Felipe Galván Jiménez

Expediente 191/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
191/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Felipe Galván Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    "San Andrés Cholula, Puebla, seis de mayo de dos mil veintiuno. ? Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de abril de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese sentido, si durante la tramitación del juicio de amparo se actualizara una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, entonces es procedente decretar el sobreseimiento de este sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tal como lo define la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar y señalar día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral D-2/374/2020, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, se radicó la demanda laboral, presentada por el aquí quejoso, con número de juicio D-2/374/2020 del índice de la Junta responsable, señalando como fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el veintisiete de abril de dos mil veinte. Posteriormente, derivado de diversas suspensiones de términos debido a la emergencia sanitaria COVID-19, no pudo desahogarse dicha audiencia en la fecha señalada, por lo que mediante proveído de tres de marzo del año en curso, la Junta responsable realizó el impulso procesal correspondiente y señaló para su desahogó el veinte de mayo de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de las siguientes reproducciones gráficas. Asimismo, se advierte que el quejoso fue notificado de dicho proveído, mediante cédula de notificación personal de veintidós de marzo del año en curso. Además, la Junta responsable, remite copia certificada del citatorio y cedula de emplazamiento realizada a la parte demandada dentro del juicio laboral D-2/374/2020, siendo las siguientes: la empresa denominada "Proveedora de abarrotes Rivera, sociedad anónima de capital variable" y la negociación comercialmente conocida como "La Gran Bodega", de la siguiente forma: DEMANDADO CITATORIO CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO Proveedora de abarrotes Rivera, sociedad anónima de capital variable Las 15:35 horas del 08/03/2021 Las 15:35 horas del 09/03/2021 Negociación comercialmente conocida como "La Gran Bodega.". Las 15:45 horas del 08/03/2021 Las 15:45 horas del 09/03/2021 En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de emplazar y señalar día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral D-2/374/2020, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las trece horas con diez minutos del quince de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Visto los oficios y anexo del Presidente y Actuario adscritos a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de las autoridades oficiantes. Vista a las partes. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegada de la referida autoridad a la persona que menciona en su oficio de cuenta. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en vigor, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Diferimiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes con el informe justificado de cuenta. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Finalmente, se fijan para su celebración las trece horas con diez minutos del quince de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Felipe Galván Jiménez fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 191/2021-IX. Desechamiento de la demanda en cuanto al Secretario responsable. Ahora, cabe precisar que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Secretario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla; sin embargo, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo únicamente respecto de la citada autoridad, por ser notoriamente improcedente, atento a las consideraciones siguientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte inconforme deriva que al Secretario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio constitucional. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Para corroborar lo anterior, es menester analizar el contenido de los dos últimos preceptos legales invocados, que establecen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto de que realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos o las garantías individuales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernador y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, se afirma que en el caso se actualiza tal causa de improcedencia, debido a que la función del Secretario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, está limitada a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta responsable, es decir, únicamente funge como fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, por lo que resulta evidente que no actúa en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, de ahí que no le reviste el carácter de autoridad responsable con el que se le señaló en la demanda de amparo. Por ende, no puede estimarse que al referido Secretario, le asista la calidad de autoridad responsable, lo que actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1° y 5º de la Ley de Amparo; por lo tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, respecto de la intervención reclamada a dicha autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia VI.2o. J/95, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 185, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." No se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan sólo reproduce lo sostenido en las jurisprudencias transcritas, es decir, sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Admisión de la demanda en cuanto al resto de las autoridades. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo respecto del resto de autoridades responsables de que se trata, es decir promovida en contra de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y actuario adscrito. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberán acompañar la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el(los) acto(s) que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que deberán rendir su informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesta, precisando sobre la certeza o no respecto de los actos reclamados Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a las autoridades responsables a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informen, apercibidas que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación indiquen si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el(los) acto(s) reclamado(s) no encuadra(n) en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Tercero interesado. El artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo establecen que tienen el carácter de tercero interesado: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario. En el presente caso, no se ordena el emplazamiento de la parte tercera interesada, toda vez que de las manifestaciones del quejoso se advierte que en el juicio de origen está pendiente el emplazamiento de la parte demandada, lo anterior a fin de evitar una vinculación ociosa al presente juicio de amparo. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas, instrumental de actuaciones y presuncional, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Sin que pase inadvertido que haya ofrecido como documental pública el informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues al formar parte de la instrumental las actuaciones del juicio de amparo, debe considerarse que dicho informe se encuentra contemplado dentro de la misma. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala en su escrito inicial de demanda de amparo, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Exhorto para mejorar comunicación. Sin perjuicio de lo anterior, en atención a lo dispuesto en el invocado artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, y a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con la parte quejosa, se le requiere para que, a la brevedad, proporcione a este juzgado números telefónicos a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifieste si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe destacar que para tal efecto, es menester que observe lo siguiente: Para acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es forzoso que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule manifestaciones en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, pues para dicho efecto es necesario que las partes lo soliciten, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Lo anterior, a fin de que se encuentre en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis y cuatro de mayo de dos mil quince, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrán por hechas; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en el entendido que éstos serán entregados en físico por conducto de los Actuarios y sus Auxiliares, siguiendo las estrictas medidas de sanidad y distancia para evitar el contagio del Covid-19.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano