo y se declaró parcialmente incompetente, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, por lo que una vez que trascurra el termino de cinco años de archivado el expediente procederá a su destrucción Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y como se mencionó una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado el trece de abril de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó parcialmente la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Se agrega oficio Por otra parte, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio 7842/2021 del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez; a través del cual informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de garantías de que se trata. Anotaciones del expediente Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese.
- Principal
V.- Toluca, Estado de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Recepción de escrito Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, el escrito del quejoso Felipe Gálvez López; a través del cual, en lo que aquí interesa, solicita se tenga por notificado del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, debido a que ya no reside en Valle de Bravo; y por desahogada la prevención mediante el escrito presentado el veintinueve de marzo pasado. En ese orden, téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa; y, en atención a ella, se provee: Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en sus términos la prevención de auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno; esto es así, porque mediante escrito presentado el veintinueve de marzo pasado, el quejoso estableció claramente los actos reclamados que se identificaron con los números 2 y 3; así como los hechos que constituyen los antecedentes de tales actos y los preceptos que contiene los derechos humanos violados; por lo que se procede a pronunciarse respecto a la demanda de amparo promovida por Felipe Gálvez López, por propio derecho, contra los actos y autoridades responsables, que enseguida se precisan: Actos reclamados. Auto emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral 1348/2020; a través del cual la autoridad responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda y la remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Proveído emitido el siete de diciembre de dos mil veinte, en la incompetencia 53/2020; por el cual se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Naucalpan, Estado de México, mediante el oficio con terminación 289/2020. La radicación de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 100/2021 del índice de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Naucalpan, Estado de México, a través de la cual aceptó la competencia instada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Autoridades responsables Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Naucalpan, Estado de México. Desechamiento del acto reclamado en el numeral 1 Este juzgado advierte que respecto al acto reclamado consistente en el auto emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral 1348/2020; a través del cual la autoridad responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda y la remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción X, de la Ley de Amparo, de cuyo contexto se obtiene que es improcedente el juicio de amparo, contra actos que sean materia de otro amparo, promovido por la misma parte quejosa, contra iguales autoridades responsables y por los propios actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque se tiene que el juicio de amparo indirecto 44/2021 del índice de este juzgado, se originó por la misma parte quejosa, idéntica autoridad responsable y mismo acto reclamado que el presente juicio de garantías 187/2021, para sustentar tal aserto, a continuación se desarrollan los supuestos exigibles para que se colme tal causal de inatacabilidad, consistentes en: a) Que se hubiera promovido amparo por la misma parte quejosa, contra idénticas autoridades responsables y por iguales actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso, se tiene que el quejoso Felipe Gálvez López, antes de haberse originado el presente amparo indirecto, ya había instado la vía constitucional en similares términos en el diverso juicio de amparo indirecto 44/2021, de este índice. Así, en las respectivas demandas de amparo existió similitud en la acción constitucional. En efecto, la solicitud de amparo de la parte quejosa en el amparo indirecto 44/2021 de la estadística de este juzgado, es idéntica a la que ahora se atiende en el presente juicio 187/2021, también del índice de este órgano jurisdiccional. b) Que dichos actos reclamados sea materia de otro juicio de amparo. Mediante demanda de amparo indirecto que promovió la quejosa en el juicio biinstancial 44/2021 de la estadística de este juzgado, reclamó el auto emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral 1348/2020; a través del cual la autoridad responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda y la remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; sin embargo, se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, porque la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión. Asimismo, en ambos procedimientos constitucionales se señalan a idénticas autoridades responsables a saber, como lo son: JUICIO DE AMPARO 44/2021 JUICIO DE AMPARO 187/2021 Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México Integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México Por tanto, en virtud de que el presente medio de defensa versa sobre la misma parte quejosa, idénticas autoridades responsables e iguales actos reclamados, lo cual es materia de otro juicio de amparo, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de litispendencia, contenida en el precepto 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE". Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, y con fundamento en el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo respecto el acto reclamado consistente en el auto emitido el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en el expediente laboral 1348/2020; a través del cual la autoridad responsable se declaró incompetente para conocer de la demanda y la remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por notoriamente improcedente. Desechamiento del acto reclamado indicado en el numeral 2 Es pertinente precisar que la parte quejosa reclama el auto emitido el siete de diciembre de dos mil veinte, en la incompetencia 53/2020; por el cual se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Naucalpan, Estado de México, mediante el oficio con terminación 289/2020; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." La disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación en sentido contrario de lo previsto en el numeral 107, fracción VIII, de la ley de la materia. Por otra parte, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. A fin de dilucidar lo anterior, en principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto (vía excepción), solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Así, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el precepto legal en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo I, libro 21, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, décima época, con número de registro 2009721, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso, la parte quejosa reclama el auto emitido el siete de diciembre de dos mil veinte, en la incompetencia 53/2020; por el cual se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Naucalpan, Estado de México, mediante el oficio con terminación 289/2020. De lo expuesto se obtiene que tal resolución no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, es decir, aquél en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta; pues a través de la resolución reclamada únicamente la autoridad responsable determinó que quién debería conocer del asunto de origen es el Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Naucalpan, Estado de México; por tanto para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada. En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia procede desechar la demanda de amparo que nos ocupa respecto al acto reclamado consistente en el siete de diciembre de dos mil veinte, en la incompetencia 53/2020; por el cual se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Naucalpan, Estado de México, mediante el oficio con terminación 289/2020, por notoriamente improcedente. Incompetencia por razón de territorio En ese contexto, este Juzgador advierte que carece de competencia legal por razón de territorio para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto respecto el acto reclamado consistente en la radicación de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 100/2021 del índice de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Naucalpan, Estado de México, a través de la cual aceptó la competencia instada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; esto es así, porque tal acto es competencia del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, en turno. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción VII, y la Ley de Amparo, en el precepto 37, en su contexto disponen que se el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se hará valer ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, esto es, de manera específica las tres reglas de competencia son: 1) es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sobre tal presupuesto procesal, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada, con número 239898 de registro establece: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." De lo que se obtiene, que el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de amparo biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta. En atención a lo anterior, resulta claro que se actualiza la hipótesis en cuanto a que el juez competente para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto es quien tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se esté ejecutando y que no se surte a favor de este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa en lo que interesa, se duele de la radicación de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 100/2021 del índice de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Naucalpan, Estado de México, a través de la cual aceptó la competencia instada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, circunstancia que evidencia, que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es encaminado a dejar insubsistente el proveído referido y en caso que en determinado momento se concediera el amparo, es la autoridad responsable que deberá de dar cumplimiento a lo que en el caso se resolviera, lo cual se realizara en el domicilio donde se encuentra ubicada dicha autoridad, es decir, fuera del lugar en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la Ley de la materia, además, con lo establecido en el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado, debiéndose remitir copia certifica del presente juicio de garantías al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, al ser el lugar en donde se emitió el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I.1o.A.44 A, aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional, si acepta o no la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obren como corresponda, los escrito de Felipe Gálvez López; a través de los cuales, con el primero, señala las listas de este juzgado para oír y recibir notificaciones; con el segundo, agrega dos copias del escrito con el cual desahoga la prevención de que se trata; y, con el último, desahoga la prevención de veinticuatro de marzo pasado.
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